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Oro con dinamita

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Oro con dinamita

MADRE DE DIOS
Si se pudiera detener al capitalismo, el General Daniel Urresti, Alto Comisionado encargado de la lucha contra la minería ilegal, habría ganado su explosiva guerra con dinamita contra los bandidos que depredan la Amazonía.

Al prorrogar el plazo de formalización de los mineros informales del 19 de abril de este año hasta el 2016, en términos de Tsun Tzu, que el respetado Señor General Deniel Urresi conoce bien, se ha preferido no seguir la batalla para no perder la guerra.

Su causa es justa, pero se estrelló contra el impulso a la ganancia y el capitalismo salvaje de los mineros artesanales que mantuvieron una huelga indefinida por semanas en varias regiones del país. Ni la dinamita pudo con ellos.

Los estímulos económicos, de ciencia ficción, de la minería artesanal, son la base de esta derrota de la ley y el orden frente al poder del oro. Una especie de Conga a favor de la nueva burguesía minera informal y de sus miles de trabajadores.

COCA VS ORO
Para comenzar a mirar el problema minero ilegal con otros ojos la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) detectó que, entre agosto del 2012 y enero del 2014, el lavado de activos por la minería prohibida aumentó 49,6%, en tanto el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico en el mismo período solo creció 5,9%. El dinero lavado como producto de la extracción ilegal de oro detectado por la SBS pasó de US$1.019 millones a US$1.525 millones solo en esos 18 meses. Por contraste, el capital blanqueado por el tráfico de drogas en el mismo período pasó de US$4.910 millones a US$5.200 millones.

La minería ilegal es el sector con mas rápido crecimiento en la economía peruana, con unos US$2,700 millones en exportaciones ilegales. Exportación que sale por helicóptero desde las cercanías de La Pampa-Madre de Dios, y luego da el brinco desde el estado de Acre, Brasil, hasta Suiza, en modernos aviones Lear Jet.

ORO BENDITO
Los descubrimientos de los atildados banqueros de la SBS se ratifican con muchas fuentes mas. En el año 2010 se calculó que la minería ilegal en Madre de Dios mueve al año 1.600 millones de soles por el comercio de oro, desplazando al narcotráfico como la principal actividad ilícita.

Según la Cámara de Comercio local, el ingreso de todos los negocios de Madre de Dios es de 1.5 millones de soles al día producto de las compras y gastos de miles de mineros informales y empresas en las ciudades y pueblos de la región.

Si cruzamos cifras de pobreza encontramos grandes sorpresas: Madre de Dios, con 80% de su producto regional originado en el oro ilegal registra sólo un 8.7% de pobreza según INEI. Este resultado es desconcertante cuando lo comparamos con Lima (13.5%) o zonas mineras muy prósperas como Tacna (14.0%), Moquegua (15.7%),Arequipa (19.6%).

Por si fuera poco, Madre de Dios está en todas las listas de prosperidad, entre las 6 regiones líderes en competitividad, producción y otros índices. ¿Cómo lo hace si su modesto gobierno regional, solo recibe 46 millones de soles anuales del estado? Magia aurea que tiene su origen en el flujo indetenible del oro de sus ríos.

Es el reparto negro de la riqueza que llega a la gente con muchas mas externalidades que la minería formal. Esto, porque las compras de insumos y servicios son realizadas a nivel local, activando el comercio, los grifos, tiendas especializadas en artículos mineros, transporte, mercados y toda una gigantesca cadena productiva. Resulta ilógico que el país y una región, otrora tan pobre y aislada, puedan parar este desarrollo económico y productivo. Por eso se estrelló la política de formalización fijada por el decreto 1105. Mancaron por no tener en cuenta la economía.

LEYES Y DINAMITA
En su reciente Huelga los mineros artesanales respondieron al verbalmente incontinente Ministro del Ambiente, Javier Pulgar, señalando que sus trámites de formalización no sirven para nada. Varios miles están pasando por el aro, a paso de tortuga, y una mayoría dice no poder cumplir con el trámite.

Lo mismo dijeron Hernando de Soto y el minero Rafael Belaunde: el papeleo dura 1,400 días, y, al perseguirse a los depredadores ilegales, se ha atacado también a los mineros artesanales, con efectos sociales mas fuertes que la dinamita.

La ola burocrático-legalista, que iniciara el Premier Juan José Jiménez, seguida puntillosamente por el actual titular de Ambiente, ha encallado con la realidad minera. Esas leyes de formalización requieren un cambio urgente, aprovechando el nuevo plazo hasta el 2016

Furiosos integrantes de la Sociedad Nacional de Minería dijeron que en Nazca y Chala se volaron plantas de refinación de oro que trabajaban con la minería formal. Allí podría haberse decidido el viraje gubernamental para pensar las cosas mejor y busca una ruta exitosa para lidiar con la minería informal.

