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Perú: Una minería colonial del siglo XXI

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Centro minero minas minería

INDEBIDOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS

¡Vale un Perú! Era la frase sinónimo de riqueza que en Europa se utilizaba en el lenguaje popular, incluso muy avanzado el siglo XX. Debiera ser evidente que tal exclamación tiene su origen en la inundación de oro y plata americana producto de la conquista y saqueo de las riquezas de lo que hoy es México y Perú.

Expresión de ello fue el tesoro de Atahualpa o el saqueo del Cusco donde en el templo del Sol, el “Coricancha”, se reproducían figuras de animales en oro puro al tamaño natural, sorprendiendo a los españoles con tanta riqueza, en una sociedad donde el oro tenía un valor de uso ritual.

Era tal abundancia de oro en el “Reino del Perú” que ante la escasez del hierro para los herrajes se usaba el oro y la plata como tales para preservar las pezuñas de sus caballos que como capital invertido tenían también su cuota en la distribución de la riqueza tomada a la fuerza.

Tanto oro y plata por soldado de infantería como por los de caballería, e incluso se pagaba por dogos y lebreles, perros que estaban acostumbrados a la “carne de indios” según el padre Fray Bartolomé de las Casas. ¡Pareciera que esta historia no la recuerda la monarquía actual española!

Tal carácter colonial de la explotación minera lamentablemente se reproduce en la actividad minera, no solamente en la minería informal con formas de semiesclavitud de la mano de obra, y en la llamada minería artesanal que funciona muchas veces articulada a la minería formal sobre todo de carácter aurífero.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

En verdad, su carácter colonial se explica también por la debilidad del Estado ante el poder de las grandes empresas mineras y de grupos criollos que mantienen una serie de privilegios tributarios que serían inaceptables en una sociedad moderna, donde la riqueza debe ser gravada bajo los principios de la justicia tributaria, donde los que “ganan más, deben pagar más”, aquí ocurre todo lo contrario.

Parte y expresión de dicho carácter colonial en la explotación minera que se desenvuelve en el Perú tiene que ver con los beneficios tributarios y la mínima recaudación que percibe el fisco de nuestro país, a través del impuesto a la renta y una serie de ingresos fiscales producto de la reforma tributaria, “nuevo marco tributario” se le llamó el cual se realizó en los primeros meses del gobierno de la pareja presidencial Humala & Heredia, con un carácter entreguista y oscuro.

Siendo considerado como el sector más importante de la economía peruana en la generación de divisas, pues explica en promedio el 60% de las mismas, es también el sector que en la práctica abona directamente mínimos ingresos fiscales a los cuales habría que sumar una indebida devolución de impuestos, que en los últimos años supera la propia recaudación del impuesto a la renta.

COSTOS DE PRODUCCIÓN BAJÍSIMOS

A ello debiera añadirse las políticas laborales de “cholo barato” con salarios de angustia que explican la rentabilidad y la mentada competitividad internacional de la minería que se desenvuelve en el Perú. Ello explica el porqué la minería en nuestro país tiene uno de los costos de producción más bajos del mundo sobre todo en la extracción de cobre y oro, que se suma a la nula valorización de la riqueza minera que se expresa crudamente en la realidad de los pasivos mineros que suman más de 9 mil en todo el país.

Sería de importancia tener presente la nula valorización de la riqueza minera para favorecer a las grandes transnacionales sobre todo en el proceso de privatización de las empresas estatales mineras, como las unidades de Centromin Perú, tales como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, por no mencionar Cerro Verde o la Minera Tintaya que prácticamente se vendieron a “precios de remate” durante la dictadura fujimorista.

Igualmente la nula valorización de los yacimientos mineros explica el carácter colonial de la minería que se desenvuelve en nuestro país, cuando se ofrecían en venta yacimientos reconocidos donde el propio estado había asumido los costos de exploración en la identificación de reservas.

Así, los recursos de cobre y zinc de lo que hoy es la Minera Antamina fueron explorados por la estatal Centromin, y hacia 1998 fueron transferidos por la ridícula suma de US$ 19.5 millones, al consorcio conformado por las transnacionales HP Billiton, Glencore, Teck/Cominco y Marubeni que inició operaciones en el 2001 con una inversión de US$ 2,350 millones, capitales que fueron recuperados en menos de tres años gracias al “boom minero”.

