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Plataformas y empleo: ¿cómo es trabajar para una app en el Perú?

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Repartidores Rappi

Conceptos como economía colaborativa, la sharing economy, la gig economy o la economía de plataformas, se están volviendo -cada vez más- de uso rutinario. Todos ellos describen un nuevo modelo de negocios de las sociedades contemporáneas, con ansias de convertirse en un modelo hegemónico, a partir de la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas que, orientadas a convertir ciudades en modelos inteligentes, negocios cada vez más disruptivos, trabajadores flexibles y gobiernos austeros y con menos protagonismo que el mercado, nos obliga a repensar los conceptos tradicionales del mundo del trabajo[1].

Hablar de plataformas digitales es hablar de un abanico de modelos de negocios que varían de acuerdo con sus fines, características, servicios y relaciones que establecen. Pero todas comparten aspectos comunes: su capital fijo es un software, asumen un rol intermediario, su principal capital son los datos y la hiperconectividad.

En esta columna nos referiremos a las plataformas digitales más famosas y en mayor proceso de expansión y presencia, en nuestro país. Me refiero a Uber, Glovo, Rappi, Beat y Uber Eats, principalmente. Que funcionan –según como ellas mismas se describen- como intermediarias entre personas que ofertan y demandan bienes o servicios.

El fenómeno de las plataformas digitales, que cuenta con cerca de 10 años a nivel global[2], es relativamente reciente en el Perú. A principios de 2014, Uber empezó a operar en Lima. Glovo y Cabify llegaron el 2017 y a finales del 2018, Rappi completaba el pool de las aplicaciones más empleadas por los limeños y limeñas. No obstante, Glovo ya funciona en Trujillo y Arequipa, con miras a expandirse a Piura y Chiclayo en el corriente de este año[3]. Uber Eats está en Arequipa y Rappi lo haría en los próximos meses[4].

La totalidad de estas plataformas manifiestan que los trabajadores que prestan servicios a través de sus aplicaciones son independientes, en algunos casos con denominaciones especiales como colaboradores, “Glovers”, socios, “Rappitenderos” o freelancers. Ahora, si bien es cierto que la tecnología y los procesos digitales facilitan procesos comerciales, empresariales y en las propias cadenas de valor; también modifican la manera en que se interconectan la producción, y la demanda, dando lugar a nuevos servicios y formas de contratación.

En algunos casos, las formas de empleo denominadas “atípicas” pueden ayudar a las personas a insertarse en el mundo laboral o a complementar sus ingresos. En ese sentido, las plataformas digitales representan una oportunidad. Eso no niega que representan, a su vez, un alto riesgo de la precarización del trabajo, lo cual genera retos desde el punto de vista regulatorio y desafía el alcance de las normas laborales actuales, fiscales y de protección a los trabajadores que vienen trabajando en estas plataformas.

Por ello, en diversos estudios que viene publicando la OIT[5] alertan que las plataformas llevan consigo el proceso de subcontratación y precarización laboral a un nuevo nivel: empresas que evaden sus responsabilidades laborales con falacias como “colaboración”, “sé tu propio jefe”, “tú organizas tu tiempo”, “conéctate, reparte y gana”; la deslocalización del trabajo y la tercerización. Y que suma el control y obtención de datos.

Entonces, ¿qué tipo de relación mantienen estas personas conlas plataformas digitales? En estas plataformas no hay un sueldo o salario fijo. De hecho, no hay ni contrato, seguro de salud, horario de trabajo o alguna modalidad de vínculo laboral. No hay ninguna dependencia de carácter legal con deberes y derechos, que obliguen a ambas partes a cumplir ciertas responsabilidades. Tampoco ofrecen herramientas tangibles de protección al consumidor o pasajero.

