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Perupetro: entreguismo, traición y felonía

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Oleoducto de gas licuado de petróleo

VIRTUAL CIERRE DEL OLEODUCTO NORPERUANO

Ante los recurrentes derrames de crudo producto de atentados realizados por terceros al Oleoducto Norperuano, el inefable presidente del directorio del organismo estatal, Perupetro, encargado de promover las inversiones de hidrocarburos y al mismo tiempo de supervisar los contratos, no ha tenido mejor idea que auspiciar y promover un acuerdo para que el petróleo crudo que se extrae en la selva norte de nuestro país, sea transportado hacia el Ecuador, usando las instalaciones del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de nuestro vecino, que está bajo responsabilidad de la petrolera estatal Petroecuador.

Con la información oficial está demostrado que existe una “mano negra”, un “modus operandi” desde el 2015 a la fecha donde se ha vuelto recurrente la fractura del oleoducto que conlleva a derrames de crudo con las consecuencias ambientales que todos tenemos que lamentar. ¡Estas paralizaciones son la excusa perfecta para justificar la privatización por partes de Petroperú!

Es más, representantes de dirigentes nativos amenazan con nuevas fracturas del oleoducto ante el histórico abandono de las comunidades nativas por parte del Estado peruano.

SISTEMÁTICO CHANTAJE

Frente a ello la petrolera estatal Petroperú, titular del Oleoducto Norperuano ha desembolsado millonarias sumas para la remediación ambiental a supuestas empresas especializadas y redistribuye ingresos en las comunidades nativas para la limpieza de los derrames.

Es más, en el pasado cercano se justificó una Comisión Investigadora en el Congreso de la República presidida por el “desaparecido” presidente del Consejo de Ministros, “que no sabe y no opina” respecto a los derrames, causas y efectos, donde supuestamente se debiera saber sobre los responsables.

Por ello, debiera reconocerse a ciencia cierta ¿cuántos millones de soles se han gastado de parte de Petroperú supuestamente para resolver este problema con las comunidades nativas? Cabe preguntarse si existirán auditorías respecto a estos pagos que se han vuelto en la práctica un chantaje para la petrolera estatal de parte de miembros de las comunidades que con jornales de 150 soles diarios o más resuelven en parte el problema de los bajos ingresos.

CUESTIÓN DE ESTADO

Al margen de las diferencias que pudieran existir entre el Perú y Ecuador en materia de hidrocarburos, esta peregrina idea del ingeniero Seferino Yesquén ha merecido los duros calificativos del congresista Manuel Dammert, donde el supuesto plan ‘B’ para sacar el crudo extraído en la selva norte, constituye una traición al Perú y violenta los intereses de Petroperú.

El Oleoducto Norperuano, después de la Refinería de Talara, es el activo más importante que tiene la petrolera estatal, la misma que ha permitido desde 1978 a la fecha trasladar el petróleo de los lotes 1-AB ahora denominado 192, el lote 8 y otros.

En realidad el oleoducto ha permitido monetizar, valorizar por casi 2,000 millones de barriles de petróleo crudo, que han pagado impuestos y regalías que fundamentalmente financian el canon petrolero para la región Loreto, pero que tales recursos lamentablemente se concentran en la capital Iquitos, dejando de lado a las zonas productoras.

Refinería de petróleo

PERUPETRO VERSUS PETROPERÚ

En verdad, no debería causar extrañeza estas declaraciones del presidente del directorio de Perupetro que no coinciden con los intereses de Petroperú, la petrolera estatal, titular del Oleoducto Norperuano.

Es más, cabría preguntarse si tal posición del presidente del directorio de Perupetro cuenta con la aprobación del conjunto de sus miembros o es una salida individual, la misma que colisiona no solamente con Petroperú, sino también con el Ministerio de Defensa y la cancillería nada menos.

¡Esto sucede cuando buenos técnicos se improvisan como funcionarios que carecen de una visión de estado!

