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Perú: Una minería colonial del siglo XXI

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Centro minero minas minería

INDEBIDOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS

¡Vale un Perú! Era la frase sinónimo de riqueza que en Europa se utilizaba en el lenguaje popular, incluso muy avanzado el siglo XX. Debiera ser evidente que tal exclamación tiene su origen en la inundación de oro y plata americana producto de la conquista y saqueo de las riquezas de lo que hoy es México y Perú.

Expresión de ello fue el tesoro de Atahualpa o el saqueo del Cusco donde en el templo del Sol, el “Coricancha”, se reproducían figuras de animales en oro puro al tamaño natural, sorprendiendo a los españoles con tanta riqueza, en una sociedad donde el oro tenía un valor de uso ritual.

Era tal abundancia de oro en el “Reino del Perú” que ante la escasez del hierro para los herrajes se usaba el oro y la plata como tales para preservar las pezuñas de sus caballos que como capital invertido tenían también su cuota en la distribución de la riqueza tomada a la fuerza.

Tanto oro y plata por soldado de infantería como por los de caballería, e incluso se pagaba por dogos y lebreles, perros que estaban acostumbrados a la “carne de indios” según el padre Fray Bartolomé de las Casas. ¡Pareciera que esta historia no la recuerda la monarquía actual española!

Tal carácter colonial de la explotación minera lamentablemente se reproduce en la actividad minera, no solamente en la minería informal con formas de semiesclavitud de la mano de obra, y en la llamada minería artesanal que funciona muchas veces articulada a la minería formal sobre todo de carácter aurífero.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

En verdad, su carácter colonial se explica también por la debilidad del Estado ante el poder de las grandes empresas mineras y de grupos criollos que mantienen una serie de privilegios tributarios que serían inaceptables en una sociedad moderna, donde la riqueza debe ser gravada bajo los principios de la justicia tributaria, donde los que “ganan más, deben pagar más”, aquí ocurre todo lo contrario.

Parte y expresión de dicho carácter colonial en la explotación minera que se desenvuelve en el Perú tiene que ver con los beneficios tributarios y la mínima recaudación que percibe el fisco de nuestro país, a través del impuesto a la renta y una serie de ingresos fiscales producto de la reforma tributaria, “nuevo marco tributario” se le llamó el cual se realizó en los primeros meses del gobierno de la pareja presidencial Humala & Heredia, con un carácter entreguista y oscuro.

Siendo considerado como el sector más importante de la economía peruana en la generación de divisas, pues explica en promedio el 60% de las mismas, es también el sector que en la práctica abona directamente mínimos ingresos fiscales a los cuales habría que sumar una indebida devolución de impuestos, que en los últimos años supera la propia recaudación del impuesto a la renta.

COSTOS DE PRODUCCIÓN BAJÍSIMOS

A ello debiera añadirse las políticas laborales de “cholo barato” con salarios de angustia que explican la rentabilidad y la mentada competitividad internacional de la minería que se desenvuelve en el Perú. Ello explica el porqué la minería en nuestro país tiene uno de los costos de producción más bajos del mundo sobre todo en la extracción de cobre y oro, que se suma a la nula valorización de la riqueza minera que se expresa crudamente en la realidad de los pasivos mineros que suman más de 9 mil en todo el país.

Sería de importancia tener presente la nula valorización de la riqueza minera para favorecer a las grandes transnacionales sobre todo en el proceso de privatización de las empresas estatales mineras, como las unidades de Centromin Perú, tales como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, por no mencionar Cerro Verde o la Minera Tintaya que prácticamente se vendieron a “precios de remate” durante la dictadura fujimorista.

Igualmente la nula valorización de los yacimientos mineros explica el carácter colonial de la minería que se desenvuelve en nuestro país, cuando se ofrecían en venta yacimientos reconocidos donde el propio estado había asumido los costos de exploración en la identificación de reservas.

Así, los recursos de cobre y zinc de lo que hoy es la Minera Antamina fueron explorados por la estatal Centromin, y hacia 1998 fueron transferidos por la ridícula suma de US$ 19.5 millones, al consorcio conformado por las transnacionales HP Billiton, Glencore, Teck/Cominco y Marubeni que inició operaciones en el 2001 con una inversión de US$ 2,350 millones, capitales que fueron recuperados en menos de tres años gracias al “boom minero”.

