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Masivo tráfico de títulos

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Masivo tráfico de títulos

EN LA AMAZONÍA
Las evidencias, pruebas y denuncias no dejan lugar para las dudas: un masivo tráfico de títulos de propiedad otorgadas a las Comunidades Nativas a cambio de sus recursos forestales se estaría produciendo en este momento en la Amazonía, en particular en la Región Loreto.

De acuerdo al Ing. José Raúl Cachay Meléndez, jefe de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de las Propiedad Agraria (DISAFILPA), organismo dependiente del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), la expedición de un título de propiedad es “altamente costoso”, asciende a 10 mil dólares y el análisis de suelos para hacer el catastro, paso previo al reconocimiento del territorio y su titulación, ronda los 28 mil soles, según el mismo funcionario.

Ninguna CCNN está en condiciones de lograr ese financiamiento para obtener el título de propiedad, instrumento jurídico fundamental para todo tipo de gestiones, pero sobre todo para la defensa de la tierra y territorio ante los riesgos de la lotización petrolera, gasífera, la minería aurífera y los megalatifundios para la producción de biocombustibles que ahora se instalan en la Amazonía. Y por supuesto para la Consulta Previa,

Entonces se produce el toma y daca. Yo te titulo pero tú me das tu bosque. En este toma y daca los funcionarios de DISAFILPA, de la Dirección Regional de Agricultura del GOREL y de otras instancias del aparato del Estado juegan el rol de agentes y operadores de las empresas madereras.

Para hacer más expeditiva la operación, los funcionarios convocan a una asamblea general en la CCNN y le ofrecen al Apu, al jefe de la Comunidad, gestionar el RUC a su nombre y seguidamente inscribirle en los registros púbicos y encargarse de todo el kafkiano papeleo y asumir los inalcanzables costos para la Comunidad. La tramitación que duraría meses, años y quizás nunca concluiría si lo harían los indígenas, lo realiza a la velocidad de un rayo la DISAFILPA.

Casi siempre y bajo presión de los operadores, el Apu otorga un poder absoluto a un testaferro de la empresa maderera que hace y deshace con los bosques de la CCNN, como parte del pago efectuado por la titulación comunal. Hay que imaginar los miles y hasta millones de pies de tablares de caoba, cedro, cumala, lupuna, shihuahuaco, capirona que la CCNN paga por su título.

Este procedimiento, en apariencia legal, pero abusivo y corrupto porque se utilizan los instrumentos jurídicos y administrativos del Estado para engañar a los pueblos indígenas, está reportando extraordinarios beneficios a las madereras, compensando con creces el efecto de posibles menores utilidades por la caducidad de buena parte de las concesiones forestales por malos manejos y pésimo funcionamiento.

Triplayera Martín SAC, TRIMASA, es una de las empresas madereras que está cosechado beneficios con este toma y daca. Opera con 30 CCNN de la cuenca del Putumayo y se está expandiendo hacia los ríos Napo y Pastaza y exporta madera lupuna y cumala a México. La empresa exhibe con orgullo sus 8 principios, dos de los cuales son: “Respetar los derechos humanos y beneficiar a las Comunidades de nuestra zona de influencia” y sólo paga 0.40 centavos por el pie tablar de cumala a las CCNN.

Posiblemente uno de los casos más escandalosos sea el de la CCNN de Nueva Esperanza del Mirín, río Yavarí. Recibió más de 90 mil ha en cesión de uso en el ámbito territorial de una zona que estaba destinada a ser declarada la Zona Reservada del Yavarí de más de 1 millón de ha, un área, de acuerdo a los estudios y evaluaciones ambientales efectuadas desde el año 2004 por Parks Watch, que posee un stock genético que lo ubica como la zona de mayor diversidad de mamíferos del planeta.

Pero la Zona Reservada del Yavarí nunca fue oficializada y, más bien, el Apu de Nueva Esperanza, Ernesto Campos Cahuachi, le ha nombrado apoderado absoluto de la Comunidad al ayacuchano Teodulfo Palomino Ludeña, testaferrero de una empresa maderera que está haciendo su agosto con la riqueza forestal de Nueva Esperanza.

