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Ollanta Humala: la continuidad de la “modernización” neocolonial

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Ollanta Humala: la continuidad de la “modernización” neocolonial

El paquete «reactivador», aprobado por el Congreso el jueves 3 de julio, contiene medidas que debilitan la institucionalidad y los mecanismos de fiscalización ambiental y erosionan los efectos disuasivos de las sanciones a infracciones ambientales. Se establece un plazo de 45 días para la emisión de opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); se reduce las multas ambientales a 50% durante tres años; se debilita el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); pierde importancia el Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SENACE); y, se menoscaban las funciones del Ministerio del Ambiente al pasar al Consejo de Ministros la decisión sobre la creación de áreas reservadas y la fijación de los estándares de calidad ambiental. No hay que olvidar, además, que este gobierno no implementa la ley de consulta previa que aprobó el año 2011.

La continuidad de la «modernización» neocolonial
El Decreto Supremo N° 060-2013-PCM ya reducía los plazos de los procedimientos para ejecutar proyectos de inversión con «mayor celeridad y menores costos». Esta vez se va más allá: se debilita la institucionalidad de la protección ambiental y la propia capacidad sancionadora del gobierno frente a corporaciones privadas que infringen los estándares ambientales. El objetivo es el mismo: impulsar las inversiones. Los directos beneficiarios de estas medidas son los grandes inversionistas transnacionales que operan en los sectores minería y de hidrocarburos. La concepción de modernización y crecimiento económico del gobierno de Humala se basa en este tipo de inversiones.

Siguiendo a Alan García –propulsor de esta «modernización» neocolonial–, el gobierno de Humala reduce los estándares laborales y ambientales, y debilita las instituciones encargadas de su regulación, para aumentar la inversión en la extracción de recursos naturales y, de este modo, enfrentar la actual desaceleración en la tasa de crecimiento del PBI. No le importa el costo socio-ambiental de sus medidas; le importa más satisfacer a los grupos de poder económico que usufructúan de la renta que les proporciona la explotación de nuestros recursos naturales. Su apuesta por el crecimiento económico impulsado por las grandes inversiones mineras y de hidrocarburos, facilitadas además por concesiones con poca o ninguna fiscalización, es la expresión de su ideología neocolonial que subordina los intereses nacionales y los derechos de las poblaciones nativas, a los intereses del capital transnacional.

No se busca desarrollar la minería con altos estándares ambientales y laborales, con industrialización de los recursos minerales, con transferencia de tecnología, y con impuestos que compensen el agotamiento de los recursos para no perjudicar a las generaciones futuras de país. Esta sería una ruta democrática y soberana. Por el contrario, el gobierno de Humala ha optado por una acumulación de capital de tipo neocolonial que orienta la inversión privada hacia áreas de complementación económica transnacional, sin progreso tecnológico y con un modelo exportador basado en el «cholo barato», en el desmantelamiento de los estándares laborales y ambientales, y en contratos de estabilidad tributaria que le restan soberanía al Estado.

Extractivismo político y económico
En consonancia con su ideología neocolonial, el gobierno de Humala fomenta la expansión de instituciones económicas extractivistas (que extraen ingresos y riqueza de una parte de la sociedad en beneficio de las élites económicas). Estas instituciones practican la fácil obtención de rentas, pero no lo redistribuyen. Son instituciones que no fomentan la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, la creación de actividades productivas manufactureras, la expansión de fábricas industriales, ni menos la mejora de las condiciones de vida y el aumento de los salarios de los trabajadores. Los productores de materias primas son cada vez más ricos, pero esta «riqueza caída del cielo ha hecho muy poco para crear un economía moderna diversificada». Por lo tanto, el tipo de crecimiento y modernización que impulsa este gobierno no puede ser inclusivo. «Las instituciones económicas inclusivas –dicen Acemoglu y Robinson– fomentan la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica».

Tampoco se desarrollan instituciones políticas inclusivas. No hay mecanismos que faciliten el control de los políticos y que le permitan a los ciudadanos influir en su comportamiento. No se innova la manera de hacer política, no se distribuye el poder, no hay límites reales al ejercicio de este poder, ni se fortalece la democracia. Por eso el gobierno de Humala no puede ser concebido como el agente de los ciudadanos que lo eligieron para defender sus derechos individuales y colectivos. «Las instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson– permiten que la élites económicas controlen el poder político para elegir instituciones económicas con menos limitaciones o fuerzas que se opongan». El ejemplo de este tipo de control, es precisamente el paquete «reactivador».

A modo de conclusión
«Con instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson– quienes ejercen el poder son capaces de establecer instituciones económicas para enriquecerse y aumentar su poder a costa de la sociedad».

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Política

Dinero sucio en jaque

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Comisión de Constitución - Milagros Takayama, Úrsula Letona, Rosa María Bartra Barriga

Según la agenda del Parlamento, Del Solar y Zeballos expondrán sobre el Proyecto de Ley 4189/2018/PE que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas.