En el mismo sentido, el proyecto de Quellaveco, donde su anterior propietario privado la Southern Perú Copper Corporation (SPCC) bajo propiedad de capitales gringos, había explorado sus reservas, al igual que el Estado cuando dicho proyecto fue estatizado por el gobierno militar del general Velasco Alvarado.

Este proyecto con reservas reconocidas fue privatizado en 1992 por la absurda suma de US$ 12.5 millones que se pagaron dicho sea de paso en cómodas cuotas anuales, y donde después de 27 años la empresa Anglo American iniciaría la explotación.

SE EXPORTAN CONCENTRADOS

Agrava el carácter colonial de sus operaciones la explotación y exportación primaria en la condición de concentrados, los cuales tienen un precio de mercado muy por debajo de los minerales finos, es decir que han sido refinados internamente.

Señalando que la exportación minera es básicamente de concentrados de cobre, plata, zinc, plomo etc. con un pobre valor agregado, como en la década de los cincuenta del siglo pasado. Es más, el proceso de fundición y refinación se realiza en terceros países donde se obtienen una serie de subproductos que no son valorizados por el Estado peruano, lo cual constituye una grave evasión fiscal ante un Estado permisivo.

Así, gracias a la refinación del cobre de la SPCC en Ilo, con la obtención de cobre fino en su forma de blister, cátodos, alambrón de cobre, también se obtienen subproductos tales como plata, oro, molibdeno, y ácido sulfúrico que tienen precios de mercado y un importante valor.

Es decir, con excepción del cobre de la Southern Perú (SPCC) que se refina en Ilo (Moquegua), y el zinc que se trata en la Refinería de Cajamarquilla, y el estaño de Minsur que se refina en Pisco, prácticamente el resto de la minería se exporta como concentrados a menores precios que el cobre fino, zinc fino y estaño fino, lo cual constituye una descapitalización del país.

UN ESTADO MISIONERO

Contra las versiones muy propias de la “Sociedad de Minería, Petróleo y Energía” y sobre todo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Estado no está percibiendo los ingresos fiscales que debiera percibir por la explotación de los recursos naturales no renovables, agotables en el tiempo como son los recursos mineros.

En un artículo titulado “PERÚ: RIQUEZA MINERA CON ESTADO MISIO” señalaba que los ingresos directamente recaudados por el Estado peruano en el 2017, sea por el impuesto a la renta y otros ingresos tales como el impuesto especial, las regalías mineras, tanto las viejas como las nuevas, el denominado gravamen minero y los derechos de vigencia mineros, prácticamente se habían derrumbado en relación a los ingresos de exportación en una participación del 5%.

Ello significaba que por cada 100 soles de ingresos de exportación el Estado directamente recaudaba S/ 5, y en verdad dicha participación sería menor pues estamos considerando solamente los ingresos de exportación que constituyen en promedio un 95% del valor de la producción minera, pues un aproximado 5% se realiza, es decir se vende en el mercado interno, sea el zinc, plomo, hierro y la plata.

El carácter deducible de las regalías mineras como del impuesto especial, como el gravamen minero, como gasto tributario afecta la recaudación fiscal del impuesto a la renta. Es decir, las mineras con un bolsillo pagan las regalías “viejas y nuevas”, el impuesto especial y el gravamen minero. Con el otro bolsillo deducen los montos abonados por medio de menores impuestos a la renta. Es decir ¡Las mineras se la llevan fácil!

Es más, contra toda lógica gracias a las “bondades de la globalización”, el fisco tiene que devolverles impuestos a las empresas mineras, bajo el concepto que no se exportan impuestos sobre todo del impuesto general a las ventas (IGV) por la compra de bienes y servicios necesarios para la exportación (Devolución Tributaria).

En los últimos años esta devolución del IGV supera el propio impuesto a la renta recaudado, por lo que sería posible afirmar que el conjunto de la sociedad, en especial los productores formales estarían subsidiando la reproducción del capital minero. ¡De ripley, aunque usted no lo crea!

En verdad esta devolución de impuestos no deja de ser un beneficio tributario, que se agrava cuando la matriz que opera através de una subsidiaria en el Perú, está ubicada en un paraíso fiscal tipo Bahamas, o Panamá, donde al secreto bancario se agrega la exoneración del pago de impuestos.

