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Mataron al presunto asesino de lideresa espiritual Olivia Arévaloa

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Hoy entierran en Ucayali los restos de representante de los derechos culturales del pueblo indígena Shipibo-Konibo.

Balazos destrozaron su corazón, pero no sus latidos. Extinguieron su voz, pero no su canto. Segaron vilmente su vida, pero no su pensamiento. Los que no sabían de su existencia ahora la conocen.

Olivia Arévalo Lomas de 81 años de edad fue asesinada el último jueves en la Comunidad Intercultural “Victoria Gracia”, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo en Ucayali, y hoy sepultarán sus restos en Ucayali.

LO MATARON

El cadáver de un canadiense fue hallado ayer por la Policía Nacional en Yarinacocha (Ucayali) y es casi un hecho que se trata del asesino de Olivia.

Un video propalado por Gaceta Ucayalina muestra el linchamiento al canadiense en Yarinacocha, lugar que se encuentra a 20 minutos de la comunidad intercultural donde Olivia Arévalo fue acribillada el jueves 19.

La Defensoría del Pueblo informó que el fiscal Carlos Vilcahuamán, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha a cargo de la investigación, dijo que ayer se realizó el levantamiento del cadáver, “que estaba enterrado a 1.000 metros de la casa de Olivia Arévalo”.

En la zona, un grupo de tres efectivos, liderado por el teniente Villón Magallanes, investiga el asesinato de Olivia Arévalo.

Olivia ha pasado a la inmortalidad. Allí donde van los que consagraron su vida a los demás. El pueblo Shipibo-Konibo puede estar orgulloso de ella. Los cantos o íkaros de esa etnia la tendrán ahora en su nota más dulce y fuerte, a la vez. La imagen de ella
es el mayor bálsamo y potente ayahuasca para su fortalecimiento espiritual.

OTROS MÁS

Este execrable asesinato se suma al de otros líderes de nuestra Amazonía que fueron ultimados por las mismas motivaciones criminales, como sucedió con Edwin Chota en el 2014, en la Comunidad de Alto Tamaya Saweto, víctima de los traficantes de madera.

La explotación de nuestros recursos naturales en la Amazonía es una historia de muerte y dolor para los nativos de allí.

Mario Vargas Llosa, en su novela “El Sueño del Celta”, nos hizo recordar la infame crueldad con que fueron tratados nuestros compatriotas de las etnias huitoto, bora, ocaina, andoke, resígaro y monuya, desde 1870, por parte de los barones del caucho; entre ellos, Carlos Arana en la ribera del río Putumayo, Carlos Fitzcarrald en la del Ucayali, y el español Máximo Rodríguez en las riberas del Madre de Dios.

Como los jóvenes eran los que servían para extraer el caucho, los ancianos eran asesinados y las mujeres reducidas a la condición de sirvientas y violadas en forma permanente por los capataces. Quien no obedecía era castigado con el cepo, flagelado, mutilado o quemado vivo. Los niños vendidos como objetos de curiosidad y sus casas ocupadas y quemadas.

Allí están los archivos de la época. Cerca de 30,000 nativos murieron víctimas de esos abusos. El escándalo fue de tal magnitud que, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, cobró ribetes internacionales, mereciendo una severa investigación por parte de la Corona Británica, que andaba buscando pretextos para intervenir en la zona, valiéndose de los capitales ingleses que allí se movían. Leguía, por su parte, pese a haber otorgado títulos de propiedad sobre los terrenos a los depredadores, al inicio, se abstuvo de actuar con firmeza aduciendo problemas fronterizos con Colombia.

Carlos Arana sostenía, en cínica defensa, que estaba “civilizando” a los nativos. Es ilustrativo de los intereses de la época, ver la forma en que el diario El Comercio, en una edición de 1913, trata a dicho empresario: “…para ningún loretano es un misterio, que si Colombia no se ha apropiado del Putumayo se debe exclusivamente al respeto que les infunde el personal armado de la Casa Arana, tanto por su número, decisión y patriotismo (…) Desgraciadamente nuestro Gobierno ataca a Arana y el Poder Judicial ha ordenado su prisión”. Ahora se entiende por qué, a pesar de todo, Arana fue elegido Senador en 1927.

La violencia contra los pobladores de la Selva no solo ha provenido del sector privado o empresarial, también del Estado. Aún recordamos la “Masacre de Bagua”, del 05/06/09, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, contra awajunes y wampis, y otros grupos amazónicos, que se oponían a los decretos legislativos que viabilizaban el uso del territorio por parte de las transnacionales, para explotar los grandes yacimientos de gas, petróleo y minerales de la región.

A fin de poner a la opinión pública contra los nativos, en días previos, García los calificó de “ciudadanos de segunda categoría”. Por esos vaivenes de nuestra vida política, la ministra de la Producción de entonces, Mercedes Aráoz, comprometida políticamente en esos hechos, fue elegida nuestra vicepresidenta de la República en las elecciones del 2016.

Hoy le ha tocado a Olivia Arévalo ser víctima de la insania criminal. El exuberante suelo de nuestra Selva amazónica ha sido fertilizado con su sangre.

Alertamos de la denuncia que ha realizado, recientemente, el periodista shipibo Cecilio Soria, en el sentido de que pesan también amenazas de muerte contra Magdalena Flores Agustín y Bernardo Murayari Ochavano, líderes de las Comunidades nativas de Ucayali.

Pero Olivia ha pasado a la inmortalidad. Allí donde van los que consagraron su vida a los demás. El pueblo Shipibo-Konibo puede estar orgulloso de ella. Los cantos o íkaros de esa etnia la tendrán ahora en su nota más dulce y fuerte, a la vez. La imagen de ella es el mayor bálsamo y potente ayahuasca para su fortalecimiento espiritual.

La cosmovisión shipiba, que armoniza al ser humano con la naturaleza y otros seres espirituales, ha despertado la solidaridad del Perú y el mundo. La muerte de Olivia la ha convertido en heroína. Ella ha muerto por “nuestra casa”, la naturaleza, como decía el Papa Francisco. Los que amamos la vida, la tierra, los árboles, la lluvia y los ríos y el oxígeno que respiramos, sentimos su ejemplo como viva enseñanza digna de seguir.

ANTONIO CASTILLO

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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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