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Pago a pymes en 30 días

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Pequeña y mediana empresa confecciones textiles

Chile acaba de promulgar una ley obligando que a los pequeños empresarios se les pague máximo en 30 días. Es una excelente medida que fácilmente podríamos copiar.

Muchas micro y pequeñas empresas hacen sus negocios vendiendo a las grandes cadenas comercializadoras, que aprovechándose de su poder de mercado, solo les pagan tres, cuatro o hasta seis meses después de que ellos han entregado sus productos.

Estamos hablando de pequeñas empresas de confecciones, de pymes que hacen tortas y un sinfín de otros alimentos preparados, de microempresas dedicadas a la venta de artesanías u otros regalos y de artículos de belleza y salud hechos a mano.

Para un pequeño empresario, a quien nunca le sobra el capital de trabajo y que necesita esos fondos para pagar a su personal y comprar insumos y materiales para reiniciar el ciclo productivo, eso le significa un gran costo.

Pero las grandes comercializadoras, cuyas marcas no voy a repetir pero que se encuentran en muchas esquinas o en centros comerciales, saben que tienen un gran poder sobre los microempresarios, quienes si no venden a través de ellos es sumamente difícil y costoso y resulta muy riesgoso armar un canal de distribución propio. Así que se aprovechan de los pequeños y microempresarios: el pez grande se come al chico.

ABUSO INJUSTIFICADO

Este abuso es además totalmente injustificado desde el punto de vista financiero. Una gran empresa puede conseguir financiamiento a 6 por ciento anual con gran facilidad. Una pequeña o microempresa enfrenta enormes barreras y limitaciones para conseguir créditos y cuando lo logra paga 40 por ciento o más de tasas de interés. Pero las grandes cadenas se ahorran ese 6 por ciento de interés cargándole al microempresario el costo de 40 por ciento anual. Maleado.

Es frente a una situación similar a la peruana que en Chile (un gobierno que no tiene nada de socialista, izquierdista ni chavista) Sebastián Piñera ha sacado esta ley. La ley chilena establece lógicamente un periodo de adaptación de cuatro meses, luego del cual por un tiempo más el tope de pago será de 60 días, para finalmente cerrarse en 30 días, toda una flexibilidad en favor de los grandes conglomerados comerciales.

En los años que vienen, no dejará de ser una paradoja saltante el que varias cadenas comerciales chilenas en su país no van a poder retenerle el pago a las pymes más de 30 días, pero en el Perú siendo extranjeros sí podrán hacerlo.

POLÍTICA DE COMPETITIVDAD

El momento en que sale esta ley en Chile es también interesante. Porque sale justo cuando en el Perú el Gobierno aprueba una “Política Nacional de Competitividad”. Pero esa política promovida por el MEF y la Confiep no dice prácticamente ni una palabra sobre las pequeñas empresas, y aunque reconoce que los grandes bancos en el Perú cobran comisiones y tasas de interés altísimas e injustificadas, no plantea ninguna medida específica para ayudar a las pequeñas empresas y consumidores ante esa situación.

Por el contrario, permitiendo que se ajuste financieramente a las pequeñas empresas, lo que termina haciendo el MEF es entregarlos a los brazos de los bancos que les cobrarán altos intereses.

¿Es que acaso no importa que las micro y pequeñas empresas sean más competitivas y solo importa reducirle costos a las grandes empresas? Si uno lee la política aprobada por el Gobierno, así pareciera. Pero desde el punto de vista social, es exactamente al revés: la prioridad debiera ser las micro y pequeñas empresas y el agro.

Más del 95 por ciento de las empresas existentes en el Perú está en ese grupo, que es donde trabaja la enorme mayoría de peruanos, en particular los pobres que es para quienes hay que buscar mejores oportunidades. Es ahí donde un gobierno que quiera un desarrollo más justo y un bienestar social más amplio debiera poner la puntería.

CONTRASTE

Pero mientras en Chile un gobierno de derecha se preocupa por restablecer condiciones de alguna justicia y generar un entorno más favorable al desarrollo de las pequeñas empresas, acá el énfasis está puesto en los grandes grupos, permitiendo además que se refuercen cadenas monopólicas como ha sucedido con las cadenas de boticas, por ejemplo.

Es cierto que una ley como esa iría en contra de ese principio neoliberal que señala que el Estado no debe intervenir en el mercado, porque supuestamente un mercado “libre” sería más eficiente.

Pero lo cierto es que no existe una competencia real ni una relación equilibrada entre las grandes cadenas comercializadoras y los pequeños empresarios, como tampoco la hay entre los dueños de las grandes empresas y sus trabajadores.

