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Motín en Maranguita y la juventud

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Un incendio provocado por un motín en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, con más de 30 jóvenes afectados por la humareda era la noticia y una vez más la respuesta de la población en las redes sociales era su poca sensibilidad frente a la vida de los jóvenes infractores y la escasa comprensión de su situación.

ADOLESCENTES INFRACTORES
Según cifras del Poder Judicial en el año 2016 fueron atendidos 3,632 adolescentes infractores a nivel nacional, de los cuales el 60% fueron privados de libertad y los otros recibieron atención en un servicio ambulatorio. De todos los casos solo el 6% son adolescentes mujeres. Las infracciones cometidas con mayor frecuencia son: robo, robo agravado y hurto. Le sigue la violencia sexual en 15% y el homicidio en un 6%.

Los adolescentes que infringen la ley son muy pocos en relación a la totalidad de adolescentes pobres o en riesgo que hay en el Perú, lo cual debe llevarnos a reflexionar sobre aquellos estereotipos que nos hacen relacionar juventud y peligrosidad. Si se añade la discriminación y el prejuicio contra el joven pobre o de una apariencia que nos parece “hostil”, la respuesta adulta suele ser de rechazo, desprecio y estigmatización.

En segundo lugar, es necesario reflexionar que los adolescentes infractores cometen en su mayoría delitos menores y cuando son de mayor envergadura el tratamiento en los medios es espantosamente cruel e irresponsable, tanto de las víctimas como de los victimarios. El sensacionalismo en nada favorece una mirada objetiva y comprensiva de los hechos, por el contrario fortalece el estigma del “joven peligroso”.

EL SISTEMA DE JUSTICIA
El Estado como garante de los derechos humanos tiene la obligación de proteger a todos sus niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, según lo expresado en el Código respectivo. Esto lo compromete a asumir todas las medidas necesarias para asegurar que gocen de sus derechos.

No obstante, el circo mediático montado con el caso del adolescente apodado Gringasho y su participación en sicariato, sumado al populismo como práctica política, llevó a modificar en el 2013 el artículo 239 del código de los niños y adolescentes, para que los adolescentes privados de libertad completen la medida establecida aunque cumplan la mayoría de edad.

En el 2015, se aprobó el Decreto Legislativo 1204 que volvía a modificar el mencionado código, esta vez para disminuir la edad de penalización a 14 años y aumentar las penas privativas de libertad en caso de delitos graves por periodos que van de 6 a 10 años, y que los llevaría a cumplir dichas condenas en espacios diferenciados dentro de los centros penitenciarios de adultos una vez alcanzada la mayoría de edad.

Un reciente Código de Responsabilidad para Adolescentes aprobado a comienzos de este año ratifica la orientación del sistema de justicia: Castigo a menor de edad. Me pregunto, ¿Qué pasaría si ocurre un delito cometido por un niño más pequeño? ¿Seguirá disminuyendo la edad de penalización? ¿Sucumbirá el sistema de justicia a los gritos de una sociedad insana que en vez de cuidar y proteger a sus niños los prefiere condenados ante el error? ¿Es tan difícil darnos cuenta que un adolescente que infringe la ley, está enojado y peleado con su familia, con la sociedad que lo abandona, con el Estado que no le brinda oportunidades?

LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
En todas las épocas ha habido adolescentes y niños que han infringido la ley pero hoy resulta más fácil culparlos de la inseguridad ciudadana y buscar paliativos condenándolos a menor edad, como si no supiéramos que para muchos adolescentes el internamiento es solo el inicio de una larga carrera delictiva incrementando más y más la inseguridad ciudadana y el crimen.

Desde el año 2010 el Ministerio Público desarrolla el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en los Distritos Fiscales de Lima (El Agustino), Lima Sur (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores), El Santa (Chimbote y Nuevo Chimbote), La Libertad (Trujillo) y Lambayeque (Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz). El programa lo desarrollan equipos multidisciplinarios que atienden a los adolescentes aplicando la Remisión Fiscal en el caso de delitos menores, para evitar que los niños y adolescentes infractores no sean judicializados. Esta medida implica el compromiso del adolescente y de su familia para seguir un programa socio educativo y resarcir el daño ocasionado a la víctima. Gracias a este programa los adolescentes reconocen su responsabilidad, reparan el daño y se reinsertan a la sociedad disminuyendo las cifras de reincidencia.

Este es un nuevo enfoque de justicia que repara a la víctima, lo reconcilia con su victimario y recupera al adolescente en una nueva oportunidad para su vida. Esta debiera ser la ruta para los adolescentes en todos los casos, sean delitos menores o mayores y en todos los distritos fiscales del país, porque queremos una justicia que funcione.

No podemos seguir apostando ingenuamente a un modelo de justicia punitivo, bien sabemos que los centros de internamiento están sobre poblados, las medidas socioeducativas y la educación que brindan no son de la mejor calidad, tampoco la formación laboral.

LOS QUEREMOS LIBRES Y FELICES
Cada adolescente que comete una infracción es un hijo, un hermano y tal vez un padre o madre de familia. Es altamente probable que haya vivido carencias afectivas, morales y económicas; tal vez creció y vivió en un entorno de riesgo, tal vez sobrevivió solo o fue violentado. Lejos de ser cuidado y protegido no contó con lo necesario para tomar decisiones que sean favorables para su vida, y encontró en otros como él la seguridad que su familia no pudo darle. Pensemos en ello, pensemos que puede ser nuestro hijo o hija, pensemos que un día fuimos adolescentes también, pensemos que el mundo no es un lugar bonito cuando no hay amor.

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