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Nueva Ley de Hidrocarburos: atraco al país

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Refinería de gas y petróleo

Granjerías, mercedes y privilegios en el sector petrolero.

En verdad, la corrupción en un sentido amplio no solamente se expresa en la negociación incompatible con afectación a los intereses del Estado como hizo un miembro del directorio en el caso de los “petroaudios” (2008), la misma que se destapó mediante grabaciones interesadas, donde se exponían conversaciones entre representantes del sector público y privado, resumidas en una frase que pasará a la historia por anecdótica: ¡Hemos hecho un faenón, hermano!

Mucho más grave como acto de corrupción es haber entregado reservas probadas de gas natural por volúmenes cercanos a los 2 trillones de pies cúbicos de natural y más de 200 millones de barriles de condensados del Lote 56, mediante negociación directa entre Perupetro y el denominado Consorcio Camisea, evitando la licitación internacional. Todo ello durante el gobierno corrupto de Alejandro Toledo.

Con el proyecto de exportación se favoreció a la petrolera norteamericana Hunt Oil, la principal empresa interesada con PPK a la cabeza, y a Repsol; pues en honor a la verdad hasta la misma empresa operadora de los lotes 88 y 56 (Gran Camisea), y una de las socias en el Consorcio Camisea se oponía al proyecto exportador, pues los precios internos del gas natural en el Perú eran mejores a los precios de exportación pactados para México.

Ha sido tan planificado y consciente este proceso corrupto que se tuvieron que efectuar una serie de modificaciones legales, que iban desde el cambio del horizonte renovado en materia de reservas probadas para priorizar el mercado interno. De tal forma, si se quería justificar la exportación de gas natural, en el 2005 se debía probar que existían suficientes reservas de gas hasta el 2025 por veinte años renovados, así sucesivamente. Sí la exportación se iniciaba en el 2010 se debía justificar que el mercado interno tenía suficientes reservas hasta el 2030.

RENOVACIÓN

En tal sentido, el lobismo lo que hizo fue modificar el horizonte renovado de veinte años, por un horizonte fijo de veinte años a partir del 2005, con ello interesadamente se subestimó la demanda interna de gas natural, sobre todo las necesidades de las empresas eléctricas que compran el gas barato a precio regulado, y venden energía cara.

Igualmente en el 2005 con las proyecciones oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se subestimó la demanda del gas natural vehicular (GNV), la demanda industrial y se aplicó “a paso de tortuga” la masificación del gas natural a nivel país. Es más, las 450 mil familias de Lima-Callao que consumen gas natural en sus casas no representan ni el 1% de la demanda total.

En verdad, para hacer viable el proyecto de exportación se utilizaron una serie de artimañas, se otorgaron mercedes, privilegios que en México el candidato de ayer, presidente hoy López Obrador, cuestionó este lesivo contrato de exportación del Lote 56 (Pagoreni), pues la empresa responsable de la exportación, Repsol ayer ahora Shell, pagaba por el gas cifras ridículas al Estado peruano, mientras lo revendía a mejor precio al Estado mexicano.

Petroperú

PERUPETRO CAPTURADO POR LOBBY

En tal sentido, las palabras del ingeniero Seferino Yesquén, presidente de Perupetro, constituyen un acto de posible corrupción, pues de forma indebida y lesiva al interés público pretende negociar tasas de regalías inferiores a las tasas de regalías vigentes afectando el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero, equivalentes al 18.75% del valor de la producción; y además pretende prorrogar por treinta años adicionales los contratos próximos a su vencimiento, de acuerdo al texto de la nueva ley de hidrocarburos, de la cual ha resultado un entusiasta promotor.

Así, en declaraciones a un medio local manifestaba su acuerdo, pues con la Nueva Ley de Hidrocarburos próxima a aprobarse en el Congreso de la República:”… se podrá extender la operación de ocho lotes que tienen previsto concluir contratos entre el 2021 y el 2026. Entre esas áreas citó los lotes I, V, VII y VII, Z-2B, 8, 31B, y 31 D, y II. Hoy esos lotes producen 28,730 barriles en promedio diario, y de extender sus contratos, se podrían lograr inversiones cercanas a los US $ 1,000 millones, y se podría aumentar su producción…” (Diario Gestión 17/07/18).

