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Petroperú y la seguridad energética en la mira

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Los recientes derrames de petróleo, condenables y que merecen sanciones, son usados en una campaña  de los enemigos de la empresa estatal, según advierte el autor del artículo.

Los derrames de petróleo del Oleoducto Nor peruano en Chiriaco (ramal principal) y en Morona (ramal norte) son lamentables. Estos no solo han impactado negativamente en el ambiente y en las condiciones de vida de las poblaciones cercanas, sino que son el argumento perfecto para que los enemigos de la petrolera estatal y de la muy debilitada seguridad energética del país reactiven sus críticas.

En esta ofensiva están participando la propia administración actual de Petroperú -con su inadecuado desempeño-, el gobierno, los poderes económicos y mediáticos que quieren privatizarla o desaparecerla y los post extractivistas radicales que propugnan por la eliminación de las actividades con hidrocarburos en la selva peruana. La consigna pareciera ser la de destruir la buena imagen de la empresa, trabar los proyectos en ejecución, impedir que retorne a la explotación de petróleo (upstream) y que se integre verticalmente.

El enemigo interno
La administración actual de la petrolera estatal falló en las respuestas a los derrames y continúa actuando equivocadamente semanas después de estos. Reaccionó tarde y se ha quedado en la atención puntual de los problemas. Si uno ingresa a su página web sólo observará notas de prensa aisladas; no hay una posición articulada e integral. Nada se ha dicho sobre el verdadero origen de los derrames, ni de los anteriores. No se observó el despliegue de un protocolo de respuesta y remediación inmediata que debería ser explícito y comunicado a toda la Sociedad. ¿Cuáles son los sistemas de alerta a los pobladores locales?, ¿cómo participan regularmente? Nadie ha comentado sobre los seguros de daños a terceros que existen y cómo se está compensando a los afectados? No se conoce el programa de mantenimiento y de seguridad del oleoducto (¿qué falló?) y qué se está haciendo para evitar futuros problemas. ¿Cuál es la campaña en medios para recuperar la buena imagen de la empresa?

Es desafortunado que desde la empresa petrolera estatal no se haya explicado el origen de los derrames anteriores, ya que esto es clave para entender su estado de situación. Solo como ejemplo, todos los ocurridos en 2014 fueron atentados y no accidentes. En Cuninico hubo ruptura intencional del revestimiento termoprotector de la tubería (julio). En el derrame ocurrido en el Km. 20 se detectó tres cortes hechos con sierra (diciembre) y en el mismo mes la ruptura en el Km. 792 en Bayóvar fue por el intento de robo de combustibles.

EL NUEVO ENEMIGO DESDE EL GOBIERNO
Llamó la atención la reacción del Ministro del Ambiente ante estos acontecimientos. Si bien es un tema de su competencia, nunca antes se le había visto tan vehemente. Aprovechó los desafortunados derrames para mezclarlos con otro tema: afirma que por los derrames se debe impedir que la empresa petrolera estatal participe en la explotación del Lote 192, alineándose así con los planteamientos del MEF y del MINEM. Frente a esta reacción, en otras oportunidades guardó silencio cuando se redujeron las facultades fiscalizadoras y de sanción a los diversos organismos sectoriales bajo su mando. No se manifestó ante los diversos daños que dejó el anterior operador del Lote 192, ni hubo una reacción tan enérgica ante los ecocidios que se produjeron en La Oroya y en otros muchos lugares del país.

Edificio principal  de Petroperú

LOS PODERES MEDIÁTICOS Y LOS GRUPOS DE INTERÉS ECONÓMICOS
Los derrames son una lamentable noticia que debe ser informada. Sin embargo, llama la atención el despliegue realizado, al cual se ha sumado un reciente editorial del decano de la prensa nacional donde se vinculan los derrames con la crítica al proyecto de modernización de la Refinería de Talara e impedir a todo lugar que la empresa se integre y participe en la explotación de lotes petroleros. No sólo han mentido cuando publicaron que un experto señaló que el oleoducto era de la década de los años sesenta, cuando en realidad es de los setentas, y siguen siendo maniqueos cuando están informados que en Pucará, cerca de Jaén, se está reparando el oleoducto y no hay accidente alguno. También omiten mencionar que los grandes derrames petroleros con efectos catastróficos fueron realizados por empresas petroleras privadas internacionales. No se olvide mencionar al Exxon Valdez en Alaska en 1989 donde se arrojaron 37,000 TM de petróleo y de BP en el Golfo de México en 2010 con entre 630,000 y 704,000 TM vertidos al mar.

