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Ni cuotas ni paridad

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Costa Rica, el país donde vivo, ofrece algunas ventajas, como la inexistencia de fuerzas armadas, de modo que el dinero que se habría tirado en ellas, se usa en educación y salud. Sin embargo, Costa Rica no es perfecta, pues a veces aparecen curiosidades reaccionarias, como la imposición de la “paridad” en las candidaturas al Congreso (50% de mujeres y 50% de hombres). Algunas personas intentan ahora extender la paridad al consejo de ministros, y a las juntas directivas y a las gerencias de las empresas públicas, además de otras funciones, sean cuales fueren la preparación y la aptitud de las personas.

La ridícula pretensión de sexualizar las funciones públicas no llega a los cargos menores (extrañamente, nadie pide 50-50 de choferes, por ejemplo), pero ya consta en dos proyectos de ley que comentaremos aquí, pues sus absurdos podrían ser ilustrativos para los peruanos.

El proyecto de ley 1 violenta el principio ilustrado de la igualdad ciudadana en las elecciones e interfiere en el derecho de los partidos a designar sus candidatos. El proyecto 2 dispone que los ministerios y otros altos organismos del Estado se repartan absurdamente por mitades entre hombres y mujeres.

Ambos proyectos habrían encantado a Luis XVI. En su tiempo, las sociedades se formaban por estamentos: el pueblo, la burguesía, los terratenientes, el alto clero y la nobleza. No existían los conceptos de “ciudadanía”, “voto”, “igualdad” ni “derechos”, pero la Ilustración superó ese orden abusivo y postuló la idea de “ciudadanía” para que todas las personas sean iguales ante la ley. Tomó tiempo el desarrollar aquellas ideas, como demuestra la historia del sufragio, que pasó desde el de los hombres adinerados hasta el voto universal. Los dos proyectos son reaccionarios, pues crearían estamentos sexuales, mas los órganos sexuales no crean derechos distintos.

CAFÉ PARA TODOS.
El Estado ilustrado y democrático (en adelante, “Estado”) se basa en la ciudadanía única y universal, y no privilegia a personas ni a grupos, excepto a quienes presenten desventajas físicas o mentales: menores de edad, mujeres embarazadas (o dedicadas a la crianza inicial), ancianos, discapacitados y personas gravemente enfermas. En cambio, las mujeres sanas y adultas merecen el mismo trato que los hombres sanos y adultos, aunque se respeten diferencias fisiológicas, como el derecho al aborto, el uso de baños separados, la atención ginecológica o la urológica, etc.

Así pues, el Estado trata por igual a las mujeres y a los hombres; o, mejor, trata a las mujeres como si fuesen hombres, y a los hombres como si fueran mujeres. Las injusticias reales se reparan haciendo cumplir las leyes justas, no imponiendo “cuotas” ni “paridad”. ¿Cree alguien que debe haber más diputadas y ministras?: que haga campañas sociales en tal sentido, pero que no cargue esa tarea al Estado. El Estado quita obstáculos, no regala privilegios. Al Estado no le importa que haya ni más ni menos diputadas o ministras: el sexismo no es su asunto.

Ningún grupo natural (mujeres, homosexuales, negros, miopes, etc.) nació con el derecho a “su parte” del Estado pues todos somos iguales: 1 persona = 1 voto. Para el Estado, los candidatos y los funcionarios carecen de sexo: no son hombres ni mujeres; son fantasmas sexualmente neutros.

Los candidatos y los funcionarios públicos carecen de estatura, peso, cara, forma, color, tamaño de las orejas, peinado, religión, equipo de fútbol, familia, estado civil (por esto es absurdo el invento llamado “primera dama”), etc. Para ser candidato solo hace falta tener el DNI; para ser funcionario, idoneidad: nada más. El Estado rechaza los caprichos autodiferenciadores y sirve café para todos.

Obviamente, hay grupos postergados en cuanto a seguridad, salud, educación, ingreso económico, etc. El Estado ha fallado en cumplir con ellos; por tanto, ofrecerá mejores seguridad, salud, educación, etc., a esos grupos, pero no porque son mujeres, indígenas, etc., sino porque son ciudadanos. Así, el Estado no invertirá más dinero en la comunidad indígena X pues es indígena, sino porque todos los ciudadanos merecen igual inversión pública.

