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Perú: Un mendigo sentado en un banco de cobre, oro y gas

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Barras lingotes de oro

LA MINERÍA DEBE SEMBRAR AGUA

Próximos al mensaje presidencial por fiestas patrias y a un año de celebrar el bicentenario de la independencia del coloniaje español, es importante señalar e incidir sobre los problemas más urgentes que tiene la sociedad y economía peruana desde la perspectiva del sector más importante de la economía peruana: el sector minero/energético.

Algunos dirán sobre todos los ambientalistas que la agricultura es el sector más importante de la economía peruana, pero se podría discutir que el sector agrario tradicional y no tradicional no emplea más del 25 % de la población económicamente activa (PEA) con una baja productividad en los minifundios, y más del 50% de los alimentos que cubren la canasta familiar son de contenido importado, lo cual demuestra la ausencia de una política agraria.

En cambio el sector minero/energético explica más del 65 % de las divisas sea por las exportaciones de productos mineros, gas y petróleo. Con esas divisas se compran medicinas, alimentos, maquinaria y equipo, insumos para el funcionamiento de la economía.

A ello debe sumarse que la generación eléctrica en casi un 50% tiene su origen en la quema de recursos hidrocarburíferos como el gas natural y el petróleo diésel 2. ¡Sin energía no hay desarrollo!

El debate sobre estos problemas, es más urgente y necesario en la presente coyuntura donde se reproduce la oposición política al proyecto minero de Tía María anteponiendo la minería a la agricultura, como si fueran incompatibles, con el viejo lema de “agua sí, minería no”, “agro sí minería no”.

Esta falsa oposición que ha paralizado la inversión minera como en Cajamarca, y hoy dicho departamento tiene el triste privilegio de estar considerado como una región semiparalizada, en una reproducción simple para la subsistencia con una pobreza creciente, a pesar del gran potencial minero que tiene en el subsuelo.

VENTAJAS COMPARATIVAS

Siempre he sostenido que la minería formal es una fuente de riquezas, y es el motor de la economía peruana, gracias a unas ventajas comparativas, tales como los bajos costos de producción, bajos salarios y una permisiva tributación, que debe superarse.

Sin embargo, los efectos benéficos de la inversión minera, son tales que generan los ingresos, el poder de compra a los actores económicos que nos permite crecer como economía, con todos los problemas. El levantamiento y construcción de Tía María ¿cuánto empleo directo e indirecto generaría en el valle del Tambo?

Por ahora, no existe sector económico alguno salvo el narcotráfico que concentre el interés económico de las transnacionales mineras y del mercado mundial. Por tal motivo, el problema no son las empresas sino los términos de negociación que hace un “estado mercantilista y entreguista” de sus recursos naturales, con el gran capital y las empresas transnacionales.

Por ello, una nueva política minera debe incidir y comprometer un “mayor valor de retorno”, es decir ¿qué y cuánto vas a comprar a la industria local, y a nuestros agricultores? En el valle del Tambo, cuánto empleo y qué compraría la SPCC a los agricultores.

En el mismo sentido, se debe tener mayores ingresos fiscales por la actividad minera, sin devoluciones tributarias que convierten al estado en un estado insolvente para resolver las necesidades de salud, educación y seguridad para sus ciudadanos.

COMPLEMENTARIEDAD

Desde mi punto de vista siempre he apostado por la viabilidad conjunta de la minería y la agricultura, pues ambas actividades resultan complementarias y necesarias, la minería ligada al mercado externo (divisas) y la agricultura para la alimentación, y básicamente ligada al mercado interno, con una mayor productividad.

En el conflicto político, la oposición de parte de la población del valle del Tambo/ Islay en Arequipa tendría la razón cuando se opone y protesta ante lo que considera una agresión de una empresa transnacional mexicana Grupo México, que tiene oscuros antecedentes de contaminación en sus operaciones en el país azteca, y en la región no genera la confianza necesaria para el desarrollo del proyecto Tía María.