Las ganancias que obtiene un repartidor o conductor dependen del porcentaje que aplica cada plataforma aspectos como la distancia, tiempo empleado en las “horas punta” o las veces que el “colaborador” rechace o acepte las solicitudes. El rango de porcentaje con el que se quedan las empresas de servicio de taxi varían de acuerdo a la distancia y a la empresa, usualmente es un 25% de comisión, siendo Uber y Beat los que ofrecen tarifas más bajas para el usuario. Lo mismo ocurre con Rappi, Glovo o Uber Eats. Ganancias que no logran cubrir un sueldo mínimo. Lo que conduce a afirmar que existe una dependencia económica con estas plataformas.

Repartidores Glovo

El resultado de estos cambios en las relaciones laborales es la desnaturalización del trabajador asalariado, con nulos márgenes de adquirir y ejercer derechos laborales. Así mismo, la tendencia es dispersar y desorganizar la representación de los trabajadores, mermando su capacidad de negociación o vigilancia del cumplimiento de derechos con presencia sindical, así como ganancias que tienden a presionar a la baja, el salario mínimo.

No es otra cosa que la aparición de una nueva modalidad de trabajo que emplea a un número, cada vez, mayor de personas, en especial a los más jóvenes. Con bajos niveles de calificación para obtener un trabajo en un mercado laboral formal, cada vez más competitivo. Estamos ante un proceso veloz de cambio que va a producir una élite minoritaria calificada y especializada versus una mayoría con escasa o nula capacitación laboral y educativa, desempleada o subempleada.

La desocupación y precariedad laboral de los jóvenes es una tendencia mundial sobre la que estas empresas se han montado para obtener millonarias ganancias. Un nuevo terreno para el capitalismo de plataformas como un gigantesco negocio de distribución en base a la explotación de cientos de miles de jóvenes. Pero no solo ello, también se sostienen de dos aspectos centrales: la desesperación del desempleado y la necesidad del inmigrante.

En el Perú, las cifras hablan por sí solas: los niveles de desempleo en Lima han aumentado en los últimos 5 años, según el reporte del primer trimestre de este año, elaborado por el INEI. Lo que equivale a 429 mil personas que se encuentran activamente buscando empleo. De las cuales 236 mil 500 personas, son mujeres.

Así mismo, el 47% de los jóvenes peruanos menores de 18 años que trabaja, busca pagarse sus estudios. Sin embargo, el 64% de los adolescentes (entre 12 y 17 años) con permiso para trabajar, no se encuentra estudiando, por la dificultad para poder realizar ambas actividades. Siendo los jóvenes el grupo etario más afectado en el mercado laboral, por la calidad de los puestos de trabajo ofrecidos, es en ellos y ellas donde acceder a trabajar en estas plataformas digitales, es más una imposición, que una opción.

Hasta el momento, son más de 3.500 ‘Rappis’ y 6.000 ‘Glovers’ que realizan repartos[6]. En su mayoría hombres jóvenes y migrantes (a estos últimos se les suele alquilar la cuenta que un peruano crea). Los filtros o requisitos para acceder a una plataforma son mínimos. Solo se necesita contar con un vehículo en el caso de los conductores, o una bicicleta o moto en el caso de los repartidores. Todas las herramientas de trabajo son de propiedad del trabajador, eso incluye el costo del combustible, seguro de accidentes, datos del celular, casco, Soat, entre otros. Si manejar bicicleta por Lima es complicado, imagínese lo que es hacerlo mientras va cargando una caja de aluminio en la espalda y el tiempo presionándolo por hacerlo rápido.

El 17 de junio de este año, un trabajador de la empresa Glovo quedó gravemente herido tras haber sufrido un accidente vehicular en La Molina[7]. El repartidor, identificado como un ciudadano venezolano, perdió una pierna en pleno desarrollo de su actividad laboral. La empresa, a través de un comunicado, expresó su solidaridad con el repartidor y su disposición a colaborar con las autoridades para ofrecer toda la información registrada en su sistema, para la resolución del caso. Nada más.

En cuanto más sepamos de cuántas personas en nuestro país, trabajan bajo esta modalidad, cuánto tiempo le dedican y qué servicios básicos pueden cubrir con lo que obtienen, se podrá brindar propuestas óptimas y realistas. El trabajo y su evolución merece una atención especial, pues se trata de personas intercambiando su libertad por un pago correspondiente y su protección no debe quedar relegada a la posibilidad que cada uno de ellos, pueda cubrir.

