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Modelo, “Reforma” Laboral y criminalización de la protesta

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Mientras los representantes de los trabajadores de la CGTP, CUT y empresarios participan en Ginebra en un evento internacional de la OIT donde la preocupación central de los diversos países es cómo mejorar los estándares de calidad y el trabajo decente y el problema del empleo juvenil, aquí en el país se busca impulsar una reforma laboral en la cual los trabajadores no están participando.

Se enmarca dentro del proceso de reformas neoliberales de segunda generación, que quedaron pendientes desde la apertura de la década del 90, y que los sucesivos gobiernos del 2000 al 2016 no pudieron implementar plenamente, por los altos costos políticos que ello implicaba. La esencia de las reformas laborales “pendientes”se orienta a flexibilizar lo que consideran barreras o sobrecostos del mercado de trabajo (caracterizados por la “rigidez” y la informalidad).

La reforma laboral busca profundizar el modelo, no a partir de un proceso de incremento de la inversión y productividad, la diversificación productiva, la competitividad en base a la innovación, la investigación y desarrollo, sino a costa de una competitividad espuria basada en la reducción de los costos laborales.

Se ha optado por una profundización del modelo en curso, a pesar de los conflictos socio-ambientales y políticos que generen. Hay gremios y sectores en conflicto: Sunafil, mineros, maestros, trabajadores de la universidad, etc. Esto ha llevado a la CGTP a un llamado a una movilización nacional para julio.

El problema es si paralelamente se dan dispositivos que avancen en la criminalización de la protesta social. Creación de nuevos tipos penales, aumento de las penas, creación de agravantes y flexibilización de las garantías procesales, entre otros. Se buscan aplicar penas que no fueron diseñadas para las protestas, equiparando a los actores y organizaciones sociales movilizadas con organizaciones delincuenciales.

En suma, profundización del modelo, flexibilización laboral y criminalización de la protesta, puede ser un coctel explosivo. Más aún en el contexto de la crisis política y el enfriamiento de la economía que enfrentamos.

Medidas: Obstrucción de vías públicas

Casos y jurisprudencia: En el gobierno de Toledo pasó de una pena máxima de cuatro a 6 años (2006) y con García a 8 años (2010)

Medidas: Instigación a delinquir y asociación criminal

Casos y jurisprudencia: Entre mayo y junio de 2015, el Ministerio Publico inició investigaciones por el delito de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos a dirigentes y autoridades locales de Valle del Tambo en Arequipa que protestaron contra un proyecto minero de la empresa transnacional Southern Perú. La hipótesis es que las organizaciones sociales que promueven las protestas son medios de comisión de delitos, y que el financiamiento de las protestas tenía un origen ilegal.

Medidas: Extorsión.

Casos y jurisprudencia: Abarca la ocupación de locales, la obstaculización de vías de comunicación y de calles y la perturbación del funcionamiento de los servicios públicos para obtener “cualquier beneficio o ventaja” de las autoridades. Luego cualquier acto de protesta en este sentido es perseguido penalmente y la obtención de ventaja o beneficio, supone la posibilidad de imputar delito a quienes protestan por demandas o derechos.

Medidas: Flexibilización de las garantías en los procesos de los acusados

Casos y jurisprudencia: En varios casos de procesos judiciales que criminalizaron protestas sociales se cambió la competencia territorial. La Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, trasladó las investigaciones y causas judiciales contra campesinos, líderes sociales y autoridades locales por protestas contra proyectos mineros a lugares ubicados a grandes distancias, del lugar donde habían ocurrido. A las autoridades públicas que apoyaronprotestas se les dictaron medidas de prisión preventiva.

Medidas: Vigilancia e Inteligencia

Casos y jurisprudencia: Vigilar las comunicaciones de los integrantes de organizaciones y movimientos sociales es una tendencia. En julio de 2014, la Federación Indígenas Quechua del Pastaza descubrió que tres policías se habían infiltrado en su asamblea comunal en el contexto de una huelga indígena que exigía el diálogo con el gobierno por la contaminación de territorios amazónicos atribuida a la empresa Pluspetrol.

Medidas: Modificación de la Constitución en su artículo 2, inciso 24

Casos y jurisprudencia: Se aumenta el tiempo para la detención policial en caso de flagrancia de 24 a 48 horas (en situación de flagrancia) y la prisión preventiva hasta por 15 días (para indagar sobre casos de crimen organizado) (…) la figura de la prisión preventiva, hasta por 15 días, se aplica para investigar delitos como espionaje, terrorismo y tráfico ilícito de drogas” y con la modificación actual se incluye el crimen organizado.

