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Pésimas prácticas de la Backus y Johnston

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Pésimas prácticas de la Backus y Johnston

Negocios al interior del grupo económico

Desde el punto de vista fiscal un aspecto que pasa piola son las relaciones que mantienen las grandes empresas con sus subsidiarias, filiales y vinculadas tanto en el país como en el exterior. En un mundo globalizado, de apertura y liberalización de los mercados, las grandes empresas y grupos de poder económico y político, ponen en práctica una serie de mecanismos para sobrefacturar, recargar costos, minimizar los pagos de impuestos, crear empresas de fachada que funcionan digitadas por la principal, abusan de los servicios de terceros, y de los trabajadores, en la mayoría de los cuales se impide la formación de sindicatos.

En resumen, se ponen en práctica una serie de figuras y comportamientos formalmente permitidos, reconocidos con el nombre de elusión tributaria, que tienen como objetivo central: maximizar las utilidades, minimizar los ingresos fiscales y reducir los costos laborales.

Según el portal Ojo Público luego de una sesuda investigación periodística concluyó que las principales corporaciones empresariales han judicializado en casi 800 juicios relacionados a temas tributarios el pago de S/ 20 mil millones de soles, por observaciones de la Sunat sobre el impuesto por pagar, tanto en el tribunal fiscal como en el llamado Poder Judicial (Ver art. Club de los Deudores 26/7/16)

Ello es particularmente importante en la presente coyuntura de “vacas flacas“ para el fisco peruano donde la presión tributaria ha disminuido peligrosamente a menos del 13 % del PBI, gracias a los beneficios tributarios, la corrupción, a la evasión y elusión fiscal de las empresas formales, la informalidad y el contrabando.

Debiera ser evidente que con una presión tributaria de tal nivel, el Estado no tenga los recursos suficientes para enfrentar y resolver las necesidades sociales de todo Estado, salud y educación de calidad, infraestructura y sobre todo la seguridad ciudadana.

Un Estado débil, denominado “empírico” por el historiador Jorge Basadre sea históricamente deficitario salvo en las épocas de bonanza. De allí que en los últimos tres años arrastremos un déficit superior al 3 % en relación al PBI; y la política de los últimos gobiernos ha sido siempre privilegiar los llamados impuestos indirectos, que gravan a los sectores populares, tales como el IGV y el selectivo al consumo a los combustibles, bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos.

Sin embargo, se pierde de vista a los “peces gordos”, a las grandes empresas transnacionales y grupos de poder económico que se desenvuelven en el mercado con prácticas de holding, cartel, conglomerados donde una empresa matriz es el cerebro y una serie de empresas filiales y subsidiarias giran alrededor; donde el egreso de una empresa, es el ingreso de la hermana filial o vinculada, donde las compras y ventas se saldan al interior del grupo, y las utilidades se quedan en familia.

LOS TENTÁCULOS DE PULPO

Un caso particularmente grave lo constituye el caso de la industria cervecera donde la transnacional AB Inbev controla a través de “Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A.”, a más de 24 empresas subsidiarias y relacionadas manteniendo privilegiadas relaciones económicas y comerciales afectando las arcas fiscales, a los consumidores y a sus trabajadores, gracias a su poder económico, político y mediático.

Después de todo hemos tenido un presidente de la República (PPK), un presidente del Consejo de Ministros (Zavala), un ministro de Trabajo (Grados), más altos funcionarios de Estado y de las empresas públicas provenientes de la Backus, que se quedaron sin chamba, cuando la transnacional AB Inbev absorbió a la competencia Sab Miller a fines del 2015 en un proceso de reestructuración empresarial a nivel mundial.

AB Inbev es un conglomerado mundial que concentra más de un tercio del mercado cervecero mundial. Es un grupo que tiene presencia a escala mundial; de origen multinacional Belgo-Brasileña, con sede en Lovaina (Bélgica), que en noviembre del 2015 cerraba la compra de SAB Miller, su mayor competidor hasta entonces, con lo cual pasa a controlar UCP Backus y Johnston y subsidiarias en nuestro país y resto del mundo donde SAB Miller operaba.

Los dueños o controladores de este conglomerado es un pool de inversionistas mundiales: Grupo Altria (Capital Group de EEUU), la familia Belga Van-Damme, los brasileños: Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Herrmann Telles. El colombo estadounidense Alejandro Santo Domingo, dueño del grupo Valórem, participa con un menor porcentaje. Es más, para esta parte andina de América Latina, las operaciones de Perú, Ecuador están centralizadas en Colombia.

