Pena de muerte, doble moral e hipocresía

Marcha Jimena renace pena de muerte a violadores marcha protesta

En estos últimos días, ha sido inevitable seguir ocultando la cruenta realidad de miles de niñas que son víctimas de violaciones sexuales en nuestro país, el caso de la niña Jimena de 11 años en San Juan de Lurigancho, que fue violada sexualmente y luego asesinada por César Alva Mendoza (37 años), ha conmocionado a todo el país.

Aproximadamente 14 mil menores de edad sufrieron de abuso sexual en los últimos 6 años, en el Perú el 70% de las víctimas de violaciones sexuales, son niñas y adolescentes, cada día 9 niñas son víctimas de violencia sexual, solo en el año 2017 se registraron 413 casos de niñas, entre 9 y 13 años, que resultaron embarazadas; diariamente 4 niñas se convierten en madres en nuestro país. (Cifras de PLAN Internacional)

Es lamentable que como primera respuesta para solucionar este problema sistémico de violencia machista, surja la iniciativa de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad y que quienes sean los principales defensores sean los políticos conservadores, aquellos que supuestamente marchan por la vida cuando quieren negar el derecho al aborto en caso de violaciones sexuales. Nada más que doble moral e hipocresía.

Hasta casi 40 años, la pena de muerte en nuestro país era aplicada en casos de traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, entre otros delitos. El 28 de julio de 1978 el Perú ratificóla Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional conocido también como Pacto de San José de Costa Rica, queprohíbe extender la pena de muerte para delitos que no estén contemplados con anterioridad en cada país; sin embargo, cuando se creó la Constitución de 1979, solo se mantuvo la pena de muerte por traición a la Patria y se eliminaron los delitos antes mencionados. En la Constitución vigente de 1993, el artículo 140 indica que “la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.

Para lograr la aplicación de la pena de muerte, para violadores de menores de edad, sería necesaria una reforma constitucional, lo que tendría como consecuencia la salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que nos dejaría en desamparo ante la defensa de derechos humanos a nivel internacional y esto no se puede permitir; por otro lado pensar en que la pena de muerte sea la solución del problema de las violaciones sexuales contra menores de edad, no es más que querer tapar el sol con un dedo. De ninguna manera la pena de muerte será la solución para cambiar un sistema machista que no hace más que atentar contra los cuerpos y vidas de las poblaciones más vulnerables, niñas, niños y mujeres.

Desde el Estado, que es responsable y al mismo tiempo cómplicede estos casos, y como sociedad hace falta tomar medidas concretas y directas para afrontar esta lacra, el primer lugar comenzar a erradicar los estereotipos y estigmas de violencia machista; es inadmisible que la Primera Ministra, Aráoz, diga que las violaciones sexuales ocurren en “familias pobres y con anemia”; debería retractarse; en segundo lugar hacen falta políticas de prevención, una educación con igualdad, en los hogares y en las escuelas, un rol activo de los medios de comunicación en vez de hacer un show mediático con cada caso; en tercer lugar, la atención oportuna, eficaz y con enfoque de género por parte de las instituciones policiales y de justicia para la resolución de los casos, de ningún modo aceptar la impunidad; deben ser las autoridades las primeras en actuar y manifestarse, no es posible que la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Choquehuanca, se vaya de viaje a Arabia por un evento sobre la felicidad, mientras nuestro país se encuentra en emergencia porque no hay día que no se violen, desaparezcan y asesinen a las niñas y mujeres; en cuarto lugar exigir mayor presupuesto para las instituciones relacionadas con estos hechos, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, entre otros; finalmente como sociedad dejar de tolerar, ocultar y normalizar estos hechos. Solo así podremos erradicar tanta violencia.