En enero de este año, el infatigable y experto titulador José Cachay, jefe de DISAFILPA, convertida realmente en una verdadera fábrica de títulos de CCNN ofreció, a nombre del presidente del GOREL, Iván Vásquez Valera, otorgar títulos de propiedad por 2 millones de hectáreas en convenio con DEVIDA y hacer de Loreto “Una región de propietarios”. En esa misma ocasión, anunció que en febrero pasado Vásquez Valera entregaría 350 títulos de propiedad a las CCNN de Lagunas, en la cuenca del Huallaga.

En Loreto fueron tituladas 14 CCNN en el año 2002. A partir de esa fecha, primero el PETT y luego COFOPRI, que asumió sus roles, optó por la titulación urbana y abandonó la titulación de las CCNN. Era táctico y estratégico dejarlas desprotegidas jurídicamente para que el extractivismo rampante entrara a saco partido a sus tierras y territorios. Nunca fue un olvido y desatención inocente.

En 2011 se transfirió este rol a los Gobiernos Regionales. Fue como poner, en el caso de Loreto, a un zorro hambriento a cuidar un gallinero lleno de gallinas regionales gordas y de buen caldo. Pero, además, según José Pairasamán, asesor de la Oficina de Administración del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) no existe una ley única sobre el proceso de titulación de tierras de las CCNN. Hay varias leyes y decretos, todos contradictorios. Actualmente se estaría terminando de redactar un nuevo proyecto de titulación con apoyo del BID.

Sobre esta transferencia y obligación tan importante a los gobiernos regionales, el experto de CEPES, Laureano del Castillo ha escrito: “Aquí se originó un problema, pues si bien los gobiernos regionales son los ejecutores de esta función, no quedó claro qué entidad del Estado señalaría las pautas comunes y mínimas que se debe respetar en cada gobierno regional”.

En consecuencia, este caos normativo, esta tierra de nadie legal es uno de los mejores caldos de cultivo para el tráfico de títulos de las CCNN en la Amazonía donde, según Alberto Pizango Chota, el presidente de AIDESEP, quedan por titular mil comunidades.

Un verdadero bocato di cardinale para las insaciables empresas madereras y sus también angurrientos agentes y operadores del Estado.

Y mientras todo este voraz saqueo se produce en las narices de todo el mundo, el Ministro del Ambiente (MINAM), Manuel Pulgar Vidal, responsable de los bosques de protección en el Perú, estuvo la primera semana de este mes, en Yakarta, Indonesia, participando siempre locuaz y sonriente en la Cumbre de Bosques de Asia

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Política

Tribunal Constitucional y Corte Suprema petardean la lucha contra la corrupción

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Juan José Quispe

El jurista Juan José Quispe, del Instituto de Defensa (IDL), remarcó que existe toda una campaña de demolición de diferentes sectores políticos, que pasa por el presidente del Tribunal Constitucional y luego por el Defensor del Pueblo, y otros altos funcionarios como ministros, congresistas, que se quieren traer abajo el proceso anticorrupción.

“Los fiscales tienen las pruebas judiciales respecto de los casos que están en su poder. Ahora le han tirado la pelota al Congreso para que modifique la ley del Código Procesal Penal referida al Artículo 278 que habla sobre las prisiones preventivas, el arresto domiciliario y demás figuras que tienen que ver con los casos de la corrupción de funcionarios”, precisó.

HAY 30,200 CASOS DE PRISIÓN PREVENTIVA

“Yo alerto a la ciudadanía, alerto al Perú, que prontamente van a ver cambios, no solamente en el ámbito del Congreso modificando normas, y que ya hay primeros indicativos la Corte Suprema de Justicia de la ejecutoria de casación (la 1445/2018) dada el 11 de abril emitida por la Sala Penal Permanente presidida por San Martín sobre el peligro de fuga”, explicó.

“Ahora, el presidente del Tribunal Constitucional que está opinando como si fuera un ciudadano de a pie a pesar de que su posición luego va a ser contrastada con alguna resolución que llegue a su despacho vía hábeas corpus de acción de amparo, como el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia”, remarcó.

“Todos están contra la prisión preventiva porque teóricamente es la última ratio, pero que solamente se está persiguiendo a diez casos de personas. Pero nosotros nos ponemos a señalar que el universo de casos con prisión preventiva, de presos sin sentencia, son 30,200 y nadie se ha preocupado por ellos”, declaró.