Detrás de todo el despliegue informativo hay ideología e intereses particulares en juego. La constructora vinculada al principal grupo mediático del país también se dedica al upstream y a la operación de las terminales de combustibles con activos propiedad de Petroperú. Este último se trata de un contrato oneroso para la empresa petrolera estatal pero que lamentablemente no ha podido ser modificado. También confluyen los intereses de otros actores en la industria especialmente los distribuidores de combustibles que les gustaría el mercado libre para la total importación de combustibles.

Otra acusación contra Petroperú y Repsol (en segundo lugar) consiste en señalar que estas dos empresas refinadoras de petróleo no han reducido los precios de los combustibles de acuerdo a los estándares internacionales. En esta campaña también participó el Banco Central de Reserva del Perú (2015) anotando que estas menores bajas no contribuyen a que la inflación sea menor. Sin embargo, no se presenta y analiza la información internacional donde los precios sólo cayeron de manera drástica al eliminarse los inventarios y luego se recuperaron; tampoco se evalúa la incidencia de los precios del petróleo en los combustibles. No se analiza pormenorizadamente que ocurre con los márgenes de las gasolineras que se resisten a bajar los precios, entre otros elementos.

Verónika Mendoza

LOS POST EXTRACTIVISTAS RADICALES
Eduardo Gudynas (2014), quien tiene muchos seguidores locales, postula la moratoria de las actividades petroleras en la Amazonía. Los fundamentos de esta posición se ubican tanto en los derechos de la naturaleza como en los daños que generan las diferentes modalidades de extractivismos. En el biocentrismo de Gudynas se sostiene que los elementos del ambiente o los seres vivos independientes de los seres humanos poseen valores propios o valores intrínsecos. Para esta perspectiva todas las especies vivas merecen ser protegidas. Se debe intentar conservar tanto las especies útiles como las inútiles, las que tienen valor de mercado como aquellas que no lo poseen, las especies atractivas como las desagradables.

Sin embargo, a nuestro juicio este investigador se excede cuando defiende que las especies pueden desarrollar sus proyectos de vida (¿?). Asimismo, cuando condena la explotación y procesamiento de recursos naturales como la minería y los hidrocarburos por los graves impactos sociales y ambientales que se conocen y que violan los derechos de la naturaleza. En su perspectiva, el ser humano puede utilizar la naturaleza para satisfacer sus “necesidades vitales” (el entrecomillado es nuestro) pero no puede imponerse que unas especies sean más importantes que las otras, aunque aclara que los derechos de la naturaleza no están por encima de los derechos humanos.

Los ecosistemas han cambiado antes de la intervención humana; son procesos también naturales y destructivos de miles de millones de años que continúan en el tiempo. La receta de la no intervención es tardía y en la mayoría de los casos puede requerirse todo lo contrario para mitigar y remediar daños. Más intervención humana que menos como se propone. Por otra parte, todos reconocemos los excesos de la sociedad del consumo, pero de ahí avalar tesis decrecionistas puede haber un salto al vacío. ¿Quiénes serán los actores de la transformación?, ¿quiénes serían los consumidores de los productos y servicios naturales que proporcionarían las sociedades subdesarrolladas?, ¿cómo evitar que en ese salto de reencuentro con la naturaleza retrocedamos hasta convertirnos en sociedades más primitivas?, ¿quién dice que esa unión con la Pachamama (y los Apus) debe ser el modelo de vida al que todos debemos aspirar? (Alarco, 2015).

Tuberías del oleoducto petrolero

ESCENARIOS EN JUEGO
En primer lugar corresponde a la empresa petrolera estatal establecer estándares ambientales, de operaciones y seguridad superiores a los actuales que eviten los derrames y otros percances mayores. Un tema a trabajar de manera inmediata es la solución de la delicada problemática de las áreas urbanas y semiurbanas que han invadido el trazo del Oleoducto Norperuano. Es imprescindible establecer sistemas de vigilancia ciudadana con las comunidades aledañas; más transparencia y rendición de cuentas. Crear valor compartido en las localidades y regiones donde se actúa a través de la promoción de clusters y otras actividades más allá de lo incorporado tradicionalmente en la perspectiva de la responsabilidad social empresarial.

Otro accidente adicional o sólo realizar cambios cosméticos en la petrolera estatal generaría una mayor confluencia de sus enemigos, colocándola en mayores aprietos. En esa dirección cada escenario resulta más negativo que el anterior. La prolongación de la suspensión de las operaciones del Oleoducto Norperuano afectaría no sólo a la Petroperú sino a todos los contratistas que extraen crudo en la selva norte del país. Una suspensión permanente implicaría dejar de producir 24,400 barriles diarios (diciembre de 2015) con los menores ingresos y empleos directos e indirectos consiguientes. La extensión de la plataforma post extractivista a toda la selva peruana podría afectar la explotación de gas natural, la exportación, el consumo interno, la posibilidad de desarrollar una industria petroquímica y cambiar la matriz energética nacional. Los efectos serían dramáticamente negativos.