Es más, muchas empresas mineras le venden la mayor parte de su producción a su matriz como es el caso de Shougang Hierro Perú donde el 97% de su producción “es comprada” por Shougang Corporation, su matriz en la China Popular.

PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y  NO TRIBUTARIOS DE LA MINERÍA FRENTE A LOS  INGRESOS DE EXPORTACIÓN PERÍODO 2012-2017

CAÍDA EN LA PARTICIPACIÓN FISCAL

El cuadro resumen, de los diversos ingresos fiscales, tributarios y no tributarios como participación de los ingresos de exportación mineros, expresa el pertinaz derrumbe de la participación fiscal desde el 2012 al 2017 que supera apenas el 6% como promedio.

Se está considerando el impuesto a la renta de la minería metálica, el impuesto especial a la minería, las “viejas y nuevas regalías”, el gravamen minero y los derechos de vigencia minero. El total de tales ingresos fiscales desde el 2012 al 2017 se derrumban como se puede observar en el cuadro respectivo. “Participación de los Ingresos Tributarios y No Tributarios de la Minería frente a los Ingresos de Exportación”.

Como se podrá observar, de un nivel de ingresos fiscales en el 2012 por más de S/ 8,588 millones se cae al abismo del 2016 con la recaudación por todo concepto de S/ 2,163 millones para recuperarse en el 2017 con S/ 4,258 millones gracias al efecto combinado de mejores precios y una mayor producción.

En verdad, esta realidad se agrava, pues con la entrada de los nuevos proyectos a partir del 2015 tales como Las Bambas en Apurímac, Toromocho en Junín y Constancia en el Cusco, más las ampliaciones de Cerro Verde, SPCC, y Tintaya Antapaccay se incrementa de manera significativa la producción de cobre y zinc pero disminuye la participación fiscal gracias a los beneficios tributarios entre otros privilegios.

Con el agravante que en el 2018 con una producción de cobre fino superior a los 2.4 millones de toneladas el fisco apenas capta un poco más del 6% como participación fiscal directa, ingresos que se licuan por la devolución de impuestos.

EPÍLOGO

En resumen, se puede inferir que el nuevo marco tributario vigente a partir del 2012 fue absolutamente favorable para las empresas mineras en especial aquellas como Cerro Verde, Antamina, Tintaya, Minsur, entre otras, que tenían fecha de término en sus contratos de estabilidad jurídica, tributaria y que habrían tenido que abonar por ejemplo el 3% por concepto de regalías mineras aplicadas sobre el valor de los ingresos por ventas de concentrados.

Si se hubiese mantenido el anterior regimen tributario tanto las viejas regalías aplicadas sobre el valor del concentrado, como el llamado “Aporte Voluntario Minero” que no tenía carácter deducible y se definía como el 3.75% de la utilidad neta, con la característica de ser invertido en las comunidades aledañas a la producción minera, los ingresos fiscales hubiesen sido mayores, y los conflictos sociales menores.

Es decir, las empresas mineras en especial las del “cogollo minero” se vieron beneficiadas gracias al nacionalismo del señor Humala, de allí la contradicción que a más producción de riqueza minera mayor es la pobreza fiscal y el deterioro del capital natural, cuestión que se debe superar, para convertir a la actividad minera en un real motor del desarrollo del país.

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Política

El TC se queda sin argumentos

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Ernesto Blume Fortini

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, afirmó que lo más importante de la decisión del Ministerio Público de rechazar el pedido de Pier Figari de acogerse a la nueva Ley de Financiamiento Ilícito de Organizaciones Políticas y así evadir la acusación por lavado de activos, “es que deja un buen mensaje para cuando el Tribunal Constitucional revise el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori”.

“Esta interpretación normativa del Ministerio Público, sumada a la opinión de la Corte Suprema en el recurso de casación (que no se pronunció en contra de la figura de prisión preventiva), le pone la tarea más difícil al TC en caso pretenda resolver el hábeas corpus con un pronunciamiento que deje de lado todo este análisis jurídico previo”, indicó.

