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PERÚ: Pobreza fiscal y riqueza minera

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No debe estar en tela de juicio la afirmación sobre la importancia que tiene la actividad minera como generador de la demanda efectiva en la economía peruana. Es decir, genera los ingresos que permiten poder de compra a los diversos sectores, a las empresas proveedoras de bienes y servicios, a los trabajadores directos e indirectos, y al propio Estado que percibe fundamentalmente el Impuesto a la Renta, luego de una serie de deducciones, que convierten este recurso fiscal en un ingreso franciscano.

Debiera ser evidente que la materialización de un proyecto minero sea Quellaveco, Michiquillay, o la cuestionada Tía María tendría un efecto expansivo sobre la economía, entiéndase un efecto reactivador a nivel macroeconómico como regional. Todo proyecto demanda electricidad, combustibles, vías de comunicación, cemento, ladrillo, y sobre todo fuerza de trabajo, de técnicos, ingenieros y de una serie de profesionales ligados al sector.

Sin embargo, la percepción que se tiene de la actividad minera es crítica, negativa, en razón de los pasivos no resueltos que se han heredado desde el siglo pasado, en cada gobierno de turno. Al daño ambiental que hasta mediados de los años noventa no tenían regulación alguna ni existían los llamados programas de remediación ambiental, se suma el problema de la distribución del agua, donde se reproduce un falso debate entre la prioridad del recurso hídrico para la agricultura o minería. ¡Cuando millones de metros cúbicos de agua se pierden en la mar!

Es más, la existencia de círculos de riqueza en medio de la pobreza campesina despierta expectativas frente a un Estado ausente, incapaz de resolver los derechos a una educación y salud de calidad. La falta de comunicaciones, infraestructura al interior de nuestras provincias, la inseguridad ciudadana, hace que nuestra producción agraria se castigue con precios deprimidos. ¡De allí, que un cigarrillo que cuesta cincuenta céntimos sea equivalente a cinco kilos de papas, que representan meses de trabajo!

También agrava la situación la informalidad existente donde como sosteníamos en un artículo anterior, en nuestro país se exporta más oro en relación al registrado formalmente en el Ministerio de Energía y Minas. En los últimos años un promedio de un millón de onzas se exportan pero se desconocen los productores directos que evidentemente no abonan impuestos, ni pagan regalías y contaminan impunemente a vista y paciencia del Estado.

PERÚ: Pobreza fiscal y riqueza minera

POR UN MAYOR VALOR DE RETORNO
Es común decir que en promedio el 60 % de los ingresos de exportación desde nuestro país provienen de la explotación minera que básicamente está controlada por empresas transnacionales que operan simultáneamente en diversas partes del mundo, pero que se ubican en el Perú, atraídos por los bajos costos de producción, en especial de la mano de obra y una permisiva política tributaria.

Sin embargo, pocos se interrogan sobre ¿cuántos de esos ingresos se capitalizan, es decir se quedan en la economía peruana? Para ello la categoría “valor de retorno” resulta indispensable para estimar los efectos benéficos o perversos de las inversiones mineras.

Ello significa estimar cuánto de la riqueza minera generada año por año, se queda en el país como sueldos y salarios, participación de utilidades de los trabajadores, contribución en las aseguradoras privadas de pensiones, y las diversas contribuciones que tienen que realizar las empresas por un trabajador formal.

También forma parte del “valor de retorno” las compras que realizan las empresas mineras a las industrias locales, regionales y de cobertura nacional por bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la actividad. En tal sentido, ¡resulta inverosímil que empresas de servicio logístico a los proyectos mineros importen papas!

Por último, interesa estimar la participación fiscal generada por la explotación minera, donde el ingreso más importante es el Impuesto a la Renta pagado por los titulares mineros, que se reconoce como una renta de tercera categoría, que en nuestro caso es altamente dependiente de la evolución de los precios internacionales. Si los precios de los minerales aumentan como sucedió en la bonanza minera, los recursos fiscales se incrementaron como pasó entre el período 2004 al 2012, salvo el bajón del 2009 en razón de la crisis financiera que sacudió a la economía mundial.

PARTICIPACIÓN CÍCLICA
El cuadro “Participación del Impuesto a la Renta del Sector Minería Metálica frente a los Ingresos de Exportación” en el período 2004 al 2017 nos permite diferenciar claramente dos períodos en el comportamiento de la participación de los ingresos fiscales en relación a los ingresos de exportación.