Desde el 2016 AB Inbev, tiene presencia en más de 80 países. Cuenta con un portafolio de más de 200 marcas de bebidas alcohólicas y gaseosas, al cierre del 2017 empleaba casi 200,000 trabajadores. Cerca de la mitad de sus ingresos globales, se encuentran dentro de Latinoamérica. Sus dos mercados más importantes son EE.UU. y Brasil; además 6 de las cervezas «top 10» del mundo pertenecen a AB Inbev, y en nuestro país tienen una presencia monopólica.

LAS MALAS PRÁCTICAS

El recuadro “Grupo Backus y Johnston: Principales Empresas Subsidiarias y Relacionadas” expone la importancia de este conglomerado donde AB Inbev SA/NV resulta siendo la matriz del holding, el cerebro económico donde se adoptan las decisiones más importantes, y a través de las 24 empresas subsidiarias y relacionadas se mantienen relaciones de compra/venta en condiciones ajenas a la libre competencia, donde se afecta al fisco, a los consumidores y a los trabajadores, minimizando la participación de utilidades a pesar de los crecientes ingresos, y excedentes económicos.

En especial debiera llamar la atención a la Sunat por el ejercicio 2017 el pago de 706 millones de soles por concepto de pagos por regalías por el uso de la marca Backus, a la empresa Backus Marcas y Patentes SAC, es decir la empresa se paga a si misma por el uso de su propia marca, en lo que se conoce arrendamiento de la propiedad intelectual.

Igualmente resulta lesivo para el país el pago a la filial Racetrack Peru SRL, una especie de empresa controladora, dedicada a las actividades de las sociedades de cartera, a la cual se le debe abonar 564 millones por concepto de dividendos cuando en el 2016 la cuenta por pagar no era más de tres millones de soles.

En el mismo sentido también el 2017, todos los consumidores aficionados a la rubia espumosa tuvimos que pagar más de 172 millones de soles por los “servicios de administración, consultoría y asistencia técnica brindados por la matriz AB Inbev SA/NV”.

Para el mismo año también se tuvo que pagar 335 millones de soles por las compras de materias primas en especial a SAB Miller Procurement GMBH que es otra matriz responsable de la producción, elaboración y comercialización de cervezas, bebidas y refrescos.

Por último, sería deseable que la SUNAT en defensa del interés público realice investigaciones, pues resulta evidente que existen serios indicios de millonarias sumas de evasión fiscal mediante estas compras/ventas al interior de empresas subsidiarias y relacionadas, que resulta una práctica extendida de los grupos económicos y financieros.

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Política

Nadie cree que AG sea un perseguido

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Allan Wagner - Julio María Sanguinetti

El panorama político se ensombrece para AG. La incertidumbre de las primeras horas que lo favorecía está dando paso a la toma de posiciones de personajes influyentes en el Perú en la política uruguaya, que no están en la línea de que exista persecución política en Perú.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

El excanciller Allan Wagner, quien fue cercano colaborador de García en sus dos gobiernos, dijo que lamenta que el expresidente Alan García haya solicitado asilo diplomático en lugar de colaborar con la justicia, como lo venía haciendo.

“No existe persecución política en el Perú y es indispensable que todos colaboremos para investigar y sancionar la corrupción”, añadió quien fuera canciller en el primer gobierno de García y ministro de Defensa en su última administración.

Respecto a los comentarios que señalaban que él se encontraría en un dilema por haber combatido la corrupción desde la Asociación Civil Transparencia y varias comisiones, y haber sido ministro de Alan García, enfatizó: “No estoy en un dilema: mi opción indeclinable es por la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, en una radio local Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay que había alentado el asilo, fue claro respecto al pedido de asilo de AG a su país.

“El tema es que no se trata naturalmente de un encausamiento por un tema político sino un eventual delito común, lo cual no está cubierto con la figura del asilo. Así que lo que se tiene que demostrar aquí es que hay una persecución, eso es lo que se tiene que demostrar”, aseveró el exmandatario.

SILENCIO DE LA OEA

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, fue enfático en señalar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debería pronunciarse en torno al pedido de asilo político solicitado por García a Uruguay, porque los dos organismos internacionales no deberían guardar silencio.

“Creo que ha sido oportuno y adecuado el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra que, además, se hace dentro del contexto de la lucha contra la corrupción que es un compromiso de todos los países latinoamericanos. En ese sentido creo que organismos internacionales como la OEA no deberían guardar silencio”, aseveró.

Además, agregó: “La OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, no debería guardar silencio, porque, además, dentro de la agenda de la OEA, un punto importante es la lucha contra la corrupción”.

URUGUAY MAL PARADO

Por su parte, el analista internacional Francisco Belaúnde, advirtió que si el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez le concede el asilo político al exmandatario Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional, y que es absurdo que el exjefe de Estado argumente persecución política.

