Odebrecht tiene la palabra

Ahora es cuando. Marcelo Odebrecht debe revelar hoy ante fiscales peruanos la verdad sobre vínculos de su empresa constructora y corruptora con gobernantes y políticos del Perú. Dos fiscales peruanos recibirán respuestas de Odebrecht a interrogaciones sobre Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo.

Lo que Odebrecht diga confirmará sospechas y posiblemente cambie la vida de más de un personaje. Odebrecht no solo tiene así las llaves del destino, sino también, probablemente, los candados de una cárcel.

La crispación de los políticos tradicionales, en particular del Apra y del fujimorismo, se deben al miedo de que las declaraciones del empresario brasileño confirmen coimas y ratifiquen corruptos.

Los magistrados peruanos que están en Brasil con el pliego de interrogaciones de la justicia peruana son el fiscal superior Rafael Vela Barba y el fiscal especializado José Domingo Pérez Gómez.

La policía peruana, y también la brasileña, deberían poner especial atención a la seguridad de los dos magistrados. No se puede olvidar que los peruanos procesados formaron parte de redes de crimen organizado, y que algunos de ellos –por ejemplo, Alberto Fujimori, Alan García y Ollanta Humala– tienen antecedentes en materia de eliminar testigos y recurrir al terror.

Varios enigmas deberían ser resueltos por Odebrecht. Uno de ellos es el significado exacto de su frase dirigida a su funcionario Jorge Barata: “aumentar a Keiko”. Otro es la anotación “AG” que apareció en su agenda.

El caso es de interés excepcional, no solo por los delitos que cubre, sino también lo que encierra como robo y estafa al Perú, puesto que las coimas encarecían las obras y afectaban el presupuesto nacional.

Es probable que lo que Odebrecht delate comprometa a más de una empresa privada peruana, sobre todo a Graña y Montero. Si es así, será una severa lección moral y una advertencia. Porque desde siempre ha existido en el Perú una malsana relación entre Estado y empresa. El contubernio entre Alan García y Jorge del Castillo con la gran minería es un secreto a voces.

Una consideración que no aparece en las páginas del escándalo es la tragedia de 150 mil obreros de construcción que se han quedado sin empleo y sin pago. El Ministerio de Trabajo tiene ahí una responsabilidad que no está asumiendo.