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Piura sin masificación de gas natural

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Mientras Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca tendrán gas natural.

Desde la explotación de los ricos yacimientos de gas natural de Camisea lotes 88, y 57 las expectativas de una masificación del gas en nuestro país que vaya más allá del consumo eléctrico están siendo poco a poco satisfechas. Los beneficios de tener un hidrocarburo limpio, barato y seguro en las casas, vehículos, e industrias ya no será un privilegio de los usuarios de Lima-Callao, e Ica, pues a partir de noviembre próximo, superados los ajustes y pruebas finales para llevar el gas natural a las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua en el sur, y Chimbote, Huaraz, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, será una realidad.

Mientras para Piura constituye una cruel paradoja, una oportunidad desaprovechada, pues teniendo en el subsuelo millones de pies cúbicos de gas natural no tienen hasta ahora el beneficio de la cultura del gas natural para las familias, industrias y el pequeño comercio, a pesar de la necesidad de las inversiones de capitales para la reconstrucción.

Ello solamente se explicaría por la desidia, incapacidad y desinterés de nuestras más altas autoridades del sector de energía y minas, que demoran por más de once meses la autorización y firma del contrato para la concesión en la distribución de gas natural que compromete más de US $ 230 millones de dólares (Aproximadamente 730 millones de soles) en un departamento sediento de inversiones para hacer posible la reconstrucción.

Se niega a casi 400 mil piuranos el acceso a un combustible que permitiría grandes ahorros frente al gas licuado de petróleo (GLP), cuyos precios superan los 40 soles por balón de 10 kilos al mes frente a los 16.60 soles mensuales que se pagarían si estuviesen conectados a la red de distribución de gas. Es más, también se retrasa los beneficios de contar con el Bono Gas un fondo que financia la instalación domiciliaria hasta el 100 % para los hogares considerados pobres, sin devolución ni pago de interés alguno.

Es más, los precios para el consumo residencial serían menores a los 16.60 soles mensuales si las grandes empresas estuviesen conectadas a la red de distribución de gas natural tales, como Eléctrica de Piura, ahora denominada Enel Generación-Piura, PetroPerú, Cementos Pacasmayo, la brasileña Vale Rio Doce que opera los fosfatos de Bayóvar (Miski Mayo), más las 18 empresas pesqueras que operan en Paita, Sechura, y otras empresas industriales, que tienen actividad en la región.

Pues se cumpliría la regla de oro, a más demanda de gas natural menor será la tarifa para los clientes residenciales, y del pequeño comercio que no representan ni el 2 % de la demanda total. Los mayores volúmenes de demanda corresponden a las grandes empresas que en última instancia financian la masificación.

Inversiones por la reconstrucción con cambio de obras Región Piura

GASNORP: Proyección de la masigicación de gas natural en Piura

LAS INVERSIONES DEL ZAR
Si consideramos el impacto de las inversiones en la región piurana por la construcción del sistema de distribución del gas en momentos en que Piura y alrededores demanda con urgencia las inversiones necesarias para superar los efectos de las inundaciones, la reconstrucción de pistas y veredas, vivienda, saneamiento etc., se podrá tener una idea del “crimen sin castigo” que están cometiendo las más altas autoridades del sector de energía y minas con el departamento de don Miguel Grau.

De acuerdo al “Plan Integral de Reconstrucción con Cambios presentado por la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARC)” bajo la presidencia del zar Pablo de la Flor, presentado a fines de agosto del 2017 y aprobados el 11 de setiembre, de un total de 25,6 mil millones de soles para varios departamentos afectados, solamente para la región Piura se han asignado un total de 7,541 millones de soles para la reconstrucción. De este total, el 75.54% (5,696 millones de soles) sería para la reconstrucción de la infraestructura afectada y el 24.46% (1,845 millones de soles) se destinaría a los proyectos y actividades de prevención de inundaciones.