UNA LOCA IDEA
Alguien, en alguna parte, engendró esta loca idea: un grupo natural merece su cuota de poder (diputaciones, ministerios, gerencias, etc.). Por ejemplo, si existe 30% de blancos, “debe haber” 30% de candidatos blancos, 30% de ministros blancos, etc.: se “empodera” a los blancos pues están “subrepresentados”… Así nació la fábula de las “cuotas”. Tratándose ya de las mujeres, el 50% de la población, su “cuota” subió a la mitad y se llama “paridad” (50%).

A esa pseudorrazón estadística se añade el argumento de que las mujeres están postergadas, sufren abusos, etc. –lo que es cierto muchas veces–. Llegamos así a la falacia antiilustrada de que las mujeres merecen el 50% del poder, pues sufren postergación y son la mitad estadística. La fórmula es: postergación + número = ½ poder.

Empero, para el Estado, ni el sufrimiento ni el número crean derechos especiales. Lo mismo ocurre con los negros, los indígenas, los homosexuales, etc.: aunque sufran mucho y sean X%, no merecen ninguna cuota de poder, salvo la que logren mediante las elecciones. Los privilegios reaccionarios se llamaron “discriminación positiva” y luego recibieron el apodo vergonzante de “acción afirmativa”, pero son el mismo vicio.

Los proyectos de ley intentan que mujeres ocupen la mitad “vertical y horizontal” del número de las candidaturas (presidencia, diputaciones, alcaldías, etc.) y ocupen la mitad de los altos puestos oficiales (ministerios, juntas directivas, presidencias y gerencias de empresas públicas) pues forman la mitad demográfica. Empero, nadie demostrará jamás por qué el ser el 50% de la población obliga a ser el 50% de los gobernantes: es un mito. Además, se permitiría que una ministra de izquierda representase a una mujer de derecha porque “todas son mujeres”. Las legítimas identidades políticas se borrarían.

PRINCESITAS, NO.
De paso sea dicho, hablando de la paridad, en el Instituto Nacional de la Mujer de Costa Rica hay siete personas directivas, pero seis son mujeres (85%); allí trabajan 303 personas, y 273 son mujeres (90%). No hay relación entre equidad y poder: se repiten los vicios que se critican al machismo.

El argumento de la postergación también se aplicaría a los indígenas, los negros, los discapacitados, los transexuales, etc., para que reciban “su parte” del poder. Así, en el Congreso habría 50% de mujeres y 50% de hombres, más (supongamos) 20% de indígenas, 15% de negros, 15% de homosexuales, etc. El Congreso estaría compuesto por 200% de diputados. El mismo 200% se impondría en el gabinete ministerial y en las directivas de las empresas públicas. Habría ministras XX y ministros XY. Veamos un ejemplo. Las indígenas son mujeres y son indígenas, de modo que una indígena tendría derecho a votar dos veces; si fuese también lesbiana y pobre, votaría cuatro veces, pues exigiría su “derecho” a ser representada en todas sus “categorías”.

Manchadas de esencialismo biologicista, las cuotas y la paridad separan a la gente por su sexo, como en las mezquitas y las sinagogas. Aunque hubiese buenas intenciones tras esos irracionales proyectos de ley, las buenas intenciones no se realizan imponiendo errores. Las mujeres no son princesitas de cristal, saben defenderse y no necesitan leyes reaccionarias. 

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Política

Ministro pide investigar a García y cobrarle 1,500 millones a Odebrecht

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, pidió ayer a la Fiscalía que investigue al expresidente Alan García Pérez, por interferir contra la justica con sus espías dentro del equipo Lava Jato y manifestó su respaldo al acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

Sobre la confesa intromisión de García Pérez en la Fiscalía que lo investiga, Zeballos dijo: “Ha sido reiterativo en esta apreciación (…) no ha sido una ni dos, sino tres veces que ha manifestado lo mismo (..). Lo que menos puede hacer el Ministerio Público es abrir una investigación y, si encuentra responsabilidad, que se deslinde”.