Sin embargo, se soslaya las importantes inversiones que tuvo que asumir SPCC (Grupo México) en la unidad de refino y fundición de Ilo (Moquegua) en el 2005/2007 con la construcción de la planta de ácido sulfúrico para la captación del dióxido de azufre (SO2) que se vertía al medio ambiente, y que con su captación hoy se produce ácido sulfúrico, un insumo que se utiliza en la gran minería, y que también se exporta a Chile y otras partes.

Es decir, fue una política de estado la que obligó a una gran transnacional a la construcción de una planta industrial para preservar el medio ambiente, según las normas que se impusieron a partir de mediados de los años noventa del siglo pasado.

Lo mismo se debe asegurar para hacer viable la inversión minera en el proyecto de Tía María donde se han de explotar yacimientos de cobre por más de 120 mil toneladas anuales equivalentes en fino, cuyo tratamiento se hará en la refinería de Ilo (Moquegua)

Por tanto, no existiría peligro de contaminación mediante humos ni gases contaminantes pues el concentrado de cobre que se extraiga será tratado en la unidad de Ilo, como se refinan los concentrados de Cuajone, unidad de la SPCC que está ubicada a una mayor altitud del rico valle de Moquegua, a menos de una hora de trasporte.

MINERÍA CON VALLES

A cerca de 90 kilómetros al sur de Lima, en el distrito de Mala/Cañete, se ubica la unidad minera de Mra. Condestable que emplea a más de 3,000 trabajadores directos e indirectos, con una producción anual de concentrados de cobre, en un equivalente de 25 mil toneladas de cobre en fino, sin mayores efectos sobre la contaminación.

Si bien es verdad, dicha explotación es de operaciones en subterráneo, y cada madrugada se escuchan las explosiones producto de las actividades de minado y exploración, los efectos negativos están por el lado de las externalidades, tales como la violencia y delincuencia urbana, el incremento del valor de las tierras, prostitución, aumento de precios en un valle que supera los 100 mil habitantes.

Es decir, la actividad minera de la Mra. Condestable se desenvuelve entre el circuito turístico comercial de Asia, con construcciones en varios balnearios, y un rico valle de más de 4,500 hectáreas, que produce manzanas, uvas, plátanos, sin una afectación ambiental que lamentar por el manejo responsable de los relaves y residuos mineros.

En tal sentido, los casos de convivencia de la minería con la actividad agraria y ganadería son múltiples tanto a nivel nacional e internacional, si se asumen los principios de la responsabilidad social y ambiental.

Es más, gracias a la “ley de cierre de minas” que se aprobó en el mandato del ex presidente Alejandro Toledo, existe la obligación de deducir año por año un valor para la remediación del territorio cuando se agote el mineral. Ello significa que se deben abandonar las hectáreas de la concesión en tierras aptas para la agricultura y la ganadería, y esta es una obligación legal de todas las empresas mineras formales.

¡El problema es que SPCC del Grupo México no genera confianza y su pasado la condena!

Oleoducto tubería gas licuado de petróleo

INVERSIONES EN LA REGIÓN

Al margen de la importancia sobre la necesidad de la inversión minera, con más de US $ 1,400 millones de dólares que deben “gatillar” otras inversiones en la región y en el país, el conflicto reproduce la debilidad del estado ante las presiones de los grupos empresariales tipo “Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía” y de la población movilizada con alcaldes distritales, bajo las banderas ambientalistas, que rechazan sí o sí la actividad minera por el peligro de contaminación al valle en razón de su cercanía.

En verdad, en dicha localidad se está definiendo el futuro minero del país, y por tanto el crecimiento económico de los próximos años pues está demostrado hasta la saciedad que existe una correlación positiva entre la inversión minera y el PBI del Perú.

