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Piura sin masificación de gas natural

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Mientras Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca tendrán gas natural.

Desde la explotación de los ricos yacimientos de gas natural de Camisea lotes 88, y 57 las expectativas de una masificación del gas en nuestro país que vaya más allá del consumo eléctrico están siendo poco a poco satisfechas. Los beneficios de tener un hidrocarburo limpio, barato y seguro en las casas, vehículos, e industrias ya no será un privilegio de los usuarios de Lima-Callao, e Ica, pues a partir de noviembre próximo, superados los ajustes y pruebas finales para llevar el gas natural a las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua en el sur, y Chimbote, Huaraz, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, será una realidad.

Mientras para Piura constituye una cruel paradoja, una oportunidad desaprovechada, pues teniendo en el subsuelo millones de pies cúbicos de gas natural no tienen hasta ahora el beneficio de la cultura del gas natural para las familias, industrias y el pequeño comercio, a pesar de la necesidad de las inversiones de capitales para la reconstrucción.

Ello solamente se explicaría por la desidia, incapacidad y desinterés de nuestras más altas autoridades del sector de energía y minas, que demoran por más de once meses la autorización y firma del contrato para la concesión en la distribución de gas natural que compromete más de US $ 230 millones de dólares (Aproximadamente 730 millones de soles) en un departamento sediento de inversiones para hacer posible la reconstrucción.

Se niega a casi 400 mil piuranos el acceso a un combustible que permitiría grandes ahorros frente al gas licuado de petróleo (GLP), cuyos precios superan los 40 soles por balón de 10 kilos al mes frente a los 16.60 soles mensuales que se pagarían si estuviesen conectados a la red de distribución de gas. Es más, también se retrasa los beneficios de contar con el Bono Gas un fondo que financia la instalación domiciliaria hasta el 100 % para los hogares considerados pobres, sin devolución ni pago de interés alguno.

Es más, los precios para el consumo residencial serían menores a los 16.60 soles mensuales si las grandes empresas estuviesen conectadas a la red de distribución de gas natural tales, como Eléctrica de Piura, ahora denominada Enel Generación-Piura, PetroPerú, Cementos Pacasmayo, la brasileña Vale Rio Doce que opera los fosfatos de Bayóvar (Miski Mayo), más las 18 empresas pesqueras que operan en Paita, Sechura, y otras empresas industriales, que tienen actividad en la región.

Pues se cumpliría la regla de oro, a más demanda de gas natural menor será la tarifa para los clientes residenciales, y del pequeño comercio que no representan ni el 2 % de la demanda total. Los mayores volúmenes de demanda corresponden a las grandes empresas que en última instancia financian la masificación.

Inversiones por la reconstrucción con cambio de obras Región Piura

GASNORP: Proyección de la masigicación de gas natural en Piura

LAS INVERSIONES DEL ZAR
Si consideramos el impacto de las inversiones en la región piurana por la construcción del sistema de distribución del gas en momentos en que Piura y alrededores demanda con urgencia las inversiones necesarias para superar los efectos de las inundaciones, la reconstrucción de pistas y veredas, vivienda, saneamiento etc., se podrá tener una idea del “crimen sin castigo” que están cometiendo las más altas autoridades del sector de energía y minas con el departamento de don Miguel Grau.

De acuerdo al “Plan Integral de Reconstrucción con Cambios presentado por la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARC)” bajo la presidencia del zar Pablo de la Flor, presentado a fines de agosto del 2017 y aprobados el 11 de setiembre, de un total de 25,6 mil millones de soles para varios departamentos afectados, solamente para la región Piura se han asignado un total de 7,541 millones de soles para la reconstrucción. De este total, el 75.54% (5,696 millones de soles) sería para la reconstrucción de la infraestructura afectada y el 24.46% (1,845 millones de soles) se destinaría a los proyectos y actividades de prevención de inundaciones.