Además, destacó la coyuntura del pronunciamiento del Ministerio Público, considerando que en pocos días el TC tendrá que evaluar el hábeas corpus de Keiko Fujimori. “Va a ser muy difícil que decidan algo muy apartado de lo dicho por la Corte Suprema o por el Ministerio Público tras el pedido de Figari”, agregó.

Purizaga señaló que el rechazo al pedido de Figari “definitivamente refuerza la posición del Equipo Especial Lava Jato”. “Los fiscales han trabajado en base al presunto delito de lavado de activos, en caso se hubiese aceptado cambiar el tipo penal a un nuevo delito, toda la investigación tendría que haberse ajustado y también tendrían que cambiar la estrategia. Lo que ha pasado, entonces, es muy beneficioso para el trabajo que realiza la Fiscalía”, apuntó.

UN TC POLITIZADO

Purizaga advirtió que el Congreso “está corriendo para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional”. “Esta premura por elegir a los miembros del TC no es gratis. Pareciera que pase lo que pase, antes que acabe setiembre, lo que quieren hacer es dejar un TC ante la eventualidad de una cuestión de confianza y una disolución del Congreso”, añadió.

Respecto a la elección de un nuevo TC, manifestó que “no hay un procedimiento claramente establecido sobre cómo debe ser un proceso de selección de los integrantes, pues prácticamente se deja al libre albedrío de los congresistas para que de acuerdo a sus criterios se elijan a los miembros”. En ese sentido, agregó que si no hay criterios claros y si se tiene en cuenta la actual coyuntura, se corre el peligro de tener un “TC politizado”.

NORMAS Y LEYES A MEDIDA

El abogado recordó que el pedido de Pier Figari se realizó como consecuencia de la modificación a un proyecto de reforma política planteado por el Ejecutivo y modificado por el Congreso. “No es gratuito ni es casual que se haya cambiado la propuesta de reforma para que termine en una ley que rebaja sanciones, en un salvavidas que le arrojan a quienes están investigados”, afirmó.

Por otro lado, Purizaga se refirió a la forma en que se ha estado moviendo el escenario político. “Llama mucho la atención que el Congreso haya pisado el acelerador con la elección del nuevo TC. Ellos saben que máximo a fin de mes la propuesta del Ejecutivo debe estar resuelta, a favor o no. Además, vemos que el sistema de justicia y los actores políticos están tan relacionados que resulta complicado darse cuenta cómo ciertos procesos de reforma del Estado van dilatándose hasta ver cómo se resuelve el tema del adelanto de elecciones”.

“Pero a puertas de un desenlace, todo se vuelve a reactivar: sale lo del TC, anuncian el nuevo reglamento para el concurso público de la Junta Nacional de Justicia, entre otras cosas. Entonces, me da la impresión de que han mantenido todo en stand by para ver cómo se iba resolviendo el conflicto con el Ejecutivo”.

En ese sentido, cuestionó el trabajo del Legislativo ya que “los proyectos que se están tocando ahora se hacen con la premura del tiempo, y con un Congreso cuestionado que busca sacar normas a la medida de sus intereses”. “Recordemos que los proyectos de la reforma política tenían errores gravísimos, como omitir el voto del extranjero. Para hacer normas así, preferiría que no se hagan, porque no me genera confianza y creo que la mayoría de ciudadanos piensa lo mismo”.

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Política

Inseguridad en la Amazonía: una continuidad devastadora

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Incendio en el Amazonas

Los incendios que siguen ocurriendo en el centro de la cuenca Amazónica y que no han podido ser contenidos en su verdadera magnitud, han llevado a poner atención en sus causas e impactos más visibles.

Entre las primeras hay que denunciar la existencia de una línea de continuidad entre políticas nacionales e internacionales que coinciden en agravar los riesgos que se ciernen sobre la estabilidad y sostenibilidad de la Amazonía en el futuro inmediato.

En ese sentido, la mirada que tiene el presidente Bolsonaro sobre la Amazonía de su país, coincide con los intereses de la agroindustria soyera, donde los grandes ganaderos lo único que desean es la expansión agrícola a costa del bosque primario.

Guardando la distancia, lo mismo sucede en el Perú con los intereses de madereros, migrantes, mineros ilegales y traficantes de tierras, que son defendidos en el Congreso por parlamentarios amazónicos como Tubino, Del Águila, Uchiñahua, Reátegui, Beteta y otros cuya visión extractivista es cortoplacista, y se disfraza de “desarrollo” y “lucha contra la pobreza”.