En el mismo sentido cabría interrogarse si el ministro del sector de Energía y Minas comparte esta alternativa, este denominado plan ‘B’ ante las interesadas paralizaciones del Oleoducto Norperuano.

Todo pareciera en este caso que el presidente de Perupetro, Seferino Yesquén, expresa y representa los intereses de las empresas petroleras que operan en la región, concretamente Perenco del lote 67 que teniendo operaciones en el Ecuador preferiría sacar su crudo por la selva ecuatoriana.

Sumado al argumento de los atentados que provocan el cierre, la paralización del bombeo de crudo en las operaciones del Norperuano, con las pérdidas económicas consiguientes para las empresas, el Estado, los gobiernos locales y regionales como también la afectación de los intereses de Petroperú, se exponen argumentos económicos adicionales.

TARIFAS ALTAS CON SUBUTILIZACIÓN

Las empresas que utilizan el Oleoducto de Petroperú señalan que la tarifa por abonar por barril de crudo transportado es muy alta, cercana a los US$ 10 cuando por el vecino país, las tarifas serían menores a los US$ 3 por barril. Por tanto, lo económico para las empresas privadas, el plan ‘B’ de Yesquén es sacar el petróleo del lote 67 por Ecuador.

Debiera ser evidente que si una empresa se conecta con el oleoducto ecuatoriano, otras también seguirán ese camino, en lo que llamaríamos “efecto espejo” con lo cual el Oleoducto Norperuano sería dejado de lado por obra y gracia de Perupetro, una agencia estatal que juega contra Petroperú, es decir contra el interés público.

Debiera ser evidente que un Oleoducto como el Norperuano construido en la década de los setenta del siglo pasado, fue diseñado para trasladar en el tramo más importante 200 mil barriles diarios y hoy está claramente subutilizado por una serie de razones.

Como “monopolio natural” si su construcción fue diseñada para trasladar 200 mil barriles diarios, y hoy en día no traslada ni 20 mil barriles, debiera ser evidente que los costos unitarios por trasladar un barril se encarecen. De allí la explicación de por qué las empresas tienen que pagar US$ 10 por barril como tarifa de transporte.

Por tanto la solución fácil y expeditiva es sacar el crudo de la selva nororiental usando el oleoducto ecuatoriano, cuya salida en la costa del país vecino sería en el norte del Ecuador, en el puerto de Esmeraldas y de allí el crudo sería trasladado a la refinería de Talara/Petroperú, evidentemente pagando un flete marítimo, con lo cual al margen de las consideraciones geopolíticas, “el remedio sería peor que la enfermedad”.

Una consecuencia derivada por esta decisión que ha sido calificada de entreguista y una traición al Perú, es el fomento de la falta de integración entre la producción de crudo y el uso del Oleoducto Norperuano.

INTEGRACIÓN VERTICAL

Al respecto debemos reconocer que constituye una máxima económica que mientras más producción se tenga que extraer y movilizar por el Oleoducto de Petroperú, menores serán las tarifas por pagar por barril transportado. ¡A más volúmenes transportados, menores tarifas!

Ello será posible con la madurez de los proyectos en los lotes 95, 67, 39, 64 que tendrán una salida hacia la costa norte, para ser tratados en la refinería de Talara. Que con la producción conjunta de los lotes 192, lote 8 se proyectaría producir más de 100 mil barriles diarios.

En tal sentido, la salida del petróleo de la selva norte al fluir por el Ecuador, quebraría la integración vertical que debiera existir en la producción bajo responsabilidad de operadores privados y Petroperú.

Es más, se atentaría contra las sinergias que debieran existir entre la producción de crudo pesado del lote 192, lote 8, lote 67 que podrían ser tratados en la Refinería modernizada de Talara a partir del 2021.

Es de público conocimiento que las reservas del lote192 debieran ser transferidas a Petroperú por ley expresa aprobada por el Congreso de la República, desde agosto del 2018, y si no fuese por las recurrentes perforaciones del oleoducto que prolongan interesadamente la administración temporal de Frontera Energy que parece ser la empresa preferida del presidente de Perupetro.