Pero resulta evidente que ello significa poco o nada para la población de los distritos que conforman el valle del Tambo (Cocachacra, Punta de Bombón etc.), pues el crecimiento y la riqueza no llega o no se materializa en la vida cotidiana de la población de agricultores que no son campesinos, pues como pequeños granjeros, independientes con acceso a la información y a los medios de comunicación, hacen respetar sus derechos.

Agricultores con una larga tradición de lucha que producen cebollas, ajos, arroz, verduras y que en algunos casos, producen y exportan hasta papas para abastecer las pollerías de la ciudad de Arequipa y La Paz (Bolivia). Es decir, están ligados al mercado, y tienen una grave desconfianza a la inversión minera y la posible contaminación del valle.

En tal sentido, lo que está en juego es el modelo primario exportador que con todos sus defectos y debilidades nos ha permitido crecer en los últimos años con una importante reducción de la pobreza, de allí la importancia de generar confianza, un diálogo sin presiones, “maximizando las coincidencias y minimizando las diferencias”

DIÁLOGO DE SORDOS

En tal sentido, no ayudan las presiones ni ultimátum ni las poses políticas radicales como la del gobernador de Arequipa que amenaza al Presidente de la República, y “le da setenta y dos horas” para anular el permiso de construcción al proyecto minero Tía María.

La región de Arequipa con todas las críticas que se pudiera hacer, es una de las principales regiones perceptoras de canon y regalías gracias a la actividad minera.

Allí, operan mineras como Cerro Verde, Arcata, Ares, Orcopampa, Batea, San Juan de Churunga, etc. y bajo su subsuelo existe un gran potencial minero que debe monetizarse con responsabilidad social y ambiental.

En lo particular me asombra la debilidad del sector empresarial minero que no genera una corriente de opinión favorable en términos sociales en los trabajadores y jóvenes, a favor de la actividad minera y su ligazón con la industria en la generación de empleo.

Los sectores fundamentalistas contrarios a la minería formal, con una serie de organizaciones no gubernamentales (ONGs), que apuestan por “el buen vivir”, soslayan e ignoran los efectos nefastos de la minería informal e ilegal sobre el medio ambiente.

Allí, los líderes y voceros políticos de la izquierda tradicional, si alguna vez fueran gobierno, cabría preguntarse ¿qué harían frente a las inversiones mineras? y ¿cómo plantearían sus relaciones frente a la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía? ¿Se estatizarían las minas como el programa comunista del siglo pasado?

EPÍLOGO

Estamos lejos del 2010 cuando el gobierno de ese entonces encargó a un organismo internacional de las Naciones Unidas (UNOPs) la evaluación del estudio del impacto ambiental (EIA), donde con rigor científico se hicieron más de 125 observaciones, varias de ellas de singular importancia.

De allí el compromiso de la empresa SPCC de usar agua de mar para sus operaciones de lixiviación del cobre, y no utilizar las aguas del río Tambo, es más sería positivo el compromiso de construir en la cabezera de cuenca una serie de reservorios que permitan el acceso al agua en época de sequía. ¡La minería debe sembrar agua!

Esta era una de las principales observaciones que supongo han sido levantadas en el Ministerio de Energía y Minas, y las mismas debieron ser difundidas masivamente, pues era predecible la oposición social de parte de la población hacia el proyecto, y el aprovechamiento de los “anti mineros de siempre”.

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Política

Para fujimorismo, el diálogo es un canje de impunidad

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón y Martín Vizcarra Cornejo

El analista Miguel Jugo consideró que la intención real del pretendido diálogo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, propuesto por el fujimorismo a través del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, es presionar al Ejecutivo para la aceptación de “determinados requerimientos”. “Cuando el fujimorismo habla de diálogo, ellos piensan en negociar cosas concretas. Creo que el primer escenario que manejan es el de tratar de convencer al Presidente de que acepte determinados requerimientos, plantearle un canje donde ellos puedan hallar impunidad”, afirmó.