En el plano domestico peruano, observamos que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Palacio de Gobierno coinciden en considerar esta región como un espacio vacío para la explotación de recursos energéticos sobre los que se basa la economía mundial (petróleo, gas y madera) y no se aprovecha debidamente su capacidad –y valor- de absorción de carbono para enfrentar el cambio climático, o su capacidad de almacenar la mayor reserva de agua dulce en el planeta, además de albergar una enorme biodiversidad.

Así tenemos el debate y aprobación de la Ley Purús (30574) para promover la construcción de carreteras, el irregular proyecto de la Hidrovía Amazónica, así como los próximos proyectos promovidos desde el Ejecutivo que buscan incentivos para la actividad forestal.

Además, somos testigos de una recurrente cantidad de agresiones contra la integridad territorial de los Pueblos Indígenas de la Amazonía por parte de traficantes de tierras, una desordenada migración desde los Andes, y los programas estatales de desarrollo alternativo y titulación a ex cocaleros que impulsa DEVIDA en Huánuco, Ucayali y Junín.

En el otro plano, la no convocatoria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), representó un fiel reflejo de la poca importancia que se le da a esta instancia. La Cancillería peruana, a pesar del pedido hecho desde el Congreso por la bancada de Nuevo Perú, prefirió no involucrar a otro país amazónico, Venezuela.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

Y Bolsonaro, so pretexto de la defensa de la soberanía estatal, prefirió mantener su pleito de mensajes y tweets con el presidente Macron de Francia y le cerró la puerta a la cooperación internacional.

El subsiguiente Pacto de Leticia y la adopción de medidas paliativas y formales, no constituyen una adecuada respuesta cooperativa que respete la soberanía de los países amazónicos, sobre todo luego que la OEA aprobase la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que otorga licencia de corso a EE.UU y sus aliados satélites en la región para provocar un incidente y posterior agresión militar contra Venezuela, como antes ocurrió en Vietnam (1965) y en Irak (1991 y 2003).

Brasil y Colombia, ahora aliados estratégicos de Trump, ambos vecinos de Venezuela, pueden ocupar el mismo rol que en su momento Filipinas o Kuwait para conducir la agresión militar.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un  sicario de la Casa Blanca.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un sicario de la Casa Blanca.

En tal sentido, no es casualidad 1) el incremento de sanciones unilaterales de EEUU a Venezuela, las mismas que incrementan la gravedad de la crisis humanitaria y el éxodo de sus ciudadanos a países vecinos; 2) el reinicio de acciones armadas de parte de una disidencia de las FARC que pone en grave riesgo la continuidad de los acuerdos de paz y el funcionamiento de todos los mecanismos de acompañamiento de la ONU, agravando la tensión ya existente en las fronteras de Colombia; 3) la realización de ejercicios militares por parte de Venezuela, lo que ha atizado la situación de seguridad regional; 4) las recientes fotos aparecidas de Juan Guaido con dudosos personajes de grupos paramilitares de “Los Rastrojos” (febrero 2019).

No vaya a ser que la continuación de esta peligrosa escalada geopolítica que usa como pretexto la democracia y la Amazonía, nos lleve a otro tipo de incendios ocasionados, ya no por la mano devastadora del empresario ganadero, sino como consecuencia de una intervención militar contra un país sudamericano.

 

RICARDO SOBERÓN
ABOGADO PERUANO, EX PRESIDENTE EJECUTIVO DE DEVIDA, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DROGAS Y DERECHOS HUMANOS, CIDDH | NOTICIAS SER

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Política

Quieren desprestigiar a la izquierda

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Quieren desprestigiar a la izquierda - Agro Si Minas No

Lo grave de todo esto es que a la detención de los gobernadores regionales, Vladimir Cerrón, de Junín, y Walter Aduviri, de Puno, se suma la acusación de violentistas a los congresistas María Elena Foronda, Humberto Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del Frente Amplio.

¿Qué delito cometieron? Interceder a favor del diálogo entre los trabajadores de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú y el Ministerio de Trabajo, para que este ente estatal medie ante la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en la solución a su pliego de reclamos.

