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Masivo tráfico de títulos

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Masivo tráfico de títulos

EN LA AMAZONÍA
Las evidencias, pruebas y denuncias no dejan lugar para las dudas: un masivo tráfico de títulos de propiedad otorgadas a las Comunidades Nativas a cambio de sus recursos forestales se estaría produciendo en este momento en la Amazonía, en particular en la Región Loreto.

De acuerdo al Ing. José Raúl Cachay Meléndez, jefe de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de las Propiedad Agraria (DISAFILPA), organismo dependiente del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), la expedición de un título de propiedad es “altamente costoso”, asciende a 10 mil dólares y el análisis de suelos para hacer el catastro, paso previo al reconocimiento del territorio y su titulación, ronda los 28 mil soles, según el mismo funcionario.

Ninguna CCNN está en condiciones de lograr ese financiamiento para obtener el título de propiedad, instrumento jurídico fundamental para todo tipo de gestiones, pero sobre todo para la defensa de la tierra y territorio ante los riesgos de la lotización petrolera, gasífera, la minería aurífera y los megalatifundios para la producción de biocombustibles que ahora se instalan en la Amazonía. Y por supuesto para la Consulta Previa,

Entonces se produce el toma y daca. Yo te titulo pero tú me das tu bosque. En este toma y daca los funcionarios de DISAFILPA, de la Dirección Regional de Agricultura del GOREL y de otras instancias del aparato del Estado juegan el rol de agentes y operadores de las empresas madereras.

Para hacer más expeditiva la operación, los funcionarios convocan a una asamblea general en la CCNN y le ofrecen al Apu, al jefe de la Comunidad, gestionar el RUC a su nombre y seguidamente inscribirle en los registros púbicos y encargarse de todo el kafkiano papeleo y asumir los inalcanzables costos para la Comunidad. La tramitación que duraría meses, años y quizás nunca concluiría si lo harían los indígenas, lo realiza a la velocidad de un rayo la DISAFILPA.

Casi siempre y bajo presión de los operadores, el Apu otorga un poder absoluto a un testaferro de la empresa maderera que hace y deshace con los bosques de la CCNN, como parte del pago efectuado por la titulación comunal. Hay que imaginar los miles y hasta millones de pies de tablares de caoba, cedro, cumala, lupuna, shihuahuaco, capirona que la CCNN paga por su título.

Este procedimiento, en apariencia legal, pero abusivo y corrupto porque se utilizan los instrumentos jurídicos y administrativos del Estado para engañar a los pueblos indígenas, está reportando extraordinarios beneficios a las madereras, compensando con creces el efecto de posibles menores utilidades por la caducidad de buena parte de las concesiones forestales por malos manejos y pésimo funcionamiento.

Triplayera Martín SAC, TRIMASA, es una de las empresas madereras que está cosechado beneficios con este toma y daca. Opera con 30 CCNN de la cuenca del Putumayo y se está expandiendo hacia los ríos Napo y Pastaza y exporta madera lupuna y cumala a México. La empresa exhibe con orgullo sus 8 principios, dos de los cuales son: “Respetar los derechos humanos y beneficiar a las Comunidades de nuestra zona de influencia” y sólo paga 0.40 centavos por el pie tablar de cumala a las CCNN.

Posiblemente uno de los casos más escandalosos sea el de la CCNN de Nueva Esperanza del Mirín, río Yavarí. Recibió más de 90 mil ha en cesión de uso en el ámbito territorial de una zona que estaba destinada a ser declarada la Zona Reservada del Yavarí de más de 1 millón de ha, un área, de acuerdo a los estudios y evaluaciones ambientales efectuadas desde el año 2004 por Parks Watch, que posee un stock genético que lo ubica como la zona de mayor diversidad de mamíferos del planeta.

Pero la Zona Reservada del Yavarí nunca fue oficializada y, más bien, el Apu de Nueva Esperanza, Ernesto Campos Cahuachi, le ha nombrado apoderado absoluto de la Comunidad al ayacuchano Teodulfo Palomino Ludeña, testaferrero de una empresa maderera que está haciendo su agosto con la riqueza forestal de Nueva Esperanza.

En enero de este año, el infatigable y experto titulador José Cachay, jefe de DISAFILPA, convertida realmente en una verdadera fábrica de títulos de CCNN ofreció, a nombre del presidente del GOREL, Iván Vásquez Valera, otorgar títulos de propiedad por 2 millones de hectáreas en convenio con DEVIDA y hacer de Loreto “Una región de propietarios”. En esa misma ocasión, anunció que en febrero pasado Vásquez Valera entregaría 350 títulos de propiedad a las CCNN de Lagunas, en la cuenca del Huallaga.

En Loreto fueron tituladas 14 CCNN en el año 2002. A partir de esa fecha, primero el PETT y luego COFOPRI, que asumió sus roles, optó por la titulación urbana y abandonó la titulación de las CCNN. Era táctico y estratégico dejarlas desprotegidas jurídicamente para que el extractivismo rampante entrara a saco partido a sus tierras y territorios. Nunca fue un olvido y desatención inocente.

En 2011 se transfirió este rol a los Gobiernos Regionales. Fue como poner, en el caso de Loreto, a un zorro hambriento a cuidar un gallinero lleno de gallinas regionales gordas y de buen caldo. Pero, además, según José Pairasamán, asesor de la Oficina de Administración del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) no existe una ley única sobre el proceso de titulación de tierras de las CCNN. Hay varias leyes y decretos, todos contradictorios. Actualmente se estaría terminando de redactar un nuevo proyecto de titulación con apoyo del BID.

Sobre esta transferencia y obligación tan importante a los gobiernos regionales, el experto de CEPES, Laureano del Castillo ha escrito: “Aquí se originó un problema, pues si bien los gobiernos regionales son los ejecutores de esta función, no quedó claro qué entidad del Estado señalaría las pautas comunes y mínimas que se debe respetar en cada gobierno regional”.

En consecuencia, este caos normativo, esta tierra de nadie legal es uno de los mejores caldos de cultivo para el tráfico de títulos de las CCNN en la Amazonía donde, según Alberto Pizango Chota, el presidente de AIDESEP, quedan por titular mil comunidades.

Un verdadero bocato di cardinale para las insaciables empresas madereras y sus también angurrientos agentes y operadores del Estado.

Y mientras todo este voraz saqueo se produce en las narices de todo el mundo, el Ministro del Ambiente (MINAM), Manuel Pulgar Vidal, responsable de los bosques de protección en el Perú, estuvo la primera semana de este mes, en Yakarta, Indonesia, participando siempre locuaz y sonriente en la Cumbre de Bosques de Asia

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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