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Petroperú: sin integración vertical no tiene futuro ni rentabilidad asegurada

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Refinería de petróleo

EL PRESIDENTE EN SU LABERINTO

En verdad no deja de sorprender el presidente del directorio de Petroperú en sus diversas declaraciones en los distintos medios de comunicación. Lo percibo como una personalidad académica bien intencionada, que quiere hacer las cosas, “con técnica y racionalidad económica”; pero ya sabemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones; es más, tratándose de un economista de formación liberal que no cree en las empresas estatales no le auguro un buen final.

Petroperú, es una empresa emblemática y estratégica en el abastecimiento de combustibles, que normalmente es considerada “botín de los gobiernos de turno”, fuente de acumulación para los capitales privados, sean empresas proveedoras, de servicios, bancos y de intereses oscuros al interior de la administración central, de allí la necesidad de una “reingeniería empresarial”

Por ello, compartimos la preocupación principista por la transparencia en la administración de la empresa, y la lucha contra la corrupción, en una empresa donde los desaciertos en la toma de decisiones solamente en relación al costo de la modernización de refinería de Talara, le costará a Petroperú no los US$ 5,500 millones proyectados, sino más de US$ 6,500 millones incluyendo todos los costos, según la entrevista que Paredes Lanatta declara en un diario local.

Si bien parte del costo financiero se pagará en el largo plazo entre 15 y 30 años (US$ 3,500 millones), el endeudamiento externo de la empresa es absolutamente manejable; sin embargo, preocupa que en la larga entrevista el presidente de Petroperú soslaye la importancia de la integración vertical con lotes de producción propios y minimize la relevancia del endeudamiento de corto plazo con los bancos privados para comprar petróleo y derivados.

SIN RENTA PETROLERA

En verdad, en su última entrevista publicada en el diario especializado, Gestión, el 22 de mayo, me llamó la atención que en ninguno de sus párrafos se hiciera mención a la integración vertical, que es la forma técnica y eficiente de operar en una empresa petrolera.

Es decir, una empresa petrolera que no tenga producción propia de hidrocarburos está marginada y no accede a la renta petrolera que resulta la diferencia entre el precio internacional del crudo y el costo interno de producción. Por ello, está condenada a sobrevivir de los márgenes de refino, la fuente principal de los ingresos en una petrolera sin producción propia de crudo.

Esta renta petrolera le fue enajenada, sustraída, expropiada a Petroperú por una privatización que fue promovida por el gobierno corrupto del fujimorismo, y que hoy el presente Gobierno pretende reprivatizar los lotes que tienen fecha de vencimiento en sus contratos antes del 2025.

Todo ello es posible por medio de una indebida y dolosa prórroga por más de 20 años, en un proyecto de ley promovido por los lobistas de siempre en el Congreso de la República. Con este proyecto se favorece a una serie de empresas petroleras cuyos contratos están próximos de caducar y por derecho tales contratos con las reservas probadas le corresponderían a Petroperú.

CON LOS LOTES PROPIOS

Acceder a la integración vertical con la producción y reservas de los lotes de las operaciones noroeste (Talara) en especial del lote X operado por la petrolera china CNPC, al igual del lote VI/VII, más los lotes que detenta Graña y Montero, Savia en el Zócalo Continental, solamente con esta producción Petroperú tendría asegurado una producción de más de 25 mil barriles diarios de alta calidad.

Estos contratos pagarían una tasa del 5% de regalías en relación a la producción incremental, una tasa promocional que bien puede ser asumida por Petroperú, en una asociación con empresas privadas que tengan los capitales necesarios, al estilo del modelo colombiano, donde la empresa que “corta el pastel” es la petrolera estatal y no los privados que en nuestro país han tenido una vocación rentista y parasitaria.

Si a ello se suma la producción propia de los lotes 8 (Trompeteros), 192 (Andoas) y 64 de la selva nororiental, se estarían asegurando no menos de 35 mil barriles diarios adicionales, con los cuales se puede alimentar a la refinería modernizada de Talara.