El período de las “vacas gordas” 2004 al 2012, cuando los precios del cobre y oro especialmente se dispararon, el Impuesto a la Renta captado por el fisco sube de US $ 290 millones de dólares US $ 2,448 millones, el pico más alto después de lo obtenido en el 2011. Es decir aumentaron un poco más de 8 veces.

De otro lado, los ingresos de exportación en términos de valor pasaron de los US $ 7,124 millones de dólares en el 2004 para sumar los US $ 27,467 millones, lo cual significa que los ingresos se multiplicaron casi cuatro veces. Básicamente fue un incremento liderado por efecto precio, dado que los volúmenes de oro exportado se mantuvieron sobre los seis millones de onzas anuales y la producción del cobre sí se incrementó por efecto de la minera Cerro Verde especialmente.

Como usted podrá observar amable lector la participación relativa del Impuesto a la Renta en relación a los ingresos de exportación se incrementó de un modesto 4.07% en el 2004, para trepar al 15.95% en el 2007, y de allí salvo el 2009 que se tira al piso para representar el 6.08%, para mantenerse sobre el 9% entre el 2010 al 2012, durante el gobierno del comandante Ollanta Humala que cambió las reglas tributarias de las regalías y estableció un nuevo marco tributario absolutamente favorable para las empresas mineras.

Así, entre el 2013 al 2017 con el período de las “vacas flacas” el Estado tiene una crónica disminución de su participación transitando del 5.17% al 2.90% en el 2017, a pesar que la producción del cobre prácticamente se ha duplicado por efecto Cerro Verde, Las Bambas, Toromocho Antapaccay, minera Constancia entre otras.

Es decir, a más producción de cobre superando los 2.4 millones de toneladas anuales, con menores precios en relación a los precios vigentes del boom, el Impuesto a la Renta en general y cuprífero en especial se derrumba. Lo cual es negativo para el Estado, las regiones que perciben canon minero y los trabajadores a los cuales se les pagará una menor participación en las utilidades, en especial a los obreros y empleados de los nuevos proyectos mineros.

Las empresas aducen que dicho derrumbe de los ingresos tributarios se explicaría por los menores precios de los minerales, sin embargo desde un punto de vista crítico e independiente se debe al nuevo marco tributario establecido por “cosito” Humala, que al recrear las figuras del gravamen e impuesto extraordinario minero, con las nuevas regalías, todas ellas consideradas como “gasto”, es decir deducibles de la utilidad imponible. Todo ello tenía y tiene como efecto real, un menor abono del Impuesto a la Renta, que desde el 2012 al 2017 tiene un comportamiento en caída libre, como se puede observar en el cuadro respectivo.

UTILIDADES LABORALES EN SALMUERA
Estando próximos a la declaración jurada de parte de los titulares mineros en el mes de marzo a lo mucho, existe una legítima preocupación de parte de los trabajadores sobre la participación de utilidades que le deben corresponder, la cual se debe distribuir en el mes de abril a lo máximo en el mes de mayo.

La problemática de las utilidades laborales constituye una fuente renovada de conflictos por la escasa transparencia en la información contable/financiera de parte de las empresas, en especial de aquellas que no cotizan en la Bolsa de Valores, sea de Lima, New York o Londres.

Como se puede notar en el cuadro entre el 2016 al 2017 el Impuesto a la Renta regularizado por los titulares mineros expresados en dólares pasan de US $ 265 millones a US $ 788 millones. Es decir, se incrementan casi tres veces lo cual debiera significar un aumento importante del canon minero para las regiones mineras. Ello es bueno, pues los gobiernos locales, regionales más las universidades públicas tendrán más recursos para las inversiones respectivas, siempre y cuando se ejecuten con transparencia.

Sin embargo, para los trabajadores mineros el panorama no es tan halagüeño, pues las empresas tienen que recuperar sus inversiones reales y financieras. A más inversiones, mayor será el efecto “arrastre de pérdidas”. Con el comportamiento cíclico de los precios de los minerales, el deterioro de activos, las depreciaciones, amortizaciones, el gravamen minero como el impuesto extraordinario serán figuras deducibles para determinar la renta neta que sirve de base para la aplicación del 8% en la determinación de las utilidades mineras.

En conclusión, los efectos positivos o perversos de las inversiones mineras están íntimamente ligados al comportamiento de la categoría “valor de retorno”. Mientras mayor sea el valor retenido en la economía, mayor será la riqueza que fructifica el país, siempre y cuando se asuman las inversiones con responsabilidad social, ambiental y tributaria.