El ministro Zeballos resaltó que al acuerdo Ministerio Público – Odebrecht contribuyó decisivamente el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, funcionario que pertenece al Sector Justicia dentro de la Oficina de Defensa Legal del Estado, aportando la solución del punto de la reparación civil.

“Somos respetuosos de la autonomía con que han venido actuando los encargados. Sin embargo, hay que ser bastante cautos en revisar las circunstancias. No olvidemos que estamos hablando de cuatro proyectos de inversión. Además, no están consideradas las empresas consorciadas. Hay muchos aspectos que no han sido considerados, pero en el curso de la investigación van a ampliar la reparación civil”, mencionó el ministro.

ACUERDO EQUILIBRADO

El procurador Ramírez, a su vez, siguiendo la campaña de defensa del acuerdo iniciada por el jefe del equipo Lava Jato Rafael Vela Barba, explicó que el punto central es que la indemnización se calculó, respecto a las cuatro obras en las que Odebrecht confesó sobornos.

El procurador dijo que por esas obras Odebrecht reconoció que pagó US$ 32 millones, lo cual es inexacto, pues una simple suma de las coimas conocidas: US$ 20 millones por la Transoceánica Sur, US$ 24.4 millones por el Tren Eléctrico, US$ 4 millones por la Costa Verde Callao y US$ 3 millones por la Vía de Evitamiento del Cusco, arrojan la cifra de US$ 51.4 millones.

En consecuencia, tampoco es cierto que esta suma se pone en relación a los S/ 610 millones, el monto de la multa sería más de cinco veces el soborno reconocido.

No obstante, Ramírez es del criterio de que el acuerdo es “equilibrado”, que puede ser reajustado en el tiempo, pues si se descubriese que también sobornaron en otros proyectos, se cobrará como corresponde la reparación civil.

El procurador dijo también que los 610 millones de soles de reparación civil, es cerca de la mitad del monto del daño al Estado calculado por la Contraloría, ascendente S/ 1.500 millones. La Procuraduría planea cobrar el resto a las empresas naturales y jurídicas que resulten cómplices de la constructora brasileña.

LOS QUE APOYAN

El ex procurador anticorrupción, Iván Meini, respaldó al convenio porque dará acceso a la información que permitirá que las investigaciones sigan y lleguen a buen puerto y que se descubran otros hechos delictivos.

Dijo que esto es importante porque quienes están investigados son personas de poder político y económico que se opondrán con muchos recursos a que se sepa la verdad. No obstante, criticó el monto reducido de la reparación civil

Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio dijo que el acuerdo es una solución pragmática en la que también se ha visto la reparación civil que deberá pagar Odebrecht y la autorización para que esta siga operando y pueda disponer de sus activos. “Hay un aumento significativo del aspecto resarcitorio de Odebrecht”, expresó.

RECHAZO

En contra del acuerdo se pronunció ayer el congresista no agrupado Roberto Vieira, quien dijo que con sus sobornos Odebrecht ganó mucho dinero que salió del bolsillo de todos los peruanos, por lo que no solo perjudicó al Estado, sino a los contribuyentes. Por eso criticó que se le haya aprobado solo 610 millones de soles y que, además, se le permita seguir contratando obras con el Estado.

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Política

Premier contra cambio de fiscales Lava Jato

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César Villanueva

“Espero que no se produzcan esos cambios porque cada cambio te frena o te hace retroceder en estos procesos que más bien tienen que ser la prioridad”, declaró ayer el primer ministro, César Villanueva, al manifestar que no debe haber cambios en el equipo de fiscales a cargo del caso Lava Jato.

Se pronunció por la permanencia del coordinador del equipo, Rafael Vela, y el eficiente fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, Fuerza Popular y demás involucrados en la presunta recepción de fondos de Odebrecht.

Para Villanueva, “Si ya tienen un equipo en marcha, lo ideal es que continúe”, y hay que tener en cuenta que hay un ambiente de sensibilidad por la percepción de que se persigue a los fiscales del equipo Lava Jato.

“Hay que tranquilizar la situación, tenemos que continuar y reforzar las instituciones”, añadió.