ENTROMETIENDO EN LA FISCALÍA

“Lo que quieren es que la prisión preventiva, que analizan teóricamente y no la práctica, sea una suerte de última ratio, cuando ni siquiera han leído el expediente judicial, y vean los casos de Keiko Fujimori, PPK, Alan García que ya está muerto, Ollanta Humala, del señor Nava, de Cornejo, de la señora Susana Villarán, verán que son casos muy excepcionales y donde aparece ya no solamente la Fiscalía sino el Poder Judicial, han encontrado elementos razonables de graves inculpados que los vincula con los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios”, subrayó.

“Pero sobre todo han encontrado -agregó- que esas personas tienen esa condición de poder fugarse del país o de perturbar las investigaciones. Todos dicen ‘pobrecito el señor PPK’, una persona de 81 años, a quien debe dársele arresto domiciliario, porque la norma así lo establece y su abogado así lo dice”.

“Yo le digo que la norma establece el arresto domiciliario en el Código Procesal Penal, establece que cuando a una persona se le debe imponer la prisión preventiva, pero que podría imponérsele el arresto domiciliario, le puede imponer siempre y cuando cumpla cuatro requisitos, uno detrás de otro: que tenga más de 65 años, el segundo es que tenga una enfermedad terminal, el tercero que tenga una incapacidad física y el cuarto que sea una persona embarazada”, declaró.

EL CASO DE PPK

“PPK encaja en el primer supuesto, pero la norma dice ‘siempre que’, un requisito sine qua non, un requisito que nunca falta que es que no perturbe las investigaciones. El juez no fue Carchuancho, a quien le decían el juez carcelero, fue otro juez. Pero la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional están petardeando al sistema anticorrupción”, señaló.

“Todos los investigados van a gozar de libertad, pero no se dan cuenta de algo: El arresto domiciliario es un saludo a la bandera, porque los juzgados irán a sus juicios orales, pero a la hora de la sentencia desaparecerán o fugarán del país”, sentenció.

“A mí me causa gracia cuando PPK dice: ‘Yo no tengo plata, me han congelado mis cuentas, no tengo cómo pagar a mis abogados’, debemos creer que el señor Nakazaki no le cobra un solo centavo por defender a PPK, hay que ser ilusos para creer eso. Los corruptos guardan su dinero a cuenta de otros”, agregó.

ALGO MÁS

“Además, no sería raro que esta semana se presente la casación a favor de Keiko Fujimori y que la próxima semana salga libre, gracias a la norma de la Corte Suprema”, concluyó el jurista Quispe de IDL.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Junta Nacional de Justicia debe continuar lucha contra la corrupción

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Junta Nacional de Justicia

La aprobación de las bases para la elección de los próximos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha generado expectativa entre la opinión pública y los consultados por Diario UNO, quienes esperan que la nueva institución contribuya a la lucha contra la corrupción que actualmente se viene librando.

ROMPER CON LA CORRUPCIÓN

El congresista de Nuevo Perú Alberto Quintanilla dijo estar a la expectativa de que la JNJ rompa con la corrupción que se estuvo dando en el CNM.

“Como todos los peruanos, estamos a la expectativade que la Junta Nacional de Justicia respete los principios liberales, tenga legitimidad y rompa con la corrupción que se estuvo dando al interior del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura”, dijo al Diario UNO.

Asimismo, pidió a la nueva institución que guarde autonomía y no concentrar poder como lo hizo el CNM.

“La nueva junta debe tener autonomía si va a ser quien fiscalice a los otro poderes del Estado. Además, no debe cometer el mismo error de concentrar poder como lo hizo el desaparecido consejo”, advirtió.

COLMAR EXPECTATIVAS

El abogado penalista Luis Tudela Varela pidió no antelar juicio antes de conocer el accionar de los integrantes de la junta pero espera que la nueva institución cumpla su cometido y colme las expectativas populares.

“Siempre las innovaciones nos causan expectativas; no podemos antelar juicio mientras no veamos el actuar de la personas. Deseamos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia realmente cumplan su cometido y sobre todo colmen las expectativas populares”, dijo a Diario UNO.

SIN VERICUETOS

Por su parte, el exprocurador Pedro Gamarra dijo esperar que la nueva institución luche contra la corrupción frontalmente y sin vericuetos que hagan volver a lo que se daba con el CNM.

“Espero que la Junta Nacional de Justicia pueda coadyuvar con la lucha contra la corrupción. Todos esperamos que la lucha se dé frontalmente y sin ningún vericueto que nos haga volver a lo mismo que se daba en el Consejo Nacional de la Magistratura”, afirmó a Diario UNO.