Esto significa según el cuadro “Inversiones Por la Reconstrucción Con Cambio en Obras de Infraestructura en la Región Piura” que del total de inversiones en infraestructura el monto más importante está constituido por el rubro de transportes a los cuales se le destina 2,401 millones de soles (42.20 %), le sigue en importancia los montos destacados al rubro de educación por más de 1,070 millones de soles (18.80%), luego siguen las inversiones en salud 562 millones, saneamiento 545 millones de soles, el rubro de vivienda capta un poco más de 316 millones de soles que representa el 5.60%

Desde el punto de vista de la masificación del gas natural mediante una red de distribución que compromete más de 230 millones de dólares, es decir un promedio de 730 millones de soles, con ductos que atraviesan las provincias piuranas. Estos montos de inversión superan los montos destinados a las inversiones de pistas, veredas, vivienda y que resultan superiores a los montos destacados para las inversiones de saneamiento 545 millones de soles, tal como se puede apreciar en el cuadro respectivo.

En tal sentido, la criminal demora en el otorgamiento de la concesión en la concesión de la red de distribución de gas natural por parte del Ministerio de Energía y Minas que compromete inversiones privadas por parte de Gasnorp las cuales resultan equivalentes a 730 millones de soles, las mismas que reforzarían el monto de inversiones públicas para la reconstrucción que contemplan un período de realización en tres años. No tendría sentido invertir en pistas y veredas para mañana más tarde romper las mismas, sin orden ni planeamiento.

Lamentablemente existe una grave contradicción al interior de los representantes del gobierno. Pues por un lado, suscriben la tesis de destrabar inversiones y hablan de reconstruir Piura tras el desastre climático, sin embargo no ponen en marcha una inversión que ayudaría en la reconstrucción. Son 230 millones de dólares aproximadamente 720 millones de soles el valor de las inversiones paralizadas para la masificación de gas.

En su plan de gobierno y entre los objetivos del candidato PPK se suscribía la tesis de destrabar las inversiones y retomar la senda del crecimiento económico que paraliza al país desde el 2015. Transcurridos más de 16 meses podemos percibir que se gobierna para interés del lado empresarial y no para satisfacer las necesidades de la población.

Nombrar a Pablo de la Flor un ex funcionario del Grupo Romero y del Banco de Crédito del Perú como encargado de la reconstrucción de Piura, y la indiferencia manifiesta de las autoridades regionales frente a la masificación del gas natural, incluidos algunos congresistas de la región que se oponen sin argumentos técnicos a la masificación, como se opusieron a la explotación del gas natural del Z-2B con un tendido de un gasoducto marino en el 2012, lo que hubiese permitido una rápida masificación en Sechura, y por ende al resto del departamento.

Desde el punto de vista técnico el Osinergmin, el organismo regulador de las tarifas de gas natural ha demostrado los efectos positivos de la distribución de gas natural mediante una red de tuberías, lo cual significaría una reducción del 25 % al 30 % en el precio en relación a los precios de los combustibles sustitutos al gas natural, llegando al 60 % para el caso del consumo residencial, como el gas licuado de petróleo (GLP), y el uso de residuales en las plantas industriales.

Por ello, al margen del carácter de las inversiones públicas y privadas se trata de capitalizar el departamento de Piura aprovechando la oportunidad de hacer todo de nuevo ante la magnitud del desastre, lo cual desataría un shock de inversiones con un efecto multiplicador en el empleo, en un departamento donde la pobreza, la falta de cobertura eléctrica, los altos costos del balón de GLP y el subempleo constituyen una triste realidad.

UNA PERVERSA DEMORA
Esta paralización y retraso en la concesión de la distribución, no se reduce al impacto en la economía de los hogares de la población piurana afectando a 64 mil familias de Talara, Piura, Sullana, Paita, Sechura, tal como se puede apreciar en el cuadro “Gasnorp: Proyección de la Masificación de Gas Natural en Piura”, dejando de invertir US $ 230 millones de dólares que en menos de 36 meses hubiese significado tener una infraestructura de distribución de 856 kilómetros de redes de polietileno donde al octavo año demandaría 33 millones de pies cúbicos de gas diarios, que hoy se reinyectan. y/o ventean.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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