Esta situación real, nos permite concluir que se deben llevar a cabo acciones inmediatas con el fin de mejorar y, en muchos casos, proteger a los trabajadores en el futuro (ya presente). Donde no se debe perder de vista que ningún futuro es viable sin trabajo asalariado y particularmente, sin trabajo decente que permite el desarrollo personal y laboral de los trabajadores y sus familias. Sino gran parte de la población estará condenada a aceptar bajos salarios y trabajos precarios, donde lo que menos importa es la calidad del empleo, sino más bien, lo que se pueda obtener para sobrevivir.

Cada día que pasa, las y los jóvenes peruanos se enfrentan a una dificultad real, y cada vez mayor, para encontrar un trabajo, sea en las condiciones que sean. Esto debería avergonzar al Estado por su incapacidad en crear empleo en condiciones adecuadas y dignas. Es así como – a nivel macro-los retos para afrontar estos cambios son el replanteamiento de nuestro modelo educativo y técnico. Para ello es necesario llevar a cabo un Plan de Transición que permita calificar y re-calificar a la población más vulnerable para incorporarlos al mundo laboral.

Así mismo, invertir en las habilidades de las personas con menos acceso a los beneficios de los programas sociales. También urgen medidas de formalización laboral (entendiéndose como un problema multisectorial) que vaya de lo sancionador a la preventivo. Otro reto, sin duda, será el de enfrentar la inequitativa repartición de la riqueza entre el Estado y los sectores privados. El lado angosto del embudo afecta, siempre, a la población con menos poder económico para poder influir sobre el sector público, en la búsqueda de resultados favorables a sus demandas. El rol del Derecho Laboral debe seguir siendo el de garantizar su función de proteger a los trabajadores frente a los nuevos desafíos laborales, como los que surgen en materia de prevención de riesgos laborales, de protección de los derechos fundamentales, de mantenimiento de las condiciones laborales mínimas, jornadas de trabajo y de protección de los derechos colectivos.

A nivel micro, para quienes vienen trabajando en estas plataformas, es importante que merezcan saber cuáles son las reglas de juego y cómo y cuándo varían. Ante esta realidad, el 17 de abril de 2019, se ha presentado el Proyecto de Ley N° 4243, elaborado por mi persona, ante el Congreso de la República. Cuyo objetivo es regular y establecer el carácter de “laboral” al vínculo existente entre los trabajadores (repartidores, conductores) y las plataformas digitales. Así mismo, establece que se debe celebrar un contrato entre la plataforma digital y el trabajador. En éste, se deberá consignar la fecha de inicio del contrato, los datos del trabajador y la empresa, el tipo de contrato que se celebra, las condiciones bajo las que se realiza los servicios, reconocimiento de un salario mínimo, la duración de la jornada laboral y el lugar de trabajo.

El surgimiento de plataformas digitales son cambios tecnológicos que integran un proceso mayor: la Cuarta Revolución Industrial, que junto con otros fenómenos como la inteligencia artificial, la automatización de los empleos y la robotización, nos obligan a repensar en el futuro del trabajo.

NOTAS

[1] Srnicek, N. (2018). Capitalismo de Plataformas. Buenos Aires, Argentina: Editorial Caja Negra.

[2] Madariaga, J.; Buenadicha, C.; Molina, E. y Ernst, C. (2019). Economía de plataformas y empleo ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina?, CIPPEC-BID – OIT. Disponible en: https://www.cippec.org/publicacion/economia-de-plataformas-y-empleo-como-es-trabajar-para-una-app-en-argentina/

[3] https://larepublica.pe/economia/1398302-glovo-expandira-servicio-siete-ciudades-durante-2019/

[4] https://elcomercio.pe/economia/dia-1/son-apps-taxi-delivery-valoradas-uber-beat-cabify-easy-glovo-rappi-eats-ecpm-noticia-636715

