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PERÚ: Pobreza fiscal y riqueza minera

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No debe estar en tela de juicio la afirmación sobre la importancia que tiene la actividad minera como generador de la demanda efectiva en la economía peruana. Es decir, genera los ingresos que permiten poder de compra a los diversos sectores, a las empresas proveedoras de bienes y servicios, a los trabajadores directos e indirectos, y al propio Estado que percibe fundamentalmente el Impuesto a la Renta, luego de una serie de deducciones, que convierten este recurso fiscal en un ingreso franciscano.

Debiera ser evidente que la materialización de un proyecto minero sea Quellaveco, Michiquillay, o la cuestionada Tía María tendría un efecto expansivo sobre la economía, entiéndase un efecto reactivador a nivel macroeconómico como regional. Todo proyecto demanda electricidad, combustibles, vías de comunicación, cemento, ladrillo, y sobre todo fuerza de trabajo, de técnicos, ingenieros y de una serie de profesionales ligados al sector.

Sin embargo, la percepción que se tiene de la actividad minera es crítica, negativa, en razón de los pasivos no resueltos que se han heredado desde el siglo pasado, en cada gobierno de turno. Al daño ambiental que hasta mediados de los años noventa no tenían regulación alguna ni existían los llamados programas de remediación ambiental, se suma el problema de la distribución del agua, donde se reproduce un falso debate entre la prioridad del recurso hídrico para la agricultura o minería. ¡Cuando millones de metros cúbicos de agua se pierden en la mar!

Es más, la existencia de círculos de riqueza en medio de la pobreza campesina despierta expectativas frente a un Estado ausente, incapaz de resolver los derechos a una educación y salud de calidad. La falta de comunicaciones, infraestructura al interior de nuestras provincias, la inseguridad ciudadana, hace que nuestra producción agraria se castigue con precios deprimidos. ¡De allí, que un cigarrillo que cuesta cincuenta céntimos sea equivalente a cinco kilos de papas, que representan meses de trabajo!

También agrava la situación la informalidad existente donde como sosteníamos en un artículo anterior, en nuestro país se exporta más oro en relación al registrado formalmente en el Ministerio de Energía y Minas. En los últimos años un promedio de un millón de onzas se exportan pero se desconocen los productores directos que evidentemente no abonan impuestos, ni pagan regalías y contaminan impunemente a vista y paciencia del Estado.

PERÚ: Pobreza fiscal y riqueza minera

POR UN MAYOR VALOR DE RETORNO
Es común decir que en promedio el 60 % de los ingresos de exportación desde nuestro país provienen de la explotación minera que básicamente está controlada por empresas transnacionales que operan simultáneamente en diversas partes del mundo, pero que se ubican en el Perú, atraídos por los bajos costos de producción, en especial de la mano de obra y una permisiva política tributaria.

Sin embargo, pocos se interrogan sobre ¿cuántos de esos ingresos se capitalizan, es decir se quedan en la economía peruana? Para ello la categoría “valor de retorno” resulta indispensable para estimar los efectos benéficos o perversos de las inversiones mineras.

Ello significa estimar cuánto de la riqueza minera generada año por año, se queda en el país como sueldos y salarios, participación de utilidades de los trabajadores, contribución en las aseguradoras privadas de pensiones, y las diversas contribuciones que tienen que realizar las empresas por un trabajador formal.

También forma parte del “valor de retorno” las compras que realizan las empresas mineras a las industrias locales, regionales y de cobertura nacional por bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la actividad. En tal sentido, ¡resulta inverosímil que empresas de servicio logístico a los proyectos mineros importen papas!

Por último, interesa estimar la participación fiscal generada por la explotación minera, donde el ingreso más importante es el Impuesto a la Renta pagado por los titulares mineros, que se reconoce como una renta de tercera categoría, que en nuestro caso es altamente dependiente de la evolución de los precios internacionales. Si los precios de los minerales aumentan como sucedió en la bonanza minera, los recursos fiscales se incrementaron como pasó entre el período 2004 al 2012, salvo el bajón del 2009 en razón de la crisis financiera que sacudió a la economía mundial.

PARTICIPACIÓN CÍCLICA
El cuadro “Participación del Impuesto a la Renta del Sector Minería Metálica frente a los Ingresos de Exportación” en el período 2004 al 2017 nos permite diferenciar claramente dos períodos en el comportamiento de la participación de los ingresos fiscales en relación a los ingresos de exportación.

El período de las “vacas gordas” 2004 al 2012, cuando los precios del cobre y oro especialmente se dispararon, el Impuesto a la Renta captado por el fisco sube de US $ 290 millones de dólares US $ 2,448 millones, el pico más alto después de lo obtenido en el 2011. Es decir aumentaron un poco más de 8 veces.