Esto significa según el cuadro “Inversiones Por la Reconstrucción Con Cambio en Obras de Infraestructura en la Región Piura” que del total de inversiones en infraestructura el monto más importante está constituido por el rubro de transportes a los cuales se le destina 2,401 millones de soles (42.20 %), le sigue en importancia los montos destacados al rubro de educación por más de 1,070 millones de soles (18.80%), luego siguen las inversiones en salud 562 millones, saneamiento 545 millones de soles, el rubro de vivienda capta un poco más de 316 millones de soles que representa el 5.60%

Desde el punto de vista de la masificación del gas natural mediante una red de distribución que compromete más de 230 millones de dólares, es decir un promedio de 730 millones de soles, con ductos que atraviesan las provincias piuranas. Estos montos de inversión superan los montos destinados a las inversiones de pistas, veredas, vivienda y que resultan superiores a los montos destacados para las inversiones de saneamiento 545 millones de soles, tal como se puede apreciar en el cuadro respectivo.

En tal sentido, la criminal demora en el otorgamiento de la concesión en la concesión de la red de distribución de gas natural por parte del Ministerio de Energía y Minas que compromete inversiones privadas por parte de Gasnorp las cuales resultan equivalentes a 730 millones de soles, las mismas que reforzarían el monto de inversiones públicas para la reconstrucción que contemplan un período de realización en tres años. No tendría sentido invertir en pistas y veredas para mañana más tarde romper las mismas, sin orden ni planeamiento.

Lamentablemente existe una grave contradicción al interior de los representantes del gobierno. Pues por un lado, suscriben la tesis de destrabar inversiones y hablan de reconstruir Piura tras el desastre climático, sin embargo no ponen en marcha una inversión que ayudaría en la reconstrucción. Son 230 millones de dólares aproximadamente 720 millones de soles el valor de las inversiones paralizadas para la masificación de gas.

En su plan de gobierno y entre los objetivos del candidato PPK se suscribía la tesis de destrabar las inversiones y retomar la senda del crecimiento económico que paraliza al país desde el 2015. Transcurridos más de 16 meses podemos percibir que se gobierna para interés del lado empresarial y no para satisfacer las necesidades de la población.

Nombrar a Pablo de la Flor un ex funcionario del Grupo Romero y del Banco de Crédito del Perú como encargado de la reconstrucción de Piura, y la indiferencia manifiesta de las autoridades regionales frente a la masificación del gas natural, incluidos algunos congresistas de la región que se oponen sin argumentos técnicos a la masificación, como se opusieron a la explotación del gas natural del Z-2B con un tendido de un gasoducto marino en el 2012, lo que hubiese permitido una rápida masificación en Sechura, y por ende al resto del departamento.

Desde el punto de vista técnico el Osinergmin, el organismo regulador de las tarifas de gas natural ha demostrado los efectos positivos de la distribución de gas natural mediante una red de tuberías, lo cual significaría una reducción del 25 % al 30 % en el precio en relación a los precios de los combustibles sustitutos al gas natural, llegando al 60 % para el caso del consumo residencial, como el gas licuado de petróleo (GLP), y el uso de residuales en las plantas industriales.

Por ello, al margen del carácter de las inversiones públicas y privadas se trata de capitalizar el departamento de Piura aprovechando la oportunidad de hacer todo de nuevo ante la magnitud del desastre, lo cual desataría un shock de inversiones con un efecto multiplicador en el empleo, en un departamento donde la pobreza, la falta de cobertura eléctrica, los altos costos del balón de GLP y el subempleo constituyen una triste realidad.

UNA PERVERSA DEMORA
Esta paralización y retraso en la concesión de la distribución, no se reduce al impacto en la economía de los hogares de la población piurana afectando a 64 mil familias de Talara, Piura, Sullana, Paita, Sechura, tal como se puede apreciar en el cuadro “Gasnorp: Proyección de la Masificación de Gas Natural en Piura”, dejando de invertir US $ 230 millones de dólares que en menos de 36 meses hubiese significado tener una infraestructura de distribución de 856 kilómetros de redes de polietileno donde al octavo año demandaría 33 millones de pies cúbicos de gas diarios, que hoy se reinyectan. y/o ventean.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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