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Non gratus Torre Tagle

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Oswaldo de Rivero

El prestigio de la Cancillería peruana se construyó a partir de su reconocida versación en las formas, el lenguaje y los procedimientos diplomáticos. Torre Tagle e Itamaraty eran por ello el símbolo de la diplomacia profesional latinoamericana.

Hoy la Cancillería peruana va a pasos agigantados en la línea inversa a esta versación, y llega a casos extremos que no se presentan en ningún otro país del mundo.

Hace poco la Cancillería tuvo una actitud bochornosa frente al Embajador de Francia. Nada menos que circuló un memorándum interno (que se hizo público) prohibiendo la asistencia de los diplomáticos peruanos al día nacional de Francia y sin informarle de esto al Presidente del Perú quien asistió con su familia.

Este no ha sido el único dislate, hace unos días sucedió algo verdaderamente insólito; la Cancillería dispuso que se declare persona non grata al embajador de la tiranía de Corea del Norte arguyendo: “que la RPDC viene violando reiterada y flagrantemente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e ignorando los llamados de la comunidad internacional a cumplir sus obligaciones internacionales”.

El comunicado de la Cancillería atropella el derecho y la práctica diplomática porque solo se declara persona non grata a un funcionario diplomático, debido a una conducta personal que viola normas y prácticas del derecho internacional, como son el espionaje abierto, conducta indecorosa, intervención en los asuntos internos de un país, comisión de un delito, etc. La institución está regulada por el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Entonces, es contrario a la práctica del derecho diplomático declarar a un embajador persona non grata, no por actitudes personales, sino por “las políticas de su gobierno” como lo expone el surrealista comunicado de la Cancillería. Esto denota desconocimiento, falta de profesionalismo y un cierto enfoque chicha de la política exterior.

Se ha dicho también que esa medida está dirigida a bajar el nivel de las relaciones. Otro error. Pues en teoría Corea del Norte podría nombrar un embajador nuevamente porque no se ha roto relaciones. Y como el Perú no tiene embajada en Pyongyang, tampoco puede rebajar el nivel a una embajada que no existe.

Alemania, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Italia, Suecia y Suiza, tienen relaciones diplomáticas con Corea del Norte y relaciones más intensas que el Perú con los Estados Unidos, y además juegan un rol más importante que el Perú frente a los problemas de proliferación y disuasión nuclear. Sin embargo, no han declarado persona non grata al embajador de Corea del Norte, porque la Resolución del Consejo de Seguridad sobre sanciones económicas a Corea del Norte, de acuerdo al derecho internacional, solo autoriza la expulsión de diplomáticos norcoreanos en el caso de que estos ayuden con su conducta a burlar las sanciones económicas.

¿Qué sanciones económicas ha puesto el Perú tan rápido, y qué ha hecho el embajador de Corea del Norte para burlarlas?

Si esa no es la razón, la única posible es un “acto no pedido de “franelismo” para la administración Trump, que debe estar sorprendida por el extremismo diplomático de Torre Tagle, y también deben estarlo los diplomáticos de las otras potencias nucleares, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por esta insólita medida, única en el mundo.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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