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Mientras tanto…

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La huelga magisterial ha puesto en cuestión dos aspectos clave de las políticas educativas de los últimos gobiernos: énfasis en la universalización de la oferta sin asignación de recursos para garantizar buenos ingresos, condiciones de trabajo y formación básica de maestros y maestras, y las evaluaciones como mecanismo fundamental para mejorar su desempeño en el aula.

Pero mientras que el Presidente, el Premier y Ministro de Economía, el Ministro del Interior y la Ministra de Educación se atropellaban mutuamente buscando imponer su propia respuesta a la huelga y el fujimorismo develaba su enorme oportunismo jugando a una alianza con el sector más radical del liderazgo gremial, en otras partes del país otros sectores sociales ponían en cuestión aspectos igualmente medulares ya no solo de las políticas públicas sino de la misma organización del Estado peruano.

Los pueblos Awajun y Wampis de la Región Amazonas, cansados de reclamar que alguna autoridad del gobierno se anime a hacer algo contra la presencia de diversas formas de minería que destruyen el bosque y contaminan las aguas en sus territorios, han decidido actuar por cuenta propia, expulsando a mineros informales y presionando por la salida de una empresa formal como Afrodita.

Las organizaciones indígenas de las llamadas Cuatro Cuencas en la Región Loreto donde opera el Lote 192, han anunciado que si el gobierno no pone en práctica la consulta previa sobre la nueva concesión de ese lote, ellas no permitirán que se siga extrayendo petróleo de esos territorios.

El paso más audaz lo ha tomado el pueblo Wampis, al constituir el Gobierno Territorial Autónomo (GTA) Wampis. Precisamente, ha sido el GTA Wampis el que recientemente –en coordinación con la Municipalidad Distrital de Río Santiago- organizó una operación de desalojo de mineros artesanales ubicados en su territorio.

Se cuestiona así desde los pueblos indígenas amazónicos la estrategia extractivista petrolera y minera en la que los últimos gobiernos y todas las variantes de la derecha política y empresarial están de acuerdo, y se plantea también un debate de fondo sobre la organización del estado en el territorio. Post extractivismo y plurinacionalidad son los temas que ponen en la agenda.

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Política

Confesión de Yoshiyama fortalece a Fiscalía ante apelación de Keiko

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Jaime Yoshiyama Tanaka - Jorge Yoshiyama Sasaki

Ante la inminente vista de la apelación de la prisión preventiva de la jefa de fuerza Popular, Keiko Fujimori, la posición del Ministerio Público y del Primer Juzgado de Garantías Penales se ha fortalecido a raíz de la confesión de Jaime Yoshiyama y la ratificación del juez Richard Concepción como supervisor del “Caso Keiko”.

La suma que Jorge Yoshiyama dice que ayudó a “lavar” a su tío Jaime (800 mil dólares) es cercana al millón de dólares que Odebrecht confesó haber entregado entre el 2010 y 2011 a Fuerza Popular, precisamente a través del exministro Yoshiyama y de Augusto Bedoya. En esta línea solo falta la confirmación plena, porque indicios y testimonios, sobran.

Sin embargo, si Odebrecht no fue el origen, el elevado monto abonaría también a favor de la sospecha firme del fiscal Pérez Gómez de que, además de la empresa brasilera, FP habría recibido aportes ocultos de otras fuentes hasta por 900 mil dólares adicionales de dudoso origen.

Esa sospecha se funda en que la Fiscalía ha descubierto que entre junio y octubre de 2011, FP ocultó que había pagado en efectivo 2.2 millones de soles por publicidad electoral, existiendo aún otros 2.8 millones de soles de pagos pendientes por investigar.

De este modo, ya casi no está en discusión si hubo o no aportes ilícitos, si hubo delito o no, sino cuánto y de parte de quién o quiénes procedieron los fondos.

El letrado Luciano López declaró ayer que con lo dicho por Jorge Yoshiyama, está clara la comisión de un delito concreto que debe ser investigado y esclarecido caiga quien caiga. Es tan importante su revelación que el juez le ha puesto custodia policial permanente.

En el caso de equipo Lava Jato, lo ocurrido es un espaldarazo a su sistema de investigación y al uso de la delación premiada, la coerción de la detención preliminar y prisión preventiva, como medios de aproximarse a la verdad.

