Pena de muerte o coartada

La presentación de un proyecto de ley por parte de congresistas fujimoristas para restablecer la pena de muerte, no solo pone en debate una vieja aspiración, que surgió con fuerza durante la dictadura que ejercieron en los años noventa, sino que apunta a uno de sus más deseados objetivos políticos, que no es otro que retirar al Perú del sistema jurídico internacional.

Como todo autoritarismo, las sucesivas etiquetas utilizadas por la familia, demuestran su alergia a los derechos humanos. Recordemos que el golpe de 1992 devino en otra carta política. No lograron todo lo que querían por una fuerte respuesta cívica, a la que no resultó ajena la presión internacional.

Quedó en pie la adhesión del Perú a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Convención de San José de Costa Rica, junto con los pactos y convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos. Tales instrumentos civilizatorios, forman parte de la estructura jurídica del Estado desde la Constitución de 1979.

En la coyuntura, la habitual demagogia de sus dirigentes, pretende aprovechar crímenes atroces para votar la pena de muerte. Apuntan así a retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Poco les interesa el problema de las violaciones a niños y mujeres, como lo acaban de probar al rechazar la supresión de beneficios a los criminales. Menos aún que se reconozca la igualdad de derechos para hombres, mujeres y el género no binario.

Hasta son reacios a discutir el fondo del problema, que tiene que ver con la grave situación de la salud mental, la marginalidad y la deprimente situación de anomia social que caracteriza al capitalismo salvaje que promueve su accionar ideológico y político.

Su meta inmediata, consiste en conseguir el indulto para su fundador. Si lograran librarse de la jurisdicción del Pacto de San José, no se podría apelar tal decisión, que no puede favorecer de ninguna manera a sentenciados por delitos de lesa humanidad.

Bien haría el gobierno en no caer en la trampa, vocación suicida que promueve el propio ministro de Justicia.