En el mismo sentido, el proyecto de Quellaveco, donde su anterior propietario privado la Southern Perú Copper Corporation (SPCC) bajo propiedad de capitales gringos, había explorado sus reservas, al igual que el Estado cuando dicho proyecto fue estatizado por el gobierno militar del general Velasco Alvarado.

Este proyecto con reservas reconocidas fue privatizado en 1992 por la absurda suma de US$ 12.5 millones que se pagaron dicho sea de paso en cómodas cuotas anuales, y donde después de 27 años la empresa Anglo American iniciaría la explotación.

SE EXPORTAN CONCENTRADOS

Agrava el carácter colonial de sus operaciones la explotación y exportación primaria en la condición de concentrados, los cuales tienen un precio de mercado muy por debajo de los minerales finos, es decir que han sido refinados internamente.

Señalando que la exportación minera es básicamente de concentrados de cobre, plata, zinc, plomo etc. con un pobre valor agregado, como en la década de los cincuenta del siglo pasado. Es más, el proceso de fundición y refinación se realiza en terceros países donde se obtienen una serie de subproductos que no son valorizados por el Estado peruano, lo cual constituye una grave evasión fiscal ante un Estado permisivo.

Así, gracias a la refinación del cobre de la SPCC en Ilo, con la obtención de cobre fino en su forma de blister, cátodos, alambrón de cobre, también se obtienen subproductos tales como plata, oro, molibdeno, y ácido sulfúrico que tienen precios de mercado y un importante valor.

Es decir, con excepción del cobre de la Southern Perú (SPCC) que se refina en Ilo (Moquegua), y el zinc que se trata en la Refinería de Cajamarquilla, y el estaño de Minsur que se refina en Pisco, prácticamente el resto de la minería se exporta como concentrados a menores precios que el cobre fino, zinc fino y estaño fino, lo cual constituye una descapitalización del país.

UN ESTADO MISIONERO

Contra las versiones muy propias de la “Sociedad de Minería, Petróleo y Energía” y sobre todo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Estado no está percibiendo los ingresos fiscales que debiera percibir por la explotación de los recursos naturales no renovables, agotables en el tiempo como son los recursos mineros.

En un artículo titulado “PERÚ: RIQUEZA MINERA CON ESTADO MISIO” señalaba que los ingresos directamente recaudados por el Estado peruano en el 2017, sea por el impuesto a la renta y otros ingresos tales como el impuesto especial, las regalías mineras, tanto las viejas como las nuevas, el denominado gravamen minero y los derechos de vigencia mineros, prácticamente se habían derrumbado en relación a los ingresos de exportación en una participación del 5%.

Ello significaba que por cada 100 soles de ingresos de exportación el Estado directamente recaudaba S/ 5, y en verdad dicha participación sería menor pues estamos considerando solamente los ingresos de exportación que constituyen en promedio un 95% del valor de la producción minera, pues un aproximado 5% se realiza, es decir se vende en el mercado interno, sea el zinc, plomo, hierro y la plata.

El carácter deducible de las regalías mineras como del impuesto especial, como el gravamen minero, como gasto tributario afecta la recaudación fiscal del impuesto a la renta. Es decir, las mineras con un bolsillo pagan las regalías “viejas y nuevas”, el impuesto especial y el gravamen minero. Con el otro bolsillo deducen los montos abonados por medio de menores impuestos a la renta. Es decir ¡Las mineras se la llevan fácil!

Es más, contra toda lógica gracias a las “bondades de la globalización”, el fisco tiene que devolverles impuestos a las empresas mineras, bajo el concepto que no se exportan impuestos sobre todo del impuesto general a las ventas (IGV) por la compra de bienes y servicios necesarios para la exportación (Devolución Tributaria).

En los últimos años esta devolución del IGV supera el propio impuesto a la renta recaudado, por lo que sería posible afirmar que el conjunto de la sociedad, en especial los productores formales estarían subsidiando la reproducción del capital minero. ¡De ripley, aunque usted no lo crea!