DE JALISCO A TAMBOPATA
Mas allá de toda crítica puntual al proceso de formalización o el estilo Terminator, que ambiciona borrar de la faz de la tierra a la minería informal, hay que reconocer el esfuerzo del gobierno por ponerle fin a esta ilícita actividad. La defensa legítima de los bosques y ríos, es una prioridad a la que el Perú no puede renunciar. Pero esa defensa debe tener en cuenta el necesario realismo político para evitar una filosofía de guerra abierta con cada afirmación de la autoridad del estado.

No queremos ciudadanos, ni gobernantes peruanos, que se repita en Perú la asociación de narcos-como los Caballeros Templarios- con mineros ilegales. En el estado de Michoacán, México, establecieron un retén en el único puerto para cobrar cupos de aduana, llegando al extremo de acopiar mineral legal e ilegal, para su exportación con apoyo de una mafia china. Como si los narcos tomaran Matarani para sacar el oro ilegal por allí.

Estos riesgos serán evitados solo si el Perú define un rumbo distinto para evitar que los narcos controlen la minería artesanal. Y los mineros acosados pueden aliarse con ellos si el estado actúa intensificando la violencia.

Hay soluciones prácticas y técnicos dispuestos a implementarlas.

Varios especialistas sugieren comprar el oro extraído por los mineros artesanales mediante bancos estatales o privados. Es una solución incruenta y de gran impacto económico.

Tampoco hay que descartar la propuesta de Hernando de Soto, para crear un programa especial de titulación de las concesiones con el fin de legalizar las invasiones negociando con sus dueños el pago de sus tierras.

Todo, menos la guerra con dinamita, que es como llamar a Jalisco, donde siempre alguien muere.

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Política

Cargamontón contra el fiscal Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

Erasmo Reyna, el exabogado de Alan García, señaló que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar el celular del fallecido expresidente busca convalidar el tiempo que ha tenido el dispositivo en su poder de manera ilegal.

“No solamente están buscando incautar el bien, el celular, que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril”, señaló Reyna.

“Lo tiene de manera ilegal porque recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial, le autorice para poder justamente tener este bien. Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice”, agregó.

Reyna calificó los hechos como “una actitud perversa” y señaló que el hijo mayor de Alan García pidió semanas atrás la entrega de los objetos personales de su padre y que aún no obtiene una respuesta.

Erasmo Reyna

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO

“Me parece que la investigación debe seguir su curso porque no se trata solo de identificar el rol específico que Alan García puede haber jugado en el esquema de corrupción”, dijo el analista político Carlos Monge.

“Se trata también de identificar la red de relaciones de quienes de adentro del Poder Judicial protegían a Alan García, incluso él mismo decía que tenía informantes; entonces me parece que si bien Alan García se suicidó, eso no agota seguir adelante con las investigaciones”, afirmó.

“El levantamiento del secreto de sus comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, el allanamiento del domicilio o de los locales donde pudiese haber documentación, el requerir instrumentos de comunicación, como el celular o como podría haber sido una laptop, son parte de un proceso de investigación que no tiene porqué interrumpirse”, aseguró.

“No me llama la atención que el Apra reaccione, porque está tratando de construir la idea de un mito, de un mártir de la democracia o lo que sea, en ese sentido no tiene ningún interés en que sepa más acerca de las responsabilidades directas de Alan García, los contactos que han estado usando para protegerse”, sostuvo.

Mercedes Araoz

ARÁOZ Y SU CORAZONCITO APRISTA

“Recordemos que Mercedes Aráoz fue ministra de Economía y ha sido candidata del Apra, entonces sus vínculos políticos existen -¡ojalá no existan vínculos de corrupción!-, al menos es fuerte el vínculo político: no es poca cosa ser ministra de Economía, no es poca cosa ser candidata presidencial, es un vínculo muy fuerte que en este caso no está comportándose como miembro integrante del Ejecutivo, que está colocando la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda, me parece que más bien sigue comportándose como parte del entorno personal y político de Alan García”, observó.

“No me sorprende que lo haga, que salga con posiciones tan discordantes del presidente Vizcarra y el Ejecutivo, pero sí me preocupa porque en el caso de que el presidente Vizcarra tenga un problema de salud o político, quien asumiría la presidencia de la República sería ella”, comentó.

“Eso significaría una orientación totalmente diferente en la lucha contra la corrupción y eso es preocupante. Ojalá que esta no sea una jugada en pared con el fujiaprismo. Es como si dijera: ‘ustedes traten de vacar a Vizcarra y yo me ofrezco como una presidenta amigable’, eso puede ser, ojalá que no”, concluyó Monge.

Javier Velásquez Quesquén

ME SORPRENDE QUE SE META EN ESO

“En primer lugar la incautación es absolutamente legal, sí es legal es legítima; en segundo lugar, la responsabilidad penal de Alan García ha caducado con su muerte, pero las investigaciones sobre los hechos, no”, afirmó Alberto Quintanilla legislador de Nuevo Perú.

“Hay que tener en cuenta que hay otros presuntos responsables y reparaciones civiles en favor del Estado que están pendientes de ser resueltas y que de ninguna manera se separarían de la investigación”, subrayó.