El abuso que hoy se permite en el Perú, y que ahora se está cortando en Chile, contra las pequeñas empresas, no solo es un asunto de justicia, es un asunto de desarrollo y crecimiento económico.

Porque es obvio que si las micro y pequeñas empresas no tienen financiamiento y deben dedicar sus fondos a financiar a las grandes cadenas comercializadoras esperando su pago por seis meses, entonces sus posibilidades de invertir en mejores tecnologías se achican.

ALGO MÁS

La obligación de pagar a las microempresas y pequeñas empresas en no más de treinta días es una ley que también debiera darse en nuestro país. En este caso justicia y

productividad van de la mano. Es un gana-gana.

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Política

Quieren deshacerse de fiscales Lava Jato

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

La noticia no es una novedad. Porque sabemos que Pedro Chávarry quiso hacer lo mismo el 31 de diciembre el año pasado. Pero el pueblo organizado se lo impidió protestando en las calles.

Sin embargo, hay algo que está bien claro: que el Congreso, a través de su presidente Pedro Gálvez Olaechea, y los cuellos blancos, en una simbiótica y bien orquestada jugada en pared, pretenden acorralar al presidente.

Esto, porque saben que Martín Vizcarra apoya el Equipo Especial Lava Jato, cuyas investigaciones están dejar peor parada de lo que está a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, a la cual se le ha ampliado las investigaciones como organización criminal.

Por ello, el presidente debe, cuanto antes, presentar la cuestión de confianza y acabar con el “me zurro” de Gálvez Olaechea, que en vez de extenderle la mano, descaradamente hace una labor de zapa al Ejecutivo.

LOS HERMANITOS CONTRAATACAN

“Los hermanitos se están reacomodando y contraatacando. Han visto que sus aliados políticos, el fujimorismo y el Apra, están ganando terreno en medio de la debilidad del presidente, y los fiscales supremos creen que ha llegado la hora de darle la estocada mortal a la lucha contra la corrupción”, dijo Glatzer Tuesta, director de Ideeleradio.

“No tengo la menor duda que esta es una acción que ellos han tomado en clara combinación o sintonía con la vacancia presidencial, es decir: todos están sobre un solo objetivo: traerse abajo la lucha contra la corrupción”, precisó.

“Lo que están haciendo es retomar el control del sistema de justicia del presidente de la República. Los fujimoristas y los apristas querían era manejar a Vizcarra como un monigote y que HinostrozaPariachi esté manejando sus cosas en el Poder Judicial y a Chávarry como Fiscal de la Nación. Este era el Plan A”, subrayó.

“Como Vizcarra no fue lo que pensaban, ellos empezaron en sus desesperación a dar manotazos de ahogados. Y ahora sienten que se están reconfigurando. Ya el Apra pidió la vacancia de Vizcarra, hoy día (ayer) Olaechea empezó contraatacando al presidente para que se rectifique por lo dicho en Tía María y los fiscales haciendo lo suyo”, comentó.

“Es un plan muy bien orquestado con un nivel de sintonía casi telepático. Debemos impedir que nos vuelvan a robar la justicia y es la oportunidad de elevar nuestra voz de protesta. Ojalá que el presidente se anime a usar su as y no se deje liquidar”, concluyó Tuesta.

OLAECHEA SABOTEA ADELANTO DE ELECCIONES

El jurista Guillermo Olivera Días opinó que efectivamente hay un juego en pared entre la mayoría fujiaprista-topos y los fiscales cuellos blancos, y que el presidente Vizcarra debe ya cerrar el Congreso e impedir más maltratos y juegos antidemocráticos.

“El mensaje de Pedro Olaechea es un sabotaje al proyecto de adelanto de elecciones del Poder Ejecutivo, al cual ni lo menciona siquiera. Al no mencionarlo inconstitucionalmente, no le está dando la preferencia que le brinda la Constitución en su artículo 105”, advirtió.

“El Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de reforma constitucional y el Congreso tiene la obligación constitucional de tratarlo con preferencia. En este caso ni siquiera ha movido un dedo respecto al referido proyecto”, alertó.

“Hace días se ha presentado el proyecto y Olaechea no ha convocado a la Junta de Portavoces para ver el trato que le deben dar, para agendarlo o para lo que fuere. Eso significa un sabotaje y gravemente dice que le está extendiendo una mano al presidente. No le está extendiendo la mano, se la está quitando, porque le está diciendo me zurro en su proyecto de adelanto de elecciones”, reafirmó.

