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Perú: por una nueva minería. ¿Qué hacer?

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Mineros minería

URGE REVISAR EL MARCO TRIBUTARIO MINERO

No existe en la historia del capitalismo una experiencia donde un país haya alcanzado el desarrollo, o un mejor bienestar para su población con la producción de materias primas en la forma de concentrados mineros, por más importante que sea su participación en la generación de divisas. En la minería peruana de cada 100 dólares de ingresos de exportación 60 como promedio son generados por la actividad minera.

Sin embargo, lo que debiera interesar es ¿cuánto de esa riqueza se queda en el país? Para ello es importante la categoría valor de retorno o valor retenido. Es decir, cuánto de dicha riqueza se queda en la economía como ingresos fiscales, sueldos y salarios pagados a sus trabajadores y sobre todo las compras a la industria local y regional. De allí las bondades y las miserias de la inversión minera. Es decir, la elevada rentabilidad para el capital y los franciscanos ingresos fiscales.

EL FIASCO TRIBUTARIO

Al respecto, hemos demostrado en artículos anteriores que la participación fiscal directamente generada en la riqueza minera es mínima. En un año de auge, es decir con buenos precios, no supera el 9% de todos los ingresos de exportación. En un año regular como el 2018 apenas participa con un 3% del 100% de los ingresos de exportación, y en un año malo como el 2016 se les tenía que devolver más a las empresas en relación a los ingresos tributarios y no tributarios que percibía el fisco. ¡Es decir, el conjunto de la economía peruana tenía que subsidiar al rico sector minero!

En tal sentido, es de prioridad e interés nacional que el Estado como representante de la Nación y titular sobre los recursos naturales, aumente su participación en la riqueza minera creada, en razón del fracaso del “nuevo marco tributario minero” establecido por la pareja presidencial Humala & Heredia a fines del 2011 que impuso el gravamen minero, y el impuesto extraordinario minero que los capta el propio Ministerio de Economía y Finanzas, como las nuevas regalías.

La propaganda del gobierno humalista con el gabinete Lerner anunciaba con bombos y platillos que el fisco percibiría por lo menos 3,000 millones de soles anuales. En tal sentido, a lo mucho se alcanzó menos de la mitad de esas cifras, pues las empresas con un bolsillo pagaban y con el otro bolsillo recuperaban lo pagado vía un menor impuesto a la renta, como se puede verificar con las cifras. ¡Se les hizo un gran favor a las grandes empresas mineras con un falso y corrupto nacionalismo!

POR UN ESTADO EFICIENTE

En verdad, gracias a los beneficios tributarios y las devoluciones de impuestos prácticamente los ingresos fiscales como participación de la riqueza creada (ingresos de exportación), se han derrumbado de un 9% a un 3% como se señaló en el artículo anterior (Perú: Líder Mundial y en la Cola del Desarrollo), por ello tenemos un Estado, entiéndase Gobierno Central, Regional y Local sin recursos suficientes, realidad que se agrava por la corrupción que compromete a centenares de autoridades regionales y locales.

De allí la necesidad de la adopción de una serie de medidas que permitan incrementar los ingresos fiscales netos, sin devoluciones ni beneficios tributarios. Esta serie de beneficios tributarios fueron establecidos a inicios de los años noventa del siglo pasado, cuando el Perú era considerado un país sin crédito internacional y un paria a nivel mundial en razón de las políticas populistas y guerra interna de los años ochenta del siglo pasado.

En el término de la segunda década del siglo XXI y próximos al bicentenario (2021), el Estado peruano debe aumentar su participación en la riqueza minera si es que se pretende satisfacer las necesidades normales que todo estado debe asumir. En especial la seguridad integral, que no solamente es asegurar a la población la seguridad contra las prácticas delictivas que se ha convertido en el principal problema nacional.

También se trata de obtener mayores recursos para satisfacer las necesidades apremiantes de salud y educación de calidad para las grandes mayorías donde la cultura, el nivel de educación pública tiene uno de los más bajos niveles en el mundo.