[5] https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_684183/lang–es/index.htm

[6] https://elcomercio.pe/economia/dia-1/ganancias-glovo-rappi-uber-eats-app-delivery-ganan-repartidores-noticia-620017

[7] https://panamericana.pe/buenosdiasperu/locales/267910-molina-repartidor-motorizado-perdio-pierna-accidente-transito

* Socióloga de la UNMSM

– Maestranda en Política Social | Ideele Revista Nº 286

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Política

Podrían pedir la disolución de Fuerza Popular

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Keiko Fujimori, fujimoristas Fuerza Popular

El Poder Judicial aceptó el pedido fiscal para incorporar a Fuerza Popular a las investigaciones por lavado de activos en el caso Cócteles. Próxima acusación del Ministerio Público podría solicitar la suspensión del partido y hasta su disolución.

El Poder Judicial decidió declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público para incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso de investigación por el caso Cócteles, donde se habría cometido el delito de lavado de activos a partir de la recepción de dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht.

Según la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, el juez Víctor Zúñiga determinó aceptar el pedido fiscal por considerar que la organización política Fuerza Popular se encuentra conectada con el delito de lavado de activos a partir de la recepción del dinero ilegal.

La autoridad judicial indicó en el documento que, con la emisión de la resolución, no se afecta la democracia en el país en tanto las consecuencias que pudiera tener la persona jurídica no convierte a todos sus integrantes, miembros o votantes en responsables de lo que hayan podido realizar algunas personas, ya que de acuerdo a la Fiscalía “se instrumentalizó al partido político para satisfacer los fines delictivos de la organización criminal”.

La decisión del Poder Judicial de incorporar a Fuerza Popular en la investigación por lavado de activos podría traer como consecuencia que en la acusación fiscal el fiscal José Domingo Pérez se incluya el pedido de disolución de la persona jurídica, de acuerdo al artículo 105 del Código Penal. Otras consecuencias accesorias podrían ser eventualmente una suspensión temporal del partido político, o una multa que podría llegar hasta S/ 1 millón 260 mil.

Cabe recordar que la solicitud para incluir a Fuerza Popular en las investigaciones por lavado de activos fue presentada por el fiscal Pérez el 31 de julio, y se sustentó en Acuerdo Plenario 1-2017 en materia penal para sostener que “sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria”.

ACUSACIÓN ANTES DE FIN DE AÑO

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, la acusación que debe presentar la Fiscalía podría darse incluso antes de fin de año, tomando en cuenta el tiempo que ya lleva la investigación y la acumulación de posibles medios probatorios.

“Ahora hay la obligación legal de la empresa y de sus funcionarios, porque están actuando de manera corporativa, de brindar toda la información que resta para que ocurra algo que va a ser importante que comience a ocurrir desde fines de este año e inicios del próximo: la formulación de las acusaciones”, afirmó en entrevista con Radio Nacional.

Rivera indicó que el tiempo de las investigaciones en promedio son dos años y que, aparte del caso de Toledo y el de Humala-Heredia donde ya está discutiendo la acusación, en el resto ameritaría que ya la fiscalía entre ya al terreno de cerrar la investigación y formular acusación. Eso ayudaría a colocar los casos en otra dimensión, en otra etapa procesal”, apuntó.

NUEVA PRISIÓN PREVENTIVA

En tanto, tras las declaraciones que el excongresista Daniel Salaverry y el empresario Antonio Camayo brindaron al Ministerio Público, a criterio del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, el fiscal Pérez podría solicitar nuevamente la prisión preventiva para Keiko Fujimori, ya que existirían “hechos nuevos”.

“Domingo Pérez ha cuestionado la decisión del TC respecto al caso de Keiko Fujimori. Yo le diría que pida la detención preventiva de nuevo porque hay hechos nuevos, porque aquí se está buscando ir al fondo” manifestó en entrevista con Radio Nacional.

