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Pésimas prácticas de la Backus y Johnston

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Pésimas prácticas de la Backus y Johnston

Negocios al interior del grupo económico

Desde el punto de vista fiscal un aspecto que pasa piola son las relaciones que mantienen las grandes empresas con sus subsidiarias, filiales y vinculadas tanto en el país como en el exterior. En un mundo globalizado, de apertura y liberalización de los mercados, las grandes empresas y grupos de poder económico y político, ponen en práctica una serie de mecanismos para sobrefacturar, recargar costos, minimizar los pagos de impuestos, crear empresas de fachada que funcionan digitadas por la principal, abusan de los servicios de terceros, y de los trabajadores, en la mayoría de los cuales se impide la formación de sindicatos.

En resumen, se ponen en práctica una serie de figuras y comportamientos formalmente permitidos, reconocidos con el nombre de elusión tributaria, que tienen como objetivo central: maximizar las utilidades, minimizar los ingresos fiscales y reducir los costos laborales.

Según el portal Ojo Público luego de una sesuda investigación periodística concluyó que las principales corporaciones empresariales han judicializado en casi 800 juicios relacionados a temas tributarios el pago de S/ 20 mil millones de soles, por observaciones de la Sunat sobre el impuesto por pagar, tanto en el tribunal fiscal como en el llamado Poder Judicial (Ver art. Club de los Deudores 26/7/16)

Ello es particularmente importante en la presente coyuntura de “vacas flacas“ para el fisco peruano donde la presión tributaria ha disminuido peligrosamente a menos del 13 % del PBI, gracias a los beneficios tributarios, la corrupción, a la evasión y elusión fiscal de las empresas formales, la informalidad y el contrabando.

Debiera ser evidente que con una presión tributaria de tal nivel, el Estado no tenga los recursos suficientes para enfrentar y resolver las necesidades sociales de todo Estado, salud y educación de calidad, infraestructura y sobre todo la seguridad ciudadana.

Un Estado débil, denominado “empírico” por el historiador Jorge Basadre sea históricamente deficitario salvo en las épocas de bonanza. De allí que en los últimos tres años arrastremos un déficit superior al 3 % en relación al PBI; y la política de los últimos gobiernos ha sido siempre privilegiar los llamados impuestos indirectos, que gravan a los sectores populares, tales como el IGV y el selectivo al consumo a los combustibles, bebidas alcohólicas, gaseosas y cigarrillos.

Sin embargo, se pierde de vista a los “peces gordos”, a las grandes empresas transnacionales y grupos de poder económico que se desenvuelven en el mercado con prácticas de holding, cartel, conglomerados donde una empresa matriz es el cerebro y una serie de empresas filiales y subsidiarias giran alrededor; donde el egreso de una empresa, es el ingreso de la hermana filial o vinculada, donde las compras y ventas se saldan al interior del grupo, y las utilidades se quedan en familia.

LOS TENTÁCULOS DE PULPO

Un caso particularmente grave lo constituye el caso de la industria cervecera donde la transnacional AB Inbev controla a través de “Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A.”, a más de 24 empresas subsidiarias y relacionadas manteniendo privilegiadas relaciones económicas y comerciales afectando las arcas fiscales, a los consumidores y a sus trabajadores, gracias a su poder económico, político y mediático.

Después de todo hemos tenido un presidente de la República (PPK), un presidente del Consejo de Ministros (Zavala), un ministro de Trabajo (Grados), más altos funcionarios de Estado y de las empresas públicas provenientes de la Backus, que se quedaron sin chamba, cuando la transnacional AB Inbev absorbió a la competencia Sab Miller a fines del 2015 en un proceso de reestructuración empresarial a nivel mundial.

AB Inbev es un conglomerado mundial que concentra más de un tercio del mercado cervecero mundial. Es un grupo que tiene presencia a escala mundial; de origen multinacional Belgo-Brasileña, con sede en Lovaina (Bélgica), que en noviembre del 2015 cerraba la compra de SAB Miller, su mayor competidor hasta entonces, con lo cual pasa a controlar UCP Backus y Johnston y subsidiarias en nuestro país y resto del mundo donde SAB Miller operaba.