TRANSPORTE SABOTEADO

El Oleoducto Norperuano es una obra de ingeniería de la década del setenta del siglo pasado que ha permitido valorizar el crudo del lote 1-AB desde 1978 que ahora ha sido redimensionado e identificado como lote 192, donde históricamente han operado las petroleras OXY, Pluspetrol Norte desde el 2001 hasta el 2015 (agosto), y ahora por Pacific Stratus Energy que se ha convertido en Frontera Energy, una empresa “pichiruchi” en el sector.

El Oleoducto Norperuano ha permitido monetizar, valorizar el crudo pesado del lote 192 (antes 1-AB) que se mezclaba con el petróleo del lote 8 en una combinación que permitía su traslado y otorgaba un mayor valor al petróleo de dichas operaciones, pues mezclaba un crudo de 18º grados con uno de 24º grados API o densidad, lo cual agilizaba su transporte.

Lo cierto y evidente es que el Oleoducto Norperuano debe ser modernizado y sobre todo mejor vigilado, pues en el mediano plazo la producción solamente de la selva norte puede superar los 100 mil barriles día, con la plena operación del lote 192 donde se podría extraer un mínimo de 20 mil B/DC barriles por día calendario, que sumadas a las operaciones del lote 8 (10 mil B/DC), más la reciente inaugurada Petrotal que en los primeros años extraerá cerca de 10 mil B/DC, más la producción futura de Perenco del lote 67 (15 mil B/DC), GeoPark/Petroperú (5 mil B/DC) y otros lotes más.

¿QUÉ HACER?

En verdad, en el marco de la responsabilidad social empresarial, el Estado tiene que enfrentar y resolver el problema de la inseguridad del Oleoducto Norperuano que sistemáticamente es perforado por terceros que merecen la máxima sanción.

A la vigilancia de día y noche en los más de 900 kilómetros tanto en el ramal principal como aquel que conecta al lote 192, mediante métodos modernos, sensores, drones, etc. urge la participación de la población interesada, pues la riqueza que se traslada de alguna forma debe ser compartida por la población cercana a este importante activo que bien conservado puede durar 100 años más como los oleoductos que existen en Estados Unidos de Norteamérica.

Por ello, al igual de lo que se hizo para Piura y Tumbes en el 2002 se debe mejorar la redistribución del canon y sobrecanon petrolero con el objeto de favorecer a las poblaciones cercanas a la explotación de petróleo.

Lamentablemente el canon petrolero se centraliza en la capital Iquitos, captando el gobierno regional el 52%del mismo, universidad pública un 5% y el Instituto Peruano de la Amazonía (3%), siendo el monto restante del canon petrolero (40%) distribuido entre todas las provincias y distritos que conforman Loreto.

Por tanto la población de la zonas productoras como Datem del Marañón o los distritos de Andoas (lote 192) y Trompeteros (lote 8) que experimentan en carne propia las consecuencias negativas del extractivismo petrolero, perciben cifras ridículas por concepto del canon y sobrecanon petrolero.

Evidentemente a los grupos étnicos de los achuares y comunidades cercanas a la explotación petrolera les llega muy poco de estos recursos en razón que ha sido y es una práctica de los gobiernos de turno concentrar los recursos por razones políticas en los centros urbanos.

Por tanto, la exigencia al Gobierno Central por servicios, educación, salud, infraestructura etc. será cada vez mayor a pesar del potencial de la riqueza petrolera que debiera ser explotada bajow los principios de la responsabilidad social, ambiental y tributaria.

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Política

Concurso para plazas en el Congreso perjudica al fujiaprismo

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Concurso para plazas en el Congreso perjudica al fujiaprismo

La convocatoria a concurso público para ocupar 209 plazas laborales en el Congreso de la República, hecha por el titular de ese sector, Daniel Salaverry, ha generado la crítica de muchos trabajadores que ingresaron al Legislativo por recomendaciones de congresistas. La respuesta de Salaverry es que “quieren seguir utilizando al Congreso como agencia de empleos”. Consultados por Diario UNO coinciden en que la meritocracia debe primar frente a muchos trabajadores puestos por el fujimorismo y el aprismo.

