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Nueva Ley de Hidrocarburos: atraco al país

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Refinería de gas y petróleo

Granjerías, mercedes y privilegios en el sector petrolero.

En verdad, la corrupción en un sentido amplio no solamente se expresa en la negociación incompatible con afectación a los intereses del Estado como hizo un miembro del directorio en el caso de los “petroaudios” (2008), la misma que se destapó mediante grabaciones interesadas, donde se exponían conversaciones entre representantes del sector público y privado, resumidas en una frase que pasará a la historia por anecdótica: ¡Hemos hecho un faenón, hermano!

Mucho más grave como acto de corrupción es haber entregado reservas probadas de gas natural por volúmenes cercanos a los 2 trillones de pies cúbicos de natural y más de 200 millones de barriles de condensados del Lote 56, mediante negociación directa entre Perupetro y el denominado Consorcio Camisea, evitando la licitación internacional. Todo ello durante el gobierno corrupto de Alejandro Toledo.

Con el proyecto de exportación se favoreció a la petrolera norteamericana Hunt Oil, la principal empresa interesada con PPK a la cabeza, y a Repsol; pues en honor a la verdad hasta la misma empresa operadora de los lotes 88 y 56 (Gran Camisea), y una de las socias en el Consorcio Camisea se oponía al proyecto exportador, pues los precios internos del gas natural en el Perú eran mejores a los precios de exportación pactados para México.

Ha sido tan planificado y consciente este proceso corrupto que se tuvieron que efectuar una serie de modificaciones legales, que iban desde el cambio del horizonte renovado en materia de reservas probadas para priorizar el mercado interno. De tal forma, si se quería justificar la exportación de gas natural, en el 2005 se debía probar que existían suficientes reservas de gas hasta el 2025 por veinte años renovados, así sucesivamente. Sí la exportación se iniciaba en el 2010 se debía justificar que el mercado interno tenía suficientes reservas hasta el 2030.

RENOVACIÓN

En tal sentido, el lobismo lo que hizo fue modificar el horizonte renovado de veinte años, por un horizonte fijo de veinte años a partir del 2005, con ello interesadamente se subestimó la demanda interna de gas natural, sobre todo las necesidades de las empresas eléctricas que compran el gas barato a precio regulado, y venden energía cara.

Igualmente en el 2005 con las proyecciones oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se subestimó la demanda del gas natural vehicular (GNV), la demanda industrial y se aplicó “a paso de tortuga” la masificación del gas natural a nivel país. Es más, las 450 mil familias de Lima-Callao que consumen gas natural en sus casas no representan ni el 1% de la demanda total.

En verdad, para hacer viable el proyecto de exportación se utilizaron una serie de artimañas, se otorgaron mercedes, privilegios que en México el candidato de ayer, presidente hoy López Obrador, cuestionó este lesivo contrato de exportación del Lote 56 (Pagoreni), pues la empresa responsable de la exportación, Repsol ayer ahora Shell, pagaba por el gas cifras ridículas al Estado peruano, mientras lo revendía a mejor precio al Estado mexicano.

Petroperú

PERUPETRO CAPTURADO POR LOBBY

En tal sentido, las palabras del ingeniero Seferino Yesquén, presidente de Perupetro, constituyen un acto de posible corrupción, pues de forma indebida y lesiva al interés público pretende negociar tasas de regalías inferiores a las tasas de regalías vigentes afectando el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero, equivalentes al 18.75% del valor de la producción; y además pretende prorrogar por treinta años adicionales los contratos próximos a su vencimiento, de acuerdo al texto de la nueva ley de hidrocarburos, de la cual ha resultado un entusiasta promotor.

Así, en declaraciones a un medio local manifestaba su acuerdo, pues con la Nueva Ley de Hidrocarburos próxima a aprobarse en el Congreso de la República:”… se podrá extender la operación de ocho lotes que tienen previsto concluir contratos entre el 2021 y el 2026. Entre esas áreas citó los lotes I, V, VII y VII, Z-2B, 8, 31B, y 31 D, y II. Hoy esos lotes producen 28,730 barriles en promedio diario, y de extender sus contratos, se podrían lograr inversiones cercanas a los US $ 1,000 millones, y se podría aumentar su producción…” (Diario Gestión 17/07/18).