Dicha iniciativa legislativa también propone modificar la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo internacional.

Sin embargo, se presentan nubarrones porque se avizoran conflictos de parte del fujiaprismo, ya que sus integrantes se opondrán a esta reforma política que ha presentado el Ejecutivo.

Pero no lo hacen gratuitamente, sino porque están inmersos en la receptación de dinero mal habido, especialmente de Odebrecht, que es lo que se sabe, sin contar con otros dineros sucios.

HOY EMPIEZAN LOS PROBLEMAS

“Me da la impresión de que allí van a empezar los temas más duros, porque hasta ahora lo que se ha venido aprobando son temas que si bien es cierto han sido un poquito peliagudos se han dejado los más difíciles para más adelante”, comentó Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) y conductor de Ideeleradio.

“Se han aprobado temas de la reformas que coinciden con los del gobierno, pero ahora se tocarán los temas más complicados como la paridad, la democracia interna y el financiamiento”, observó.

“Me parece que el Pleno del Congreso ha aprobado los proyectos que se parecen a los enviados por el Ejecutivo, pero me parece que los temas más picantes lo han dejado para el final”, observó.

“Las dificultades van a mostrar desde mañana (hoy) la verdadera cara del Congreso, porque lo que ha habido hasta ahora es un guiño al Ejecutivo, porque, efectivamente, los temas que se han aprobado han sido los menos beligerantes”, detalló.

TEMAS PICANTES

“Pero el último tramo se hará con los temas más duros. El Ejecutivo planteó un orden de ejecución y ellos están haciendo exactamente lo contrario”, puntualizó.

“Porque el Ejecutivo lo que planteó fue el levantamiento de la inmunidad, que lo pasaron al final; el segundo punto era la paridad y lo pasaron para el final; y el tercer punto fue del financiamiento, también para el final”, subrayó.

“Me parece que tres temas de la reforma política fueron aprobados como quería el Ejecutivo, pero los otros temas no serán así, será a la manera de ellos para dar a entender que la confianza ha sido debidamente otorgada”, concluyó Glatzer Tuesta.

ES INDISPENSABLE

“Me parece que es indispensable procurar que los partidos políticos sean financiados a través de dineros lícitos, legales y, por supuesto, de esa manera, impedir que narcotraficantes o empresarios mercantilistas utilicen su dinero para de esa manera adquirir fuerza política”, fundamentó Francisco Diez Canseco, líder del partido Perú Nación.

“Empresarios mercantilistas son, por ejemplo, los brasileños de Odebrecht, OAS, etc., que han coimeado a funcionarios y presidentes, y que están metidos por todo”, señaló.

“Desde el punto de vista de la operatividad de lo que se está planteando, entiendo que estas propuestas están tipificando los delitos de financiamiento indebido y el falseamiento de información”, subrayó.

“Esto obliga a las organizaciones políticas a presentar dos reportes de gastos en la campaña electoral. En eso tenemos que tener cuidado, yo veo, por ejemplo, que hay una posición sumamente reglamentarista de parte de la ONPE hacia los partidos que llevan los balances”, remarcó.

MULTAS EXORBITANTES

“Por ejemplo, se ponen multas que son muy exorbitantes cuando un partido se demora unos días en presentar los balances correspondientes. Eso debería modificarse, porque se trata de controlar que los medios sean lícitos y no encerrar a los partidos simplemente a través de multas sumamente inaceptables”, objetó.

“Sobre eso, nosotros, los de Perú Nación, estamos pensando plantear un amparo constitucional porque nos parece que eso es totalmente antidemocrático, que perjudica a los partidos políticos que no utilizan precisamente dineros ilícitos o de origen oscuro, sino que viven del aporte de sus afiliados”, recalcó.

“Creo que por allí también se hubo planteado que el cierre de los partidos políticos, que no cumplen con pagar las multas que se establezcan, es también antidemocrático, porque un partido político no es una empresa. Y a una empresa la SUNAT no la cierra porque tiene que pagar por notario, vía INDECOPI o cosas por el estilo, a los partidos solo quieren cerrarlos”, señaló.

ALGO MÁS

“Creo hay aquí una suerte de visión distorsionada que se refleja en lo que ha presentado la comisión que preside el señor Tuesta y que está dirigida por el presidente Vizcarra”, concluyó Francisco Diez Canseco.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Vilcatoma en graves problemas

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Yeni Vilcatoma

“Yo mismo me he sorprendido Ella ha tramitado mi libertad. Ya en las investigaciones se va a saber”, dijo el sicario tras su recaptura. Como era de esperarse, Vilcatoma lo negó todo.

