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Petroperú, con la Refinería y el Oleoducto, debe asumir lotes petroleros, garantizando la soberanía energética

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Refinería de petróleo

PARA EL DESARROLLO NACIONAL

La bancada de Nuevo Perú, ha presentado al Congreso, el 06.08.2019, el Proyecto de Ley 4650/2019-CR, de Capitalización de Petroperú con la Integración Vertical Refinería-Oleoducto-Lotes Petroleros, lo que garantiza la soberanía energética nacional. Esta propuesta se sustenta en los trabajos de especialistas, de la empresa Petroperú y sus especialistas y trabajadores, y de la exigencia mayoritaria de la patria, como se ha venido formulado en esta lucha por la Patria Soberana. El Perú debe afirmar la Soberanía de la Patria, y rechazar la Traición que “la Nueva IPC” y otros lobistas pretenden.

La iniciativa legislativa constituye un desarrollo de lo establecido en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 44º, establece que es deber del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral de la Nación y el artículo 66° que señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento.

Con este objetivo, el Estado: (a) garantizará la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego; (b) promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los niveles nacional, regional y local; (c) estimulará la inversión privada; (d) fomentará el desarrollo de la infraestructura; (e) evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas restrictivas de la libre competencia y propiciará la participación de organizaciones de consumidores en todo el territorio; (f) fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan a la adecuada distribución del ingreso; y (g) propiciará el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el capital fijo”

El Parasitismo de contratistas privados ha descapitalizado la Actividad petrolera nacional.

Las empresas privadas concesionarias de los lotes de hidrocarburos no han cumplido con las inversiones y han causado la actual grave crisis de producción petrolera. Durante la vigencia de la Ley 26221 (24 años), se entregó a los privados vía concesiones, los lotes de hidrocarburos con el objetivo de promover la inversión petrolera y por tanto la producción. La producción, por nula inversión de los contratistas, se vino en picada, pese a que los precios del barril del petróleo hasta el 2014 eran altos.

Existieron 2 décadas con precios altos de petróleo, pero las empresas privadas no invirtieron en exploración, pese a que lograron grandes utilidades. Así llevaron a la producción a la crisis nacional en que hoy se encuentra, se estima en 40,000 barriles diarios.

Existieron 2 décadas con precios altos de petróleo, pero las empresas privadas no invirtieron en exploración, pese a que lograron grandes utilidades. Las contratistas privadas no invirtieron y están por vencer los plazos de sus contratos. Estas empresas petroleras son Graña y Montero Petrolera en los lotes I y V, Pluspetrol en el Lote 8, Sapet en los lotes VI-VII, CNPC en el Lote X; Savia Perú en el Lote Z-2B, Aguaytía en el Lote 31-C, Maple en los Lotes 31-B y 31-D. Los vencimientos se darán en los años 2021 y 2026.

Con su parasitismo sometieron a la producción a la crisis en que se encuentra. Hoy la producción se estima en 40,000 barriles diarios. La falta de inversión en exploración durante los más de 20 años bajo control de las contratistas privadas, ha generado que el Perú, ante la falta de producción, tenga que gastar en importaciones (traídas desde diversos lugares) valorizadas en alrededor de $ 3 mil millones de dólares, lo que genera impactos negativos en el erario nacional, la dependencia a sus antojos, la anulación de nuestra soberanía energética, y la privatización de la refinería de Talara.

Estimación del valor de las reservas de petróleo

El Desafío Nacional de la Integración Vertical de Petroperú con la Refinería y el Lote 192, que por la Ley 30357 ya debería estar en manos de Petroperú.

El valor de las reservas de hidrocarburos que existen en estos Lotes, ahora parasitarios y con sus contratos por vencer, deben ser revertidos a Petroperú apenas venzan los próximos meses. Petroperú, empresa de todos los peruanos, tiene a su cargo la Refinería de Talara en la que el Estado ha invertido 6 mil millones de dólares para su indispensable Modernización, la que consiste en integrar Refinería-Oleducto-Lote 192 para producir combustibles de mejor calidad, y producir usando el petróleo de los lotes abandonados.

