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Negociazo lobista y faenón petrolero

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Regalan lote 192 a privados y preparan ley lobista de ampliación automática sin plazo de los lotes contratados; anuncian recortes drásticos al canon petrolero.

El gobierno, mediante Perupetro, pretende regalar y privatizar el Lote petrolero 192 valorizado en 13 mil millones de dólares, incumpliendo la Ley 30357 que otorga su adjudicación a Petroperú.

Perupetro aprueba también un proyecto lobista de cambios en la ley de contratación petrolera, regalando en avalancha a privados los lotes petroleros, ampliando sus plazos hasta agotar las reservas, y recortando el canon.

Petroperú, en base al mandato de la Ley 30357, que manda se le transfiera el Lote 192, lo solicitó a Perupetro. El Directorio de Perupetro, violando la Ley 30357, aprobó el Informe Técnico-Legal-Económico y Financiero N.GFCN-265-2017 por el cual descalifican ilegalmente a Petroperú para que tenga la adjudicación del Lote 192.

La Ley 30357, aprobada y promulgada por mayoría calificada el 2015 en el Congreso, y con amplísimo respaldo nacional, otorga como activo a la empresa Petroperú la responsabilidad del Lote 192.

Este lote tiene reservas probadas de petróleo valorizadas por el Colegio de Ingenieros del Perú en setiembre 2015 en 13 mil millones dólares. Están destinadas a ser procesadas en la modernizada Refinería de Talara, aportando a su ejecución. Pero Perupetro, ilegalmente, pretende otorgar el Lote 192 a un operador privado, considerándolo titular del lote y por tanto propietario del petróleo y reduciendo a Petroperú a socio minoritario, que debe comprarlo a precio internacional.

El directorio de Petroperú ha apelado la decisión ilegal de su descalificación, insistiendo su condición legal de empresa petrolera apta para gestionar el lote. Perupetro, ilegal e interesadamente, ha denegado la apelación presentada por Petroperú. Y pretende confirmar este regalo a privados del lote con sus 13 mil millones de dólares de reservas probadas.

Este ilegal faenón petrolero afecta seriamente la integración vertical empresarial de Petroperú, la que relaciona los aspectos empresariales (lote-oleoducto-refinería-industrias-consumo masivo), del aprobado plan estratégico de la empresa pública Petroperú, ratificado por la Ley 30357, y que permitiría conseguir por concurso un minoritario socio estratégico privado inversionista. Se abastecería a la modernizada Refinería de Talara con un petróleo adecuado, integrando el Lote 192 como activo de la empresa pública, de todos los peruanos.

Pero el faenón es más grande, a puertas de una avalancha de entrega de lotes petroleros. El directorio de Perupetro ha aprobado proyecto de ley lobista de modificaciones en la Ley 26221, de gestión de los contratos de lotes petroleros y recursos del canon, cuya más importante y efectiva aplicación inmediata es en relación al Lote 192.

Incluye cambios lobistas antinacionales a favor del privado contratante. Entre ellos en el artículo 22, sobre los plazos máximos para la fase de explotación, los que podrán ser prácticamente a perpetuidad, al extender los contratos hasta en 20 años, y en forma indefinida “hasta el agotamiento de las reservas del área del contrato”, lo que “podrá ser acordado cuantas veces las partes lo consideren conveniente”. Más aún, el artículo 21 sobre las fianzas para los programas de exploración, dejan de ser obligatorias.

Plantean una modificación sustantiva e inconstitucional del canon petrolero, para los nuevos contratos, que tendrá efecto para el Lote 192. Reducen los ingresos de canon al establecerse que ya no serán determinados según el total de ingresos y rentas de la explotación del recurso natural, sino que se determinará como el canon gasífero, el que se establece no por el valor de la producción sino en base a un porcentaje del impuesto a la renta y de las regalías. Y plantean un abanico impreciso e indefinido de adecuaciones contractuales a los contratos vigentes, al señalar que los contratistas podrán solicitar la adecuación de sus contratos a la nueva ley lobista propuesta.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

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Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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