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Ollanta Humala: la continuidad de la “modernización” neocolonial

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Ollanta Humala: la continuidad de la “modernización” neocolonial

El paquete «reactivador», aprobado por el Congreso el jueves 3 de julio, contiene medidas que debilitan la institucionalidad y los mecanismos de fiscalización ambiental y erosionan los efectos disuasivos de las sanciones a infracciones ambientales. Se establece un plazo de 45 días para la emisión de opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); se reduce las multas ambientales a 50% durante tres años; se debilita el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); pierde importancia el Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SENACE); y, se menoscaban las funciones del Ministerio del Ambiente al pasar al Consejo de Ministros la decisión sobre la creación de áreas reservadas y la fijación de los estándares de calidad ambiental. No hay que olvidar, además, que este gobierno no implementa la ley de consulta previa que aprobó el año 2011.

La continuidad de la «modernización» neocolonial
El Decreto Supremo N° 060-2013-PCM ya reducía los plazos de los procedimientos para ejecutar proyectos de inversión con «mayor celeridad y menores costos». Esta vez se va más allá: se debilita la institucionalidad de la protección ambiental y la propia capacidad sancionadora del gobierno frente a corporaciones privadas que infringen los estándares ambientales. El objetivo es el mismo: impulsar las inversiones. Los directos beneficiarios de estas medidas son los grandes inversionistas transnacionales que operan en los sectores minería y de hidrocarburos. La concepción de modernización y crecimiento económico del gobierno de Humala se basa en este tipo de inversiones.

Siguiendo a Alan García –propulsor de esta «modernización» neocolonial–, el gobierno de Humala reduce los estándares laborales y ambientales, y debilita las instituciones encargadas de su regulación, para aumentar la inversión en la extracción de recursos naturales y, de este modo, enfrentar la actual desaceleración en la tasa de crecimiento del PBI. No le importa el costo socio-ambiental de sus medidas; le importa más satisfacer a los grupos de poder económico que usufructúan de la renta que les proporciona la explotación de nuestros recursos naturales. Su apuesta por el crecimiento económico impulsado por las grandes inversiones mineras y de hidrocarburos, facilitadas además por concesiones con poca o ninguna fiscalización, es la expresión de su ideología neocolonial que subordina los intereses nacionales y los derechos de las poblaciones nativas, a los intereses del capital transnacional.

No se busca desarrollar la minería con altos estándares ambientales y laborales, con industrialización de los recursos minerales, con transferencia de tecnología, y con impuestos que compensen el agotamiento de los recursos para no perjudicar a las generaciones futuras de país. Esta sería una ruta democrática y soberana. Por el contrario, el gobierno de Humala ha optado por una acumulación de capital de tipo neocolonial que orienta la inversión privada hacia áreas de complementación económica transnacional, sin progreso tecnológico y con un modelo exportador basado en el «cholo barato», en el desmantelamiento de los estándares laborales y ambientales, y en contratos de estabilidad tributaria que le restan soberanía al Estado.

Extractivismo político y económico
En consonancia con su ideología neocolonial, el gobierno de Humala fomenta la expansión de instituciones económicas extractivistas (que extraen ingresos y riqueza de una parte de la sociedad en beneficio de las élites económicas). Estas instituciones practican la fácil obtención de rentas, pero no lo redistribuyen. Son instituciones que no fomentan la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, la creación de actividades productivas manufactureras, la expansión de fábricas industriales, ni menos la mejora de las condiciones de vida y el aumento de los salarios de los trabajadores. Los productores de materias primas son cada vez más ricos, pero esta «riqueza caída del cielo ha hecho muy poco para crear un economía moderna diversificada». Por lo tanto, el tipo de crecimiento y modernización que impulsa este gobierno no puede ser inclusivo. «Las instituciones económicas inclusivas –dicen Acemoglu y Robinson– fomentan la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica».

Tampoco se desarrollan instituciones políticas inclusivas. No hay mecanismos que faciliten el control de los políticos y que le permitan a los ciudadanos influir en su comportamiento. No se innova la manera de hacer política, no se distribuye el poder, no hay límites reales al ejercicio de este poder, ni se fortalece la democracia. Por eso el gobierno de Humala no puede ser concebido como el agente de los ciudadanos que lo eligieron para defender sus derechos individuales y colectivos. «Las instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson– permiten que la élites económicas controlen el poder político para elegir instituciones económicas con menos limitaciones o fuerzas que se opongan». El ejemplo de este tipo de control, es precisamente el paquete «reactivador».

A modo de conclusión
«Con instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson– quienes ejercen el poder son capaces de establecer instituciones económicas para enriquecerse y aumentar su poder a costa de la sociedad».

