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Más inversión pública para menos pobreza en distritos afectados por violencia 1980-2000

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Han pasado más de 37 años del inicio del período de violencia 1980-2000 y más de 14 años del informe de la CVR, y si bien se han hecho importantes esfuerzos para reparar a las víctimas entre las que se encuentran policías, militares y civiles en su mayoría quechuahablantes, aún las comunidades afectadas siguen postergadas por el Estado, pues actualmente mantienen sus demandas de acceso y calidad en servicios de salud, educación, agua, desagüe, electricidad, carreteras, etc.

El período de violencia 1980-2000 significó que miles de personas y muchas comunidades sufrieran daños irreparables. Sin embargo, las municipalidades distritales, cuyas circunscripciones fueron afectadas, no tienen los recursos suficientes ni para cumplir con sus obligaciones establecidas en el Plan Integral de Reparaciones, ni para iniciar sus proyectos de inversión pública necesarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Así tenemos que, en relación a pobreza monetaria en el Departamento de Ayacucho, según la última data del INEI, el distrito de Huaya tiene una pobreza de 76.9 al 96.1%, Accomarca de 72.1 al 88.6%, Soras de 65.8 al 88.6%, y en relación al acceso de abastecimiento de agua en vivienda el distrito de Cayara tiene 58.9% y Chungui 51.3%.

Estos son factores que condicionan y perpetúan la exclusión social, por lo cual resulta necesario que estos gobiernos locales accedan prioritariamente a fondos como el FONCOMUN, el FONIPREL y el FONIE y que sus proyectos de inversión sean priorizados por el gobierno nacional, todo ello bajo el principio de subsidiariedad y criterio de compensación, debido a que han sufrido la ausencia del Estado antes, durante y después del período de violencia.

Ante la histórica deuda del Estado y la sociedad con estas comunidades afectadas, es necesario dotar de recursos suficientes a estas municipalidades distritales, pues el período de violencia implicó mayor retroceso en una situación ya pauperizada y un alcance desigual del Estado, profundizando una gran brecha territorial en términos de desarrollo económico, social, cultural y político.

En ese sentido, con el ánimo de garantizarlos derechos humanos de estos pueblos, presentaremos un proyecto de ley multipartidario para promover y priorizar proyectos de inversión pública en dichos distritos, estableciendo como criterio de priorización la condición de que sean distritos afectados del período de violencia 1980-2000. Con ello fomentaremos mayor desarrollo, menor pobreza y más equidad.

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Política

Escandaloso fallo favorece a la corrupción

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Richard Concepción Carhuancho

El fujiaprismo vive sus horas más difíciles pero eso no quiere decir que ya se haya diluido su poder en la estructura de justicia, que les ha lanzado un salvavidas con la separación del juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación por lavado de activos a Fuerza Popular.

Porque la mafia sigue moviendo sus hilos aunque tengan a todo un país en contra, según se refleja en importantes opiniones recogidas por Diario UNO.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró que acciones como el apartamiento de Carhuancho son un retroceso enorme en la lucha contra la corrupción.

“Lamentamos mucho que un prófugo de la justicia (Jaime Yoshiyama), mediante su abogado (Humberto Abanto), pueda tener tanto poder. Eso nos indica que hay claros indicios que todavía el Apra y el fujimorismo continúan manejando el Poder Judicial”, aseguró.

Indicó que esto significa un atraso enorme, porque la nueva jueza tendrá que conocer todo el expediente, y a los investigados les permitirá preparar una estrategia que más les convenga.

QUE HABLE LA CALLE

“Y poner de pretexto que el juez Carhuancho se expresó de manera inadecuada realmente solo ellos lo creen, por eso espero que las marchas continúen y que este sistema de justicia de ponga en orden”, agregó.

Afirmó que “la declaración del juez Carhuancho que dijo que Fuerza Popular, además del Apra, tiene capturado el Ministerio Público es una expresión que la compartimos todos los peruanos”.