Aquel día de la revuelta, la policía no tuvo reparos en agredir a los congresistas mencionados líneas arriba y de reprimir violentamente a los trabajadores, que se movilizaron pacíficamente en medio de una lluvia de bombardas lacrimógenas, de palos y otros vejámenes.

La reacción de los congresistas fue tajante y anunciaron que pedirían interpelar a Carlos Morán, ministro del Interior, por la agresión que sufrieron los padres de la patria, y exigirán la remoción del general que dirigió el operativo. Lejos de contar con el apoyo del Legislativo, sufren ostracismo, vituperios y calificativos injustos.

HEMOS ACTUADO DENTRO DE LA LEY

La congresista María Elena Foronda, del Frente Amplio, respondió a los ataques diciendo que “lamentablemente hay algunos medios de comunicación que difunden noticias malintencionadas”.

“El señor Pedro Olaechea, intentó hoy día (ayer) en la Junta de Portavoces, acusarnos como incitadores de la violencia, cuando lo único que hemos hecho es salir a respaldar a los trabajadores mineros la semana pasada”, explicó.

“El señor Olaechea demuestra que desconoce el tema. Como lo dijo mi vocero (Hernando Cevallos), siempre hemos actuado dentro de la ley, en ningún momento hemos demostrado violencia y menos prepotencia. Por ello todo, lo que dicen en contra nuestra es absolutamente falso”, subrayó.

LA VIOLENCIA NO TUVO RAZÓN DE SER

“Cuando nosotros hemos salido después de haber dialogado con la ministra de Trabajo, en presencia de ella, de la Fiscal de la Nación, el viceministro de Trabajo y el procurador de Trabajo, hubo una contraorden y se dieron las agresiones a los trabajadores y congresistas que estábamos presentes”, remarcó.

“No respetaron nuestra condición de parlamentarios, nos han tirado al suelo, nos han arrastrado. La verdad es que el uso de la violencia no tuvo razón de ser en esos momentos. No nos respetaron y nos dieron con todo y se llevaron detenidos a los señores dirigentes, contraviniendo una orden”, expresó.

“Yo creo que nos están sometiendo a un proceso de desgaste, nos quieren hacer aparecer como que somos una organización violenta, lo cual es absolutamente falso”, remarcó.

“Nuestro objetivo es promover el diálogo, usamos el cauce pacífico; creo que lo que quieren es desprestigiar cualquier acción de la izquierda”, concluyó la congresista Foronda.

FUE ALGO PATÉTICO

“Fue realmente algo patético”, sostuvo Hernando Cevallos, del Frente Amplio, quien refirió que Pedro Olaechea convocó a los voceros para llegar a un acuerdo en torno al caso de los legisladores de esa bancada.

“Llegamos y dijo el presidente Pedro Olaechea ‘Por favor, vamos a ver unos videos’. Enseñó los videos -sesgados- de lo que sucedió, hubo un intercambio de opiniones y los portavoces consideraron que ese no era un espacio para conversar este tipo de cosas”, indicó.

“Que si alguno pensaba que había algún problema, que lo denuncie de manera formal en la Comisión de Ética, pero que allí no es el espacio para pasar videos donde aparecen supuestamente imágenes que puedan comprometer a algún congresista en temas del conflicto minero”, indicó.

PRETENDEN AISLAR AL FRENTE AMPLIO

Para Cevallos, el presidente del Congreso tenía el objetivo de “generar algún tipo de acuerdo para aislar al Frente Amplio. De una manera vergonzosa y sin aviso previo, y sin coordinar con nadie, pasa videos editados, sesgados. La verdad que es una vergüenza”, ponderó Cevallos, quien reafirmó que “la Junta de Portavoces no es para eso”.

“Al final, en lo que terminó la reunión es en una exhortación a que, cuando suba gente a las galerías, se tenga cuidado de que cuiden las formas”, contó el parlamentario”, precisó.

ALGO MÁS

“Pudo, por ejemplo, preguntar al Ministerio Público, que estuvo presente en ese momento, averiguar la hora en que llegaron los congresistas, pedir la opinión del viceministro de Trabajo. Nada de eso se hizo. Simplemente pasó unos videos que alguien le alcanzó. Creo que es el mismo video que pasó Panorama el domingo, según me dijeron”, señaló el legislador.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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