En verdad esta devolución de impuestos no deja de ser un beneficio tributario, que se agrava cuando la matriz que opera através de una subsidiaria en el Perú, está ubicada en un paraíso fiscal tipo Bahamas, o Panamá, donde al secreto bancario se agrega la exoneración del pago de impuestos.

Es más, muchas empresas mineras le venden la mayor parte de su producción a su matriz como es el caso de Shougang Hierro Perú donde el 97% de su producción “es comprada” por Shougang Corporation, su matriz en la China Popular.

PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y  NO TRIBUTARIOS DE LA MINERÍA FRENTE A LOS  INGRESOS DE EXPORTACIÓN PERÍODO 2012-2017

CAÍDA EN LA PARTICIPACIÓN FISCAL

El cuadro resumen, de los diversos ingresos fiscales, tributarios y no tributarios como participación de los ingresos de exportación mineros, expresa el pertinaz derrumbe de la participación fiscal desde el 2012 al 2017 que supera apenas el 6% como promedio.

Se está considerando el impuesto a la renta de la minería metálica, el impuesto especial a la minería, las “viejas y nuevas regalías”, el gravamen minero y los derechos de vigencia minero. El total de tales ingresos fiscales desde el 2012 al 2017 se derrumban como se puede observar en el cuadro respectivo. “Participación de los Ingresos Tributarios y No Tributarios de la Minería frente a los Ingresos de Exportación”.

Como se podrá observar, de un nivel de ingresos fiscales en el 2012 por más de S/ 8,588 millones se cae al abismo del 2016 con la recaudación por todo concepto de S/ 2,163 millones para recuperarse en el 2017 con S/ 4,258 millones gracias al efecto combinado de mejores precios y una mayor producción.

En verdad, esta realidad se agrava, pues con la entrada de los nuevos proyectos a partir del 2015 tales como Las Bambas en Apurímac, Toromocho en Junín y Constancia en el Cusco, más las ampliaciones de Cerro Verde, SPCC, y Tintaya Antapaccay se incrementa de manera significativa la producción de cobre y zinc pero disminuye la participación fiscal gracias a los beneficios tributarios entre otros privilegios.

Con el agravante que en el 2018 con una producción de cobre fino superior a los 2.4 millones de toneladas el fisco apenas capta un poco más del 6% como participación fiscal directa, ingresos que se licuan por la devolución de impuestos.

EPÍLOGO

En resumen, se puede inferir que el nuevo marco tributario vigente a partir del 2012 fue absolutamente favorable para las empresas mineras en especial aquellas como Cerro Verde, Antamina, Tintaya, Minsur, entre otras, que tenían fecha de término en sus contratos de estabilidad jurídica, tributaria y que habrían tenido que abonar por ejemplo el 3% por concepto de regalías mineras aplicadas sobre el valor de los ingresos por ventas de concentrados.

Si se hubiese mantenido el anterior regimen tributario tanto las viejas regalías aplicadas sobre el valor del concentrado, como el llamado “Aporte Voluntario Minero” que no tenía carácter deducible y se definía como el 3.75% de la utilidad neta, con la característica de ser invertido en las comunidades aledañas a la producción minera, los ingresos fiscales hubiesen sido mayores, y los conflictos sociales menores.

Es decir, las empresas mineras en especial las del “cogollo minero” se vieron beneficiadas gracias al nacionalismo del señor Humala, de allí la contradicción que a más producción de riqueza minera mayor es la pobreza fiscal y el deterioro del capital natural, cuestión que se debe superar, para convertir a la actividad minera en un real motor del desarrollo del país.

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Política

6 millones de soles para limpiar a AG y Keiko

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Comisión Lava Jato del Congreso - Rosa María Bartra Barriga

Bastaron tres días de debate y dos de sustentación para que el Pleno del Congreso aprobara el pasado 9 de noviembre, el informe final de la Comisión Lava Jato que dirigía la fujimorista Rosa Bartra. Ayer revelaron que los peruanos no pagaron 4 millones de soles, sino más de 6 millones de soles para mantener un grupo de trabajo que no incluyó en actos de corrupción al expresidente Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Consultados por Diario UNO coincidieron en que el fujimorismo apeló desde un inicio al blindaje.

INFORME ABSURDO

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos afirmó que el encubrimiento inútil y grotesco a Alan García y Keiko Fujimori les costó a los peruanos seis millones de soles.

