Peces gordos

La detención preventiva de cinco grandes empresarios de la construcción, imputados por pagar sobornos al entonces presidente Alejandro Toledo, en el esquema del caso Lava Jato, introduce un nuevo giro en el proceso.

A diferencia de Brasil donde los empresarios corruptores purgan prisión desde el principio, aquí los cómplices de las grandes firmas brasileñas seguían en libertad.

No quedaba claro para la opinión pública el porqué de la situación. A medida que las investigaciones avanzan, salía a luz la asociación ilícita con los consorciados, evidentes beneficiarios de las enormes ganancias programadas.

Caían los sobornados, lo cual por cierto resulta ineludible, dadas las confesiones de los ejecutivos brasileños. A diferencia de la cleptocracia organizada por Alberto Fujimori desde el poder, comprando a los dueños de los medios de comunicación o a políticos, aquí el origen provenía claramente de los capitalistas privados.

Es decir, para obtener sobreganancias de los contratos públicos, los privados se dedicaban “estructuradamente” a corromper con fuertes sumas de dinero, a las autoridades, empezando por los presidentes, ministros, gobernadores o alcaldes.

El país no olvida las proclamas de inocencia absoluta, incluso de ignorancia total sobre las delaciones, de los grandes empresarios peruanos. Durante meses montaron una enorme campaña publicitaria sobre su pureza virginal. Señalando que si se les tocaba, la economía peruana colapsaba.

Incluso al conocer el “atrevimiento” del Ministerio Público al solicitar su prisión preventiva, preguntaban soberbios sobre la clase de peritos utilizados, que no entendían que los montos descubiertos no eran más que una “compensación del liderazgo de Odebrecht”. Luego cambiaron la coartada por “riesgos adicionales”, no sin advertir que los fiscales lograron desbaratar las engañifas de una de las firmas auditoras más prestigiosas del mercado.

Por primera vez en el Perú, se ordena la detención de un grupo de poderosos empresarios, acostumbrados desde buen tiempo, a que el Estado sirva a sus intereses particulares. Son la quinta esencia del modelo neoliberal, que pretende normalizar el lucro por encima de las leyes y el bien común.