Según los cálculos del investigador Jorge Manco Zaconetti, el valor de las reservas petroleras que tienen estas empresas privadas, cuyos contratos están por vencer y en los que no han invertido, debiendo al vencer retornar a Petroperú, se estima en promedio de 15,000 millones de dólares. Si de este total descontamos el valor del Lote 192, los valores de las reservas en los Lotes de estas petroleras ascienden a 10,289 millones de dólares. Conforme se aprecia en el siguiente cuadro, donde se considera las reservas probadas al 2017 por el Ministerio de Energía y Minas y el precio estimado del barril de petróleo en el mercado internacional.

La contratista Pacific Stratus Energy (ex Pacific Rubiales) hoy Frontera Energy, firmó contrato de servicios temporal para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 (valorizado por el Colegio de Ingenieros del Perú en 13,000 millones de dólares). Este contrato se suscribió, sin cumplir las reglas vigentes, el 30 de agosto del 2015, por un plazo de 2 años. El plazo esta vencido. Sin embargo, por supuestas “causas de fuerza mayor”, con los extraños sabotajes con cortes en el oleoducto, este plazo se va extendiendo sucesivamente.

Debido al sabotaje realizado al oleoducto Nor peruano en julio de 2019, ahora se anuncia que el plazo vencerá en el segundo semestre del 2019, y pretenden extenderlo hasta febrero del 2020 debido al sabotaje realizado extrañamente al oleoducto Nor peruano en julio de 2019, para dárselo como propiedad privada y hacerlo permanente hasta agotar el recurso. Es la forma de violar la ley que manda se entregue el lote 192 a Petroperú.

Integración Vertical Petroperú: Lotes, Oleoducto, Refinería, afirma Soberanía Energética Nacional

La presente iniciativa busca garantizar la capitalización de la Empresa Petróleos del Perú S.A., afirmando el valor de los Lotes de hidrocarburos cuyos plazos vencen. Planteamos condiciones muy favorables para enfrentar sus compromisos crediticios como los de la Modernización de la refinería de Talara, desarrollar exploración y elevar las reservas, así como para que las rentas que se generen sean propiedad del Estado peruano y en beneficio de todos los peruanos.

Se propone que los contratos de los lotes, cuyos plazos contractuales están por terminar a cargo de empresas parasitarias, pasen a Petroperú para garantizar la integración vertical de la empresa nacional, pues el negocio petrolero en manos de la empresa de todos los peruanos garantiza sus fines y eleva su rentabilidad. Petroperú tendrían los lotes productivos, el oleoducto modernizado y la refinería moderna para la producción nacional de combustibles baratos y limpios.

Se propone que la operación de los lotes, pase a cargo mayoritario de Petróleos del Perú S.A, la que se realizará con socios estratégicos sean estos públicos o privados, convocados como socios minoritarios por Petroperú. La iniciativa propone otorgar un plazo de treinta (30) días siguientes a la publicación de la ley, para que PERUPETRO S.A. celebre con PETROPERÚ S.A. el contrato de Licencia para actividades de exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 192 en cumplimiento de la Ley 30130 y la Ley 30357, y además se le faculte para que pueda convocar a socios estratégicos para su actividad en estos Lotes.

La propiedad de los lotes de hidrocarburos en manos de Petroperú significa la recuperación de la base principal del negocio petrolero, la garantía de generar rentas para el erario nacional para el desarrollo, así como lograr producir los combustibles limpios que requiere la patria para su desarrollo integral. Se estima que la entrega de los lotes que en los próximos meses están en vencimiento contractual, a Petroperú le permitirá una capitalización de reservas propias valorizadas en alrededor de 15 mil millones de dólares. Esta capitalización reforzará que Petroperú garantice la operación óptima de la Refinería de Talara y con ello generar valor agregado industrial.