CRECIENTES COMPRAS

En el cuadro “Petroperú: importancia de las compras de crudo, combustibles y suministros en los costos de ventas” en el periodo 2010 al 2018 se puede observar la participación de las compras de petróleo y derivados que alcanzan en promedio a representar al 95% de los costos de venta.

Es decir, la petrolera estatal con las refinerías de Talara, Conchán, Iquitos, El Milagro (Bagua) se dedica a comprar internamente e importar petróleo crudo y derivados. Por tanto, en parte compra el petróleo de los lotes que antes estuvieron bajo su responsabilidad hasta 1996.

En una actividad de refinación se sobrevive de los márgenes que se verán afectados por los desaciertos en la toma de decisiones en la modernización de la refinería de Talara, que según el propio presidente le costará US$ 1.1 millones de dólares al día, por 12 o 22 meses nadie sabe, por el desface entre las inversiones en las unidades principales que estarán terminadas a mediados del próximo año (2020),y las obras auxiliares más complementarias que recién se entregarían al primer trimestre del 2021. ¡Si Dios es peruano!

En verdad, desde el 2013 las compras de los derivados como el diésel limpio con 50 partes por millón de azufre superan a las compras de petróleo, prácticamente desde el 2018 Petroperú está comprando en el mercado externo más diésel limpio, que petróleo crudo y crecientes compras de gas licuado de petróleo (GLP) para poder abastecer el mercado local.

Importancia de la compra de crudo de petróleo

MAYORES UTILIDADES

La refinería de Talara modernizada con capacidad para procesar 95 mil barriles diarios, podrá refinar no más de 45 mil barriles de diésel limpio que tiene un mercado asegurado ante una demanda superior a los 105 mil barriles diarios de diésel con 50 partes por millón de azufre. Es más, seguirá importando este derivado, pues la competencia La Pampilla–Repsol no procesa suficientes volúmenes diarios de diésel limpio.

El presidente del directorio debiera saber que si Petroperú tiene producción propia no solamente asegura la renta petrolera, sino que aumenta el patrimonio empresarial, y los activos, pues las reservas de crudo resultan equivalentes a tener dinero en el banco. El crudo es tan líquido como el oro, por ello su denominación de “oro negro”.

Por tanto, con reservas propias de petróleo puedo levantar aquí o afuera el mayor crédito posible en las mejores condiciones, como lo hizo el Consorcio Camisea con las reservas de gas natural y condensados de los lotes 88 y 56 y hacer factible el proyecto de exportación de gas natural.

Con acceso a la renta petrolera y una refinería modernizada como Talara no solamente se financian las deudas a largo plazo, sino que también se aseguran los mayores márgenes de refino con petróleo propio. ¡Esto es el ABC en la industria petrolera que la ortodoxia liberal del presidente de Petroperú se niega a aceptar!

Al no tener acceso a una producción propia, Petroperú tiene que endeudarse con los bancos privados, pagar tasas de intereses para comprar petróleo crudo y derivados, asumir deudas para repagar a los proveedores de insumos, en un carrousel que se reproduce año por año, que no le preocupa al presidente cuando afirma: “Compro crudo al crédito, aparece como un pasivo (deuda), pero tengo el activo crudo, entonces , no hay ningún problema”.

Es verdad, que contablemente las cifras cuadran, pero la mayor torta del pastel se la llevan las empresas productoras de crudo, las que transportan el petróleo, los bancos, y los grandes traders. En última instancia en esta cadena de valor, quien paga todos estos valores que aparecen como costos (compras) de Petroperú las asume el sufrido consumidor por medio de los precios finales de los combustibles.

Debiera ser evidente que las minúsculas utilidades que hoy obtiene la petrolera estatal se explican en parte por los intereses por pagar, el alto costo por los desaciertos en la gestión de manejo de inventarios, y en las proyecciones fallidas en los costos del financiamiento de la refinería de Talara, que han sido publicitados por el presidente consecuente con su política de transparencia.