“El presidente del Congreso se está zafando del cumplimiento de la Constitución. Esta haciendo una labor de zapa contra la norma constitucional. Eso no es para esconderlo y eso es lo que está haciendo Olaechea”, sentenció.

ALGO MÁS

“El presidente de responder mañana mismo (hoy) y debe enviar un escrito exigiendo que de inmediato se vea en el Pleno el proyecto de adelanto de elecciones, porque así lo pide absolutamente el pueblo”, concluyó Olivera.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Cuellos blancos quieren remover a Vela y Pérez

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

Los fiscales supremos Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez pidieron la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, y el fiscal Pablo Sánchez se opusieron al pedido. Vela Barba y Pérez Gómez no asistieron a la Junta de Fiscales Supremos porque tenían una reunión de trabajo, según argumentaron.

La solicitud fue presentada el pasado viernes durante la Junta de Fiscales Supremos. Gálvez señaló que Vela y Pérez habían defraudado al Ministerio Público y al Estado por “favorecer a Odebrecht”.

Esto debido a que ambos expresaron que se respete el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña que solicitó la devolución de 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

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Política

¿Un gobierno de la CONFIEP?

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¿Un gobierno de la CONFIEP?

En medio de la confrontación Ejecutivo-Legislativo, y el posible adelanto de elecciones (o la renuncia de Vizcarra), se ha abierto la posibilidad de un gobierno de la CONFIEP, justo en el momento en que más lo necesitan las grandes corporaciones.

El distanciamiento de la segunda vicepresidente, Mercedes Aráoz, del presidente Vizcarra, y su insistencia de que no renunciara, abre en el actual escenario esta posibilidad, sobre todo si tiene el apoyo de grandes poderes económicos y mediáticos.

Esta fórmula podría resultar una “salida negociada” que provoque la renuncia de Vizcarra y que haga asumir “constitucionalmente” la presidencia a Aráoz. La jugada es posible aunque arriesgada.

Existe entonces la posibilidad de que se forme un nuevo triángulo de poder elitista con Aráoz a la cabeza en coordinación con el Congreso.

El plan exige que el Congreso siga presidido por el gran empresario vitivinícola Pedro Olaechea-Álvarez Calderón (grupo Tacama), con apoyo de la coalición fujimorista, que tiene detrás a Roque Benavides Ganoza (grupo Buenaventura, Yanacocha, Cerro Verde), el principal grupo minero nacional-extranjero del país; y que Mercedes Aráoz (segunda vicepresidenta, amiga de PPK y parte del grupo de consultoras corporativas que llegó al poder a las justas el 2016) no renuncie y asuma el poder.

La manera como Vizcarra le ha sacado el cuerpo a Tía María ha indignado a los inversionistas, que exigían a través de sus voceros (como en Las Bambas), una salida represiva presentada como “defensa del Estado de derecho”, lo que vuelca a la CONFIEP y las corporaciones que están detrás, banqueros y mineros, a buscar otra opción de gobierno que apoye su política de mano dura y no más investigaciones.

De ese modo se articularía el Ejecutivo con el Legislativo para demorar o descarrilar las investigaciones en curso del Poder Judicial, rechazando el acuerdo con Odebrecht para de esa manera impedir que fluyan las pruebas, que es parte del arreglo de esta gran coalición que afecta a importantes sectores de la gran empresa. En paralelo, se pondría énfasis en “la estabilidad” y “el retorno a la senda del crecimiento”, al mismo tiempo que se perfilarían medidas represivas.

Sería un gobierno provisional de la CONFIEP, que se forma justo en el momento que caen sus ganancias y se acrecientan sus temores, estando preocupados por el “ruido político” y las investigaciones judiciales que tocan a todo el Club de la Construcción, a varios de los principales estudios de abogados de asesoría corporativa, a numerosos tecnocracias que aprobaron los proyectos en la hasta ahora intocada Pro Inversión.

Ello sin dejar de mencionar al propio PPK, de quien hasta ahora se le tolera su detención domiciliaria como un preso más especial y cuyas investigaciones también pueden parar.

Es muy importante para las elites abogadiles y empresariales evitar por todos los medios que se juzgue un caso de conflicto de intereses en la medida que ocurre con notable frecuencia con la puerta giratoria. Hay que bloquear que se tenga un precedente.

El problema de esta opción es que desnuda el poder y podría generar una crisis de régimen si se genera una amplia oposición popular ante las influencias más abiertas de la CONFIEP, el freno a los esfuerzos anticorrupción y las medidas represivas.

 

FRANCISCO DURAND
 OTRAMIRADA.PE

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