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Paraísos fiscales: menos transparencia más desigualdad

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La reciente filtración de documentos conocidos como Paradise Papers han revelado una vez más como las grandes empresas y las grandes fortunas utilizan jurisdicciones de baja o nula tributación, comúnmente llamados paraísos fiscales, para pagar menos impuestos de los que les corresponde.

Paradise Papers
Si bien los países de América Latina han mejorado su carga tributaria en la última década pasando del 16% en el 2000 a un 22.8% en el 2015, esta cifra sigue siendo inferior al de las economías desarrolladas como los países OCDE en donde el promedio de la carga tributaria es 34,3% del PBI. Una de las principales causas de la baja tributación en los países de la región es la evasión y elusión de impuestos, dinero que finalmente se transfiere a paraísos fiscales.

De acuerdo a los Paradise Papers, la trasferencia de dinero hacia paraísos fiscales es posible gracias al apoyo de las firmas de abogados que se encargan de la creación de las empresas offshore, los estudios contables movilizan los recursos. Pero, sobre todo, el actual sistema financiero internacional, que aún es muy permisivo con los paraísos fiscales.

Inversión desde América Latina a paraísos fiscales 2001 - 2014

Cifras crecientes
Algunas investigaciones estiman que al final de 2010 el total de la riqueza privada no registrada invertida en paraísos fiscales se situaba entre 21 y 32 billones de dólares (entre el 10% y el 15% de la riqueza financiera mundial) y, en el caso de América Latina el stock de la riqueza offshore era de 2.5 billones de dólares. La inversión mundial hacia paraísos fiscales creció en un 45% desde la crisis financiera y se ha multiplicado por 6 en el caso de América Latina3.

Caso peruano
En el caso de Perú en el 2015, se estima que alrededor de 212 millones de soles se ubicaban en paraísos fiscales, siendo los principales destinos las Islas Caimán con 197 millones de soles enviados desde Perú. Asimismo, la SUNAT ha identificado a 17 mil personas con indicios de incremento patrimonial no justificado, algunas de ellas vinculadas a paraísos fiscales.

Según los principales resultados de los Paradise Papers para el caso peruano, existen operaciones que deben ser investigadas, como es el caso de la creación de un microseguro de vida y hospitalización por las empresas Belcorp y Paralife que habrían evadido las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), así como la venta de la empresa Petro-Tech a la colombiana Ecopetrol y Knoc, en donde se habría dejado de pagar 270 millones de dólares en impuestos en el Perú.

Por otro lado, las recientes investigaciones de la SUNAT indican que se han perdido alrededor de 55 mil millones de soles en materia de elusión y evasión en el pago del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. Pese a ello, hace 3 años se encuentra suspendido el reglamento de la Norma XVI, del Decreto Legislativo 1121 que modificó el Código Tributario, que otorgaba facultades a la SUNAT para investigar a las personas y empresas que eludieran el pago de millonarios impuestos aprovechando los vacíos legales y actos artificiosos para transferir fondos a paraísos fiscales.

Política Fiscal y desarrollo
Está claro que la política fiscal es una herramienta fundamental para fortalecer la inclusión social y enfrentar la desigualdad. Sin embargo, para ello se debe fortalecer la coordinación y articulación en materia de transparencia fiscal, facilitando y promoviendo el acceso a mecanismos y sistemas de intercambio de información, como los reportes país por país y el registro de beneficiarios finales, que permitirán identificar rápidamente los esquemas de elusión tributaria y los paraísos fiscales usados como soporte.

Es fundamental aumentar la presión tributaria a partir de un nuevo pacto fiscal, priorizando la inversión social y productiva que se requiere para un desarrollo sostenible. No se puede seguir con exoneraciones al gran capital, debe pagar más el que gana más, por supuesto incentivando la reinversión de utilidades y los mecanismos de promoción de innovación, ciencia y tecnología.

En un contexto en el que diferentes actores económicos y políticos al más alto nivel, están involucrados en la corrupción, es necesario ir a fondo en las investigaciones caiga quien caiga. Se debe aplicar los mecanismos previstos por las leyes y la Constitución de la República.

No podemos avalar ni directa ni indirectamente, actos que impiden el ejercicio de altas funciones en el Estado. No solo porque son recursos de todos los peruanos que deben usarse con pulcritud, sino porque afectaría la moral colectiva de la Nación.

Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2017
J. Henry, “The price of offshore revisited”, Tax Justice Network (2012)
OxfamIntermon

Ojo Público (05.04.2016). SUNAT crea grupo especial para caso Panama Papers
La República (10.11.2017) Paradise Papers y el Perú

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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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