“Seis millones de soles costó el encubrimiento a García y Keiko. Eso nos costó a los peruanos que un grupo de congresistas intentaran blindar a García y Keiko de manera inútil y grotesca, ya que los acontecimientos terminaron por demostrar que era un absurdo el informe de la comisión”, explicó.

SIN ALTURA HISTÓRICA

Por otro lado, su colega de bancada, Humberto Morales, sostuvo que el informe de la Comisión Lava Jato no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país.

“La Comisión Lava Jato, finalmente presentó un informe que no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país”, adujo.

NO ERAN 4 SINO 6 MILLONES

Según un informe del Congreso, la Comisión Lava Jato, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, gastó 6 millones 448 mil 157.06 soles, y no los 4 millones 096 mil 450 soles que informaron hace varios meses.

El monto real salió de una revisión mes por mes y finalmente, el grupo de trabajo presidido por Bartra e integrado por Karina Beteta (Fuerza Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder (APRA) y Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) incluyeron como denunciados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pero no a Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras sostener que el informe “ni siquiera dio respuesta al acometido histórico que en ese momento recibíamos como responsabilidad por parte del Congreso”, Morales aseguró que en los últimos seis meses de funcionamiento de la comisión se notó claramente que los documentos que tenían no contenía información que comprometía a García y Keiko Fujimori.

NADA CON AG

En abril de este año, la Comisión Lava Jato fue centro de la crítica, luego que Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú, confesara que fue testaferro del exmandatario Alan García. El grupo de trabajo no incluyó en su informe al exlíder aprista, quien se suicidó para evadir una orden de detención preliminar en su contra.

Al respecto, Hernando Cevallos aseguró: “Las declaraciones de Atala fue el golpe final a un informe que tenía todo el descrédito. Se puso en ridículo a la Comisión Lava Jato”.

¡QUÉ BRAVO!

El documento demuestra que entre mayo y diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato tuvo en planilla a 45 colaboradores, pagando 2 millones 453 mil 215 soles. Solo en esos meses el asesor Henry Vidal Palomino, quien también es militante de Fuerza Popular, fue el mejor pagado con 134 mil 792.92 soles.

En el 2018, el grupo de trabajo contó con 46 colaboradores, a quienes pagó en general 3 millones 840 mil 048.92 soles, siendo el abogado Roque Bravo Basaldúa el mejor pagado, con 267 mil 624.95 soles. En total, hasta diciembre la Comisión Lava Jato le costó al Perú 6 millones 293 mil 264,13 soles. Sin embargo, para este 2019 se arrastró una deuda de 154 mil 892.93 soles por conceptos de pagos por liquidación de beneficios sociales de seis colaboradores.

Tras sostener que la Comisión Lava Jato fue diseñada para blindar al expresidente García y a Keiko Fujimori, Cevallos afirmó que “intencionalmente avanzaron con investigar hechos que ya se conocían y que la Fiscalía estaba en plenas investigaciones”.

Asimismo, advirtió: “Mientras tanto operaban dentro del sistema de justicia con Pedro Chávarry y César Hinostroza”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fiscal Ávalos pone en su sitio a fujimorista Segura

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Zoraida Ávalos

Ante las afirmaciones del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, quien dijo que la denuncia contra el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, será analizada por orden de llegada y no podrá volver a verse hasta el siguiente periodo anual de sesiones (en agosto), la Fiscal de la Nación aclaró al legislador fujimorista que no está supeditada a los calendarios del Congreso. Consultados por Diario UNO coinciden en que la Fiscal de la Nación hizo bien en confrontar al congresista.

SALUDA EMPLAZAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, saludó la posición tomada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al emplazar al congresista fujimorista, César Segura, quien pretende demorar el tratamiento de la denuncia a Pedro Chávarry.

“Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”, señaló a Diario UNO.

Sobre esto, afirmó: “Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”.

Tras insistir que la posición de César Segura “es la posición de Fuerza Popular”, que es, a su entender, la protección a la corrupción y el rechazo a resolver los problemas de corrupción en el país, Quintanilla dijo parecerle inadmisible las declaraciones del congresista fujimorista, ya que la presentación de nuevas pruebas deben ser prioritarias.