¿DE QUÉ SE TRATA?

No debiera existir duda que estamos ante el sector más importante de la economía peruana por una serie de considerandos. No se trata de repetir las monsargas de siempre, que estamos ante el sector que convoca las mayores inversiones privadas. Igualmente que nuestro país ocupa un nivel liderazgo a nivel mundial 2º productor de cobre y plata por ejemplo. Y que es también el más importante generador de divisas de la economía.

Por el contrario, se podría replicar que también es el sector que menos participa en relación a la riqueza creada y que es una fuente renovada de conflictos sociales provocados por una actividad que irrumpe en sociedades tradicionales campesinas que demandan al capital privado el “desarrollo” cuando este es una obligación del Estado.

También se podría afirmar que la actividad minera es una fuente de contaminación si se trata de la cantidad de pasivos mineros sin resolver ante la incapacidad del Estado. En especial, ello es grave si se trata de la informalidad minera, sobre todo en la explotación aurífera no solamente en Madre de Dios, sino a nivel nacional.

Por ello el cuadro, “Perú: Mayor Producción Minera con Pobreza Fiscal y Precios Promedio de los Minerales” resulta ilustrativo en especial del oro y cobre en el período 2010 al 2018, con un promedio de los precios que explica la alta rentabilidad del sector, que resulta un “tomador de precios”; es decir, los precios resultan exógenos a la economía peruana, pues se forman en el mercado internacional, y ello explica con los bajos costos de producción interna, la elevada rentabilidad del sector que no es compartida con el Estado… ni con los trabajadores.

Perú: Mayor Producción Minera con Pobreza Fiscal y Precios Promedio de los Minerales

ORO INFORMAL

En promedio los volúmenes exportados según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) resultan superiores a los seis millones de onzas troy por año, a pesar de los menores rendimientos productivos en las minas más ricas del mundo como fueron Yanacocha en Cajamarca y Pierina en Áncash bajo la responsabilidad de los grupos transnacionales mineros Newmont y Barrick respectivamente. Esta última sometida a un programa de cierre sin mayores aportes a la región.

Al respecto hemos demostrado que la producción exportada de oro no coincide con la producción fiscalizada por el propio Ministerio de Energía Minas (Minem), y la diferencia es de más de un millón de onzas por año. Es decir, la producción que se exporta y no registra producto directo reconocido es casi el 25% de la producción exportada. ¡Un grado de informalidad imposible en una sociedad moderna!

Esta grave informalidad en la producción aurífera no solamente no abona los impuestos, ni paga regalía alguna, sino que resulta altamente contaminante por la masiva utilización del mercurio, insumo minero que tarda más de 100 años en licuarse, contaminando ríos, lagunas y en general el medio ambiente, a ojos vista de un estado que reacciona tarde ante esta realidad perversa.

En la producción aurífera la rentabilidad es elevada a pesar de los conflictos sociales, pues con precios promedio en el periodo 2010/2018 de 1,341 dólares la onza y costos de producción que promedian los 500 dólares por onza, el excedente es alto.

En el período considerado se han producido y exportado más de 55 millones de onzas que a precios promedio de 1,341 dólares ha generado una gran riqueza para las grandes y medianas empresas, y migajas fiscales, con deterioro ambiental y explotación de la fuerza de trabajo.

Es más, si los precios disminuyeran a los 800 dólares la onza el negocio sería todavía rentable. Prueba de ello es que muchas empresas formales o con denuncios mineros “alquilan” concesiones mineras y compran la producción a terceros, abonando hasta los 800 dólares por onza.

ELEVAR LOS DERECHOS DE VIGENCIA

En tal sentido, ante la incapacidad de los Gobiernos Regionales de fiscalizar a la pequeña minería y minería artesanal que abonan entre un dólar y medio dólar por hectárea concesionada respectivamente, muchas empresas mineras formales organizan y forman pequeñas mineras que están alrededor de la gran minera. Con ello se saca la vuelta al Estado y muchas veces no abonan regalías ni impuestos.