DEBILIDAD POPULAR

La confesión de Yoshiyama fue de alto grado que provocó casi el silencio de los locuaces portavoces del fujimorismo.

La parlamentaria Rosa Bartra que había proclamado que denunciaría penalmente al fiscal Pérez y al juez Concepción, por haber mentido respecto a supuestos documentos de la Comisión Lava Jato, reculó ayer y dejó en suspenso su acción.

Pero el Fiscal Pérez no perdió la oportunidad de responderle que con la confesión de Jorge Yoshiyama, queda claro que ni él ni el juez Concepción, mienten.

Por su lado, Carlos Tubino, portavoz fujimorista, se escudó en que las responsabilidades penales son individuales, dando a entender que Keiko Fujimori pudo no saber nada de esos tejes y manejes, por los que Jorge Yoshiyama y los demás responsables deberán responder por sus actos.

La tesis de que Keiko Fujimori no supo del lavado de dinero, fue esgrimida al mediodía por el abogado de Jaime Yoshiyama, quien habría decidido autoinculparse de lo confesado por su sobrino.

Y la misma tesis fue repetida, como un guión, después por el congresista Miguel Torres al decir que la confesión de Jorge Yoshiyama, llega hasta su tío Jaime Yoshiyama, pero no compromete a Keiko Fujimori, porque ella no supo nada del dinero sucio.

Los especialistas dicen que es característica típica de las organizaciones criminales que los segundos traten siempre de encubrir a los cabecillas, autoinculpándose y negando el conocimiento por parte de sus jefes.

Eso es improcedente, pues otra distinción de ese tipo de entidades es su organización vertical, de tal modo que dentro de ellas los jefes controlan hasta los suspiros y aplausos de sus subordinados, como en Fuerza Popular.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Mejía Lecca pide declarar ante fiscal pero el juez no lo deja

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Luis Mejía Lecca

El fiscal Lava Jato, José Pérez Gómez, ratificó su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Luis Mejía Lecca, el penúltimo de los presuntos miembros de la organización criminal keikista que el 2011 habría lavado fondos ilícitos ingresados a la campaña presidencial de ese año.

Para Pérez, el expersonero alterno y tesorero de Fuerza Popular, Mejía Lecca, fue un operador bajo las órdenes directas de Pier Figari y Ana Hertz, imputados como miembros de la cúpula de la organización criminal que se enquistó en el partido para captar dinero ilícito y lavarlo.

En ese sentido le imputó el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y debido a la intensa actividad que desarrolló, tanto en Lima como en el departamento de San Martín para tratar de que falsos aportantes siguieran mintiendo a la Fiscalía, el fiscal dedujo que es peligroso por su capacidad de obstruir la justicia.

QUIERE HABLAR ANTE FISCAL

En la corriente de quebrantamiento de amistades, lealtades y de casi un “¡sálvese quien pueda” de la prisión preventiva, tan pronto se supo que Jorge Yoshiyama había confesado para no ir a prisión, la defensa de Mejía Lecca solicitó al juez la suspensión de la audiencia para que su cliente haga declaraciones importantes ante el fiscal.

Sin embargo, un decidido juez Concepción Carhuancho rechazó la petición y ordenó la continuación de la audiencia.

En la tarde, antes de que Mejia haga su defensa personal, su abogado volvió a solicitar que se le permita declarar solo ante el fiscal, pero el juez mantuvo su decisión negativa.

Cuando todos esperaban que Mejía aprovechara la oportunidad para confesar, en su defensa trató de acusar al congresista Rolando Reátegui y a Jorge Yoshiyama de ser los únicos que han aceptado haber manejado dinero presuntamente negro y de haber reclutado falsos aportantes.

Hoy será debatido el último caso de Carmela Paucará, la secretaria personal de Keiko Fujimori Higuchi.

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Política

Núcleo “nikkei” keikista se hunde; los Yoshiyama lavaron US$ 800 mil

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Jorge Yoshiyama Sasaki

El núcleo “nikkei” de la supuesta organización criminal de Keiko Fujimori Higushi que infiltró a Fuerza Popular para lavar activos en la campaña del 2011, se quebró ayer con la espectacular confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki, de que ayudó a su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, a introducir al sistema financiero 800 mil dólares de origen dudoso.

