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Motín en Maranguita y la juventud

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Un incendio provocado por un motín en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, con más de 30 jóvenes afectados por la humareda era la noticia y una vez más la respuesta de la población en las redes sociales era su poca sensibilidad frente a la vida de los jóvenes infractores y la escasa comprensión de su situación.

ADOLESCENTES INFRACTORES
Según cifras del Poder Judicial en el año 2016 fueron atendidos 3,632 adolescentes infractores a nivel nacional, de los cuales el 60% fueron privados de libertad y los otros recibieron atención en un servicio ambulatorio. De todos los casos solo el 6% son adolescentes mujeres. Las infracciones cometidas con mayor frecuencia son: robo, robo agravado y hurto. Le sigue la violencia sexual en 15% y el homicidio en un 6%.

Los adolescentes que infringen la ley son muy pocos en relación a la totalidad de adolescentes pobres o en riesgo que hay en el Perú, lo cual debe llevarnos a reflexionar sobre aquellos estereotipos que nos hacen relacionar juventud y peligrosidad. Si se añade la discriminación y el prejuicio contra el joven pobre o de una apariencia que nos parece “hostil”, la respuesta adulta suele ser de rechazo, desprecio y estigmatización.

En segundo lugar, es necesario reflexionar que los adolescentes infractores cometen en su mayoría delitos menores y cuando son de mayor envergadura el tratamiento en los medios es espantosamente cruel e irresponsable, tanto de las víctimas como de los victimarios. El sensacionalismo en nada favorece una mirada objetiva y comprensiva de los hechos, por el contrario fortalece el estigma del “joven peligroso”.

EL SISTEMA DE JUSTICIA
El Estado como garante de los derechos humanos tiene la obligación de proteger a todos sus niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años, según lo expresado en el Código respectivo. Esto lo compromete a asumir todas las medidas necesarias para asegurar que gocen de sus derechos.

No obstante, el circo mediático montado con el caso del adolescente apodado Gringasho y su participación en sicariato, sumado al populismo como práctica política, llevó a modificar en el 2013 el artículo 239 del código de los niños y adolescentes, para que los adolescentes privados de libertad completen la medida establecida aunque cumplan la mayoría de edad.

En el 2015, se aprobó el Decreto Legislativo 1204 que volvía a modificar el mencionado código, esta vez para disminuir la edad de penalización a 14 años y aumentar las penas privativas de libertad en caso de delitos graves por periodos que van de 6 a 10 años, y que los llevaría a cumplir dichas condenas en espacios diferenciados dentro de los centros penitenciarios de adultos una vez alcanzada la mayoría de edad.

Un reciente Código de Responsabilidad para Adolescentes aprobado a comienzos de este año ratifica la orientación del sistema de justicia: Castigo a menor de edad. Me pregunto, ¿Qué pasaría si ocurre un delito cometido por un niño más pequeño? ¿Seguirá disminuyendo la edad de penalización? ¿Sucumbirá el sistema de justicia a los gritos de una sociedad insana que en vez de cuidar y proteger a sus niños los prefiere condenados ante el error? ¿Es tan difícil darnos cuenta que un adolescente que infringe la ley, está enojado y peleado con su familia, con la sociedad que lo abandona, con el Estado que no le brinda oportunidades?

LA JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
En todas las épocas ha habido adolescentes y niños que han infringido la ley pero hoy resulta más fácil culparlos de la inseguridad ciudadana y buscar paliativos condenándolos a menor edad, como si no supiéramos que para muchos adolescentes el internamiento es solo el inicio de una larga carrera delictiva incrementando más y más la inseguridad ciudadana y el crimen.

Desde el año 2010 el Ministerio Público desarrolla el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa en los Distritos Fiscales de Lima (El Agustino), Lima Sur (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores), El Santa (Chimbote y Nuevo Chimbote), La Libertad (Trujillo) y Lambayeque (Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz). El programa lo desarrollan equipos multidisciplinarios que atienden a los adolescentes aplicando la Remisión Fiscal en el caso de delitos menores, para evitar que los niños y adolescentes infractores no sean judicializados. Esta medida implica el compromiso del adolescente y de su familia para seguir un programa socio educativo y resarcir el daño ocasionado a la víctima. Gracias a este programa los adolescentes reconocen su responsabilidad, reparan el daño y se reinsertan a la sociedad disminuyendo las cifras de reincidencia.

Este es un nuevo enfoque de justicia que repara a la víctima, lo reconcilia con su victimario y recupera al adolescente en una nueva oportunidad para su vida. Esta debiera ser la ruta para los adolescentes en todos los casos, sean delitos menores o mayores y en todos los distritos fiscales del país, porque queremos una justicia que funcione.