De otro lado, los ingresos de exportación en términos de valor pasaron de los US $ 7,124 millones de dólares en el 2004 para sumar los US $ 27,467 millones, lo cual significa que los ingresos se multiplicaron casi cuatro veces. Básicamente fue un incremento liderado por efecto precio, dado que los volúmenes de oro exportado se mantuvieron sobre los seis millones de onzas anuales y la producción del cobre sí se incrementó por efecto de la minera Cerro Verde especialmente.

Como usted podrá observar amable lector la participación relativa del Impuesto a la Renta en relación a los ingresos de exportación se incrementó de un modesto 4.07% en el 2004, para trepar al 15.95% en el 2007, y de allí salvo el 2009 que se tira al piso para representar el 6.08%, para mantenerse sobre el 9% entre el 2010 al 2012, durante el gobierno del comandante Ollanta Humala que cambió las reglas tributarias de las regalías y estableció un nuevo marco tributario absolutamente favorable para las empresas mineras.

Así, entre el 2013 al 2017 con el período de las “vacas flacas” el Estado tiene una crónica disminución de su participación transitando del 5.17% al 2.90% en el 2017, a pesar que la producción del cobre prácticamente se ha duplicado por efecto Cerro Verde, Las Bambas, Toromocho Antapaccay, minera Constancia entre otras.

Es decir, a más producción de cobre superando los 2.4 millones de toneladas anuales, con menores precios en relación a los precios vigentes del boom, el Impuesto a la Renta en general y cuprífero en especial se derrumba. Lo cual es negativo para el Estado, las regiones que perciben canon minero y los trabajadores a los cuales se les pagará una menor participación en las utilidades, en especial a los obreros y empleados de los nuevos proyectos mineros.

Las empresas aducen que dicho derrumbe de los ingresos tributarios se explicaría por los menores precios de los minerales, sin embargo desde un punto de vista crítico e independiente se debe al nuevo marco tributario establecido por “cosito” Humala, que al recrear las figuras del gravamen e impuesto extraordinario minero, con las nuevas regalías, todas ellas consideradas como “gasto”, es decir deducibles de la utilidad imponible. Todo ello tenía y tiene como efecto real, un menor abono del Impuesto a la Renta, que desde el 2012 al 2017 tiene un comportamiento en caída libre, como se puede observar en el cuadro respectivo.

UTILIDADES LABORALES EN SALMUERA
Estando próximos a la declaración jurada de parte de los titulares mineros en el mes de marzo a lo mucho, existe una legítima preocupación de parte de los trabajadores sobre la participación de utilidades que le deben corresponder, la cual se debe distribuir en el mes de abril a lo máximo en el mes de mayo.

La problemática de las utilidades laborales constituye una fuente renovada de conflictos por la escasa transparencia en la información contable/financiera de parte de las empresas, en especial de aquellas que no cotizan en la Bolsa de Valores, sea de Lima, New York o Londres.

Como se puede notar en el cuadro entre el 2016 al 2017 el Impuesto a la Renta regularizado por los titulares mineros expresados en dólares pasan de US $ 265 millones a US $ 788 millones. Es decir, se incrementan casi tres veces lo cual debiera significar un aumento importante del canon minero para las regiones mineras. Ello es bueno, pues los gobiernos locales, regionales más las universidades públicas tendrán más recursos para las inversiones respectivas, siempre y cuando se ejecuten con transparencia.

Sin embargo, para los trabajadores mineros el panorama no es tan halagüeño, pues las empresas tienen que recuperar sus inversiones reales y financieras. A más inversiones, mayor será el efecto “arrastre de pérdidas”. Con el comportamiento cíclico de los precios de los minerales, el deterioro de activos, las depreciaciones, amortizaciones, el gravamen minero como el impuesto extraordinario serán figuras deducibles para determinar la renta neta que sirve de base para la aplicación del 8% en la determinación de las utilidades mineras.

En conclusión, los efectos positivos o perversos de las inversiones mineras están íntimamente ligados al comportamiento de la categoría “valor de retorno”. Mientras mayor sea el valor retenido en la economía, mayor será la riqueza que fructifica el país, siempre y cuando se asuman las inversiones con responsabilidad social, ambiental y tributaria.

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Política

Fujimorismo tiene doble discurso

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Bancada fujimorista de Fuerza Popular

Pese a que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía que se aprobará los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces, sus propios compañeros de la bancada de Fuerza Popular siguen poniendo trabas al debate y aprobación de las reformas.

