Odebrecht: síntoma de un sistema

El escándalo de Odebrecht y todo el paquete incluido – sobornos, coimas, corrupción generalizada – quizá, nos hace recordar a muchos, cuando salieron a la luz los vladivideos y fue descubriéndose cómo el fujimorismo había implantado una gran red de corrupción en todos los niveles del Estado y de la sociedad.

Han pasado diecisiete años y aún seguimos tratando de recuperar el dinero robado, encarcelar a los culpables, expatriar a los prófugos y terminar un proceso político que nos cuesta hasta hoy superar. Pero es parte de un proceso nada sencillo, con una Constitución Política a la altura de las fechorías del Gobierno que la implantó, se ha avanzado.

El caso Odebrecht es similar en cuanto al revuelo causado al de la década de 1990-2000 y por el destape de muchas dudas y certezas que poco a poco dilucidan un esquema corrupto que viene funcionando en nuestro país y en muchos países del mundo. Puede ser quizá el más grave caso de corrupción que vuelve a poner al país en estado de alerta ante una crisis descomunal, políticamente hablando. Mas no es similar en intensidad, pues se viene afirmando que este sería uno de los escándalos políticos más grandes y graves del siglo XXI.

Las pocas confesiones, lista de implicados y grado de responsabilidad, así como el actuar del Estado peruano, son materia de desconcierto, por parte de muchos sectores de nuestro país. La clara lentitud en la que avanza la justicia peruana y las irrisorias evidencias con la que cuentan diversos organismos: jueces, procuradores, ministerio público y fiscales, vuelven a levantar una vieja discusión de nuestra mala administración judicial. ¿Qué están esperando para actuar, nos preguntamos todos? Colombia, Panamá, Brasil y República Dominicana han avanzado considerablemente y aquí, aún poco de nada.

Múltiples voces desde la izquierda vienen haciendo incidencia en descubrir a todos los nombres que giran alrededor de los 29 millones de dólares que pagó la empresa brasileña a los más de 100 implicados (según fuentes periodísticas). No es cierto como afirma la Editorial de El Comercio, con fecha viernes 27 de enero, que la izquierda per se es culpable de una cadena de actos corruptos que frenan el actuar del libre mercado y de los “beneficios” de este. El Grupo El Comercio, socios de Graña y Montero, el consorcio monopólico que hoy intenta cerrar los ojos y mirar de lado para dejar pasar el huaico que se les viene, no tiene argumentos para tratar de sacudirse de tremendo escándalo. Me pregunto si la CONFIEP se ha pronunciado al respecto para defender los beneficios que ha “conseguido” el libre mercado en lo últimos 25 años como afirman.

Como militante de izquierda y de una generación comprometida con la lucha anticorrupción, no cesaremos en denunciar y abrir los candados que blindan al más pequeño acto de deshonestidad.