FUJIAPRISTAS SON LOS MÁS PERJUDICADOS

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla se mostró de acuerdo con la convocatoria a concurso público para plazas en el Congreso, a fin de evitar el “clientelaje político laboral”.

“Estoy completamente de acuerdo con la convocatoria a concurso, a fin de que no haya clientelaje político laboral”, sostuvo el legislador a Diario UNO.

Tras afirmar que los críticos al concurso pueden acudir a las instancias correspondientes, Quintanilla señaló al APRA y a Fuerza Popular como los más perjudicados con la medida.

“Los más perjudicados por el concurso serían el APRA y Fuerza Popular ya que se trata de los dos partidos que han manejado el Congreso y han metido a su gente; eso hay que cortarlo”, acotó.

TRABAJADORES FANTASMAS

Por su parte, el congresista del Frente Amplio Wilbert Rozas, afirmó que los apristas y fujimoristas son los más perjudicados con el concurso público ya que muchos de sus trabajadores están en el Congreso sin ningún mérito.

“Los más perjudicados con el concurso público son los apristas y fujimoristas porque hay muchos de ellos que están en el Congreso sin ningún mérito”, sostuvo tras señalar a sus colegas apristas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, “algunos de sus trabajadores nunca fueron al Congreso. Había ‘trabajadores fantasmas’ que ni siquiera iban a firmar”, afirmó.

Asimismo, recordó que César Sandoval, asesor de Del Castillo, también trabajaba como asesor del polémico ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

CONTRA EL CLIENTELISMO POLÍTICO

“Desde que asumí el Congreso se tomó la decisión de acabar con el clientelismo político que tanto daño ha hecho a esta institución. Es por ese motivo que redujimos desde 700 a menos de la mitad el número de contrato temporales”, afirmó el presidente del Congreso Daniel Salaverry en un video subido a través de su cuenta de Facebook.

Salaverry anunció la convocatoria para un concurso público de 209 plazas laborales en este poder del Estado. Indicó que con esto se busca tener un Parlamento “más eficiente y transparente”.

“Con el objetivo de tener un Congreso más eficiente y transparente, hoy se publicó la convocatoria para realizar un concurso público para acceder a 209 plazas laborales, el cual será llevado a cabo por la UNI y Servir. La meritocracia debe primar en la función pública”, afirmó en su cuenta de Twitter. Posteriormente, el titular del Parlamento recordó que decidió reducir el número de trabajadores de la institución para acabar con el “clientelismo político”.

MERITOCRACIA

Wilbert Rozas se mostró de acuerdo con la decisión tomada por Salaverry, advirtiendo además que en la gestión pública debe primar la meritocracia.

“Me parece que lo que hace Salaverry, está bien. Los trabajadores que ingresan a la gestión pública tienen que entrar por méritos y de ahí que la meritocracia es la que prima. A la gente se le tiene que calificar de acuerdo a las capacidades que tiene”, sostuvo.

PLAZAS

Las plazas que deberán cubrirse en concurso son 78 para profesionales y 31 para técnicos, en las siguientes áreas: Oficialía Mayor (40), Auditoría Interna (5), Dirección General Parlamentaria (115) y Dirección General de Administración (49).

RECURSO DE AMPARO

Entre los críticos al concurso público está el congresista de Concertación Parlamentaria, Gilbert Violeta, quien sostiene: “Señor Salaverry, anule este concurso. El Congreso no requiere más personal ni sobrecostos. Es un contrasentido frente a la reforma y la reestructuración pendiente. ¿O acaso se quiere pagar favores políticos? Exigimos una evaluación de los recursos de todo el Parlamento”.

Por otro lado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República, Flanklin Falla, anunció que presentará un recurso de amparo para anular el concurso público.