“Recordemos que el fiscal Pérez ha anunciado que tiene cerca de 50 colaboradores eficaces en la acusación contra Fuerza Popular. Entonces, lo que quieren es que el Presidente le quite respaldo político a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato”, agregó.

Para Jugo, es claro que el otro escenario que maneja Fuerza Popular es el de la vacancia. “Y para eso están organizando a sus filas y tratan la propuesta como si fuese un capricho del Presidente. Este Congreso no representa para nada a la población”, señaló.

SU TÁCTICA ES INSULTARLO

Ante el constante asedio al que pretenden someter al presidente Vizcarra -gestión de Mauricio Mulder por la vacancia, anuncio del Apra de rechazar el adelanto de elecciones, intención de Gilbert Violeta de limitar la cuestión de confianza, confrontación irrespetuosa de Pedro Olaechea- Jugo señaló que el fujimorismo “está implementando su táctica”, en la cual supuestamente se habla de buscar el diálogo, pero con una clara intención de imponer.

“El mismo Presidente lo reconoció en su libro cuando intentaron vacar a PPK: el fujimorismo busca que agache la cabeza como los caballos ante su domador. Entonces, ¿cómo se puede hablar de diálogo con gente que lo ha calificado hasta de ‘mal nacido’? Se busca doblegarlo para someterlo a los dictados de ellos”, advirtió.

Lo peor de todo, agregó Jugo, es que no buscan “someterlo” a un plan de gobierno o defensa del país, “sino a la defensa de sus intereses particulares, a la corrupción”.

SEPTIEMBRE ES EL LÍMITE

Respecto a la decisión del primer mandatario de fijar el mes de setiembre como el límite para aprobar el adelanto de elecciones – lo cual emplaza directamente al Parlamento -, Jugo indicó que el presidente Vizcarra “demostró el 28 de julio estar consciente de que existe una campaña de parte de Fuerza Popular y otros grupos vinculados a temas de corrupción para sacarlo del cargo”.

“Esos grupos consideran que el Presidente maneja la Fiscalía, y se puede notar en el caso del pedido fiscal para revocarle la prisión preventiva a PPK, en que le echan la culpa al Presidente. Se están jugando la posibilidad de impedir muchas investigaciones a varios de esos congresistas”, indicó.

Jugo recordó que el presidente Vizcarra también ha manifestado que si el adelanto de elecciones no es una salida, está abierto a escuchar alternativas. “Un marco constitucional no puede negar la posibilidad de una salida democrática, que es lo que queremos todos los peruanos, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y que tengamos una nueva representación acorde con lo que quiere el país”, añadió.

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Política

La calle se hará escuchar

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En cuanto al necesario respaldo popular que debe encontrar el presidente Vizcarra en la propuesta de adelanto de elecciones, Miguel Jugo advirtió que la ciudadanía en los últimos años “ha aprendido a reaccionar ante escenarios donde se nota claramente la acción de la corrupción”.

En ese sentido, recordó las manifestaciones espontáneas incluso en fechas festivas como 24 y 31 de diciembre, cuando miles marcharon en protesta por el indulto a Fujimori o por la destitución de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“A la población ahora no la sorprenden. Lo que pasa es que, por diversas razones, no se produce todavía el elemento disparador para estas movilizaciones. Pero si bien es cierto no hay todavía una disposición en la gente de salir a la calle, quizás porque se piensa que las cosas se pueden manejar, sí creo que una vez que se gatille la protesta el efecto va a ser muy fuerte y duradero”, sentenció.

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Política

Hasta las puertas de la Confiep

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No a la reforma laboral esclavista

El viernes por la noche miles de manifestantes llegaron hasta la sede de la Confiep en San Isidro, en el marco de la jornada de protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y sus bases sindicales. Los manifestantes protestaron por las políticas laborales impulsadas desde la Confiep y exigieron el adelanto de las elecciones para acabar con la corrupción.

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