En verdad, el presidente de Perupetro con tales negociaciones indebidas pondría en riesgo el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero que constituye una renta territorial para los gobiernos locales y regionales de Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali sobre todo, pues el canon petrolero en realidad se financia en lo fundamental con las regalías petroleras, como se expone en el cuadro respectivo.

Es más, con la indebida prórroga de los contratos próximos a su vencimiento, se está enajenando, sustrayendo recursos naturales, reservas probadas, probables y posibles de petróleo y gas asociado que tienen un gran valor económico que son propiedad de la Nación, es decir, corresponden a todos los peruanos; y que en última instancia su valorización depende del precio internacional, y la tecnología empleada, en una industria donde las fluctuaciones de los precios internacionales constituyen la norma.

Total de pago de regalía de Hidrocarburos sin los lotes de Camisea

CANON Y SOBRECANON: SIN FONDOS

Como hemos señalado en artículos anteriores, podemos demostrar que con tasas de regalías del 5% o 10% se pondría en riesgo el pago a las regiones productoras del canon petrolero que se determina como el 15% del valor de la producción (Precio X Volumen de la producción fiscalizada), y adicional a ello del sobrecanon que se fija como el 3.75% del valor producido.

Es decir, el canon y sobrecanon petrolero constituye el 18.75 % del valor de la producción que debe distribuirse en las regiones productoras, a los gobiernos locales, regionales y universidades públicas de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali, principalmente.

En tal sentido, sirva este nuevo cuadro donde hemos excluido el “efecto Camisea”, es decir no consideramos el abono de las regalías que explotan las reservas de gas natural y líquidos de los lotes 88, 56 y 57 en el período 2010 al 2017. Se debe agregar que el 50% de las regalías gasíferas y el 50% del impuesto a la renta que se obtienen por la explotación en el “Gran Camisea”, financian el canon gasífero que por ahora solamente lo percibe el Cusco.

Por tanto, el cuadro solamente considera el total de pago de regalías de las empresas petroleras que explotan crudo y gas asociado, básicamente ubicadas en Piura y Tumbes, y de las operaciones de la selva norte que desde el 2015 están cuasi paralizadas por la falta de funcionamiento del Oleoducto Norperuano, que ha experimentado una serie de atentados interesados que se traducen en derrames que contaminan el medio ambiente, donde el 90% de las fracturas han sido hechos delictivos causadas por terceros.

Se debe tener presente que las tasas de regalías promedio sin el “Efecto Camisea”, bordean el 22% al 25% que fueron pactadas contractualmente en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, pues varios contratos próximos a su vencimiento operados hoy por Graña y Montero, Sapet, CNPC, Aguaytía, Petrolera Monterrico, fueron transferidos al sector privado con las reservas probadas, probables y posibles descubiertas por Petroperú, antes de su privatización.

Sirva de ejemplo el año 2012 con una producción superior a los 65 mil barriles diarios y precios cercanos a los 100 dólares el barril, con una tasa promedio del 22% las empresas que explotan petróleo y gas asociado (Sin Efecto Camisea) pagaron al fisco 3,298 millones de soles por concepto de regalías. Para el mismo año el canon y sobrecanon petrolero distribuido sumó los 1,335 millones de soles.

Es decir, las regalías obtenidas de los contratos de explotación, sin Camisea, financiaron de lejos el canon petrolero. Pero si las regalías hubiesen sido del 5 % el estado hubiese tenido que recurrir a otras fuentes de financiamiento para cubrir el canon y sobrecanon, lo cual sería un subsidio indebido a las empresas petroleras que nunca asumieron inversiones de riesgo en más de 20 años de vigencia contractual.

Por todo ello, este proyectado atraco a los intereses del país no puede ni debe ser aprobado por un Congreso de la República que está carcomido por la corrupción, preñado de prácticas mercantilistas en los negocios con el Estado, cuando un capitalismo moderno exige la debida transparencia y libre competencia en la explotación de los recursos naturales.

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Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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