NO FUERON 100, FUERON 800 MIL

En el transcurso de la audiencia sobre la situación de Luis Mejía Lecca, la defensa legal de Jorge Yoshiyama aprovechó una pausa para solicitar al juez Richard Concepción Carhuancho que, debido a que su defendido había avanzado su confesión sincera un día antes ante la Fiscalía, lo tenga en cuenta para que solo le imponga comparecencia restringida y una caución de 50 mil soles.

Fue entonces que el fiscal José Pérez leyó parte de la declaración de Yoshiyama referida al blanqueo de 100 mil dólares.

Esto probablemente llevó a confusión a la defensa legal de Jaime Yoshiyama, a corroborar en el acto la supuesta versión de los 100 mil dólares, aventurando además la versión de que se trató de dinero lícito, por lo que no podría generar el delito de lavado de activos.

No obstante, eso quedó fuera de lugar cuando se supo que en realidad Jorge Yoshiyama había confesado que ayudó a su tío a lavar 800 mil dólares, tarea que empezó con 100 mil.

EL DERRUMBE DE JORGE

Tras la orden de prisión preventiva por 36 meses librada el sábado 10 contra Vicente Silva Checa, después de que su propio caso fuera debatido durante dos días, Jorge Yoshiyama Sasaki, se hundió.

El lunes 12, libre de audiencia, se presentó junto a su abogado ante el fiscal José Pérez Gómez y su adjunta Elvia Caro Izquierdo, en la División de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía y confesó su crimen:

Entre febrero y marzo del 2011, su tío Jaime Yoshiyama le pidió que buscara amigos pudientes para simular aportes a la campaña de Fuerza 2011 con dinero que empresarios que no deseaban aparecer públicamente le habían entregado, en efectivo.

Jorge Yoshiyama aceptó y reclutó a su amigo y vecino Giancarlo Bertini Vivanco.

LOS PRIMEROS 100 MIL

El día en que le dijo a su tío Jaime que ya tenía un aportante seguro, este lo llevó a su dormitorio y de una caja fuerte ubicada dentro del clóset sacó los primeros 100 mil dólares, los puso en una bolsa de plástico y se los entregó junto a unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011 y el número de cuenta del Scotiabank, en la cual debían realizarse los depósitos.

Jaime le dijo a Jorge que los depósitos deberían ser chicos, de menos de diez mil dólares para evitar el papeleo.

Del monto, Jorge Yoshiyama entregó a Bertini 50 mil dólares, “con las instrucciones correspondientes. Dos semanas después, Bertini le entregó los comprobantes de los depósitos.

Al recibirlos los comprobantes en su casa, su tío Jaime le pidió que consiguiera más aportantes falsos.

Entonces reclutó a su amigo Erick Matto Monge, quien aceptó y le consiguió dos colaboradores que firmaron los respectivos recibidos. Repitieron ese trámite cuatro o cinco veces.

FUERON 800 MIL

A estas alturas precisó lo siguiente: “Una vez cada dos semanas iba también a la casa de mi tío Jaime a recoger el dinero en efectivo. Desde marzo, que fue la primera vez que mi tío me entregó dinero, hasta el final de la campaña, mediados de junio del 2011, he ido unas seis o siete veces a recoger dinero entre montos de cien mil y 200 mil dólares (…) No recuerdo bien pero han sido aproximadamente 800 mil dólares norteamericanos que me ha entregado, porque entre las personas que aparecen como aportantes de Giancarlo Bertini, Erick Matto y algunos amigos míos, da esa suma, aproximadamente”.

Jorge Yoshiyama aclaró que inicialmente no supo quiénes eran las personas captadas por Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge.

Personalmente, él captó a Celso Dextre, Víctor Dextre, Henry Dávila, Rolando Ganoza, Luna Venero, Ronald Osorio y el congresista Miguel Castro Grández, entre los que se acordaba.

ALGO MÁS

En la audiencia de ayer el fiscal Pérez Gómez aceptó el planteamiento de la comparecencia, en vez de la prisión preventiva, para Jorge Yoshiyama, pero añadió la restricción de salida del país.

El juez Concepción se reservó su decisión.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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