También se permitirá el ahorro de 4,000 millones de dólares en importaciones de petróleo al año a partir del 2021, según lo señalado por la gerencia general de Petróleos del Perú. La aprobación de esta iniciativa no generará un gasto al Estado, por tratarse de una ley que por el contrario rescata nuestras rentas estratégicas, permite garantizar que esta renta sirva para el desarrollo nacional diversificado. Esta ley al cautelar la explotación de los lotes de hidrocarburos, permite que el valor de cada uno de ello sea explotado para los fines del país. Es el caso del Lote 192 cuyo valor es de 13,000 millones de dólares.

También se dejará de importar combustibles de diversos países, con lo que se afirma nuestra soberanía energética. La integración vertical de Petroperú, permitirá el desarrollo integrado de los territorios de la costa, sierra y selva del Perú. Asimismo, la capitalización de Petroperú mediante la entrega de los lotes de hidrocarburos, garantizará grandes proyectos postergados por el rentismo privado, proyectos como la masificación del gas, gasolina limpia y barata para las actividades económicas diversas, fertilizantes para la agricultura, y rentas para el desarrollo nacional.

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Política

Quieren desaparecer al Equipo Especial Lava Jato

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El exfiscal Avelino Guillén lanzó la advertencia: “La mayoría de la Junta de Fiscales Supremos tendría el objetivo de retirar a corto plazo a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez”.

Subrayó que “la sanción contra Pérez y los procedimientos disciplinarios seguidos contra Vela, están entre de las funciones de la junta para ver dichos temas, por lo que corresponde estar alertas”.

Vela dijo, en la víspera, que en la junta ya se ha solicitado su salida y existe un voto contrario hacia él por parte de tres de sus cinco integrantes: Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

Para Guillén la multa impuesta contra Pérez constituye una medida abusiva y arbitraria que no tiene sustento con lo señalado en la Ley de Carrera Fiscal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Se le sanciona por declarar en una entrevista que si perdemos los juicios frente a la gran corrupción los perjudicados seremos los ciudadanos, y que si se afecta lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta, ¿pero qué contenido político hay ahí? Ninguno”, objetó Guillén.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Luis Purizaga, abogado de IDL-Justicia Viva, afirmó que los jueces supremos Pedro Chávarry, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza han cambiado de estrategia. “Se han dado cuenta que un mecanismo efectivo sería el proceso sancionador”, precisó.

“Dentro de este componente la última instancia sería la Junta de Fiscales Supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez. Después de la multa impuesta al fiscal Pérez, Vela ha revelado que tiene cinco procesos sancionadores y si apela el caso pasa a manos de los fiscales supremos mencionados”, resaltó.

“La Fiscal de la Nación -agregó- tiene competencias muy claras, que es formar o destituirde un equipo especial de investigación a fiscales. Por ello la estrategia de los fiscales supremos es no ir por ese lado, sino ir por el factor de las sanciones, donde la última palabra la tienen los fiscales supremos. Eso es legal, solo que se está utilizando para movimientos turbios”.

FALTA LA JNJ

“Desgraciadamente esto sucede por la inexistencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que podría juzgar y sancionar a estos fiscales. Porque hay informes de las fiscales del Callao, de que Chávarry, Gálvez y Rodríguez serían parte de los ‘Cuellos Blancos’. Sin embargo pasa el tiempo y estos señores siguen desempeñándose como fiscales supremos. Pasa el tiempo y se siguen quedando en sus cargos y mejorando sus estrategias para poder fortalecerse”, explicóPurizaga.

Finalmente, señaló que en la Comisión Especial que elige a los miembros de la JNJ, sigue Lecaros, presidente del Poder Judicial, que fue denunciado por un colaborador eficaz de formar parte del engranaje de los “Cuellos Blancos”, de una red de tráfico de favores, que coordinó con Walter Ríos el beneficio al narcotraficante Boris Foguel.

“Hubo un proceso para elegir a la JNJ que fue turbio. Ahora pasaría lo mismo debido a la presencia de Lecaros quien dijo que no se va a retirar pese a la grave denuncia en su contra”, señaló.