Por otra parte, en este ambiente de aire enrarecido, se están proporcionando todas las excusas para dar el golpe final contra el proyecto de modernización de la Refinería de Talara, que como se ha denunciado en diversas oportunidades no cuenta con el financiamiento completo. A la fecha sólo se tiene US$ 500 millones, faltando US$ 2,250 millones del financiamiento público y nada se ha hecho para promover las coinversiones privadas por otros US$ 750 millones.

Con la modernización de la refinería de Talara paralizada por la falta de recursos, una empresa agobiada por las deudas y los conflictos legales asociados a la suspensión del proyecto serían un golpe mortal a Petroperú. En esta circunstancia se dejaría todo el espacio para que la Refinería La Pampilla de Repsol o, en su caso, si no completa el programa de reconversión de esa instalación se regalaría todo el mercado para que sea cubierto por las importaciones de combustibles. Los impactos negativos estarían a la vista: una balanza comercial más negativa en circunstancias en que las exportaciones del país tienen problemas; mayores presiones sobre la paridad cambiaria; un menor valor agregado alrededor del 0.5% del PBI nacional y 3.5% del PBI del sector manufactura de las refinerías locales y menores niveles de empleo. ¿Acaso la importación de combustibles es garantía de que los precios al usuario final vayan a reducirse?, ¿se aseguraría el abastecimiento continuo y confiable de combustibles?

ADEMÁS
La candidata presidencial del Frente Amplio ha señalado que se debe fortalecer la empresa petrolera estatal, no debilitarla. Esto es imprescindible. A pesar de que no son buenos tiempos para la industria de los hidrocarburos tanto a nivel internacional como local hay que continuar, a la brevedad posible, con la integración vertical de Petroperú participando en el upstream con los mejores estándares operativos, de mantenimiento y de seguridad. Dejar que ganen los enemigos de la petrolera estatal no solo es negativo para la primera empresa nacional, sino que vulneraría aún más la escasa seguridad energética del país.

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Política

El empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori

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Reunión en la sala del SIN con Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., reveló ayer, ante el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que le entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial en el año 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana de ayer informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

Dice que lo hizo ese año, 2011, porque “el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Y el Perú se había vuelto un objeto crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La gran transformación’”.

Y este comportamiento financista se corrobora el martes 22 de junio de 1999, cuando el patriarca de la dinastía Dionisio Romero Seminario se reunió, muy paciente y obsequioso, en la salita del Servicio de Inteligencia (SIN), con Vladimiro Montesinos, el gemelo de Alberto Fujimori.

Desde la dictadura de los 90 hasta la fecha, los Fujimori han tenido operadores como Jaime Yoshiyama, expremier; José Chlimper, exministro de Agricultura; y Silva Checa, muy cercano a Montesinos. Los cuales hoy también son piezas claves para Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

FUJIMORI-ROMERO: ESTRECHA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político, no tiene que hacer mucho esfuerzo para retrotraerse, como en un calidoscopio, a esa época de los 90, porque fue un testigo excepcional como principal asesor del expresidente Valentín Paniagua, que piloteó la transición después de la caída del fujimorismo.

“Siempre se ha sabido que los Romero, en este caso el padre, estuvo muy vinculado al poder, con la dictadura de los noventa. Y esto ocurrió dentro de la lógica de Alberto Fujimori, que tenía dos problemas acuciantes: el económico y la violencia”, recordó.

No hay que olvidar que el soporte de la dictadura de Fujimori fueron cuatro pilares, según los analistas de esa época:La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: “Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales”.

Dionisio Romero Paoletti

Dionisio Romero Paoletti confesó financiamiento a la hija del dictador.

HAN COPADO EL ESTADO

En lo referente a los empresarios, Adrianzén recuerda muy bien el papel de los Romero. “Si se revisan los famosos vladivideos, veremos cuán estrecha era la relación de la dictadura con Dionisio Romero, de cómo pactaban, por ejemplo el precio de trigo para beneficiar a sus empresas que iban monopolizando poco a poco el mercado”.

Después manifiesta que es evidente que han copado los partidos para justamente capturar el Estado, “y sus intentos no han cesado hasta hoy, financiando a Keiko con el pretexto de frenar al chavismo. Creo que la pregunta debe ser ¿quién corrompe a quién? Yo pienso que los empresarios, porque quieren asegurar sus ganancias”.

“Ellos financian a los partidos, pensando que alguno de ellos llegará al poder. De ese modo garantizan que no van a perder, venga quien venga. De allí la habilidad de los empresarios, como los Romero, para penetrar los partidos políticos, moverse en los altos niveles y capturar el Estado”, refirió.

