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Mociones y mociones

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Salvador del Solar

El Sistema Democrático, entre otros conceptos, está asentado en lo que se denomina balance o equilibrio de poderes, que no es otra cosa que los pesos y contrapesos entre principalmente el Poder Legislativo, que aprueba las normas, y el Poder Ejecutivo que tiene que cumplirlas y hacerlas cumplir, pero antes tiene la facultad de observarlas y el Parlamento puede aceptar la observación, que es consentir en ella o insistir en su aprobación.

Bueno, pues, el Presidente de la República, en mensaje a la Nación, anunció que su Presidente del Consejo de Ministros iría al Congreso a plantear cuestión de confianza a fin de que se le apruebe cinco proyectos de ley, entre los cuales se encuentran reformas constitucionales y que son parte de doce proposiciones legislativas presentadas anteriormente por el Ejecutivo.

Ahora bien, el Presidente del Consejo de Ministros ha presentado al Congreso su comunicación para sustentar ante el Pleno del mismo la cuestión de confianza anunciada, señalando además que los cinco proyectos son parte del “núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas”.

Además, como componentes de la cuestión de confianza, que se aprueben los proyectos “sin desnaturalizarlos” y dentro del actual período de sesiones parlamentarias, tanto las proposiciones de ley como las modificaciones constitucionales, estas últimas en cuanto a su primera votación (son dos votaciones calificadas en dos legislaturas ordinarias sucesivas para que tengan efecto).

Lo primero que hay que determinar es si el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza de aprobación de proyectos de ley y de reforma constitucional. Reconociendo que los temas jurídicos no constituyen ciencias exactas y hay margen para las interpretaciones, consideramos que no, pues los parlamentarios, de acuerdo a la Constitución, no están sujetos a mandato imperativo y por lo cual no se les puede compeler a tal aprobación y, menos aun tratándose de modificaciones constitucionales en que hasta hay prohibición de observación presidencial.

Por lo demás es inadmisible que se impongan condicionamientos y plazos al Congreso.

Se viene diciendo que si el Congreso no hace lo que el Ejecutivo ha planteado, este se encuentra facultado para disolver al Congreso y llamar a elecciones parlamentarias para completar el período para el que fueron elegidos los actuales congresistas.

Estimo que hay error de apreciación de quienes consideran que el Ejecutivo podría disolver el Congreso, dentro de los alcances constitucionales, por rechazo de cuestión de confianza. Disiento de tal posición pues debe distinguirse entre “moción de confianza” o “negar confianza”. La primera la puede plantear el Presidente del Consejo de Ministros, usualmente para políticas de Estado y en cualquier oportunidad y, si la moción es rechazada, la consecuencia es que el Gabinete Ministerial tenga obligadamente que dimitir y nombrarse un nuevo Consejo (art. 133 de la Constitución).

A diferencia de la “cuestión de confianza” rechazada en que el Gabinete tiene que renunciar, cuando el Congreso (artículo 134 de la Constitución) ha censurado a dos Consejos de Ministros o negado su confianza a también dos Consejos de Ministros (cuando se presenta al Congreso a exponer la política general del gobierno, dentro de los 30 días de haber asumido funciones), el Presidente de la República está facultado, más no obligado, a disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias para completar el período para el que fue elegido el Congreso disuelto.

En las actuales circunstancias estamos frente a “cuestión de confianza” cuyo rechazo por el Congreso únicamente tiene como consecuencia la dimisión del Consejo de Ministros y el nombramiento de otro, pero en este caso no está facultado el Presidente de la República a disolver al Congreso, como equivocadamente creen algunos.

Si en el caso de que tratamos el Congreso rechaza la “cuestión de confianza” y el Presidente de la República lo disolviera, ello carecería de justificación y de legalidad e, incluso sería contra espíritu y letra de la Constitución, atentando contra nuestra aun defectuosa Democracia. También, crearía más fricciones y enfrentamientos, lo que es dañino para nuestro país, el que requiere tranquilidad para enfrentar los retos de su desarrollo, del desempleo, de las carestías, de la reconstrucción del norte y de zonas de selva, sin olvidar la conflictividad social que está atentando contra actividades extractivas que son soporte de nuestra balanza comercial y de la percepción tributaria.

Ojalá, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, entiendan que están jugando con fuego y que el Perú está lejos de merecer más enfrentamientos absolutamente estériles y, lo peor, bajo el manto protector de que hay que luchar contra la corrupción, como si todos los buenos peruanos no estuviéramos en la misma ruta.

Esperemos que el Ejecutivo entienda que entre sus tareas está plantear proposiciones legislativas, pero que es el Congreso quien las decide, en lo que repetimos es el ámbito de los pesos y contrapesos de la Democracia.

