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¿Mejora regulatoria o desregulación?

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El gobierno acaba de publicar el Reglamento y Manual para la aplicación del Análisis de la Calidad Regulatoria. Estos precisan los contenidos del Decreto Legislativo 1310 sobre medidas adicionales para la simplificación administrativa expedido en diciembre de 2016. A primera vista parecen razonables ya que la facilitación de trámites para los ciudadanos y las empresas, por lo general, es positiva. Sin embargo, una revisión más detallada de las últimas disposiciones de julio y agosto de 2017 revelarían una perspectiva desreguladora que podría tener impactos negativos sobre la sociedad y la economía.

Los problemas surgen cuando el reglamento no considera los criterios de evaluación para los procedimientos administrativos establecidos en el DL 1310. Al respecto, en este último se incorporaban los principios de costo beneficio, necesidad, efectividad y proporcionalidad (artículo 2.2). En cambio, en el reglamento y manual recientes solo se plantean los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad (artículo 5). Efectivamente, todo procedimiento administrativo genera una carga administrativa en el regulado pero toda norma debe evaluarse respecto de los beneficios que podría generar para toda la sociedad en su conjunto. ¿El análisis legal sustituye al de costo beneficio?

El artículo 3.2 del reglamento continúa distorsionando el contenido del DL 1310 al extender su objetivo de identificación, reducción y eliminación de normas a todas aquellas que permitan la reducción de las cargas administrativas. En el artículo 2.1 del DL 1310 no se hacía mención a este punto, circunscribiéndose a los procedimientos que resultasen innecesarios, injustificados, desproporcionados o redundantes; aunque peligrosamente cancelaba los que no se adecuen a la Ley de procedimiento administrativo general. ¿Por qué no adecuarlos primero antes de cancelarlos? ¿Se trataría simplemente de reducir costos o de mejorar la calidad regulatoria de las normas vigentes y nuevas?

En la introducción del manual se menciona que la evaluación se realizaría mediante un proceso en dos ciclos: estimación de los costos de tiempo y dinero de las cargas administrativas y luego gradualmente de evaluación de impactos y análisis costo beneficio. Sin embargo, en el resto del documento no hay referencia alguna a este segundo ciclo de evaluación. Se detalla un aplicativo informático, pero no hay mención alguna a la necesidad imprescindible de diseñar una metodología para estimar también el valor presente de los beneficios que generaría cualquier norma regulatoria. Se requiere de una visión integrada de beneficios y costos, elevando los primeros y reduciendo los segundos. Estas disposiciones son antitécnicas y peligrosas para toda la sociedad.

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Actualidad

Desorden en la lucha contra la violencia hacia la mujer

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Marcha protestas contra maltrato a la mujer ni una menos

La Defensoría del Pueblo comprobó que la falta de un trabajo coordinado entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y los gobiernos regionales y locales viene afectando el cumplimiento de las obligaciones de estas instancias en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Por ejemplo, señalaron el lento avance en la puesta en marcha de instancias regionales y locales de concertación de la lucha contra la violencia, conforme lo establece la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar N° 30364.

Tampoco se ha cumplido con la implementación del enfoque de género en las políticas regionales y locales, pese a ser una obligación estipulada en la Ley de Igualdad de Oportunidades N° 28983.

En ese sentido, el Comité Intergubernamental para la igualdad de género y las poblaciones vulnerables, creado recientemente, será un espacio clave que permitirá definir acciones concretas en los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos de las mujeres relacionados a la igualdad y a una vida libre de violencia, explicó la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.

POLÍTICA NACIONAL

“En este comité, el Ministerio de la Mujer, ente rector de la materia y encargado de brindar asistencia técnica a los otros órganos del Estado, tiene la posibilidad de dirigir una política de género, realmente nacional, que abarque a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) impulsando el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas”, anotó.

En el citado comité participarán tres representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, dos representantes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales, dos representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú y dos representantes de la Red Nacional de Mujeres Autoridades Regionales y Locales.

ADULTOS MAYORES

Tomando como referencia información del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, se tienen registrados 829 casos de violencia contra adultos mayores, solo en el mes de enero de este año.

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Actualidad

Casi 4 mil menores violentados en enero

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Violencia contra la mujer maltrato femenino

Solo en el mes de enero se han registrado 3,867 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en todo el país, de los cuales 1,974 han sido contra menores de once años de los departamentos de Lima, Arequipa y Junín.

“Lo peor de estas cifras, es que no solo se trata de maltrato verbal, psicológico o económico, sino también de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes”, señaló un especialista del Ministerio de Salud.

“En el mismo mes, la violencia física ha sumado 1,187 casos, la psicológica 1,874 casos y la económica ha sumado 13 casos, según información del portal del Ministerio de la Mujer”, indicó.

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Actualidad

Lima con más casos de violencia hacia menores

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Lima con más casos de violencia hacia menores

Los especialistas del Ministerio de la Mujer señalaron que Lima es el departamento con mayor incidencia de maltrato infantil con 795 casos en menores de 11 años, y 518 casos en menores entre los 12 y 17 años. Le sigue el departamento de Arequipa con un total de 381 casos, de los cuales 230 fueron cometidos contra menores de 11 años.

El tercer departamento con mayor registro de violencia contra menores es Junín con 169 casos en niños y niñas menores de 11 años, y 108 casos en menores entre los 12 y 17 años.

La violencia contra la niñez en el Perú ha estado siempre en ascenso. En 2004, las cifras no superaban los cinco mil casos reportados; en 2010 ya estaba encima de los 11 mil; en 2015 fue de 19,646; y en 2018 llegó a 41,809 caos de violencia contra menores de edad.

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