Política judicializada

Durante todo el año el caso Lava Jato aparece judicializando la política. Desde que la Corte Suprema logró extraditar al vacado y fugitivo Alberto Fujimori para inmediatamente procesarlo, el país no seguía con tanta atención los múltiples procesos abiertos.

Aún en plena investigación preparatoria por parte del Ministerio Público, la relevancia de lo actuado compromete a representantes de prácticamente todas las fuerzas políticas.

Una de las características más interesantes, es que afecta sobre todo a las nuevas, surgidas en las últimas tres décadas. La crisis de representatividad del sistema de partidos que predominó durante los años ochenta, fue superada por la aparición del fujimorismo, que devino en una larga dictadura, hundida en la podredumbre de un gigantesco saqueo.

Recordemos que Fujimori, Toledo y Humala, además de Fuerza Social de Susana Villarán, surgieron exactamente con la misma perorata. Ofrecían la renovación de la política, vendiendo una honradez sin mácula, coincidiendo en un tono descalificador contra los partidos más antiguos.

El rito de saneamiento no permitía dudas. Salvo el triunfo excepcional del Apra el 2006, la novelería volvió a la carga con Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Igual sucedió en municipios y regiones. Centenares de nuevos grupos llegaban al poder amparados por la fábula del cambio.

Mal que bien, todos los transformadores, por castos y puros que se proclamasen, corren la misma suerte. Odebrecht acabó por homologar a quienes parecían ajenos a la inmoralidad.

Caídas las máscaras, el esfuerzo por engañar no cesa. Con casi todos los “renovadores” bajo la lupa del crimen organizado, el último esfuerzo va dirigido a sacralizar su acción política. Es decir, si acaban tras las rejas, sobrevendría el fin del mundo.

Lo que va quedando claro contra los que ven todo esto como una conspiración, de unos contra otros, tan entreverada que pierde sentido, es que el estado de derecho se abre paso. Como en Italia con las mafias o en Brasil con las constructoras, jueces y fiscales le devuelven la confianza a la ciudadanía.