NO ESTÁ JUSTIFICADA

Maritza García, parlamentaria de Cambio 21, declaró a Diario UNO que es una decisión que no se ajusta a la ley, porque cuando nuestro ordenamiento procesal penal establece las causales y otras circunstancias, obviamente estas tienen que demostrar los actos de un juez imparcial.

“En este caso el juez ha transmitido públicamente parte de un hecho que ya estaba en una resolución judicial, y ha dicho lo que todo el Perú conoce, que el Ministerio Público estaba tomado por Fuerza Popular”, afirmó.

Aseguró que no considera que decir eso sea una causal válida, objetiva y suficiente para apartar a un magistrado probo que estaba tocando a los peces gordos.

LAMENTABLE

Dijo que los avances de la investigación son un hecho histórico “porque jamás en el país hemos podido derrotar a la corrupción y cuando estamos por encerrar a los peces gordos suceden estas cosas. Es lamentable porque es un revés para la lucha contra la corrupción, al menos en esta coyuntura política es una mala decisión”.

Para García es un malestar que lo advierte la población que sigue protestando porque el juez Carhuancho se ha caracterizado por ser un juez objetivo y probo, no tendría porqué costarle el puesto la citada declaración.

“Y la mejor prueba de que Fuerza Popular tenía tomado el Ministerio Público es el blindaje al señor Chávarry durante tanto tiempo y ha tenido que ser la presión de la ciudadanía que ha logrado su alejamiento del cargo”, añadió.

PERJUDICA LAS INVESTIGACIONES

Alberto Quintanilla, legislador de Nuevo Perú, declaró que aunque el juez Carhuancho haya cometido alguna falta o alguna declaración no conveniente, no justifica el apartamiento porque él es el juez natural al que le corresponde encargarse del proceso.

“El apartarlo lo que hace es perjudicar las investigaciones y el juzgamiento de los presuntos actos de corrupción que hay en el caso de Odebrecht. Es un mal precedente porque debilita la lucha contra la corrupción que se ha estado librando con firmeza”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Sentencia equivocada

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Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich, declaró a Diario UNO que “en este caso, Carhuancho se exponía innecesariamente pero desde mi punto de vista es una sentencia equivocada aunque con Carhuancho uno puede discrepar y siento que es un juez demasiado canero, que regala las prisiones preventivas, que es una medida extrema”.

Manifestó que no cree que Carhuancho haya demostrado ser parcial, “al contrario es un juez muy imparcial, es decir mete presos a todos, a Ollanta Humala o a Keiko Fujimori, no se le puede acusar de que es un juez parcializado. Eso sería injusto y por tanto, viendo su actuación, me parece que es una sentencia equivocada esta que lo ha sacado de estos casos tan importantes”.

“Y tengo algunos reparos por la trayectoria que he visto de la nueva jueza, que tiene unos fallos que no me parecen tan buenos, como los favorables a Félix Moreno. Ojalá este cambio no tenga ningún efecto en el caso cocteles, porque estará bajo el ojo de todos, porque supuestamente el cambio está hecho para eso”, añadió.

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Política

Estrategia para liberar a Keiko

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Keiko Fujimori detenida sonriendo

Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que es más que evidente que se ha ejecutado una estrategia de desplazar al juez Carhuancho para crear mejores condiciones para que Keiko y su entorno puedan salir de la prisión y liberarse de los procesos que tienen.

“Las declaraciones de Carhuancho han sido apresuradas en las circunstancias en que él se encontraba pero reflejan un sentimiento nacional que en el momento en que declara no significaba un adelanto de opinión sino que corroboraba algo que era absolutamente diferente”, destacó.

Además, agregó: “La Sala de Apelaciones debió evaluar las consecuencias de sacar a un juez que tiene continuidad y conocimiento del caso y que es emblemático, de enorme repercusión nacional y de mucha trascendencia en la lucha contra la corrupción. Y lo han sacado de manera apresurada, sin audiencia pública”.

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