¿QUÉ PASA CON EL OLEODUCTO?

Al respecto debemos compartir la preocupación sobre los recurrentes sabotajes al Oleoducto Norperuano, que constituyen hechos criminales que demuestran la debilidad del Estado para preservar la seguridad energética del país. Hecho más grave aun cuando se reconocerían en parte a los responsables que exigen una participación ganancial en la remediación de los derrames de petróleo.

También debemos reconocer que el Oleoducto Norperuano es un activo sobredimensionado en su parte principal, pues fue construido en la década de los años setenta del siglo pasado que podría trasladar 200 mil barriles diarios, y hoy no transporta ni 25 mil barriles por día, y esa no es una responsabilidad de Petroperú.

Desde 1996 la petrolera estatal no tiene ninguna responsabilidad directa en la producción de hidrocarburos, sea en la selva norte o en la costa. Esta es una tarea de Perupetro, la empresa estatal encargada de promover la inversión en el sector, de la supervisión de los contratos de hidrocarburos entre otras atribuciones.

Por ello causa extrañeza las declaraciones del presidente de Petroperú, cuando afirma que el Oleoducto Norperuano es un activo que le genera pérdidas a la petrolera. Pues, textualmente señalaba que en un año relativamente bueno las pérdidas generadas por el Oleoducto eran de US$ 20 millones anuales. En un año malo las pérdidas podían a sumar los US$ 50 millones por tanto la salida sería la privatización.

En tal sentido, cabe preguntarse si Petroperú tiene que asumir los “platos rotos”, la falta de inversiones de los privados para incrementar la producción y las reservas en los distintos lotes que fueron adjudicados desde la década de los noventa del siglo pasado.

Por ello causa extrañeza las declaraciones que apuntan a privatizar el Oleoducto Norperuano que en especial le ha permitido entre 1996 a la fecha valorizar la producción de los lotes 8 y 1-AB que fuera operado por la argentina Pluspetrol entre el 2001 hasta el 2016.

Con esa lógica supuestamente moderna y de mercado no solamente no serían rentables el Oleoducto Norperuano, las unidades refineras de Conchán, Iquitos y del Milagro, pues los combustibles que producen tienen un alto contenido de azufre que tiene restricciones ambientales.

EPÍLOGO

Apostar por el fortalecimiento de Petroperú como empresa petrolera supone e impone la integración vertical con los lotes de la Cuenca de Talara y de la selva nororiental, para acceder a la renta petrolera.

Al 2021 el país con la refinería de Talara tendrá la refinería más moderna, y compleja de esta parte del hemisferio, que procesará 95 mil barriles diarios de combustibles limpios tanto en gasolinas como en diésel, ante una demanda interna que supera los 250 mil barriles por día, en franca competencia con La Pampilla-Repsol, y las empresas importadoras

En sus 16 procesos industriales no solamente se obtendrán combustibles limpios, sino que también se procesará el crudo pesado (selva), que por ahora se exporta a precios castigados. Ampliará en un 50% la capacidad de refinar y obtener gas licuado de petróleo (GLP), produciendo ácido sulfúrico que tiene un mercado en la gran minería de oro y cobre.

Sin embargo, entre noviembre del 2019 y marzo del 2021 supuestamente tendremos la refinería de Talara paralizada por una serie de desaciertos, equívocas decisiones en las llamadas inversiones auxiliares y complementarias, que sin ellas no podría funcionar la moderna refinería.

Es decir, desde agosto del 2020 tendremos terminadas las obras principales de la refinería, lo que sería el corazón de la modernización; sin embargo, habría un desface todavía no resuelto entre las inversiones y el financiamiento para las inversiones complementarias más auxiliares, sin las cuales no podría funcionar la refinería. Es decir, ¡Petroperú tendría un auto nuevo, con motor sin usar pero no tendrá las llantas para marchar!

Según las declaraciones del propio presidente de Petroperú, esta demora tiene un costo diario, que ha estimado en más de US$ 1.1 millón y lo grave es que este tipo de “anormalidades” conllevan millonarios costos que no tienen responsables identificados.