“Ya nos queda una semana, ocho días máximo, para que puedan avanzar con los tres proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, declaró Salaverry al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, por la noche, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, diferentes parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que el Legislativo aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero no se comprometieron a respaldar las reformas y menos a cumplir con los plazos.

BARTRA, LETONA

Horas antes, en Nueva York, el presidente Martín Vizcarra manifestaba plena seguridad de que el Congreso de la República cumpliría sus compromisos y que las reformas se aprobarán conforme a lo previsto.

Las declaraciones fujimoristas en sentido contrario se dieron luego de la exposición del premier Villanueva sobre la propuesta del Ejecutivo de un Congreso bicameral que implica la creación de macrodistritos y macrorregiones.

“Aceptamos la bicameralidad como un sistema para el Parlamento (…) Pero ahora nos han impuesto plazo, celeridad y nos piden que lo pasemos a ley de desarrollo sin ni siquiera saber qué estamos pasando”, dijo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución.

En esa línea, su beligerante compañera de bancada fujimorista, Úrsula Letona dijo: “Este Congreso ha claudicado a debatir un tema importante como la bicameralidad. Me resisto a aprobar una reforma de este tipo”.

CUMPLAN EL COMPROMISO

En medio de los entredichos entre los parlamentarios fujimoristas y los de la bancada oficialista, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, resaltó que la “cuestión de confianza (aprobada por el Congreso) se dio en base a respaldar los ejes 1 y 2 de la política general del Gobierno, pero no a la aprobación de reformas y dentro de plazos”.

“La cuestión de confianza no se refiere a la aprobación de proyectos de ley”, afirmó Letona. Al respecto, el congresista Lescano, lamentó que ahora el fujimorismo desconozca los compromisos acordados en la Junta de Portavoces.

“Nos hemos comprometido en aprobar las reformas hasta el 4 de octubre”, concluyó el parlamentario de Acción Popular.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Con el fin de crear un Congreso bicameral, el Ejecutivo ha propuesto crear seis macrodistritos para 30 senadores, es decir cinco macrorregiones y el área metropolitana, lo que –según Villanueva- garantizará que todos los departamentos tendrán al menos un senador en el próximo Parlamento.

Los macrodistritos son la agrupación de departamentos que comportan características similares a su cultura, desarrollo, crecimiento económico, entre otros indicadores, lo cual propicia que estén mejor conectados entre sí.

El macrodistrito electoral Nor–Oeste estará conformado por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes; el Nor–Este por Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali; y el Centro por Áncash, Huánuco, Junín, Lima Provincias y Pasco.

El Centro–Sur, en tanto, por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica; el Sur por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna; y el Metropolitano por la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana.

ALGO MÁS

Sobre los microdistritos electorales, Villanueva explicó que no persiguen fragmentar departamentos pequeños, sino resolver las asimetrías y desigualdades que se observan en los departamentos grandes, para que tengan la voz que no necesariamente tienen en el Parlamento.Se ha propuesto siete microdistritos para Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Centro Sur, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y el Callao.

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Política

Sin referendo no hay reformas

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Marcha protesta CGTP

Existe la posibilidad de que el Parlamento apruebe la propuesta de reformas presentada por el Ejecutivo, pero que no apoyen llevarlas al referendo como era la intención del Gobierno para legitimar los cambios constitucionales ante la población. Al respecto, Diario UNO, recogió la opinión de dirigentes sindicales.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que el fujimorismo tiene doble discurso, uno para afuera en el que dice que está allanando el camino para que se dé el referendo, mientras otros fujimoristas señalan que se aprobó el voto de confianza, pero no hay fecha para el tema del referendo.

OBSTACULIZAN

“Ellos están tratando de obstaculizar el referendo y boicotear las reformas, por lo que es importante que el pueblo se manifieste de manera democrática en favor de las reformas judiciales y políticas aprobadas por el Parlamento”, señaló.

Advirtió que esta actitud, amerita que el pueblo tenga que seguir movilizándose para que el referendo se efectúe en la segunda vuelta electoral de las elecciones regionales.

POSTERGAR AL PUEBLO

“Si no hay referendo, se vería postergado el clamor del pueblo en las calles que rechaza el tema de la corrupción, a un Congreso que no representa a la mayoría del pueblo y el Ejecutivo perdería la legitimidad que le dio la gente en las calles”, agregó López.

Destacó que el pueblo tiene que ser consciente que mientras no se dé el referendo, no podemos decir que ya se cumplió el objetivo.

POSITIVO PERO…

Hammer Villena, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dijo que si bien el referendo es positivo, por eso “hemos apoyado todo el pueblo al Ejecutivo” .

“Lamentablemente hemos sido defraudados por la aprobación de estos decretos lesivos a la clase trabajadora como el 1442, que prohíbe en la negociación colectiva a los trabajadores en el sector público”, dijo.

