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Peruanos en las altas esferas del poder

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José Ignacio Álvarez Thomas nació en Arequipa, Perú, el 15 de febrero de 1787 y fue Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, del 21 de abril de 1815 hasta el 3 de mayo de 1816 en calidad de sustituto del patriota argentino José Rondeau. Prácticamente ejerció el mando político, la presidencia argentina, creada el 31 de enero de 1814 por la Asamblea del Año XIII para las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Sin embargo, la independencia propiamente dicha recién se juraría el 9 de julio de 1816, cuando el coronel peruano Álvarez Thomas, convoca el Congreso de Tucumán. El propio general José de San Martín estaba bajo órdenes de Álvarez Thomas. En una carta del 10 de mayo de 1815 le decía a San Martín que, “en acuerdo de esta fecha he resuelto que los oficiales D. Diego Guzmán y D. Ramón Picarte pasen al Estado de Chile, con el importante fin de promover en él la insurrección contra el gobierno español, y que a usted dé cuantas noticias crean interesantes…”. Álvarez Thomas fue embajador de Argentina en el Perú y Chile entre 1825 y 1827 y participó en 1810 en la Revolución de Mayo con el grado de teniente coronel.

LIMEÑO VIRREY DE MÉXICO
Los más altos empleos o cargos que otorgaba el rey de España en América eran negados a los criollos o hijos de españoles nacidos en ultramar. Sin embargo, hubo dispensas excepcionales y España reconoció y premió los brillantes méritos de algunos como el limeño Juan Vásquez de Acuña y Bejarano, marqués de Casa Fuerte, al que nombró virrey de México y lo gobernó con éxito durante 12 años entre 1722 y 1734.

Más conocido como Acuña y Bejarano, marqués de Casa Fuerte, fue un militar y político nacido en Lima en 1648. Fue enviado a estudiar a España a los 13 años y posteriormente se puso al servicio del rey Carlos II. Destacó notablemente en numerosas campañas militares europeas y en la Guerra de Sucesión Española con las que obtuvo condecoraciones de las Órdenes de Santiago y Alcántara, que le valió ser gobernador y capitán general de Mesina, Aragón en 1715 a 1717 y Mallorca de 1717 hasta 1722.

Debido a sus extraordinarios servicios a la corona fue nombrado virrey de México y el 15 de octubre de 1722 y al asumir el cargo tuvo que enfrentar una guerra contra los ingleses a los que expulsó de las costas de Honduras y México.

Hizo numerosas obras, concluyó la construcción de la Casa de Moneda de México y en un año acuñó 8 millones de pesos que envió a España para cancelar las deudas de la Guerra de Sucesión.

Una repentina enfermedad en el brazo derecho que le impedía firmar precipitó su renuncia pero el rey lo privilegió para que firmara con estampilla. Tras 12 años de gobierno falleció en México el 17 de marzo de 1743.

REEMPLAZÓ AL REY
El abogado, jurista y político peruano don Vicente Morales Duárez, nacido en Lima el 24 de enero de 1757, fue elegido presidente de las Cortes de Cádiz el 24 de marzo de 1812 con las mismas facultades del rey de España, pero falleció extrañamente seis días después. Luis Alayza Paz Soldán en su obra, “El Egregio Limeño Morales y Duárez” dice: “Al instalarse las cortes fue elegido, Morales y Duárez, vicepresidente de ellas y tuvo oportunidad de presidirlas por vez primera el 10 de diciembre…”.

Ésta Constitución fue jurada en España los días 18 y 19 de 1812 y cinco días más tarde, el 24 de diciembre de 1812, se eligió a Morales y Duárez, Presidente de la Corte en la que residía la soberanía del reino y el poder Legislativo. El jurista limeño “tenía tratamiento de Majestad y ocupaba la posición más alta de España, Filipinas y las Indias (América), pues su sitio era tan elevado como el del rey” a quien representaba por estar éste preso en Valencey. Morales fue redactor de los Estatutos del Colegio de Abogados de Lima en 1809.

LIMEÑOS VIRREYES DEL PERÚ
Dos destacados limeños se convirtieron en virreyes transitorios o encargados del mando. En diciembre de 1672 el entonces presidente de la Real Audiencia de Lima don Álvaro de Ibarra se convirtió en gobernador y capitán general del virreinato del Perú en representación del rey por la muerte del virrey don Pedro Fernández de Castro, más conocido como el Conde de Lemus.

Ibarra se mantuvo en el cargo, hasta la llegada del nuevo virrey Baltazar de la Cueva, conde de Castellar, el 15 de agosto de 1674. Fue oidor de Chile, fiscal de Santafé de Bogotá, inquisidor del Santo Oficio y presidente de la Audiencia de Quito y además fue asesor político de 4 virreyes.

El otro limeño nacido el 30 de julio de 1645 convertido en virrey del Perú fue donde Miguel Núñez de Sanabria, abogado, catedrático sanmarquino que se desempeñaba como oidor de la Real Audiencia de Lima y asumió ese cargo por el fallecimiento del virrey Manuel de Oms, natural de Barcelona y fallecido en Lima el 24 de abril de 1710. Fue presidente de la Real Audiencia de Lima, abogado, catedrático y político nacido en Lima el 30 de julio de 1645. Falleció en Lima el 28 de junio de 1729.

EMBAJADOR Y MAYORDOMO DEL REY
Destacadísimo funcionario de la corte española también lo fue Don José Miguel de Carvajal Vargas y Manrique de Lara, II Duque de San Carlos y Grande de España, alumbrado en Lima en 1771, militar de la nobleza absolutista, obtuvo los cargos de Secretario de Estado de España, Mayordomo Mayor del rey Carlos IV y en 1814 Mayordomo y Ministro de Estado del rey Fernando VII del que era íntimo desde niño cuando fue Príncipe de Asturias. Fue también embajador de España en Viena (Austria) en 1815 y embajador de España en París en 1823,1827 y 1828. Dirigió además la Real Academia de la Lengua. Falleció en París en 1828.

JOSÉ MANUEL DE GOYENECHE
Al arequipeño José Manuel de Goyeneche Conde de Guaqui, por reprimir las insurrecciones libertarias en el Alto Perú entre 1809 y 1813, el rey le otorgó los cargos de Teniente General de los Reales Ejércitos, Vocal de la Junta de Guerra de Indias, Vocal del Consejo de Guerra y Presidente de la Junta de Comercio de Ultramar. Diputado por Arequipa y Senador del Reino por la provincia de Canarias. El Rey Fernando VII le nombró su Gentilhombre de Cámara con Ejercicio y Servidumbre, Consejero Honorario de Estado, Senador Vitalicio, Prócer del Reino, Regidor Perpetuo de Cádiz, entre otros.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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