No podemos seguir apostando ingenuamente a un modelo de justicia punitivo, bien sabemos que los centros de internamiento están sobre poblados, las medidas socioeducativas y la educación que brindan no son de la mejor calidad, tampoco la formación laboral.

LOS QUEREMOS LIBRES Y FELICES
Cada adolescente que comete una infracción es un hijo, un hermano y tal vez un padre o madre de familia. Es altamente probable que haya vivido carencias afectivas, morales y económicas; tal vez creció y vivió en un entorno de riesgo, tal vez sobrevivió solo o fue violentado. Lejos de ser cuidado y protegido no contó con lo necesario para tomar decisiones que sean favorables para su vida, y encontró en otros como él la seguridad que su familia no pudo darle. Pensemos en ello, pensemos que puede ser nuestro hijo o hija, pensemos que un día fuimos adolescentes también, pensemos que el mundo no es un lugar bonito cuando no hay amor.

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Política

Fiscal valiente no retrocede ante amedrentamiento de Chávarry

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José Domingo Pérez Gómez

Ante la pregunta de la prensa sobre si se reafirma sobre su opinión de que la persona que está asumiendo el cargo de Fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) no es el más idóneo, el fiscal valiente José Domingo Pérez fue enfático: “Bueno yo no puedo rectificar las ideas u opiniones que pueda tener”.

Pérez, quien es fiscal titular de lavado de activos, es sometido a un proceso disciplinario mediante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía por las declaraciones que dio sobre el titular y el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry y Pablo Sánchez, respectivamente.

Además, su institución le ha abierto otro proceso por haber realizado un supuesto cobro que no le correspondía. Referente a esto el fiscal aclaró: “Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo”.

Respecto a la denuncia de un personaje afiliado al partido Aprista (Martín Morocho) quien ha pedido un examen psiquiátrico, dijo que no se le ha notificado. “Toda persona está en su derecho de interponer cualquier tipo de acción y el órgano desconcentrado de Control Interno del Ministerio Público debe hacer la valoración correspondiente. En mi caso se ha abierto las investigaciones, dos de ellas, y tengo que absolver las mismas”, afirmó.

Resaltó que desconoce cómo se han dado a conocer las tres denuncias a la prensa y que eso sí debería llamar la atención. Cuestionó que el órgano desconcentrado de Control Interno haya permitido que se dé a conocer estas tres investigaciones a la prensa.

“Creo que parte del cambio y las reformas vienen por parte de la crítica que tenemos que hacer, instituciones y personas”, afirmó Pérez, respecto a las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha pedido que el Ministerio Público haga una autocrítica, y no le dé la espalda a las exigencias de la población de desterrar la corrupción.

¿A QUIÉNES LES INCÓMODA?

El fiscal José Domingo Pérez está en la mira del fujiaprismo porque investiga a la señora K y a su partido por lavado de activos, también a AG por presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht.

En diciembre del 2017 el fiscal valiente lideró un allanamiento a dos predios de Fuerza Popular, en los cuales diversos parlamentarios keikista pretendieron obstruir las diligencias e incluso amenazaron al fiscal.

MUY EXTRAÑO

En ese contexto, no es extraño que aparentemente de la nada, haya aparecido un personaje como Martín Morocho, de filiación aprista, quien ha pedido que le realicen un examen psiquiátrico, como de manera coincidente lo había adelantado el parlamentario aprista Jorge del Castillo en una entrevista días atrás.

“Existe la necesidad que jueces, fiscales y determinadas autoridades pasen por un examen psiquiátrico para los efectos de ver el alcance de su personalidad”, indicó Del Castillo en aquella oportunidad.

ESO ES UN ABSURDO

Sobre la investigación que afronta por un supuesto cobro indebido, Pérez Gómez señaló que este es “absurdo” porque sigue siendo fiscal anticorrupción. La denuncia sostiene que el fiscal perdió el derecho a cobrar este bono de S/3000 tras ser designado como fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos.

“Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo, qué le puedo decir…”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Que superen las diferencias

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ARMANDO VILLANUEVA

“Espero que los conflictos internos en la Fiscalía sean superados para mostrar al país una institución sólida que representa el interés del Estado en cuanto a política anticorrupción, que creo es la institución bandera y primera responsable en esbozar seriamente una política anticorrupción”.

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Política

Se nota una protección

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HUMBERTO MORALES

“El compromiso de nuestra bancada es entrar a los temas de fondo. Estamos muy preocupados porque los ataques al fiscal Pérez Gómez al final pondrían en riesgo una investigación que deberá brindar frutos. Parece que se quiere blindar a Keiko y Alan. Se nota que hay una protección”.

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