Afirmó que es importante el referendo, siempre y cuando se incluyan preguntas que sí podrían solucionar el problema de fondo, porque la pregunta principal sería si la población quiere una nueva Constitución, en consecuencia tendría que convocarse a una Asamblea Constituyente.

NUEVA CONSTITUCIÓN

“Porque es la actual Constitución la que permite que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, tampoco en las inversiones privadas por la cual saquean nuestros recursos naturales”, afirmó.

Agregó: “El referendo es un aspecto importante de la reforma política para el tema de la corrupción, no lo va a solucionar todo el referendo”.

DÉJENSE DE TRUCOS

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció respecto de las reformas que planteó el Ejecutivo al Parlamento y espera que estas salgan en los plazos que se han establecido.

“Estoy convencida de que el compromiso que se hizo con los parlamentarios se concretará. La mayor parte de las bancadas vinieron con esa buena fe y espero que el fujimorismo no haga trucos”, aseveró.

ALGO MÁS

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, aseguró que la investigación iniciada a ella por el fiscal Chávarry es un instrumento político para afectar al presidente Vizcarra. “Algunos están buscando ver la manera de buscar la vacancia del Presidente porque está luchando frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Keikismo intenta salvar a Chávarry y Becerril

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Pedro Gonzalo Chávarry - Héctor Becerril

La decisión de última hora del fujimorismo, de aplazar sin fecha el debate y la votación de los informes acusatorios contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y Héctor Becerril, implicados en el “Caso CNM Audios”, permitió conocer que por lo menos cuatro bancadas congresales están decididas a apoyar la destitución e inhabilitación de Chávarry.

Se trata de las representaciones de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que adelantaron que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

Gloria Montenegro de APP dijo: “Chávarry está deslegitimado moralmente para que continúe en la Fiscalía”. Marco Arana del Frente Amplio, denunciante de Chávarry, declaró que es necesario que deje el cargo.

Su compañero de bancada Hernando Cevallos afirmó “Nosotros pensamos que el señor Chávarry debe irse a su casa inmediatamente”. Edmundo del Águila, de AP, explicó: “Puedo decir que hay un gran consenso en investigar el discutido actuar del fiscal”. Richard Arce, de Nuevo Perú, vaticinó: “Chávarry va a ser destituido, como mínimo”.

SHEPUT

Por otro lado, el congresista de PPK, Juan Sheput, autor del informe que inculpa a Chávarry dijo en Twitter que la prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP). “Hace muy mal Fuerza Popular (FP) en postergar la discusión del informe que pide destitución del fiscal Chávarry. Es un pretexto decir que se quiere dar prioridad a las reformas. Es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate formal”.

VÁSQUEZ

Ante la prórroga, el congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), autor del informe que sindica a su colega Becerril, de Fuerza Popular, como presunto corrupto y recomienda su destitución e inhabilitación por 5 años, lamentó que la vista del caso haya sido pospuesta sin nueva fecha.

Argumentando que es más importante que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intervengan en los debates de la reforma política, el presidente de ese grupo, el fujimorista, César Segura, liquidó la reunión de hoy.

En la reunión se iba a debatir los informes sobre las acusaciones constitucionales contra Becerril, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Segura no mencionó nueva fecha.

En el Congreso y otros círculos políticos, al conocerse la suspensión de la reunión, surgió la sospecha de que se trata de una maniobra de dilación mientras el fujimorismo prepara un “blindaje” o encubrimiento para salvar a Becerril y Chávarry.

En el caso de Rodríguez, el informe sobre su caso lo exculpa de infracciones constitucionales y delitos.

BECERRIL CORRUPTO

El legislador ponente de la acusación a Becerril, César Vásquez se ratificó en que ha comprobado que Becerril cometió infracción constitucional, por lo que ha pedido su destitución e inhabilitación. “Hay indicios suficientes de que cometió delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Becerril debe ser suspendido, tal cual se hizo con los congresistas “Avengers”.

Asimismo, declaró que “esta semana debió darse el debate y la votación. El reglamento dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene prioridad sobre otras comisiones”.

“No sé si es una estrategia para enfriar el tema, para dilatar o proteger a alguien. La situación del país exige que la clase política sea rápida contra la corrupción y pasarlo una semana más es un mal mensaje hacia la población. Las reformas también son urgentes pero se pueden trabajar al mismo tiempo”, aseveró.

ALGO MÁS

En el caso Becerril, Marco Arana se reservó la opinión sobre la conducta del keikista para no invalidar su voto. Pero dijo que sería todo un escándalo que teniendo informes en un caso acusatorio se decidiera lo contrario.

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