“Esto se ha visto desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta su hija Keiko, pasando por todos los gobiernos de turno; eso no es una novedad. Y para ello son hábiles, para acercarse a las cúpulas y llevar a cabo sus planes de enriquecimiento”, concluyó Adrianzén.

SON EMPRESARIOS MERCANTILISTAS

Uno de los testigos cercanos del catastrófico primer gobierno de Alan García hasta la férrea dictadura de Alberto Fujimori, fue el actual excongresista Alberto Quintanilla, a la sazón diputado por Izquierda Unida (IU).

“Los grandes empresarios -afirma- siempre han estado con los gobiernos de derecha. Hay una relación bastante cercana entre ellos, porque coincidían en querer capturar el Estado para hacer negocios. Ellos no eran neoliberales, eran mercantilistas”.

“Lo que querían era capturar el Estado para hacer negocios. Su concepción es que el Estado es un apéndice de sus negocios e intereses, eso siempre ha sido así. La declaración de Dionisio Romero significa eso, que no dan puntada sin hilo en la defensa de sus intereses”, concluye Quintanilla.

Y lo que afirma Quintanilla concuerda con las afirmaciones de Francisco Durand, que escribióel libro “Los Romero”, donde afirma: “Dionisio el viejo entra en las esferas del poder político. Primero, en los setenta y ochenta, lo hace personalmente en directorios y consejos consultivos, y luego, desde los noventa, aunque sigue tratando con presidentes y ministros cara a cara, comienza a apoyarse en gestores, lobistas, abogados, amigos, consultores”.

 

Fèlix Grijalba Sato

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Política

Equipo Lava Jato debería tener respaldo del Ministerio Público

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Equipo Lava Jato

Tiene que haber un apoyo de la propia institución a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo el escritor y periodista, Álvaro Vargas Llosa, tras considerar que el respaldo no solo debe provenir de la población, sino de parte de la propia Junta de Fiscales Supremos.

“No es el respaldo popular el que tendría que sostener la actividad de estos fiscales y eventualmente también de los jueces. Es el propio sistema institucional y el propio sistema jurisdiccional, en general, el que debería de tener el máximo interés que todos estos canales institucionales tengan un desarrollo sin obstáculos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Por qué? porque para eso están, esa es la función de un Estado de derecho de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, la función no puede ser el de convertirse en vehículos de complicidad con la corrupción y, además, de sabotaje de la propia democracia desde su interior. Nada empuja más a los países a optar por soluciones autoritarias que el desprestigio de sus instituciones, y en eso se han están luchando contra la corrupción, como el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del Equipo Especial Lava Jato.

“Y no solo eso, perseguirían a quienes están tratando de luchar contra la corrupción. No tengo la menor duda que empezarían hacer la vida difícil al Equipo Especial Lava Jato. Yo espero que la población que tiene el poder de decidir en sus manos, tome las decisiones correctas y entienda bien el riesgo que se corre volviendo a llevar al Parlamento a gente cuya conducta fue la que condujo a la disolución”, precisó.

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Política

En el PPC tenemos claro que inmunidad no es impunidad

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MARISOL PÉREZ TELLO

Todos los candidatos del Partido Popular Cristiano (PPC) tenemos claro que inmunidad no es impunidad, subrayó Marisol Pérez Tello, secretaria general de dicha agrupación política, al subrayar que Alberto Beingolea no está postulando en las elecciones 2020 para obtener esa prerrogativa parlamentaria.

“En el caso del PPC, de Alberto en particular y de lo que esto significa para el proceso que enfrentamos hay tres cosas que tiene que quedar claro. Para nosotros, inmunidad no puede ser impunidad. Si vamos al Congreso, cualquier cosa que se investigue contra cualquiera de nosotros [de los que vayan al Congreso] tendrá que asumir la responsabilidad. Eso nos incluye a todos. No hay un blindaje acá a nadie”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Beingolea no está yendo al Congreso también para, entre otras cosas, tener inmunidad?] Cero. Él y lo estamos planteando todos que inmunidad no es impunidad, los 140 estamos en esa línea, porque creemos que esa es una de las reformas políticas que se tiene que hacer urgente”, apuntó.

Indicó, en otro momento, que el último cónclave del PPC demuestra que “este es un proceso interesante de formación de juventudes que está empezando a dar frutos”. Subrayó que la intención del PPC es llegar con los proyectos de reforma política y judicial.

“[…] Tenemos clarísimo que lo que se puede hacer [en el nuevo Congreso] es la reforma política, la reforma de la justicia, con un país que crezca que genere oportunidades en condiciones de igualdad, y finalmente tener un país con seguridad. Si no hay institucionalidad, no funciona. Nosotros vamos a llegar con los proyectos listos [al Congreso], porque no hay tiempo”, refirió.

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