En verdad, el presidente de Perupetro con tales negociaciones indebidas pondría en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero que constituye una renta territorial para los gobiernos locales y regionales de Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali sobre todo, pues el canon petrolero en realidad se financia en lo fundamental con las regalías petroleras, como se expone en el cuadro respectivo.

Es más, con la indebida prórroga de los contratos próximos a su vencimiento, se está enajenando, sustrayendo recursos naturales, reservas probadas, probables y posibles de petróleo y gas asociado que tienen un gran valor económico que son propiedad de la Nación, es decir, corresponden a todos los peruanos; y que en última instancia su valorización depende del precio internacional, y la tecnología empleada, en una industria donde las fluctuaciones de los precios internacionales constituyen la norma.

Total de pago de regalía de Hidrocarburos sin los lotes de Camisea

CANON Y SOBRECANON: SIN FONDOS

Como hemos señalado en artículos anteriores, podemos demostrar que con tasas de regalías del 5% o 10% se pondría en riesgo el pago a las regiones productoras del canon petrolero que se determina como el 15% del valor de la producción (Precio X Volumen de la producción fiscalizada), y adicional a ello del sobrecanon que se fija como el 3.75% del valor producido.

Es decir, el canon y sobrecanon petrolero constituye el 18.75 % del valor de la producción que debe distribuirse en las regiones productoras, a los gobiernos locales, regionales y universidades públicas de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali, principalmente.

En tal sentido, sirva este nuevo cuadro donde hemos excluido el “efecto Camisea”, es decir no consideramos el abono de las regalías que explotan las reservas de gas natural y líquidos de los lotes 88, 56 y 57 en el período 2010 al 2017. Se debe agregar que el 50% de las regalías gasíferas y el 50% del impuesto a la renta que se obtienen por la explotación en el “Gran Camisea”, financian el canon gasífero que por ahora solamente lo percibe el Cusco.

Por tanto, el cuadro solamente considera el total de pago de regalías de las empresas petroleras que explotan crudo y gas asociado, básicamente ubicadas en Piura y Tumbes, y de las operaciones de la selva norte que desde el 2015 están cuasi paralizadas por la falta de funcionamiento del Oleoducto Norperuano, que ha experimentado una serie de atentados interesados que se traducen en derrames que contaminan el medio ambiente, donde el 90% de las fracturas han sido hechos delictivos causadas por terceros.

Se debe tener presente que las tasas de regalías promedio sin el “Efecto Camisea”, bordean el 22% al 25% que fueron pactadas contractualmente en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, pues varios contratos próximos a su vencimiento operados hoy por Graña y Montero, Sapet, CNPC, Aguaytía, Petrolera Monterrico, fueron transferidos al sector privado con las reservas probadas, probables y posibles descubiertas por Petroperú, antes de su privatización.

Sirva de ejemplo el año 2012 con una producción superior a los 65 mil barriles diarios y precios cercanos a los 100 dólares el barril, con una tasa promedio del 22% las empresas que explotan petróleo y gas asociado (Sin Efecto Camisea) pagaron al fisco 3,298 millones de soles por concepto de regalías. Para el mismo año el canon y sobrecanon petrolero distribuido sumó los 1,335 millones de soles.

Es decir, las regalías obtenidas de los contratos de explotación, sin Camisea, financiaron de lejos el canon petrolero. Pero si las regalías hubiesen sido del 5 % el estado hubiese tenido que recurrir a otras fuentes de financiamiento para cubrir el canon y sobrecanon, lo cual sería un subsidio indebido a las empresas petroleras que nunca asumieron inversiones de riesgo en más de 20 años de vigencia contractual.

Por todo ello, este proyectado atraco a los intereses del país no puede ni debe ser aprobado por un Congreso de la República que está carcomido por la corrupción, preñado de prácticas mercantilistas en los negocios con el Estado, cuando un capitalismo moderno exige la debida transparencia y libre competencia en la explotación de los recursos naturales.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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