“Goro” fue condenado a 25 años de cárcel en el 2015 y, en el 2017, la Corte Suprema de Justicia confirmó esa condena, pese a que se intentó anularla. Sin embargo logró escabullirse de la justicia.

Algunos de los entrevistados por el Diario UNO, dijeron que hay que tomar con pinzas las declaraciones de “Goro”, porque se trata de la palabra de un delincuente, de un sicario de alta peligrosidad.

Otros pidieron que se investigue el asunto dado el comportamiento extravagante, demostrado por la congresista YeniVilcatoma, que cuestionada por sus frecuentes exabruptos.

ES PREOCUPANTE

“Yo creo que hay que tomar con ciertas reservas (las afirmaciones de “Goro” sobre YeniVilcatoma), pero es preocupante. Que un sicario de este nivel esté mencionando la participación nada menos que de la vicepresidenta del Congreso, no estamos hablando de cualquier persona”, dijo el congresista Wilbert Rozas de Frente Amplio.

“Esto es preocupante y lo que se tiene que hacer es averiguar realmente qué situaciones han pasado. Yo escuché esta mañana (ayer) a la congresista en RPP desmintiendo totalmente la información”, comentó.

“Pero también he escuchado la versión del propio ministro que dice que hay que tomar la opinión como la opinión de un sicario. Ahora, ¿cuánto de verdad hay ahí?, yo creo que hay que investigar”, sugirió.

HAY QUE INVESTIGAR

“Me parece que esa situación no se puede quedar en un simple decir, sino que hay que ahondar el problema que algo debe haber, por esa razón ese señor lo menciona”, anotó.

“Además, puede haber alguien detrás de él mencionando este tipo de cosas; y el otro es que realmente ha podido suceder el problema. Por ello, yo creo que hay que tomar en cuenta porque se refiere a una persona que siempre ha dicho que ella es una gran investigadora y una luchadora contra la corrupción”, opinó.

“Pero si un sicario como ‘Goro’ la incrimina hay que tomar en cuenta sus palabras y hay que realizar una investigación cuanto antes”, concluyó el congresista Wilbert Rozas.

SERÍA DESASTROSO

“He escuchado sobre el tema de manera no formal, por diferentes medios.Si fuese cierto sería realmente lamentable, sería un tema desastroso dado que la señora congresista no tendría porque haber hecho una función de ese tipo”, expresó el congresista Edgar Ochoa de Nuevo Perú.

“Sería, vuelvo a repetir, un comportamiento desastroso de un comportamiento político cuestionable. No tengo dudas, es lo que he escuchado a través de los medios de comunicación”, observó.

“Si es cierto este hecho, estamos frente a una congresista sujeta a un proceso no sólo a un proceso de Ética sino de una acusación constitucional y posiblemente, y ojalá, con cargo al desafuero”, sentenció.

“Imagínese que los congresistas nos dediquemos a liberar delincuentes, sería una locura, una locura; si los congresistas trabajáramos bajo esa premisa de liberar delincuentes, sería desastroso”, concluyó Edgar Ochoa.

ALGO MÁS

“Yo tengo mis dudas de lo que ha dicho ‘Goro’. Esperemos las investigaciones. No me adelantaría, yo no lo creo. Además, en la lógica, ¿qué hubiese buscado la señora Vilcatoma?No me queda absolutamente claro, por eso yo prefiero esperar las investigaciones”, comentó el congresista Alberto Quintanilla de Frente Amplio.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Proyecto de Tubino desnaturalizaría reforma sobre inmunidad

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Proyecto de Tubino desnaturalizaría reforma sobre inmunidad

El congresista Alberto Quintanilla aseguró que la propuesta de conformar un Consejo de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, presentada por Carlos Tubino, es “absurda” y desnaturalizaría la reforma propuesta por el Ejecutivo sobre este tema.

“(la propuesta de Carlos Tubino) no solo desnaturalizaría lo dicho por el Ejecutivo, sino que va contra toda lógica republicana de equilibrio de poderes. El Poder Judicial está disminuido. Deberíamos reivindicarlo y el levantamiento de inmunidad parlamentaria debería resolverse ahí”, destacó.

Según dijo, es preferible que el levantamiento de inmunidad sea evaluado de forma autónoma por el Poder Judicial.

“No me parece conveniente crear un organismo ad hoc para que se reúna pocas veces al año. Yo estoy de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo”, manifestó.

El Ejecutivo presentó el 4 de junio un proyecto de reforma constitucional según el cual el procedimiento deberá ser evaluado por la Corte Suprema en un plazo no mayor de 30 días hábiles luego de la presentación del pedido. Esta y otras 5 propuestas recibieron el voto de confianza de los parlamentarios el miércoles 5 de junio.

La iniciativa del congresista fujimorista establece que los legisladores no pueden ser procesados ni arrestados, incluso por delitos cometidos antes de su elección, sin previa autorización del Consejo de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante.

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