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Política

Acorralado, Congreso apura el paso para eludir cuestión de confianza

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Daniel Enrique Salaverry Villa y congresistas de fujimoristas de Fuerza Popular

En la confrontación por la demora intencional de las reformas judicial y política, agudizada anteayer por la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra, el Congreso reaccionó aprobando con inusitada velocidad dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empezó a discutir la referida a la bicameralidad

Sin embargo, paralelamente a esta línea de aparente cumplimiento veloz, la presidencia del Congreso, a través de la Junta de Portavoces, empezó a desplegar otra línea de contención ante la cuestión de confianza y su consiguiente opción de la disolución en caso de que esta sea rehusada.

Una escopeta de dos cañones que trata de demostrar que no es necesaria ninguna cuestión de confianza para obligar al Congreso a que acelere su trabajo y que el camino escogido por el presidente Vizcarra es improcedente y supuestamente atropella la autonomía del Legislativo y la independencia de poderes.

La jornada congresal se inició poco después de las nueve de la mañana con la reunión urgente de la Junta de Portavoces la que, a eso de las once de la mañana, culminó acordando lo siguiente:

ACUERDO UNO

Discutir en el Pleno los dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con celeridad sorprendente por las comisiones de Constitución y de Justicia, las mismas que la semana pasada se habían entrampado, debido a desacuerdos aparentemente irresolubles.

ACUERDO DOS

Responder, ayer mismo, mediante un escrito, el Decreto Supremo Nº 097- 2018-PCM con el cual el presidente Vizcarra convocó a sesión extraordinaria del Congreso para mañana miércoles, para que reciba el pedido de cuestión de confianza del presidente del Consejo de ministros, respecto a:

“Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada medianteDecreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

ACUERDO TRES

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocará de oficio (o sea por su cuenta, sin tomar en cuenta la convocatoria constitucional del Jefe del Estado) al primer ministro César Villanueva para que mañana miércoles a las 9 a.m. explique al Pleno la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra como forma de presión para acelerar las reformas y el referéndum.

ACUERDO CUATRO

El Congreso se compromete a aprobar hasta el 4 de octubre los cuatro proyectos de reforma constitucional: la reorganización del CNM, la bicameralidad, la no reelección inmediata de congresistas y el control al financiamiento privado a partidos políticos.

SEGUNDO PEDIDO DE CONFIANZA

En medio de duras críticas de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo al DS 097, por supuestas fallas de “fondo y forma”, los observadores esperaban que la presidencia del Congreso rechazara la convocatoria del Jefe del Estado a la sesión extraordinaria de mañana y optara por convocar al Pleno al premier Villanueva solo a explicar, pero no a presentar la cuestión de confianza, en el contexto de que el reglamento del Congreso impide la presentación de este mecanismo de control político.

Sin embargo, al parecer el régimen de Vizcarra le ganó en velocidad al legislativo, puesto que mientras la Junta de Portavoces se reunía, el premier César Villanueva envió el oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, al presidente del Legislativo Salaverry, remarcándole que el pedido de confianza planteado por el presidente Vizcarra es el segundo, con todo lo que eso significa.

Villanueva no fue delicado en su oficio. Acusó al Congreso de haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos presentados y dejó en claro que este segundo pedido de confianza no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso. Así mismo, pidió que el Pleno reciba al Consejo de Ministros a las 8 de la mañana del miércoles 19.

Es posible que esta comunicación haya frustrado la aplicación del acuerdo dos de la Junta de Portavoces y que la presidencia del Congreso haya preferido contemporizar la confrontación decidiendo a nivel de su partido Fuerza Popular, principal opositora del régimen, que sus delegados asistan a la reunión convocada por el Jefe del Estado con los portavoces de las bancadas legislativas, a las 5 pm en Palacio.

VA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al mediodía, luego de la Junta de Portavoces, la congresista fujimorista Ursula Letona, declaró que el DS de convocatoria a sesión extraordinaria de Vizcarra, tiene errores e interpretaciones “inconstitucionales”. Su colega de bancada, Alejandra Aramayo, se atrevió a decir que el dispositivo contiene “infracciones constitucionales”.

Sin embargo, al término de la reunión palaciega, cerca de las siete de la noche, Mauricio Mulder informó que la reunión con el Presidente había sido positiva y que tal como se habían desarrollado los acontecimientos, no veía problema para que el Congreso concediera la confianza que mañana solicitaría Villanueva.

Letona, en la misma línea dijo que explicaron al Presidente el avance de las reformas, que de la confianza nadie habló en la reunión y que el premier Villanueva y el gabinete serían bien recibidos y escucharían sus razones respecto a su pedido de confianza.

REGRESO DEL SENADO

En tanto lo anterior ocurría en la Plaza de Armas, en el Congreso, presos de una energía nunca antes vista, los miembros de la Comisión de Constitución entraron al debate del segundo punto de la reforma política: la bicameralidad o la creación de la cámara de senadores.