En tal sentido, por la transparencia en los asuntos de interés nacional esta realidad demanda una investigación seria y ponderada de parte de las autoridades correspondientes, pues el proyecto de modernización de la refinería de Talara siempre encontró la sorda y reacia oposición del MEF y el MINEM.

Resulta evidente ante la ausencia de un proyecto nacional en materia energética y el predominio de las ideas liberales en los gobiernos de turno, no se apuesta en serio por el fortalecimiento de la petrolera estatal, que demanda la integración vertical para ser rentable y poder financiar con solvencia el endeudamiento externo, sin afectar al Tesoro Público.

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Política

Fujimorismo ya gobierna de facto

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Ante la inminente toma del Tribunal Constitucional (TC) por parte del fujimorismo, y considerando el antecedente de blindajes y boicot a la reforma de justicia, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, indicó que el país se encuentra en un golpe de Estado dado por el fujimorismo. “Estamos frente a una suerte de golpe institucional del Congreso frente a otros poderes del Estado, al pretender coparlos y alinearlos a los intereses del fujimorismo. En la práctica es un golpe perpetrado desde el propio Congreso de la República”, afirmó.

“Es claro que la intención de copar los poderes del Estado es para garantizarse impunidad para actos delictivos cometidos por miembros de diferentes fuerzas políticas; está el caso de Alan García con Odebrecht, el financiamiento de Fuerza Popular y las investigaciones a su exsecretario general Joaquín Ramírez. Estamos frente a fuerzas políticas que actúan como bandas criminales”.

BUSCAN UN TC LEAL AL FUJIAPRISMO

Además, cuestionó que sea este Congreso “sin legitimidad y que ha blindado corruptos” el que tenga que nombrar a los miembros del TC para los próximos 7 años. “El TC es fundamental para el sistema de justicia del país, tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, pero pretenden nombrar a un conjunto de miembros que se van a deber más a las lealtades políticas a Fuerza Popular y al Apra antes que a los ciudadanos”, indicó.

Bracamonte calificó de “nueva repartija” el intento del fujimorismo por tomar el TC. “No se puede politizar las instituciones públicas como descaradamente lo hace el fujimorismo y sus aliados. Los ciudadanos tenemos que salir a protestar porque no es posible que el Congreso llegue a tal nivel de cinismo y atente contra una institución que debería estar fuera de toda mancha de estar comprado por los partidos políticos mayoritarios del Congreso”, señaló.

Por otro lado, indicó que “el presidente Martín Vizcarra no puede pretender que el diálogo se abra exclusivamente con el Congreso y su presidente Olaechea”. “Él debe convocar a un diálogo nacional, el país requiere construir consensos para avanzar hacia una transición para fortalecer las instituciones del Estado acechadas por las fuerzas criminales, pero además avanzar en reformas que garanticen bienestar para los ciudadanos”, agregó.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

Respecto a las innumerables sugerencias de diversos analistas y actores políticos que piden al Presidente plantear ya la cuestión de confianza, Bracamonte recordó que “desde la Coordinadora Nacional de DDHH hemos dicho que el Presidente debe plantear la cuestión de confianza por la propuesta de adelanto de elecciones, no podemos estar sometidos al chantaje de un Congreso cuya mayoría lo ha conducido al absoluto desprestigio y falta de legitimidad”.

Finalmente, coincidió con el parlamentario Marco Arana respecto a solicitar el pronunciamiento de instancias internacionales. “Será importante contar con las opiniones de la relatoría sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones sí tienen carácter vinculante porque son parte de nuestro ordenamiento constitucional, por los tratados suscritos y ratificados por el Perú”, indicó.

VIZCARRA TIENE RESPONSABILIDAD

Por su parte, el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, advirtió que “se ha constituido un poder paralelo por parte del fujimorismo y esto se ha consolidado en gran medida por la vacilación del presidente Vizcarra”. “Toda esta telenovela que se ha hecho alrededor del adelanto de elecciones, desde el comienzo estaba claro que iba a tener la obstrucción de la mayoría fujimorista”, indicó.