Sobre esto, Wilbert Rozas recordó que existe más de un sindicato en el Congreso: “En el Congreso no hay un solo sindicato; hay dos o tres. Cada uno tiene un acercamiento con quienes están en la Junta Directiva y ha ido colocando gente”.

Asimismo sostuvo: “Yo soy gremialista pero también hay trabajadores que tienen puestos en el Congreso que no tienen mucha cosa qué hacer; entraron por cuestiones políticas y no saben en qué puestos colocarlos”.

De otro lado, Alberto Quintanilla advirtió que “la alianza aprofujimorista está apoyando las críticas a la decisión tomada por Salaverry” y recomendó a los críticos que evalúen el sobredimensionamiento laboral del Congreso.

CONTRA EL “TARJETAZO”

En febrero pasado, Salaverry afirmó que estaba “limpiando la casa” y confirmó que no renovaría las contrataciones de más de 130 trabajadores del Congreso, de los cuales 100 pertenecían a la militancia de la agrupación Fuerza Popular.

“Se acabó el tarjetazo, el padrinazgo en el Congreso”, manifestó en ese entonces Salaverry, quien también es acusado de contratar a hermanas y novias de sus asesores, así como a extrabajadores de su constructora y hasta exbarristas del club de fútbol Carlos A. Mannucci, del que fue presidente.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fujiapristas quieren tener a los ciudadanos desinformados

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Portadas de diarios en quiosco kiosco de periódicos

Justamente hoy la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso debatirá la Ley de publicidad estatal, que ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad.

La norma busca establecer el régimen jurídico de la publicidad estatal contratada por el Estado en todos sus niveles y se excluyen únicamente los avisos legales que sean ordenados mediante una disposición legal o que se cuente con autoridad administrativa o judicial y la publicación en El Peruano.

Además, se excluye de los alcances de la ley toda la publicidad estatal comercial producida por entidades públicas que participan en el mercado. Esto es peligroso porque no se podrá medir los niveles de corrupción que se pueden suscitar.

Para Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), los medios privados y estatales deben competir en igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna.

TODA REGULACIÓN ES INJUSTA

“Toda regulación de la publicidad siempre y desgraciadamente favorece a unos u otros medios. Indudablemente que habrá un recorte de información. Lamentablemente se recorta por un lado pero por otro se da en demasía”, dijo el doctor Amoretti.

Por su parte, Alberto Adrianzén manifestó que “es una jugada más del Congreso para enfrentarse con el gobierno, me parece clarísimo que está en esa lógica”, dijo Alberto Adrianzén, analista político.

“Yo creo que lo que quieren es arrinconar a Vizcarra y someterlo en la práctica. Porque mi impresión es que Vizcarra no quiere cerrar el Congreso y por lo tanto la intención del fujimorismo y el Apra es actuar de ese modo, porque saben que eso no va a pasar”, espetó.

“Es decir, acepta someterse al fujimorismo o no acepta. Algo parecido ocurrió la vez pasada con la famosa ‘Ley Mulder’. En definitiva, eso apunta a someter al Ejecutivo”, concluyó Alberto Adrianzén.

LO MEDIOS DEBEN SER REGULADOS

“Creo que en materia de comunicación tiene que haber el máximo de libertad a la opinión de las personas, pero también debe haber una regulación de los medios de comunicación en base a una suerte de reglamento que defina para que no haya monopolio, concentración”, afirmó el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.

“Reitero que debe haber respeto a la libertad, pero que no haya monopolio y que haya una debida contratación de la publicidad estatal para que no haya corrupción”, concluyó Quintanilla.

La analista política Alejandra Dinegro, precisó que “por una parte tengo entendido que hay un dictamen prácticamente listo y algunos gremios de medios de comunicación han estado en la sesión, habría que ver para qué lado de la balanza se inclinan”.

HAY OPINIONES ENCONTRADAS

“Hay algunos congresistas, como la señora Aramayo, que sostienen que ese predictamen tenía errores garrafales que tenían que subsanarse y verse temas básicos como la transparencia y descentralización, que tenían que estar incluidas”, explicó.