“Esto es peligroso porque no puede haber independencia de criterios y pueden ser elegidos personajes controvertidos. La pregunta es ¿cómo el señor Lecaros va a poder elegir a los miembros de la JNJ? Hay un conflicto de intereses gravísimo. Por ello el presidente Gutiérrez, el Defensor del Pueblo tienen que pronunciarse ya”, concluyó el abogado Luis Purizaga.

LA CORRUPCIÓN SE FORTALECE

Miguel Jugo, analista político, señaló su preocupación porque “en el Ministerio Público hay un conjunto de fiscales ligados a la corrupción y obviamente la presencia de los fiscales supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez hacen ver de que son personas que continúan con poder”, opinó.

“La opinión pública debe estar alerta y debe apoyar firmemente la lucha que se está librando contra la corrupción, que parece fortalecerse. Lamentablemente creo que la corrupción es endémica, sistemática y permanente. Y eso se ve en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la misma Policía Nacional, por las noticias que nos llegan”, comentó.

Planteó que la solución venga desde arriba, “porque los peruanos y peruanas no podemos dormirnos en nuestros laureles, porque la corrupción campea y el enemigo es muy grande y poderoso”.

ALGO MÁS

“Cuando se forme la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debe de hacer algo al respecto. En los postulantes hay personajes cuestionados y eso fue lo que motivó el fracaso de la primera elección. Ojalá que las actuales personas que postulan sean las mejores, pero hay que estar alertas porque la corrupción no duerme”, concluyó Jugo

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Ejecutivo apoya a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, sostuvo que el Gobierno apoya el trabajo de fiscales y jueces comprometidos en luchar contra la corrupción.

“Ratificamos nuestro apoyo al trabajo prolijo, comprometido, responsable de fiscales y de jueces quienes valientemente han enfatizado una labor de fiscalización, de auditar a quienes tenían una grave contradicción en un hecho de corrupción; como Gobierno tenemos que apoyar”, adujo.

De igual forma, señaló que espera que dichos magistrados tengan apoyo institucional porque no pueden caminar solos en la delicada y compleja labor que llevan a cabo.

En la víspera, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, advirtió que existiría la intención de cesarlo a él y al fiscal José Domingo Pérez, a fin de que no continúen con la investigación sobre los sobornos de Odebrecht.

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Política

Evo Morales acepta asilo político en México

Publicado

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Evo Morales Ayma

Evo Morales aceptó el asilo político ofrecido por México, tras el golpe de Estado en su país este domingo, afirmó hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país”, detalló el canciller mexicano.

Señaló que, en términos de la legislación vigente, “la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político a Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Explicó que en este sentido procede a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión.

“Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad’, puntualizó.

Recordó que el primer ordenamiento en materia de asilo data de 1853, cuando México y Colombia suscribieron un tratado de no extradición por delitos políticos.

“Nuestra tradición ha sido siempre por la protección de los perseguidos políticos”, enfatizó.

La tradición a la que se refiere, también tiene como base el artículo 15 de la Constitución y puntualizó que México ha sido tierra de asilo a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí, Luis Buñuel, León Felipe, Rigoberta Menchú y Víctor Raúl Haya de la Torre.

‘El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención’, expresó.

Indicó que esa decisión ya es del conocimiento de la Organización de Estados Americanos, y la hará saber a la Organización de las Naciones Unidas invocando, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales.

“Latinoamérica ha sido testigo en su historia de lamentables y violentos acontecimientos en los que el orden constitucional se rompe y autoridades democráticamente electas se ven obligadas a abandonar todo para proteger su vida”, comentó.

El jefe de la diplomacia mexicana detalló que el Derecho Internacional reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado, del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en aquel Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado.

‘México se ha caracterizado en su tradición en materia de protección en asilados a lo largo de su historia, se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países por persecución política y otras causas’, resaltó.

ALGO MÁS

Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo: La Convención sobre asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre asilo diplomático, firmada en Caracas en 1954, puntualizó.

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