Medidas: Privatización de la seguridad

Casos y jurisprudencia: Convenios entre las empresas mineras y la Policía nacional para dar protección y seguridad.

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Política

Mano blanda para Pedro Chávarry

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Pedro Gonzalo Chávarry

Hugo Núñez Julca, juez supremo, dispuso abrir proceso penal sumario con comparecencia simple al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry por los delitos de encubrimiento real en agravio del Estado.

Según el abogado Carlos Caro, este proceso comprende toma de declaraciones, presencia de testigos dentro de un plazo de ley que una vez culminando, la Fiscalía decidirá si acusa y lleva a un juicio de fondo para que sea sentenciado.

“Eso no va a ser en un período muy largo porque conforme a las reglas del viejo Código los plazos son más cortos y más estricto. Podría exisitir una acusación fiscal contra Chávarry de acá a unos cuatro o seis meses”, indicó.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez Hugo Núñez Julca, inició la audiencia de presentación de cargos contra el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos por la presunta comisión del delito de encubrimiento real.

CHÁVARRY TIENE CARTA BLANCA

Sin embargo, para el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), Chávarry tiene carta blanca, porque seguirá haciendo lo que sea o lo que estaba realizando hace poco, por no tener restricciones.

“Lo importante es que Chávarry ya tiene un proceso abierto pero no se le ha impuesto una medida cautelar para los efectos de que la investigación se lleve de la mejor manera”, observó.

“Chávarry, al tener una medida de comparecencia simple, tiene carta libre para hacer lo que quiera porque no tiene ninguna restricción, tiene mandato de comparecencia”, remarcó.

“Puede hablar con quien quiera, como no tiene ninguna restricción puede, de alguna manera, intimidar o coaccionar a algunos otros miembros de la Fiscalía, para que declaren a su favor”, comentó.

“Eso es lo grave de no poner las restricciones, que significaría que no podría comunicarse con testigos, no tener mayor contacto con los fiscales y otros detalles al respecto”, señaló.

¿CUÁL ES EL RIESGO?

“Al ponérsele las restricciones, él no podría acercarse y hablar con Vela Barba y Pérez Gómez. Ahora sí podrá hablar o tener contacto con los dos porque él los va a citar junto con Tomás Gálvez y Rodríguez Monteza de la junta de fiscales”, alertó.

“Se da cuenta de la importancia de las restricciones que la Fiscalía no ha pedido. Si hubiese pedido esa restricción ya no podía participar en la reunión de junta de fiscales”, precisó.

“Y como no tiene esa restricción, como no la pidió el fiscal provincial, pues va a participar activamente en esa reunión que de oficio debería inhibirse porque él está llevando un caso contra él en agravio de Vela Barba y Pérez Gómez en una instancia judicial”, anotó.

“Como no tiene las restricciones debería inhibirse por decencia y por decoro asistir a esa reunión, que ahora está pidiendo Tomás Aladino Gálvez. Y lo otro, siendo miembro de la junta de fiscales supremos en lo penal, él tiene un poder que, al no tener ninguna restricción, podría intimidar”, reveló.

HABRÁ NUEVA AUDIENCIA

“Lo que el fiscal no ha presentado es el pedido de una comparecencia con restricciones. Cuando el fiscal presenta los cargos, inmediatamente pide detención preventiva o comparecencia con restricciones o comparecencia simple”, explicó.

“Eso significará que se hará inmediatamente una nueva audiencia o de prisión preventiva o de comparecencia simple. El juez qué ha hecho, como el fiscal no se lo pidió, le puso la menos gravosa, que es la comparecencia simple”, expresó.

ALGO MÁS

“El juez ha dicho ‘a mí el fiscal no me ha pedido nada, yo no puedo suplir al fiscal’ y por tanto le puso comparecencia simple, que significa que Chávarry deberá acudir cada vez que el juez lo cite”, puntualizó.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Odebrecht es la única organización criminal

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Odebrecht

Pedro Chávarry estuvo acompañado de su abogado Julio Rodríguez. Por el Ministerio Público, asistieron el fiscal adjunto supremo titular Alcides Chinchay Castillo y la fiscal adjunta suprema provisional Alejandra Cárdenas.