Al respecto bien haría el Estado en elevar los derechos de vigencia mineros como un mecanismo de frenar la concentración de los derechos mineros y también la especulación, pues muchas de las concesiones son explotadas informalmente y le pagan al “titular minero ausente” hasta regalías del 40% del valor de la producción, a vista paciencia del propio Estado nacional y regional.

En un país moderno sería inaceptable que casi el 25% de la producción exportada no tenga productor reconocido, de allí los casos delictivos tipo “Peter Ferrari”, donde se mezclan evasiones fiscales con lavados de activos y otras consideraciones.

En promedio, los ingresos por derechos de vigencia que se abonan por acceder a las concesiones mineras superan los 270 millones de soles donde la gran minería abona 3 dólares por hectárea concesionada, cifra ridícula a nivel internacional, de allí la expansión en los denuncios mineros que prácticamente se extienden en todo el país generando conflictos sociales por la falta de planeamiento del propio Estado.

Estos derechos mineros debieran incrementarse de manera significativa, pues el 75% de dichos ingresos se transfieren a las regiones mineras, y se trata de dotar de recursos a los Gobiernos Regionales para que puedan supervisar con eficiencia a la pequeña y minería artesanal. Estas se expanden a nivel país como una alternativa laboral en una especie de capitalismo salvaje tipo el oeste de Norteamérica, donde rige la ley del más fuerte ante la ausencia del Estado.

COBRE DUPLICA SU PRODUCCIÓN

En la producción cuprífera donde el Perú es el segundo lugar a nivel mundial con más de 2.4 millones de toneladas anuales, la producción acumulada en el período del 2010 al 2018 supera los 34 mil millones de libras, que han tenido como precio promedio US$ 310 centavos por libra.

Un precio atractivo, súper rentable si se recuerda que la Minera Antamina proyectó en el 2001 un precio promedio de 90 centavos de dólar en los primeros quince años, con una tasa de rentabilidad conservadora del 14%.

La rentabilidad cuprífera se demuestra al relacionar los precios internacionales con los costos internos de producción que fluctúan entre US$ 125 centavos a un US$ 150 centavos por libra. Por tanto, con tales precios promedio el excedente que resulta en el diferencial entre precios y costos, es uno de los más elevados en el mundo y el fisco no está participando de dicha riqueza, como se ha demostrado en razón de los múltiples beneficios tributarios.

Al margen de las transnacionales que operan en el sector tales como Soc. Mra. Cerro Verde, Cía. Mra. Antamina, Southern Perú Copper Corp. Y Cía Mra. Antapaccay debiera interesar la presencia de los capitales del estado chino.

Sí, el estado de la China Popular a través de sus empresas Mra. Las Bambas (Apurímac) y Mra. Chinalco (Junín) prácticamente es el primer productor de cobre en nuestro país, con una serie de conflictos sociales que han demostrado una vez más la debilidad del Estado central y regional.

Con la producción conjunta de Las Bambas y Chinalco donde más del 95% de la misma se destina a la matriz china como parte de una política de estado a largo plazo en el marco de la pugna por la hegemonía mundial con los EE.UU. Es más, la mayor proporción de la producción minera tiene como destino final el mercado asiático; por tanto, se podría decir ¡Si la China Popular tiene un resfrío al Perú le da pulmonía!

EPÍLOGO

En resumen, la producción minera de cobre se ha duplicado prácticamente y la producción de los otros minerales en el periodo considerado sea del oro, zinc, plomo y plata se ha mantenido como resulta evidente en el cuadro correspondiente.

Hacer de la minería un motor de desarrollo supone imponer vía mecanismos de mercado la superación de la grave informalidad sobre todo en las concesiones mineras en especial auríferas a nivel país, pues casi un 25% de la producción no tiene productor directamente reconocido.