Según lo afirmado por Calle, se podría pedir la prisión preventiva siempre y cuando no sea por hechos ya juzgados. Respecto a los testimonios aludidos por el exmagistrado, hay que indicar que el empresario automotriz e implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Antonio Camayo, reafirmó el viernes ante el fiscal Pérez que utilizó el apelativo de Señora K para referirse a Keiko Fujimori en una conversación con el exjuez César Hinostroza.

Para Carlos Rivera, era claro que Camayo cumplía con un papel de bisagra y operador a la vez. “Es una persona con un vínculo directo y amical con personajes de Fuerza Popular o vinculados al partido, y juega como bisagra o puente con César Hinostroza para facilitar encuentros ilegales e indebidos y luego facilitar actos de corrupción”, señaló.

Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, utilizó sus redes sociales para cuestionar cómo fue que Keiko Fujimori llegó a acceder a la agenda personal del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como afirmó el excongresista Daniel Salaverry al Equipo Especial Lava Jato. “La señora K ejerció su poder, desde el Congreso que controló, sin limitación legal y sin pudor. En ese sentido fue una alumna aplicada de su padre y Montesinos, agregó.

Como se recuerda, Salaverry relató que Keiko Fujimori le había entregado un sobre cerrado con documentos para que sea entregado al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo, el sobre nunca llegó a su irregular destinatario y fue entregado por Salaverry a un equipo de fiscales.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Queremos asegurar un país unido y con oportunidades para todos los peruanos

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Queremos asegurar un país unido y con oportunidades para todos los peruanos

Desde las alturas del distrito de Uchuraccay (Ayacucho), el primer ministro Vicente Zeballos reiteró sus disculpas por la ausencia del Estado durante varias décadas y acordó con autoridades y dirigentes “trabajar para sacar adelante proyectos de irrigación, conectividad y salud en beneficio de la población”.

“Desde aquí nos proponemos hacer nuestro mejor esfuerzo para tener un país unido, con equidad y oportunidades para todos. También la ciudadanía tiene que asumir un compromiso”, manifestó.

En diversas publicaciones de su cuenta oficial de Twitter, precisó que la principal tarea es “reconciliarnos y comprendernos”.

“Desde Uchuraccay podemos visualizar nuestro país y, como Gobierno, ratificar en honor a estos mártires del periodismo nuestro respeto y defensa irrestricta a la libertad de expresión”, agregó.

POBREZA EXTREMA

Zeballos llegó al distrito de Uchuraccay donde visitó el camposanto y santuario ecológico en honor a los mártires del periodismo, donde estuvo acompañado por el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal.

Al igual que muchas poblaciones de la región, Uchuraccay fue una de las zonas más golpeadas por la violencia política en los años 80; sin embargo, un hecho en particular la puso en los ojos del país, el 26 de enero de 1983 asesinaron en sus tierras a ocho periodistas de diferentes medios nacionales.

Después de 33 años de ese acontecimiento, pareciera que ha superado todos sus problemas, logró convertirse en distrito el 2015 y el 11 de julio del mismo año cumplirá su primer aniversario de creación institucional como tal.

ALGO MÁS

Sin embargo, los problemas y dificultades para esta población persisten. Hasta la fecha no pudieron superar sus altos índices de pobreza extrema y desnutrición crónica infantil. Sin embargo, una luz de esperanza encendió el Premier Zeballos en el ahora distrito de Uchuraccay.

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Política

Vicente Zeballos viajará a Argentina

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Vicente Zeballos

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, representará al Perú en la ceremonia de transmisión de mando en la que asumirá funciones el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

Según la resolución suprema 217-2019-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se autoriza el viaje del jefe del Consejo de Ministros del 9 al 10 de diciembre.

El dispositivo establece que la asunción de mando presidencial a donde acudirá el titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, el 10 de diciembre.

Los considerandos de la norma indican que el alto nivel de representación en dichos actos oficiales pone en manifiesto la importancia que el Perú otorga a su relación con Argentina.

De otro lado, mientras dure la ausencia del jefe del gabinete ministerial se hará cargo de su despacho el titular de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra.

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