“Hoy en día estamos viendo los resultados del famoso acuerdo de colaboración eficaz con la empresa criminal Odebrecht, que ha venido trabajado de forma indebida”, dijo Chávarry en su intervención.

El ex fiscal de la Nación dijo que los que “son verdaderamente organizaciones criminales”, como lo significa Odebrecht, “están siendo investigados sin ser comprendidos como organización criminal”, sin ser investigados por lavado de activos ni corrupción de funcionarios.

“Y si hago mención a ello es por qué tomé la decisión y porque ahora se corrobora la actuación que yo tuve en ese momento. No me arrepiento de lo que hice”, sostuvo.

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Política

El plan de la derecha es crear zozobra en el país

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Marcha protestas contra el Congreso convocatoria a elecciones generales

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, reiteró la posición del gremio de trabajadores a favor del adelanto de elecciones planteado por el Ejecutivo al Congreso de la República, y advirtió que “esta es la única salida a la crisis política que atraviesa el país”.

“Frente al escenario de crisis que atravesamos, es necesario y urgente exigir que se vayan todos y se convoque a elecciones generales. Ha llegado la hora de los trabajadores y del pueblo”, afirmó.

López advirtió que los ataques del fujimorismo y aliados al Ejecutivo obedecen a “un plan que tiene como objetivo vacar al presidente Martín Vizcarra y con ello mantener el sistema que permite blindajes e impunidad para actores vinculados a temas de corrupción”.

UN PLAN PARA LA IMPUNIDAD

“Parte del plan del fujimorismo y la derecha para vacar a Vizcarra es crear este clima de zozobra utilizando a mensajeros del sector económico para generar pánico. La Confiep siempre ha estado detrás del poder político viendo sus intereses, por eso vemos que los diferentes gobiernos han continuado gobernando sobre el modelo económico neoliberal de Fujimori, por eso tenemos este Congreso desacreditado totalmente, por eso tenemos un Ministerio de Economía que impulsa proyectos que recortan los derechos laborales y sin diálogo, como el Plan de Competitividad”, señaló.

El representante sindicalista manifestó que “este Congreso ha sido tomado en la práctica por el poder económico, que está representado por el señor Pedro Olaechea y su defensa permanente de los intereses de las transnacionales”. “Entonces tenemos a la Confiep en la presidencia del Congreso, y al fujimorismo como bancada mayoritaria blindando a personajes comprometidos en actos de corrupción. Todo un marco de impunidad en la que también se encuentran los empresarios del Club de la Construcción. Ello son un poder nefasto en las sombras que se resiste a ser investigado”, agregó.

Gerónimo López

UN SECUESTRO DE 30 AÑOS

Gerónimo López también incidió en la beligerancia con que los representantes del empresariado aliado al fujimorismo mantienen su presencia en grandes medios de comunicación, en una constante “batalla por la opinión pública”.

“Ellos tienen secuestrado al país hace 30 años y no quieren perder este poder. Sin embargo, tenemos que ser claros: el pueblo no ha elegido a la Confiep para que gobierne. Ya han hecho mucho daño al país y no nos queda otra alternativa que hacer el mayor esfuerzo en lograr la gran unidad de todos los sectores políticos y sociales en contra de esta casta de mafiosos que han copado diferentes estamentos del Estado”, sentenció.

El dirigente agregó que “este capitalismo parasitario y sus voceros políticos han demostrado incapacidad de gobernar en función del desarrollo independiente y soberano del país. Ellos administran la corrupción y la explotación”.

Finalmente, López señaló la urgencia de que el presidente Vizcarra plantee la cuestión de confianza y cierre el Congreso por la vía constitucional, antes de que se concrete el plan para su vacancia.

“Hay que liberar al Perú de la mafia que lo tiene secuestrado. Exigimos al Ejecutivo que tome las acciones necesarias para cumplir con la propuesta de adelanto de elecciones, que plantee la cuestión de confianza y cierre el Congreso para evitar que el fujimorismo y la Confiep terminen vacándolo y se salgan con la suya. Tenemos que evitar que la corrupción nos gane este partido. Que se vayan todos es la única salida a la crisis que vivimos”, finalizó.

ALGO MÁS

En la jornada convocada por la CGTP y otros gremios laborales, se ha definido como punto de concentración el Parque Kennedy de Miraflores a las 4 de la tarde. La movilización se realizará por las principales arterias de este distrito.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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