Los dueños o controladores de este conglomerado es un pool de inversionistas mundiales: Grupo Altria (Capital Group de EEUU), la familia Belga Van-Damme, los brasileños: Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Herrmann Telles. El colombo estadounidense Alejandro Santo Domingo, dueño del grupo Valórem, participa con un menor porcentaje. Es más, para esta parte andina de América Latina, las operaciones de Perú, Ecuador están centralizadas en Colombia.

Desde el 2016 AB Inbev, tiene presencia en más de 80 países. Cuenta con un portafolio de más de 200 marcas de bebidas alcohólicas y gaseosas, al cierre del 2017 empleaba casi 200,000 trabajadores. Cerca de la mitad de sus ingresos globales, se encuentran dentro de Latinoamérica. Sus dos mercados más importantes son EE.UU. y Brasil; además 6 de las cervezas «top 10» del mundo pertenecen a AB Inbev, y en nuestro país tienen una presencia monopólica.

LAS MALAS PRÁCTICAS

El recuadro “Grupo Backus y Johnston: Principales Empresas Subsidiarias y Relacionadas” expone la importancia de este conglomerado donde AB Inbev SA/NV resulta siendo la matriz del holding, el cerebro económico donde se adoptan las decisiones más importantes, y a través de las 24 empresas subsidiarias y relacionadas se mantienen relaciones de compra/venta en condiciones ajenas a la libre competencia, donde se afecta al fisco, a los consumidores y a los trabajadores, minimizando la participación de utilidades a pesar de los crecientes ingresos, y excedentes económicos.

En especial debiera llamar la atención a la Sunat por el ejercicio 2017 el pago de 706 millones de soles por concepto de pagos por regalías por el uso de la marca Backus, a la empresa Backus Marcas y Patentes SAC, es decir la empresa se paga a si misma por el uso de su propia marca, en lo que se conoce arrendamiento de la propiedad intelectual.

Igualmente resulta lesivo para el país el pago a la filial Racetrack Peru SRL, una especie de empresa controladora, dedicada a las actividades de las sociedades de cartera, a la cual se le debe abonar 564 millones por concepto de dividendos cuando en el 2016 la cuenta por pagar no era más de tres millones de soles.

En el mismo sentido también el 2017, todos los consumidores aficionados a la rubia espumosa tuvimos que pagar más de 172 millones de soles por los “servicios de administración, consultoría y asistencia técnica brindados por la matriz AB Inbev SA/NV”.

Para el mismo año también se tuvo que pagar 335 millones de soles por las compras de materias primas en especial a SAB Miller Procurement GMBH que es otra matriz responsable de la producción, elaboración y comercialización de cervezas, bebidas y refrescos.

Por último, sería deseable que la SUNAT en defensa del interés público realice investigaciones, pues resulta evidente que existen serios indicios de millonarias sumas de evasión fiscal mediante estas compras/ventas al interior de empresas subsidiarias y relacionadas, que resulta una práctica extendida de los grupos económicos y financieros.

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Política

Olaechea solicitó opinión a la Comisión Europea

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Pedro Olaechea

Pedro Olaechea, presidente del Congreso, acudió a la Comisión Europea para la Democracia, para solicitarle “una opinión o recomendación” respecto al proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones que presentó el Poder Ejecutivo y ante la posibilidad de que el presidente Martín Vizcarra presente una cuestión de confianza.

El titular del Congreso emitió una carta a Gianni Buquicchio, presidente de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, órgano consultivo del Consejo de Europa al que suele recurrir entes como la Organización de Estados Americanos (OEA) por consultas de tipo constitucional.

“Preocupa que el Poder Ejecutivo recurra nuevamente a la cuestión de confianza para forzar si los principios democráticos de separación de poderes y de pesos y contrapesos entre los mismos están siendo observados en nuestro país”, narra parte de la carta enviada al presidente de la Comisión Europea para la Democracia.