Sobre el tema, si no lograban ponerse de acuerdo ayer, podrían hacerlo en las primeras horas de hoy, de tal modo que el Pleno podría debatir dos de las cuatro reformas propuestas por Vizcarra.

LAS MÁS DIFÍCILES

Si esto ocurre, quedarían pendientes las reformas más problemáticas en función de los intereses personales de los congresistas y los de sus agrupaciones: la no reelección de los legisladores, la que tiene más apoyo ciudadano, por el desprestigio del Legislativo, y el financiamiento de las organizaciones políticas, tema intocable para el fujiaprismo.

No obstante, el propio presidente del Congreso había establecido el 4 de octubre, como fecha máxima de aprobación de todas las reformas.

ALGO MÁS

Sin embargo, en el Congreso hubo absoluto silencio sobre el referéndum, sobre todo en la oposición parlamentaria, y sobre su fecha de realización, el sábado 8 de diciembre.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Cardenal, regiones y Poder Judicial apoyan a Vizcarra

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Pedro Barreto

Personalidades políticas, religiosas y representantes de otros poderes del Estado, se sumaron al sólido respaldo ciudadano que recibió la decisión del presidente Martín Vizcarra de plantear ante el Congreso la cuestión de confianza respecto a las reformas judicial y política, que tienen como objetivo frenar y reducir el alto nivel de corrupción que afecta al país.

De la curia católica expresaron su apoyo el cardenal Pedro Barreto y el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga hizo lo mismo, así como también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que emitió un pronunciamiento en ese mismo sentido.

EL CARDENAL

En una entrevista a la agencia de prensa alemana, Deutsche Welle, el cardenal Barreto dijo que la cuestión de confianza planteada por el mandatario Martín Vizcarra, es una expresión altamente democrática.

Añadió que la medida apunta a“conseguir lo más pronto posible plasmar medidas que tiendan a la reducción del alto nivel de cuestionamiento a los poderes Legislativoy Judicial, por el tema de la corrupción, añadiendo que el mandatario cuenta con el respaldo total de la Iglesia para realizar las reformas.

PRESIDENTE DE CEP

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, felicitó al mandatario Vizcarra, vía Twitter, por la iniciativa de la cuestión de confianza, por considerarla una acción necesaria y fundamental para luchar contra la corrupción destapada desde julio a través de los “CNM audios”.

El religioso escribió: “Haciendo eco del clamor de la población, saludo y felicito al presidente Martín Vizcarra por su mensaje en el que plantea la cuestión de confianza al Congreso para la reforma del sistema judicial y político en la lucha contra la corrupción.

PODER JUDICIAL

En la coyuntura también se manifestó el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, al lado del mandatario Martín Vizcarra, expresando su esperanza de que la cuestión de confianza acelere las reformas y contradijo a quienes califican al Jefe del Estado de golpista, y señaló que eso está fuera de lugar.

Ante los medios de prensa dijo: “El Poder Judicial sigue con la expectativa de que estas propuestas legislativas deben tener un resultado”.

“Confío en que lo que viene aconteciendo en estos dos últimos días debe llevarnos a todos los que tenemos responsabilidades en el Estado a entender que hay una perspectiva a nivel nacional para que se dé un plazo razonable a los cambios que la justicia espera”, añadió.

GOBIERNOS REGIONALES

En el marco de los lineamientos institucionales sobre la encrucijada nacional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) dio en un comunicado su “total respaldo al señor presidente Martín Vizcarra por la decisión de plantear cuestión de confianza ante el Congreso de la República, a efectos de iniciar la ansiada reforma judicial y política, que toda nuestra nación peruana requiere y así lo exige”.

URRESTI

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, también felicitó al jefe del Estado Martín Vizcarra por la decisión tomada. “Felicitaciones, señor Presidente. Luchemos realmente contra la corrupción apañada y defendida por la ‘Sra. K’”, escribió el polémico general en Twitter.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Titular del TC pide serenidad ante situación

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Ernesto Blume

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, hizo un llamado a la serenidad y a continuar con la búsqueda de consensos, tras la presentación de la cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso para aprobar la reforma política y judicial.

“Quiero hacer un llamado a la serenidad, al diálogo y a la búsqueda de consensos para superar esta situación; el sistema constitucional es un sistema potente que permite solucionar todos los problemas que se puedan presentar”, afirmó.

“El Perú es capaz de solucionar cualquier problema”, dijo a la prensa tras exponer el presupuesto del tribunal para el próximo año.

Blume destacó que el Perú cuenta con 23 años de democracia continúa y la sucesión de siete presidentes, en el marco de la Constitución.

“Debemos seguir siempre pensando en la unidad, con serenidad, una apertura al diálogo y un espíritu real de búsqueda de consenso”, explicó.

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