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Misoginia, homofobia y fascismo

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Hace unos días, una atenta lectora de un diario capitalino publicó en las redes sociales un comentario crítico sobre un artículo que planteaba que las mujeres eran infieles por naturaleza. Lo que decía esta lectora era que ese tipo de artículo además de falso, porque no existe “lo natural” en las relaciones sociales, era misógino ya que incitaba al odio contra las mujeres. Sin embargo, lo curioso de este caso no es lo que escribió sino más bien las respuestas que generó su breve comentario.

Casi inmediatamente a su publicación comenzó a recibir insultos. Algunos la acusaban de “feminazi” y “resentida”. Sin embargo, lo que llama la atención en este caso, además de los insultos subidos de tono, es que algunos de sus críticos entraron a su Facebook para “descubrir” que esta lectora apoyaba, por ejemplo, el aborto terapéutico y por violación.

A partir de ahí pasaron de los insultos a las amenazas. Una de éstas era un “meme” con el rostro de “Chucky”, el muñeco diabólico, que decía: “¡¡Luego se quejan porque uno las mata!!”

Si bien este es solo uno de muchos casos, lo que interesa señalar es que el anonimato que existe en las redes sociales permite no solo lo que acabo de describir sino también mostrar el “alma fascista” que existe en muchos internautas.

Ejemplo de ello es la web “Dilosinroche” que tiene más de 41 mil like y donde se puede encontrar comentarios como el siguiente: “Si tu lloras, yo lloro. Si tú ríes, yo rio. Si tú brincas, yo te brinco. Si tú me dejas, te busco y te mato de un balazo ctmr (lease concha de tu madre)”. O estos otros: “A las mujeres trátalas bien, porque si las tratas mal se enamoran”; “Buenos días para todos salvo para esos reconchadesumadres, mariquitas, infelices de mierda…”

Pero esta agresividad, teñida muchas veces de burla, no se limita a las redes sociales. Hemos podido verla en políticos, congresistas, religiosos, periodistas y ciudadanos comunes y corrientes, con ocasión del debate sobre la Ley de Unión Civil, sobre la Ley contra el Acoso Callejero o sobre la legalización del aborto por violación.

Van en esta línea las expresiones del congresista nacionalista Rubén Condori que se basó en las ideas de Hitler para votar en contra del proyecto sobre la unión civil. O también del pastor evangélico José Linares, acusado de violencia sexual y opositor a dicha propuesta, que “denunció” a la primera ministra, Ana Jara, por ser “lesbiana”; o del congresista fujimorista Julio Rosas convertido en un cruzado homofóbico.

Se puede mencionar las declaraciones del cardenal Cipriani que calificó el aborto como “asesinato” y una “acción demoniaca”, y a la norma que regula el aborto terapéutico como “una guía para matar”. También las de un arzobispo mexicano, Fabio Martínez, que declaró que es más grave que una mujer aborte que un sacerdote abuse sexualmente de un menor.

Pero lo más preocupante es que estas manifestaciones en casos que podrían ir en aumento, no se quedan en la agresión verbal. En Brasil se ha dado a conocer la creación de “ejército para exterminar a los gays”.

Este ejército, según un artículo periodístico, cuyos integrantes “se hacen llamar Gladiadores do Altar, nació en la Iglesia Universal del Reino de Dios y ahora se extiende a otras comunidades cristianas en otros países de Sudamérica. Su fin: acabar con los homosexuales y ateos. Hace tiempo que circula por las redes sociales de Brasil, Colombia y Argentina una espeluznante iniciativa para acabar con los homosexuales” (http://www.debate.com.mx/).

En algunos países, entre ellos el propio Estados Unidos, el combate contra el aborto llega también al enfrentamiento físico de parte de grupos religiosos organizados a las personas que defienden ese derecho o a los médicos que lo ponen en práctica.

Hace unos días, en ese mimo país, la fiscal general de California, Kamala Harris, exigió a la Corte Suprema del Estado que detenga una conflictiva iniciativa popular, llamada “Ley de supresión de los sodomitas”, destinada a autorizar el asesinato de homosexuales. El temor de la fiscal Harris es que esta iniciativa en caso de obtener el número de firmas suficientes sería votada por los californianos el 2016 (http://www.elespectador.com)

Ojalá que en nuestro país, la intolerancia que se expresa en manifestaciones como las de los religiosos ya citados o la Marcha por la Vida no deriven en ese tipo de actitudes, como la agresividad de un sector de sus partidarios hace temer.

De otra parte, las violaciones, el feminicidio y los crímenes de odio, son la expresión extrema de estas formas de agresión, cuyo crecimiento también es sumamente preocupante, pero que no concita la misma preocupación de esos sectores, siendo atentados gravísimos contra la vida.

Finalmente, creo necesario señalar que, si bien en nuestro país la contraofensiva fundamentalista, reaccionaria y ultraconservadora nos debe preocupar, lo importante es también destacar que estos temas, que antes pertenecían al mundo privado y que poco o nada se debatían hoy son parte de la agenda pública.

Ello nos debería llevar a entender que la política y sobre todo los comportamientos y actitudes políticas, conforme estos debates se ensanchen, estarán normados, entre otros factores, por un sistema de valores.

Lo que hoy está entrando al debate político es si nos regimos por un Estado laico y representativo de la diversidad u otro teocrático y homogéneo, como también por una moral pública o por una religiosa.

Lo mismo se puede decir respecto a las demandas de las mujeres y de los grupos GLBT que, junto con el tema de su reconocimiento y de sus derechos, nos plantean temas de fondo como la autonomía de las mujeres, la igualdad, el aborto, el matrimonio, la familia, el reconocimiento de las minorías, la participación de la mujer en la política, etc.

(*) Parlamentario Andino

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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