Otta consideró que “se han perdido dos meses valiosos, pues con la disolución del Congreso (luego del mensaje presidencial del 28 de julio) ahora ya estaríamos convocando a elecciones”. “Es evidente que la respuesta del fujimorismo ya está definida, van a votar en contra y por eso apuran el cambio del TC”, añadió.

MOVILIZACIÓN ÚNICA SALIDA

“El Presidente confunde sondeos con movilización popular; que haya un 80% de repudio al Congreso no significa que exista un movimiento social combativo y organizado. Lo que le queda a la ciudadanía es salir a las calles, lograr una gran movilización social que obligue a materializar ese pedido de que se vayan todos, el Congreso y el Ejecutivo, que también sirve a transnacionales”, concluyó.

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Política

Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

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Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

El Frente Amplio solicitó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que lleva adelante la comisión especial del Congreso designada para tal fin.

El grupo parlamentario remitió oficios a Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a Joel Hernández García, relator par el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para alertar sobre lo que consideran un intento de “cooptación política” de magistrados del TC.

La bancada solicita que se envíe una “carta de denuncia o un llamamiento urgente” frente a los graves hechos que, advierte, estarían poniendo en tela de juicio la transparencia y legitimidad en la futura elección de los magistrados del tribunal constitucional del Perú.

Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

Refiere que el 13 de setiembre se instaló la Comisión Especial del Congreso de la República, encargada de seleccionar a los postulantes al TC, la cual optó por elegir a los vocales por invitación, una de las modalidades previstas en la ley.

Sin embargo, advierte, que después del acto de instalación transcurrieron tres sesiones (lunes 16, martes, 17 y miércoles 18), siendo en la última donde se seleccionó a 11 postulantes sin especificar bajo qué criterios.

“Agrava las cosas que el mismo miércoles 18 se haya publicado la lista de los seleccionados, anunciándose al día siguiente que el lunes 30 de setiembre serán elegidos por el pleno del Congreso los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional”, señalan los oficios.

El Frente Amplio sostiene que estos hechos afectan a institucionalidad del TC, además de afectar la democracia, porque el mecanismo de selección impide la participación ciudadana, afecta un mínimo del debido proceso parlamentario e impide garantizar criterios mínimos de idoneidad ética y profesional de los postulantes.

Asimismo, la agrupación parlamentaria da cuenta que el proceso de selección de magistrados del TC se da en un contexto de un absoluto descrédito del Congreso peruano y mientra se debate un proyecto de reforma constitucional que adelantaría las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, a abril del próximo año.

ALGO MÁS

Menciona que uno de los principales fundamentos para el anticipo de elecciones “es el comportamiento errático y antidemocrático del Congreso a partir de su actual composición”.

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Política

Acuerdan en mesa de diálogo no recortar terrenos del campus

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Flor Pablo, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

La ministra de Educación, Flor Pablo, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se comprometieron a no recortar los terrenos del campus para la construcción del cerco perimétrico y el intercambio vial.

“El rector propondrá al Consejo Universitario de la UNMSM la resolución que oficialice la posición de la Universidad en un plazo de 15 días”, detalló la ministra Pablo en conferencia de prensa realizada después de la reunión que duró más de tres horas y que contó con la presencia del alcalde de Lima Metropolitana Jorge Muñoz, el rector de San Marcos, Orestes Cachay, y dirigentes estudiantiles.

Asimismo, se acordó que los involucrados convocarán a un diálogo técnico para elaborar el expediente del proyecto del cerco perimétrico e intercambio vial con la participación de los estudiantes, tanto de los órganos de cogobierno, la FUSM (Federación Universitaria de San Marcos) y los equipos técnicos conformados por profesionales en ingeniería civil y afines que provengan de la UNMSM.

En cuanto a los otros puntos del pliego de reclamos de los estudiantes, que generaron protestas en los últimos días, se indicó que el diálogo continuará a fin de buscar consensos.

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