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Política

Ley de Financiamiento favorece la impunidad

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Rosa María Bartra Barriga

Esta nueva Ley de Financiamiento es muy controvertida, tan es así que Pier Figari, uno de los involucrados en el caso cocteles de Keiko Fujimori, ha pedido al fiscal Domingo Pérez que adecúe su proceso a la norma.

Lo peligroso de esta ley, es que los partidos pueden ser financiados con dinero proveniente de la trata de personas, la prostitución o el narcotráfico, pero estos hechos, pueden ser considerados financiamiento ilícito y no lavado de activos.

Es decir: en vez de recibir penalidades entre los 10 y 20 años de cárcel, obtendrán entre 2 y 8 años, favoreciendo, como se puede ver, la impunidad y el ‘no pasa nada’ en las organizaciones criminales infiltradas en los partidos.

Esto se debe evitar porque es inconcebible que los personajes elegidos lleguen a los poderes Ejecutivo y Legislativo con dinero sucio, oscuro, que, a la postre, le pasarán la factura como hizo la constructora brasileña Odebrecht.

ES UN TIPO PENAL NUEVO

El abogado Juan José Quispe, de IDL, se refirió a la Ley de Financiamiento Ilegal de Partidos Políticos, diciendo que es un tipo penal nuevo, similar al lavado de activos, pero que no es lo mismo.

“El dinero que viene para financiar a los partidos políticos se parece al lavado porque es de procedencia ilícita, dudosa. La diferencia con el lavado de activos es que el lavado de activos tiene otros componentes como la transferencia y ocultamiento y esto no lo tiene el financiamiento ilícito”, explicó.

Precisó que esta nueva ley ha servido de globo de ensayo contra la Fiscalía, en donde se pretende sostener que los casos que se le siguen a los implicados en caso de lavado de activos, son solo financiamiento ilícito.

“Por qué quieren eso -se preguntó y respondió-, porque la pena es menor:

entre los 2 y 8 años. La norma procesal establece que cuando hay una ley que se promulga y publica en el diario oficial El Peruano, es una ley que debería aplicarse por cuanto la Constitución Política del Estado avala la retroactividad”.

PÉREZ DEBE RECHAZARLA

Como es posible que el fiscal José Domingo Pérez declare infundado los argumentos de financiamiento ilícito, porque son delitos de lavado de activos, es también posible que vayan a la tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria, con el pretexto de que garanticen sus derechos constitucionales, para que se pronuncie y se cambie el tipo penal, dijo el jurista.

“Esto quiere decir que cuando vayan al juicio oral les pongan un máximo de 8 años. Esto es lo que ha hecho Pier Figari y que seguramente van a hacer los otros procesados por lavado de activos”, señaló.

“Es absolutamente absurdo que Figari y los demás digan que han cometido financiamiento ilegal cuando, por las pruebas que hay, han realizado lavado de activos; o sea, desde mi perspectiva no se adecúa a la nueva ley, por lo que el fiscal y el juez deberían declarar infundado”, puntualizó.

VIZCARRA NO LA OBSERVÓ

“Esta ley la promulgó Vizcarra. Acuérdese que el Congreso, de todos los proyectos de ley, aprobó un grupo que promulgó Vizcarra, que muy bien pudo observarla y devolverla, porque el Presidente tiene esa facultad. Tiene 15 días para observarla y devolverla. Pero no lo hizo”, recalcó.

“Aunque no nos guste, pero lo cierto es que fue un grave error del señor Vizcarra el aprobar y promulgar la ley, cuando pudo observarla. Hay que resaltar que como todos los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, la Comisión de Constitución lo que ha hecho es deformar los proyectos de ley del presidente Vizcarra”, anotó.

Lo que buscan los partidos políticos es acogerse a esta nueva ley, porque no solamente recibieron el dinero sino que no figuró en las actas de ingreso y sirvió para otras actividades de transformación, ocultamiento, comentó.

Este es el caso de Fuerza Popular que lo utilizó para comprar votos, ganarse a los votantes, a través de actos dudosos y contrarios a un correcto tema electoral. O sea, comprar y regalar polos, tapers, en fin; cosas que no son propias de un partido político en una democracia en que se imparten ideas, enfatizó.

UN DINERO MAL HABIDO

“El dinero puede venir de la trata de personas, de la prostitución, del narcotráfico; y, hasta cierto punto, hasta antes de la promulgación de esa ley, una persona metida en esos asuntos ingresaba de lo más normal al partido político”, expresó.