“Esa es una interpretación absolutamente equivocada de Velásquez Quesquén, Erasmo Reyna y de la señora Mercedes Aráoz. Lo que ellos quieren es que no se conozca la verdad y también que no se sepa quiénes fueron los cómplices de Alan García”, destacó.

ALGO MÁS

“Y lo que está haciendo (el fiscal Pérez) es regularizar el celular con su incautación, porque si no tendrían que devolverlo a sus herederos y allí queda. Me sorprende que Mercedes Aráoz se meta en eso, parece que está interesada en encubrir algo; no vaya a ser que en los presuntos congresistas que habrían recibido plata esté metida por ahí, ¿no?”, agregó el legislador de Nuevo Perú.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Congresistas favorecidos por Odebrecht se hacen los locos

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Alberto de Belaunde

Alberto de Belaunde, legislador de la Bancada Liberal, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país.

“El equipo de fiscales del caso Lava Jato ha demostrado que ni los expresidentes, ni los líderes de los partidos políticos son intocables. Es hora de demostrar que los congresistas tampoco son intocables”, dijo el legislador.

“Acá no puede haber intocables, no importa si son congresistas, funcionarios o personalidades. Todos los que han cometido alguna irregularidad o delito tienen que ser investigados y, si corresponde, ser procesados y sentenciados”, expresó.

Advirtió que quizá el país se llevaría muchas sorpresas de obtener esa información y también la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores.

NO ES UN HECHO NUEVO

“Bueno ese no es un hecho nuevo, desde hace muchísimo tiempo anuncié que había muchísimos congresistas o beneficiados con aportes económicos para su campaña electoral de parte de Odebrecht”, dijo la congresista Maritza García.

“Siempre anunciamos eso y es un secreto a voces, y esperamos que salgan a la luz para que se conozca quiénes son los que llegaron al congreso con una campaña transparente y quiénes con dinero sucio al poder, para realizar sus lobbies”, enfatizó.

“Debe saberse de manera inmediata los nombres, caiga quien caiga; tenemos derecho a saber y que las investigaciones sean claras y objetivas, y si están siendo investigados, no tiene por qué ocultarse”, sentenció.

Dijo que esos casos pertenecen a una carpeta judicial. Es importante que se sepa a los que están involucrados en delitos de corrupción, mafias y redes, para que no se vuelvan a repetir”, concluyó Maritza García.

ESTRATEGIA DE LA CORRUPCIÓN

“Bueno, ya hace mucho tiempo se habló de congresistas financiados por las empresas brasileñas, sea Odebrecht, OAS, incluso las que están vinculadas con el Club de la Construcción”, dijo el excongresista Juan Pari, quien fuera presidente de la Comisión Lava Jato.

“Yo creo que ese tema tiene que revelarse porque las empresas corruptas han capturado todo el sistema político y han neutralizado al Congreso como el ente político más importante de la función pública del país”, resaltó.

“Es sumamente importante de que esos congresistas que hayan caído en coimas y prebendas de esas empresas corruptas, sean revelados para que sepa la función que tuvieron en los periodos legislativos del país”, agregó.

HOMOLOGACIÓN PERMITIRÁ USAR LOS INTERROGATORIOS, ASEGURA CONGRESISTA DE BELAUNDE

De Belaunde destacó también la reciente homologación del acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht “porque permitirá utilizar los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora brasileña en los procesos judiciales que se siguen en nuestro país”.

Resaltó que el Poder Judicial ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y ha reconocido que existe proporcionalidad entre la información que ha entregado la empresa brasileña y los beneficios otorgados por la Fiscalía.

“Esto echa por tierra a todos los políticos y analistas que decían que era un mal acuerdo o entreguista. Demuestra que la Fiscalía ha venido actuando de manera adecuada”, señaló.

En marzo del 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en la campañas de congresistas.

ALGO MÁS

“Hay informes vergonzosos que se archivaron para que la corrupción avance. Por eso reitero, concluyó Juan Pari,que la estrategia de la corrupción era capturar todo el sistema político, no solamente el Ejecutivo sino controlar el Legislativo”.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

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Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas en un conflicto social del año 2009, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes.

Como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.

Como consecuencia de esta actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda, Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez, quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.

Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la Fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los efectivos policiales autores de estos crímenes, solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.

El caso es que al existir abiertas dos investigaciones y formularse dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación; tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión y por lo cual de acuerdo a la norma procesal, debía de acumularse necesariamente.

Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales, resolución que fue apelada por la Fiscalía y la defensa legal de las víctimas, siendo declarado fundado el recurso de apelación por la segunda y última instancia, por lo cual se dispuso la acumulación de los dos procesos antes citados.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros considera que la acumulación procesal constituye un paso firme para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares y se las repare de forma integral. Además, exige al Estado Peruano que cese su política de criminalización de la protesta social y que, por el contrario, establezca una política pública y un sistema normativo que garantice el derecho y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, especialmente de los pueblos indígenas.

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