Somos conscientes que no todos los parlamentarios han hecho méritos para permanecer en el Congreso, pero habiendo sido elegidos por cinco años, deberían culminar su período, pero mejorando su actuación y, como moraleja para los electores, la próxima vez elijan mejor a su plancha presidencial y a sus representantes en el Congreso.

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Política

Para fujimorismo, el diálogo es un canje de impunidad

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón y Martín Vizcarra Cornejo

El analista Miguel Jugo consideró que la intención real del pretendido diálogo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, propuesto por el fujimorismo a través del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, es presionar al Ejecutivo para la aceptación de “determinados requerimientos”. “Cuando el fujimorismo habla de diálogo, ellos piensan en negociar cosas concretas. Creo que el primer escenario que manejan es el de tratar de convencer al Presidente de que acepte determinados requerimientos, plantearle un canje donde ellos puedan hallar impunidad”, afirmó.

“Recordemos que el fiscal Pérez ha anunciado que tiene cerca de 50 colaboradores eficaces en la acusación contra Fuerza Popular. Entonces, lo que quieren es que el Presidente le quite respaldo político a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato”, agregó.

Para Jugo, es claro que el otro escenario que maneja Fuerza Popular es el de la vacancia. “Y para eso están organizando a sus filas y tratan la propuesta como si fuese un capricho del Presidente. Este Congreso no representa para nada a la población”, señaló.

SU TÁCTICA ES INSULTARLO

Ante el constante asedio al que pretenden someter al presidente Vizcarra -gestión de Mauricio Mulder por la vacancia, anuncio del Apra de rechazar el adelanto de elecciones, intención de Gilbert Violeta de limitar la cuestión de confianza, confrontación irrespetuosa de Pedro Olaechea- Jugo señaló que el fujimorismo “está implementando su táctica”, en la cual supuestamente se habla de buscar el diálogo, pero con una clara intención de imponer.

“El mismo Presidente lo reconoció en su libro cuando intentaron vacar a PPK: el fujimorismo busca que agache la cabeza como los caballos ante su domador. Entonces, ¿cómo se puede hablar de diálogo con gente que lo ha calificado hasta de ‘mal nacido’? Se busca doblegarlo para someterlo a los dictados de ellos”, advirtió.

Lo peor de todo, agregó Jugo, es que no buscan “someterlo” a un plan de gobierno o defensa del país, “sino a la defensa de sus intereses particulares, a la corrupción”.

SEPTIEMBRE ES EL LÍMITE

Respecto a la decisión del primer mandatario de fijar el mes de setiembre como el límite para aprobar el adelanto de elecciones – lo cual emplaza directamente al Parlamento -, Jugo indicó que el presidente Vizcarra “demostró el 28 de julio estar consciente de que existe una campaña de parte de Fuerza Popular y otros grupos vinculados a temas de corrupción para sacarlo del cargo”.

“Esos grupos consideran que el Presidente maneja la Fiscalía, y se puede notar en el caso del pedido fiscal para revocarle la prisión preventiva a PPK, en que le echan la culpa al Presidente. Se están jugando la posibilidad de impedir muchas investigaciones a varios de esos congresistas”, indicó.

Jugo recordó que el presidente Vizcarra también ha manifestado que si el adelanto de elecciones no es una salida, está abierto a escuchar alternativas. “Un marco constitucional no puede negar la posibilidad de una salida democrática, que es lo que queremos todos los peruanos, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y que tengamos una nueva representación acorde con lo que quiere el país”, añadió.

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Política

La calle se hará escuchar

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En cuanto al necesario respaldo popular que debe encontrar el presidente Vizcarra en la propuesta de adelanto de elecciones, Miguel Jugo advirtió que la ciudadanía en los últimos años “ha aprendido a reaccionar ante escenarios donde se nota claramente la acción de la corrupción”.

En ese sentido, recordó las manifestaciones espontáneas incluso en fechas festivas como 24 y 31 de diciembre, cuando miles marcharon en protesta por el indulto a Fujimori o por la destitución de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“A la población ahora no la sorprenden. Lo que pasa es que, por diversas razones, no se produce todavía el elemento disparador para estas movilizaciones. Pero si bien es cierto no hay todavía una disposición en la gente de salir a la calle, quizás porque se piensa que las cosas se pueden manejar, sí creo que una vez que se gatille la protesta el efecto va a ser muy fuerte y duradero”, sentenció.

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Política

Hasta las puertas de la Confiep

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No a la reforma laboral esclavista

El viernes por la noche miles de manifestantes llegaron hasta la sede de la Confiep en San Isidro, en el marco de la jornada de protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y sus bases sindicales. Los manifestantes protestaron por las políticas laborales impulsadas desde la Confiep y exigieron el adelanto de las elecciones para acabar con la corrupción.

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