“No se puede decir, en ningún momento, que hay una interferencia por parte del gobierno respecto a la justicia. Hay que ver que, en la realidad, a lo largo de todos estos procesos que tienen que ver con Odebrecht y la corrupción no tiene que ver solo con Alan García, han estado en la cárcel Ollanta Humala, Keiko Fujimori está detenida, Susana Villarán está encausada”, resaltó.

Indicó que en realidad, es toda la clase política la que está implicada en este caso de corrupción, por eso no se puede hablar de persecución política, y es absurdo.

“La verdad es que si Uruguay le otorga el asilo a Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional. Además, en su momento Uruguay fue considerado una plataforma para el lavado de dinero, o sea hay varios aspectos que indican que Uruguay no quedaría bien parado y resentiría sus relaciones con el Perú”, añadió Belaunde.

ALGO MÁS

El exprocurador Julio Arbizu señaló que AG es una especie de Houdini de la política nacional, por ser el más eficaz escapista de la acción de la justicia.Añadió que es un sujeto que históricamente ha estado sometido a investigaciones y procesos, de los que se ha liberado no siempre por absoluciones ni por archivos, sino por contingencias y por el paso del tiempo.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Parlamentarios oficialistas uruguayos dudan de AG

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Senadora Constanza Moreira.

Diversos legisladores del Frente Amplio de Uruguay coincidieron en señalar que dudan de la existencia de una ruptura institucional en Perú. Asimismo, manifestaron que su canciller debe tomar una decisión de acuerdo a la información entregada por el Ejecutivo peruano.

Ruben Martínez Huelmo, senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), parte del FA, destacó la necesidad de esperar que el gobierno uruguayo reciba un informe por parte del gobierno de Martín Vizcarra sobre la situación de García.

Asimismo, indicó que, a partir de la información judicial aportada por Perú, Uruguay deberá definir si existe una persecución o si se pretende eludir el proceso judicial.

DUDAS

Martínez Huelmo también consideró que no da la impresión de que exista una ruptura institucional en Perú. En ese sentido, afirmó que para que haya una persecución tiene que estar muy bien probada.

Juan Castillo, senador del Partido Comunista, también integrante del FA, advirtió que “por los pocos datos que hay, no estamos hablando de un caso de persecución política, no parece ser un tema de derechos humanos ni parece ser de vida o muerte”.

Además, destacó que las “apreciaciones primarias indican que García está sujeto a un proceso por corrupción” y consideró que “no se puede estar diluyendo la figura del asilo político, que se tiene que prestar en algunas instancias y no parece esta una de ellas”.

Por su parte, Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, se pronunció mediante la cuenta de su red social Twitter: “Confiamos en que la Cancillería de nuestro país actuará atendiendo la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos que se han pronunciado sobre el caso” y que en el Perú rechazan el asilo.

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Política

“Vine, vi, huí”

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Alan García Pérez

Alan García ha sido insistente y reiterativo en reclamar, proclamar y presumir su inocencia en el caso Lava Jato. “Otros se venden, yo no”, ha sido el hashtag, lema y mantra en sus campañas, desde el twitter hasta el Congreso. Y con la misma actitud, si acaso más beligerante, llegó hace pocos días al Perú a declarar ante el equipo fiscal dirigido por José Domingo Pérez Gómez que investiga gran parte de este caso.

Gustavo Gorriti

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Ronald Martínez Pancevic).

El jueves 15 de este mes, García declaró: “Dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de veinte millones, entonces dicen, veinte millones menos ocho que le dieron al viceministro, los otros deben ser de Alan García… ¡demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo!”.

Él no lo sabía aún, pero en esas horas, IDL-Reporteros acababa de publicar una nota que cambió en forma sustantiva el curso de la investigación: Poco antes de las diez de la mañana y luego de las larguísimas horas de los cierres de real importancia, en los cuales, sin que importe cuánto trabajo se haya hecho antes, todo se chequea y verifica de nuevo, IDL-R publicó “Alan García y la Caja 2”.

Si el expresidente desafió a que se presentaran pruebas si las había, ahí tuvo todas las necesarias y bastante más.

Hasta ese momento, Alan García había sostenido que él no había recibido dinero de Odebrecht y que todos los ingresos que tuvo, incluso la conferencia del 25 de mayo de 2012 en Sao Paulo, por la que le pagaron cien mil dólares, provinieron de hombres de negocios e industriales representados por un agente intermediario. En ese caso, el estudio de abogacía Spinola.

La nota de IDL-R demostró que García había mentido.

Fue Odebrecht quien pagó la conferencia. Y lo hizo a través de su Caja 2, utilizada primordialmente para el pago de coimas. El abogado Spinola trabajaba para el sector de operaciones estructuradas y, en este caso, hizo de testaferro a cambio de un honorario de 15 mil dólares.

