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Para acabar con la sangre en carreteras…

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Como presagiando un año doloroso, el 2018 arranca con un terrible accidente de tránsito. Un tráiler chocó con un bus en el Serpentín de Pasamayo y el impacto causó que el bus caiga por un precipicio de más de 150 metros.

El penoso resultado: 52 muertes y heridos policontusos que están en trauma-shock. En enero del 2005 un camión que llevaba pasajeros chocó con otro vehículo causando 5 muertos y 6 heridos en el Serpentín de Pasamayo. El 6 de enero del 2009, un bus interprovincial colisiona con un tráiler y un camión que llevaba solventes químicos causando 15 muertos carbonizados y 29 heridos en el Serpentín de Pasamayo. Hace poco, en julio del 2017, cuatro miembros de una familia que viajaban en miniván fallecieron luego de que su vehículo fuera embestido por un tráiler que invadió el carril contrario en el Serpentín de Pasamayo.

Pero por más impactantes que sean los accidentes en la “Curva del diablo”, la problemática tiene un alcance territorial muy extenso. En el Perú, los accidentes en las carreteras son el 3% del total. El resto de los accidentes ocurren en las ciudades (97%).

De los accidentes que se registran en las carreteras, la mayoría se desarrolla en la Red Vial Nacional. En los accesos a Lima y en la Panamericana se registra una porción importante de los accidentes en Lima Metropolitana.

Según datos del MINSA, la tasa de accidentes nacional es muy alta (15.9 por cada 100,000 habitantes) y supera a países como Chile (12.3), Colombia (15.6) y Argentina (12.6).

Según los datos del Instituto de Medicina Legal, los accidentes son la principal causa de muerte a nivel nacional por encima de los homicidios y de los suicidios. En el mundo, los costos anuales que generan los accidentes se estiman entre 1 y 3% del PBI, mientras que en el Perú SIBRT estimó que los costos equivalían a 1.5% del PBI. El 2016 se registraron 89,304 accidentes a nivel nacional y es como si se hubieran caído 300 aviones.

Frenar los accidentes implica tomar en serio este tema. Por un lado, se deben hacer las reformas del transporte urbano para evitar que el 36% de los muertos y el 70% de los heridos mueran en accidentes con participación de un vehículo de transporte público y, por el otro lado, se tienen que mejorar los sistemas inteligentes urbanos para gestionar el tránsito.

Cada ciudad debe tener planes de gestión de tránsito y requerimos avanzar en estos temas y dejar de organizar el tránsito como si estuviéramos en la primera guerra mundial. En las carreteras, se tiene que reforzar los controles sobre los vehículos de carga que son los más antiguos y controlar al taxi colectivo informal que genera la mayor parte de los accidentes. Necesitamos a gritos más apoyo al Consejo Nacional de Seguridad Vial, que se generalizan las inspecciones de seguridad vial, que se mejore la señalización de tránsito y que se hagan las intervenciones en puntos críticos.

La situación de los agentes prestadores de la carga es muy importante, pues no es aceptable que no exista ningún modelo de regulación para la carga. El neoliberalismo extremo que hemos tenido genera que el parque de camiones haya crecido tres veces y que tenga la edad más alta y la mayor fragmentación de todos los segmentos del transporte. Hoy, las empresas de transporte de carga son más de 95,000. Más de 60,000 empresas tienen un solo camión y más de 75,000 empresas tienen uno o dos camiones. 146,000 camiones con una edad media de entre 15 y 25 años son un factor de riesgo muy alto que no se va a resolver con ampliaciones de carriles en la Variante de Pasamayo.

Si queremos enfrentar en serio los problemas de los accidentes definamos políticas públicas en serio. Las salidas pasan por hacer lo elemental: reformar y formalizar el transporte urbano, mejorar la gestión del tránsito en las principales ciudades, eliminar el taxi colectivo informal urbano e interurbano y tener un enfoque de regulación para la carga que reduzca la fragmentación, modernice la flota y nos permita modernizar la logística de carga. Todo esto es urgente. Por favor tratemos todos de poner estos asuntos en la agenda. No es imposible reducir los accidentes y no tenemos que esperar al siguiente año nuevo para volver a lamentar otro accidente fatal de grandes proporciones.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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