En la misma forma se debe apostar por un nuevo marco tributario en la minería que no genere tales distorsiones, donde las “devoluciones tributarias” a las empresas mineras sean mayores a los ingresos fiscales, gracias a los beneficios tributarios que gozan las empresas del sector que tienen una elevada rentabilidad demostrada ante un Estado misio.

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Política

Fujimorismo ya gobierna de facto

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

Ante la inminente toma del Tribunal Constitucional (TC) por parte del fujimorismo, y considerando el antecedente de blindajes y boicot a la reforma de justicia, el secretario general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jorge Bracamonte, indicó que el país se encuentra en un golpe de Estado dado por el fujimorismo. “Estamos frente a una suerte de golpe institucional del Congreso frente a otros poderes del Estado, al pretender coparlos y alinearlos a los intereses del fujimorismo. En la práctica es un golpe perpetrado desde el propio Congreso de la República”, afirmó.

“Es claro que la intención de copar los poderes del Estado es para garantizarse impunidad para actos delictivos cometidos por miembros de diferentes fuerzas políticas; está el caso de Alan García con Odebrecht, el financiamiento de Fuerza Popular y las investigaciones a su exsecretario general Joaquín Ramírez. Estamos frente a fuerzas políticas que actúan como bandas criminales”.

BUSCAN UN TC LEAL AL FUJIAPRISMO

Además, cuestionó que sea este Congreso “sin legitimidad y que ha blindado corruptos” el que tenga que nombrar a los miembros del TC para los próximos 7 años. “El TC es fundamental para el sistema de justicia del país, tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, pero pretenden nombrar a un conjunto de miembros que se van a deber más a las lealtades políticas a Fuerza Popular y al Apra antes que a los ciudadanos”, indicó.

Bracamonte calificó de “nueva repartija” el intento del fujimorismo por tomar el TC. “No se puede politizar las instituciones públicas como descaradamente lo hace el fujimorismo y sus aliados. Los ciudadanos tenemos que salir a protestar porque no es posible que el Congreso llegue a tal nivel de cinismo y atente contra una institución que debería estar fuera de toda mancha de estar comprado por los partidos políticos mayoritarios del Congreso”, señaló.

Por otro lado, indicó que “el presidente Martín Vizcarra no puede pretender que el diálogo se abra exclusivamente con el Congreso y su presidente Olaechea”. “Él debe convocar a un diálogo nacional, el país requiere construir consensos para avanzar hacia una transición para fortalecer las instituciones del Estado acechadas por las fuerzas criminales, pero además avanzar en reformas que garanticen bienestar para los ciudadanos”, agregó.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

Respecto a las innumerables sugerencias de diversos analistas y actores políticos que piden al Presidente plantear ya la cuestión de confianza, Bracamonte recordó que “desde la Coordinadora Nacional de DDHH hemos dicho que el Presidente debe plantear la cuestión de confianza por la propuesta de adelanto de elecciones, no podemos estar sometidos al chantaje de un Congreso cuya mayoría lo ha conducido al absoluto desprestigio y falta de legitimidad”.

Finalmente, coincidió con el parlamentario Marco Arana respecto a solicitar el pronunciamiento de instancias internacionales. “Será importante contar con las opiniones de la relatoría sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones sí tienen carácter vinculante porque son parte de nuestro ordenamiento constitucional, por los tratados suscritos y ratificados por el Perú”, indicó.

VIZCARRA TIENE RESPONSABILIDAD

Por su parte, el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, advirtió que “se ha constituido un poder paralelo por parte del fujimorismo y esto se ha consolidado en gran medida por la vacilación del presidente Vizcarra”. “Toda esta telenovela que se ha hecho alrededor del adelanto de elecciones, desde el comienzo estaba claro que iba a tener la obstrucción de la mayoría fujimorista”, indicó.