La investigación de IDL-R no solo aportó los correos electrónicos en los que se decide hacer el pago clandestino para disfrazar la fuente de origen y se define y ejecuta luego el procedimiento para hacerlo.

Se aportó además la identidad de los funcionarios de Caja 2 que intervinieron en el proceso, a través de sus propias confesiones, especialmente la del propio Spinola que luego de cuatro años confesó en detalle sus trabajos clandestinos para Odebrecht. En esas confesiones, registradas en vídeo, que IDL-R obtuvo hace meses como parte de la red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado que esta publicación fundó, Spinola dio a conocer los seudónimos que él y otros utilizaron en el sistema encriptado Drousys, donde aparece como uno de los que discutieron cómo pagarle los 100 mil dólares a García en forma que pareciera un pago de otro origen.

Ante eso, Alan García no tuvo otro remedio que reconocer la fuente del pago. Lo hizo el sábado 17, en su última declaración a la prensa. Pero se justificó en la ignorancia, en no saber quién le pagaba y ni siquiera qué era la Caja 2 (él la llamó ‘la Caja B’).

Pero cuando lo dijo, sabía que la excusa era más que endeble. Porque la nota de IDL-R dejó claro que él participó en la operación de ocultamiento.

La conferencia se realizó el 25 de mayo de 2012. Los primeros mensajes cifrados de Caja 2 para disfrazar el pago fueron el 14 de junio siguiente. Hasta entonces Spinola no había intervenido para nada. Sin embargo, el contrato que recibió primero en borrador y que luego fue firmado por Alan García tuvo como fecha el 5 de abril. El recibo por el pago estuvo fechado el 24 de mayo. El pago se realizó solo en julio. En el proceso intervinieron funcionarios de Odebrecht que transmitieron los datos bancarios de García, le llevaron el contrato y recibo con fechas atrasadas para que lo firmara y después contactaron a Spinola y otros funcionarios para que realizaran el pago.

Fue imposible que García no se diera cuenta del juego de fechas, de la adaptación de documentos, del nuevo nombre del agente con el que nunca había hablado. Por poco inteligente que fuera, y no lo es, estaba claro que se trataba de disfrazar una transacción. Y él fue parte del proceso.

En esas horas, la decisión fue tomada. Es posible que haya estado presente la idea del asilo como plan de contingencia de último recurso. Pero, cuando el sábado 17, el juez le impuso impedimento de salida por 18 meses, García reaccionó con aparente calma. “Para mí no es un castigo ni un deshonor estar permanentemente en mi patria…”, dijo poco antes de fugar.

¿Por qué huyó, sabiendo el efecto de demolición que la fuga significaba para su imagen, liderazgo y prestigio?

Porque lo que publicó IDL-R representó la primera y decisiva brecha en su estrategia de negar toda responsabilidad en el caso Lava Jato. Ya había un caso, claro, demostrado, contundente y procesable.

En las investigaciones y los procesos, el primer gran hallazgo es lo importante. Luego vienen los demás. Había confesiones pendientes, sobre las cuales él ahora tenía ya una profunda y justificada inseguridad. Había colaboraciones eficaces en curso, delaciones premiadas también. La hora de la verdad se acercaba. Y a esas alturas, viendo los correos electrónicos del sistema Drousys de Odebrecht, que lo nombraban, García entendió que los 18 meses en Perú se iban a extender mucho más, en juicios y revelaciones, probables sentencias.

Por eso escapó. No de una dictadura, como pudo reclamar antaño, sino de una democracia por una vez funcional que avanzaba a descubrir, procesar y castigar delitos de corrupción.

En los años de la guerra fría cuando la ciudad de Berlín estaba dividida entre dos sistemas, se decía que los ciudadanos de Berlín Oriental, que no podían votar, proclamaban su preferencia votando con los pies. Es decir, huyendo a Berlín Occidental. En Lima, el 2018, Alan García no votó sino confesó con los pies.

García hace poco escribió que “como aprista, creo en la historia”, por más que la historia no sea materia de fe sino de estudio. Quizá la notable brevedad de su visita al Perú remita, por contraste, a los clásicos. Según Suetonio, Julio César resumió en tres palabras su informe al Senado sobre una batalla victoriosa en el año 47 A.C. “Vine, vi, vencí”. En el caso que vemos, las palabras pueden ser tres también: “Vine, vi, huí”.

Claro que su ejemplo no fue el de Julio César sino el de Bettino Craxi. En la historia, al fin, cada cual escoge sus maestros.

 

Gustavo Gorriti
IDL-Reporteros

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