El procurador para el caso, Jorge Ramírez, también planteó la necesidad de que el equipo Lava Jato se mantenga y señaló que la Fiscalía y la Procuraduría trabajan en conjunto.

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Política

Congreso verá hasta enero creación de Junta Nacional de Justicia y otros temas

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Daniel Enrique Salaverry Villa

El Congreso seguirá trabajando en el primer mes de verano del 2019 para ejecutar la primera reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum, mediante la cual se creará la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Esa nueva instancia reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, con facultades para nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del sistema judicial nacional.

Por lo menos esa es la pretensión primordial del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al haber emitido ayer el Decreto de Presidencia Nº 001-2018-2019 – P/CR que amplía hasta el 30 de enero próximo la legislatura ordinaria en curso.

CONVOCATORIA GENÉRICA

El texto de la disposición no dice expresamente que se tratará la primera reforma dispuesta por la ciudadanía en el referéndum, ya que incluye una fórmula bastante genérica:

“Para tratar los siguientes puntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legisltiva, informes y otras disposiciones que se encuentren en la agenda del pleno del Congreso al 15 de diciembre de 2018, y las proposiciones y mociones que se incluyan en la agenda, por acuerdo de la Junta de Portavoces.

2. Los proyectos de ley y de resoluciones legislativas del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia.

3. Cualquier otro asunto”.

No obstante, a través de Twitter, Salaverry escribió: “La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe iniciar sus funciones lo más pronto posible. Se ha ampliado la legislatura para que se puedan presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en comisiones y el pleno. La JNJ es fundamental para la administración de justicia”.

TORRES EN OTRA COSA

Este doble lenguaje deductivo de Salaverry llevó a su colega de bancada, el congresista Miguel Torres, a declarar a la prensa en tono de mofa que en la ampliación de la legislatura se verán asuntos pendientes como las reformas de educación, laboral, ambiental y todos los temas que están pendientes en el Congreso.

Omitió mencionar siquiera la ley de creación de la JNJ, aunque no quedó claro si lo hizo por golpear a Salaverry o porque su bancada se resiste a allanarse al mandato del referendo del domingo, cuya trascendencia los fujimoristas intentan cuestionar.

Es de anotar que el 18 de setiembre, el Congreso aprobó una autógrafa de ley que crea la Junta Nacional de Justicia, tal como hizo con las otras tres reformas planteadas por el Ejecutivo.

Todas esas autógrafas fueron acogidas por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM (publicado el 10 de octubre de 2018) y sirvieron de base para la elaboración de los textos que fueron votados en el referéndum del 9 de diciembre.

MÁS PROYECTOS

Sin embargo, el premier César Villanueva dijo que tiene listo un proyecto propio sobre la Junta Nacional de Justicia que remitirá al Congreso en breve.

Trascendió que el Ejecutivo tiene además un proyecto alternativo a la ley sobre el tema del financiamiento de partidos políticos, aprobado a marcha forzada por fujimoristas y apristas y cuestionado por el presidente Vizcarra, quien ha adelantado que observará la cuestionada norma que podría favorecer a investigados como los jefes de FP, Keiko Fujimori, y el Apra, Alan García, indagados por lavado de activos.

ALTERNATIVAS

Dadas así las cosas, todos los organismos con capacidad de iniciativa legislativa, principalmente en el Poder Judicial, cada una de las bancadas y cada uno de los legisladores, estarán en posición de presentar proyectos de ley al respecto.

El Congreso podría insistir en su autógrafa o compatibilizarla con la que envíe el Gobierno.

Debido a que la prolongación de la legislatura admitirá todos los temas posibles, podría derivar en el tratamiento de una diversidd de materias, lo cual conspiraría contra la premura que requiere poner en vigencia la primera reforma constitucional planteada.

INTERPELACIÓN PENDIENTE

Uno de esos puntos urticantes es la moción de las bancadas del Apra y Fuerza Popular para interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por las denuncias de supuesta interceptación telefónica al expresidente Alan García.

Aunque los promotores no han dicho que pretenden censurar a Morán y hasta el aprista Elías Rodríguez dijo ayer que “Aquí no estamos hablando de censura, sino de un ánimo de discutir este tema en el Pleno”, nada debe descartarse.

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