“Lo cierto es que la publicidad tiene que estar descentralizada. Lo otro es la función de los medios que tienen que cumplir principios básicos. Este proyecto tiene opiniones encontradas, no hay una opinión concertada, la mayor parte de los medios están en contra de la regulación de la publicidad, piensan que el Estado es mal administrador”, remarcó.

“Pero, yo creo que estamos frente a una gran oportunidad para lograrse un marco legal y enriquecerlo con los aportes del Tribunal Constitucional (TC), que recoge algunas pautas, yo creo que hay que reforzar el rol del Estado en ese sentido”, subrayó.

HAY MUY POCO MENÚ PARA EL LECTOR

“Hay algunos medios que tienen la concentración al máximo. Hay muy poco menú para que el lector pueda elegir, los grandes consorcios tienen tres o cuatro canales y tres o cuatro periódicos”, explicó.

“Tienen prácticamente el 80% del mercado de los medios de comunicación. Esta es una discusión que ya lleva años, desde el 2013-2014 se estaba discutiendo una ley de medios”, recordó.

“En cuanto a la publicidad estatal considero que se debe equilibrar. Recordemos que el TC declaró inconstitucional la famosa ‘Ley Mordaza’ de los servicios publicitarios que contrata el Estado”, declaró.

ALGO MÁS

“Hay que buscar una ley que sea de buen uso en cuanto a la publicidad que contrata el Estado, sobre todo si sabemos que corre gran cantidad de dinero y hay grandes intereses de por medio”, concluyó Dinegro.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Denuncia contra Pedro Chávarry sí puede verse en esta legislatura

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Zoraida Ávalos

La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra del magistrado supremo Pedro Chávarry sí puede ser revisada en la actual legislatura porque se trata de nuevos elementos de carga probatoria, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.

-¿No se puede revisar el caso porque fue archivado en el Parlamento?

-“Cualquier persona con sentido mínimo de entender las dimensiones del derecho lo sabe perfectamente. Si fuera un mismo hecho y con la misma sustentación fáctica, obviamente no pasa, pero en este caso hay nuevos elementos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Estos elementos nuevos motivan necesariamente a que haya la apertura del proceso a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en esta legislatura, porque se trata de circunstancias nuevas, de carga probatoria. Entonces, tiene que tratarse como una nueva denuncia, por lo que es perfectamente viable que se haga ahora mismo, en la actual legislatura”, precisó.

CHÁVARRY BUSCA VICTIMIZARSE

En otro momento, el titular del Minjus lamentó las declaraciones del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien acusó al presidente Martín Vizcarra de esta detrás de esta denuncia. Zeballos Salinas consideró que Chávarry Vallejos busca politizar su caso al mencionar al Jefe del Estado.

-¿Qué opina sobre lo dicho por Pedro Chávarry de que el Poder Ejecutivo está buscando su cabeza?

-“Yo lamento los comentarios que obviamente ponen en mayor evidencia las circunstancias de faltas graves incluidos los internos. Es de conocimiento público el deslacrado, no es ninguna novedad, todos los peruanos lo hemos visto”, detalló.

-¿Pedro Chávarry busca politizar su caso?

-“Efectivamente, no hay otra lectura para esto y no es un hecho aislado. El día de hoy (ayer) viene el tema de la denuncia de Juan Sheput, ya está la denuncia planteada por la fiscal Zoraida Ávalos, hay denuncias que con anterioridad se han venido impulsado y en estos momentos la decisión por la investidura que se tiene está en manos del Congreso de la República”, subrayó.

ALGO MÁS

“La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos está actuando con absoluta independencia, incluso ha salido el fiscal supremo Ramiro González a poner de manifiesto cómo ha operado todo el proceso, que el fiscal Pedro Chávarry ha tenido conocimiento de cómo se estaba impulsando este proceso, ha habido transparencia en todo momento”, acotó.

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