Otta consideró que “se han perdido dos meses valiosos, pues con la disolución del Congreso (luego del mensaje presidencial del 28 de julio) ahora ya estaríamos convocando a elecciones”. “Es evidente que la respuesta del fujimorismo ya está definida, van a votar en contra y por eso apuran el cambio del TC”, añadió.

MOVILIZACIÓN ÚNICA SALIDA

“El Presidente confunde sondeos con movilización popular; que haya un 80% de repudio al Congreso no significa que exista un movimiento social combativo y organizado. Lo que le queda a la ciudadanía es salir a las calles, lograr una gran movilización social que obligue a materializar ese pedido de que se vayan todos, el Congreso y el Ejecutivo, que también sirve a transnacionales”, concluyó.

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Política

Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

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Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

El Frente Amplio solicitó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que lleva adelante la comisión especial del Congreso designada para tal fin.

El grupo parlamentario remitió oficios a Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y a Joel Hernández García, relator par el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para alertar sobre lo que consideran un intento de “cooptación política” de magistrados del TC.

La bancada solicita que se envíe una “carta de denuncia o un llamamiento urgente” frente a los graves hechos que, advierte, estarían poniendo en tela de juicio la transparencia y legitimidad en la futura elección de los magistrados del tribunal constitucional del Perú.

Frente Amplio pide pronunciamiento de la CIDH y relator de la ONU

Refiere que el 13 de setiembre se instaló la Comisión Especial del Congreso de la República, encargada de seleccionar a los postulantes al TC, la cual optó por elegir a los vocales por invitación, una de las modalidades previstas en la ley.

Sin embargo, advierte, que después del acto de instalación transcurrieron tres sesiones (lunes 16, martes, 17 y miércoles 18), siendo en la última donde se seleccionó a 11 postulantes sin especificar bajo qué criterios.

“Agrava las cosas que el mismo miércoles 18 se haya publicado la lista de los seleccionados, anunciándose al día siguiente que el lunes 30 de setiembre serán elegidos por el pleno del Congreso los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional”, señalan los oficios.

El Frente Amplio sostiene que estos hechos afectan a institucionalidad del TC, además de afectar la democracia, porque el mecanismo de selección impide la participación ciudadana, afecta un mínimo del debido proceso parlamentario e impide garantizar criterios mínimos de idoneidad ética y profesional de los postulantes.

Asimismo, la agrupación parlamentaria da cuenta que el proceso de selección de magistrados del TC se da en un contexto de un absoluto descrédito del Congreso peruano y mientra se debate un proyecto de reforma constitucional que adelantaría las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, a abril del próximo año.

ALGO MÁS

Menciona que uno de los principales fundamentos para el anticipo de elecciones “es el comportamiento errático y antidemocrático del Congreso a partir de su actual composición”.

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Política

Acuerdan en mesa de diálogo no recortar terrenos del campus

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Flor Pablo, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

La ministra de Educación, Flor Pablo, anunció que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se comprometieron a no recortar los terrenos del campus para la construcción del cerco perimétrico y el intercambio vial.

“El rector propondrá al Consejo Universitario de la UNMSM la resolución que oficialice la posición de la Universidad en un plazo de 15 días”, detalló la ministra Pablo en conferencia de prensa realizada después de la reunión que duró más de tres horas y que contó con la presencia del alcalde de Lima Metropolitana Jorge Muñoz, el rector de San Marcos, Orestes Cachay, y dirigentes estudiantiles.

Asimismo, se acordó que los involucrados convocarán a un diálogo técnico para elaborar el expediente del proyecto del cerco perimétrico e intercambio vial con la participación de los estudiantes, tanto de los órganos de cogobierno, la FUSM (Federación Universitaria de San Marcos) y los equipos técnicos conformados por profesionales en ingeniería civil y afines que provengan de la UNMSM.

En cuanto a los otros puntos del pliego de reclamos de los estudiantes, que generaron protestas en los últimos días, se indicó que el diálogo continuará a fin de buscar consensos.

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