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Mociones y mociones

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Salvador del Solar

El Sistema Democrático, entre otros conceptos, está asentado en lo que se denomina balance o equilibrio de poderes, que no es otra cosa que los pesos y contrapesos entre principalmente el Poder Legislativo, que aprueba las normas, y el Poder Ejecutivo que tiene que cumplirlas y hacerlas cumplir, pero antes tiene la facultad de observarlas y el Parlamento puede aceptar la observación, que es consentir en ella o insistir en su aprobación.

Bueno, pues, el Presidente de la República, en mensaje a la Nación, anunció que su Presidente del Consejo de Ministros iría al Congreso a plantear cuestión de confianza a fin de que se le apruebe cinco proyectos de ley, entre los cuales se encuentran reformas constitucionales y que son parte de doce proposiciones legislativas presentadas anteriormente por el Ejecutivo.

Ahora bien, el Presidente del Consejo de Ministros ha presentado al Congreso su comunicación para sustentar ante el Pleno del mismo la cuestión de confianza anunciada, señalando además que los cinco proyectos son parte del “núcleo mínimo irrenunciable del paquete de reformas”.

Además, como componentes de la cuestión de confianza, que se aprueben los proyectos “sin desnaturalizarlos” y dentro del actual período de sesiones parlamentarias, tanto las proposiciones de ley como las modificaciones constitucionales, estas últimas en cuanto a su primera votación (son dos votaciones calificadas en dos legislaturas ordinarias sucesivas para que tengan efecto).

Lo primero que hay que determinar es si el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza de aprobación de proyectos de ley y de reforma constitucional. Reconociendo que los temas jurídicos no constituyen ciencias exactas y hay margen para las interpretaciones, consideramos que no, pues los parlamentarios, de acuerdo a la Constitución, no están sujetos a mandato imperativo y por lo cual no se les puede compeler a tal aprobación y, menos aun tratándose de modificaciones constitucionales en que hasta hay prohibición de observación presidencial.

Por lo demás es inadmisible que se impongan condicionamientos y plazos al Congreso.

Se viene diciendo que si el Congreso no hace lo que el Ejecutivo ha planteado, este se encuentra facultado para disolver al Congreso y llamar a elecciones parlamentarias para completar el período para el que fueron elegidos los actuales congresistas.

Estimo que hay error de apreciación de quienes consideran que el Ejecutivo podría disolver el Congreso, dentro de los alcances constitucionales, por rechazo de cuestión de confianza. Disiento de tal posición pues debe distinguirse entre “moción de confianza” o “negar confianza”. La primera la puede plantear el Presidente del Consejo de Ministros, usualmente para políticas de Estado y en cualquier oportunidad y, si la moción es rechazada, la consecuencia es que el Gabinete Ministerial tenga obligadamente que dimitir y nombrarse un nuevo Consejo (art. 133 de la Constitución).

A diferencia de la “cuestión de confianza” rechazada en que el Gabinete tiene que renunciar, cuando el Congreso (artículo 134 de la Constitución) ha censurado a dos Consejos de Ministros o negado su confianza a también dos Consejos de Ministros (cuando se presenta al Congreso a exponer la política general del gobierno, dentro de los 30 días de haber asumido funciones), el Presidente de la República está facultado, más no obligado, a disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias para completar el período para el que fue elegido el Congreso disuelto.

En las actuales circunstancias estamos frente a “cuestión de confianza” cuyo rechazo por el Congreso únicamente tiene como consecuencia la dimisión del Consejo de Ministros y el nombramiento de otro, pero en este caso no está facultado el Presidente de la República a disolver al Congreso, como equivocadamente creen algunos.

Si en el caso de que tratamos el Congreso rechaza la “cuestión de confianza” y el Presidente de la República lo disolviera, ello carecería de justificación y de legalidad e, incluso sería contra espíritu y letra de la Constitución, atentando contra nuestra aun defectuosa Democracia. También, crearía más fricciones y enfrentamientos, lo que es dañino para nuestro país, el que requiere tranquilidad para enfrentar los retos de su desarrollo, del desempleo, de las carestías, de la reconstrucción del norte y de zonas de selva, sin olvidar la conflictividad social que está atentando contra actividades extractivas que son soporte de nuestra balanza comercial y de la percepción tributaria.

Ojalá, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, entiendan que están jugando con fuego y que el Perú está lejos de merecer más enfrentamientos absolutamente estériles y, lo peor, bajo el manto protector de que hay que luchar contra la corrupción, como si todos los buenos peruanos no estuviéramos en la misma ruta.

Esperemos que el Ejecutivo entienda que entre sus tareas está plantear proposiciones legislativas, pero que es el Congreso quien las decide, en lo que repetimos es el ámbito de los pesos y contrapesos de la Democracia.

Somos conscientes que no todos los parlamentarios han hecho méritos para permanecer en el Congreso, pero habiendo sido elegidos por cinco años, deberían culminar su período, pero mejorando su actuación y, como moraleja para los electores, la próxima vez elijan mejor a su plancha presidencial y a sus representantes en el Congreso.

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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