Se trata de la segunda carta. El 24 de junio, la congresista Rosa Bartra informó ante la Comisión Europea para la Democracia respecto a un “conflicto de competencias”. Perú forma parte de la Comisión Europea para la Democracia que es integrada por 64 país, 46 de ellos del Viejo Continente, además de Chile, México y Brasil, entre otros.

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Política

Poder Judicial impone condena a exfuncionaria de la Corte del Callao

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Poder Judicial impone condena a exfuncionaria de la Corte del Callao Verónica Rojas Aguirre

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial condenó a 3 años y 9 meses de prisión suspendida a Verónica Rojas Aguirre, exfuncionaria de la Corte Superior de Justicia del Callao, en lo que constituye la primera sentencia por este caso.

Verónica Rojas Aguirre, ex jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de esa corte, fue condenada, producto de un acuerdo de terminación anticipada, por el presunto delito de aceptación ilegal de cargo de instigadora para el tráfico de influencias.

La fiscalía le atribuye ser parte de la red interna de la organización Cuellos Blancos del Puerto. Rojas Aguirre, según declaró el expresidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos, ocupó el cargo por presión del expresidente del ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, de quien era familiar, y de César Hinostroza.

COMETIÓ EL DELITO

Para el juez Jorge Luis Chávez Támariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, se encuentra debidamente acreditada la comisión del delito de aceptación indebida de cargo, toda vez que a pesar de solo tener el perfil laboral de la plaza de analista II y sabiendo que no contaban con los requisitos, aceptó el cargo usando sus influencias.

Según la resolución, Aguila, concuñado de Rojas Aguirre, intercedió ante Walter Ríos para la designación de su familiar, quien, a su vez, le habría pedido que remueva a un juez de esa corte para tener mayoría.

El juzgado aprobó el acuerdo de terminación anticipada presentado por la fiscalía e impuso 3 años y 9 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 20 mil soles pagaderos en dos cuotas.

EL AUDIO REVELADOR

Un nuevo audio difundido esta noche confirma la forma en que se acordó la contratación de Verónica Rojas como jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte del Callao, cuñada del exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila.

Cuarto Poder e IDL-Reporteros difundieron esta noche una conversación del 28 de abril entre el suspendido juez supremo, César Hinostroza Pariachi, y Guido Aguila.

En el audio, Hinostroza Pariachi le pide a Aguila que su cuñada, Verónica Rojas, vaya a reunirse con el entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, “a pesar de que la valla es alta y es posible que no llegue a los requisitos”.

Posteriormente, el propio Ríos conversa con Aguila y le dice que es necesario reunirse con su cuñada para “darle a conocer las pautas sobre su labor” al frente de dicha oficina.

ALGO MÁS

Verónica Rojas es la única mujer que figura en el organigrama de la organización denominada “Los cuellos blancos del puerto”, banda criminal desarticulada en julio, tras hacerse público un conjunto de audios que evidencian presuntos intercambios de favores entre magistrados del Poder Judicial, la Fiscalía y exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

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Política

TC no se ha pronunciado sobre cuestión de confianza

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ERNESTO BLUME

Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que este organismo no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda plantear una cuestión de confianza ante el Congreso por una reforma constitucional.

Según dijo, el TC resolvió en una sentencia del 2018 los alcances de la cuestión de confianza para proyectos de ley, pero no para iniciativas de reforma constitucional. Blume evitó opinar sobre un posible pedido de confianza del Gobierno por el proyecto de adelanto de elecciones para el 2020.

“El TC no se ha pronunciado sobre si se puede plantear o no una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, no hay pronunciamiento sobre ese tema. Lo que hicimos fue delimitar si se puede plantear una cuestión de confianza por las leyes”, aseguró Blume a Contacto de Canal N.

“Nosotros no nos hemos pronunciado ni expresa ni tácitamente sobre la situación en cuya virtud se plantea cuestión de confianza de reformas constitucionales. De eso no ha habido pronunciamiento”, agregó.

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