“Ahora, ese dinero ilegal va a ingresar, pero la sanción es leve. Se ha debido poner penas altas, para que ni el financiamiento, ni los actos de transformación u ocultamiento, que sería lavado de activos; por ello, ambos deberían tener penas altas, para que las organizaciones políticas no reciban dinero mal habido”, advirtió.

“Porque sino los Oropeza, la banda de Los Injertos, etc., pueden estar dando dinero, como Odebrecht, y esto no debe suceder, no se debe permitir; esos delitos deben ser sancionados con la mayor rigurosidad, porque los partidos políticos llegan finalmente al poder y no deben hacerlo con dinero sucio”, subrayó.

ALGO MÁS

“Creo, finalmente, que en modo alguno deben aplicar los fiscales y jueces, esta ley de financiamiento ilegal, porque le hace mucho daño a la lucha contra la corrupción”, concluyó el abogado Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Técnicamente, es factible adelantar elecciones

Publicado

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra sostuvo ayer que técnicamente es factible el adelanto de elecciones como lo han señalado los organismos electorales ante la Comisión de Constitución del Congreso, y dijo confiar en que el pleno resuelva la reforma en setiembre. Vea aquí la galería fotográfica

Recordó que esta semana se presentaron ante la comisión los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

“Lo han dicho las instituciones encargadas de llevar adelante el proceso, adicionalmente están pidiendo opiniones de constitucionalistas que dicen que no hay problema”, refirió el Mandatario desde Moquegua.

SALUDÓ INICIO DEL DEBATE

Saludó también el inicio del debate de la reforma, el 3 de setiembre, en la Comisión de Constitución, aún cuando fue presentada por el Ejecutivo el 29 de julio, y dijo esperar que en setiembre se concluya con un pronunciamiento en el pleno.

“No solo es la propuesta del Ejecutivo para salir del ‘entrampamiento’ político, la respalda también la población”, refirió tras participar en la segunda conferencia sobre defensa y gestión del riesgo de desastres en la Macrorregión Sur.

“El Congreso está tocando el tema y está avanzando al respecto. Esperemos que en los próximos días y antes que concluya el mes de septiembre finalmente se llegue a la decisión del pleno del Congreso”, enfatizó el mandatario.

Comentó además que son por lo menos ocho las bancadas parlamentarias que han dado a conocer su posición en favor del adelanto de elecciones, con seis de las cuales se ha reunido.

APOYA A LA FISCALÍA

“Creemos que en función de que se analice el tema, sin apasionamientos, con tranquilidad y responsabilidad, el Congreso aprobará la reforma”, apuntó. Reiteró que la propuesta de adelanto de elecciones permite salir del “entrampamiento” político.

Finalmente, sobre la denuncia del fiscal José Domingo Pérez, respecto a “actos de infiltración” en el trabajo que realiza el equipo especial Lava Jato, el presidente dijo que le corresponde al Ministerio Público “tomar las medidas para evitar que esto suceda”.

Aseveró que el Ejecutivo respeta y respalda las decisiones que tome la Fiscalía, pues son conscientes de la independencia de poderes.

ALGO MÁS

“Esta semana se está avanzando con el debate y confiamos que en setiembre deberá haberse superado este tema”, insistió.

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Política

MTC gana arbitrajes y evita pagar más de S/ 370 millones

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Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su procuraduría pública, ganó diversos procesos arbitrales contra empresas investigadas por el caso del “Club de la Construcción”, logrando anular sentencias y evitando el pago de más de 370 millones de soles.

En ese sentido, gracias a este trabajo, que se inició en el año 2017, evitó que este monto sea pagado a diversas empresas que utilizaron al arbitraje como un mecanismo para obtener beneficios económicos no contemplados en la relación contractual y las normas de contratación pública.

Asimismo, este dinero podrá ser utilizado para construir carreteras, colegios, hospitales y demás infraestructura que contribuya al desarrollo del país.

David Ortiz Gaspar, procurador público del MTC, precisó que del mencionado monto, S/ 300 millones corresponden a los laudos arbitrales ganados. En tanto, los S/ 70 millones restantes sumaron los montos por los laudos arbitrales anulados en el Poder Judicial.

“Si no hubiéramos cambiado la estrategia de defensa jurídica de los intereses del Estado y tomado acciones firmes contra los malos árbitros, estos recursos económicos se hubieran perdido”, sostuvo Ortiz en el programa “Conectados TV” del MTC.

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