RESPONSABLE DE DENUNCIA

La congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, aseguró que la fiscal Zoraida Ávalos es responsable de la denuncia al exfiscal Pedro Chávarry y que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que su institución encuentra.

“La Fiscal de la Nación tiene toda la responsabilidad sobre el caso de la denuncia a Chávarry y me parece que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que ella encuentra en su institución”, sostuvo a Diario UNO.

Asimismo, indicó: “Siendo la cabeza del Ministerio Público, la fiscal Ávalos tiene toda la autoridad para confrontar al congresista Segura”.

Finalmente, la congresista dijo que en base a lo que se tiene de pruebas, en el Congreso se debe dar una debida respuesta “a un caso tan importante y que lamentablemente viene siendo postergado”.

SIN CALENDARIO

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló no estar supeditada a los calendarios del Congreso, debido a que la denuncia constitucional que presentó contra el exfiscal Pedro Chávarry se analizará por orden de llegada, es decir, se vería en la siguiente legislatura.

“En primer lugar, yo represento a un organismo constitucionalmente autónomo. Yo soy autónoma, yo hago una investigación y terminando esa investigación tengo dos caminos: o archivo o formulo la denuncia; y no estoy supeditada a los calendarios del Congreso. En segundo lugar, no son los mismos hechos, el tema que se archivó fue un hecho, nosotros estamos presentando otros hechos más”, afirmó.

La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, por la irrupción a la oficina que fue lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Luego de cuatro meses de investigación estamos presentando una denuncia ante el Congreso por delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, por encubrimiento real; y el último delito es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto. Hemos presentado una denuncia que tiene más de 2 mil folios”, explicó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa

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PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa con perdigones

Otra vez los manifestantes de Construcción Civil en Arequipa fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras protestaban exigiendo la reposición de trabajadores. El incidente se produjo en la mañana de ayer y dejó un saldo de aproximadamente 21 heridos, algunos de gravedad.

Los hechos de violencia iniciaron luego de que los manifestantes intentaran bloquear la avenida Kennedy, frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa. En esas circunstancias, la policía reprimió lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones que impactaron en los obreros.

Juan Alberto Calle López, exsecretario de Defensa de Construcción Civil – Arequipa, indicó que el sindicato de obreros exige la reposición de los trabajadores despedidos de las obras del colegio Maritza Campos y Cuatro Carriles, entre otras. “Pero hay una intransigencia de parte del gobierno regional en no solucionar. El señor Fernando Arenas no ata ni desata en el Gobierno, hemos pedido el retiro de este señor como funcionario”, señaló.

Calle López también se quejó por el ataque desmedido de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP. “Hemos sido atacados por la Policía sin motivo, la protesta es un derecho constitucional y nos han reprimido. Tenemos 30 heridos, nos han disparado al cuerpo y a la cabeza, un compañero está a punto de perder el ojo, hay dos enyesados y heridos porque nos han disparado con perdigones y bombas lacrimógenas”.

Además indicó que no es el primer episodio de violencia que sufren, pues llevan más de 10 días de protestas. “Ya desde el viernes pasado hemos sido atacados, yo mismo he sido agredido”.

De otro lado, apuntó que parte de los reclamos están orientados a que los puestos laborales sean para arequipeños. “Estos señores Málaga no respetan los derechos laborales, traen gente de Lima y dejan a la gente de Arequipa afuera”.

Sobre la empresa constructora Málaga, Calle López cuestionó que tuviera hasta ocho obras otorgadas por el Gobierno Regional de Arequipa. “Tienen las obras del colegio Maritza Campos, el penal de Socabaya y Cuatro Carriles, parece el nuevo Odebrecht”, dijo, a la vez que solicitó la participación de la Contraloría a fin de investigar las supuestas preferencias del gobierno local con la referida empresa constructora.

Finalmente, Calle López indicó que formalizarán las denuncias por las agresiones recibidas por parte de la Policía, y que el día lunes los manifestantes se volverán a concentrar frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa para exigir la destitución del funcionario Arenas, y se dirigió al presidente del gobierno regional, Elmer Llica. “Si Llica quiere guerra, guerra va a tener, es un traicionero que antes pidió nuestro apoyo y luego nos da la espalda”.

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