BASES PARA CONCURSO

La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia aprobó ayer las bases para la elección de los próximos integrantes de la JNJ, organismo que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

PLAZOS

Las bases fueron publicadas hoy en el diario oficial El Peruano y a partir de mañana miércoles se podrán realizar las postulaciones. La tabla de resultados de los siete titulares de la JNJ, así como los suplentes aparecerá el 18 de julio y juramentación de los integrantes se efectuará el 19 de julio.

CUATRO PRUEBAS

Los candidatos para integrar la JNJ deberán pasar cuatro pruebas:

Evaluación patrimonial: Se revisará la declaración jurada de bienes y renta del postulante, para conocer la existencia o no de un desbalance patrimonial.

Prueba socioeconómica: Será en base a la evaluación de conflictos de interés, para conocer si existe esta situación en los postulantes.

Evaluación psicológica: Se conocerá si el postulante es apto para desempeñar el cargo, considerando el estrés y responsabilidad que implica ser miembro de la JNJ.

Prueba psicométrica: Se evaluará los niveles mínimos de razonamiento verbal y lógico necesarios para el desempeño de los procesos de selección y ratificación.

Las tres primeras evaluaciones estarán a cargo de la Contraloría de la República y la cuarta bajo la secretaría técnica, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Para la fase de entrevistas, los miembros de la Comisión Especial tendrán cuatro informes de cada postulante a la Junta Nacional de Justicia.

CLAMOR POPULAR

El referéndum del pasado 9 de diciembre arrojó que casi el 80% de votantes estuvo de acuerdo con la nueva conformación de la JNJ, sintiendo la necesidad de cambiar la imagen que dejó el desactivado CNM, a fin de tener un organismo que haga más eficiente un sistema de administración de justicia que entró en crisis tras la actuación del desaparecido CNM, que designó a magistrados no idóneos y la falta de sanción para quienes no tenían una actuación adecuada, a pesar de las recomendaciones de los organismos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público.

IMPUNIDAD EN EL CNM

La impunidad se hacía notoria cuando solo el 50.1% de las proposiciones de sanción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) fueron admitidas por el CNM. Las razones por las que no se destituyó a los magistrados implicados en los audios ventilados por IDL- Reporteros solo son de conocimiento de los exconsejeros.

Sobre esto, Tudela Varela señaló: “Todo el mundo sabía que dentro de la administración de justicia había personas que lamentablemente estaban en el lugar equivocado; para muchos su lugar era la cárcel, para otros era la destitución y para otros era no pisar más el Poder Judicial”

SOLO ABOGADOS

Uno de los cambios en la JNJ respecto al CNM es que todos sus integrantes serán abogados y este organismo tendrá la facultad de imponer sanciones menores a los magistrados.

Al respeto, Tudela Varela sostiene: “Me parece excelente; lamentablemente hay mucha discrepancia con la actuación de los abogados pero quien mejor que ellos para responsabilizarse de la justicia”

Por su parte, Pedro Gamarra reconoció que se priorice a los abogados pero que ello no garantiza un buen desempeño en l administración de justicia ya que la mayoría de los magistrados involucrados en actos de corrupción ejercen la Abogacía.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Se suspendió interrogatorio a expresidente de OAS

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Rafael Vela Barca y José Domingo Pérez Gómez

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, confirmó que el interrogatorio a Leo Pinheiro, expresidente de la empresa OAS, se suspendió por la inasistencia de su abogado peruano Fernando Silva, quien tuvo un retraso en su vuelo.

“Ha habido un contratiempo con la defensa de la persona que hemos venido a interrogar. La defensa ha tenido un retraso en su vuelo y por esa razón se ha determinado por parte de la justicia brasilera que la diligencia se lleve a cabo mañana”, señaló

La sesión se realizará este martes 23 en simultáneo con el interrogatorio a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien le consultará sobre los aportes de campaña al Partido Aprista y el caso del Tren Eléctrico.

El fiscal Vela señaló que el retraso de la diligencia que se debió realizar esta mañana no afectará las labores de la Fiscalía.

“Está planificado que las diligencias se puedan llevar a cabo porque, además, nosotros somos un equipo de fiscales y en esa medida hay fiscales que asistirán”, precisó al ser consultado sobre las diligencias que se realizarán en los próximos días en la ciudad Curitiba, Brasil.

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