Más allá del Proyecto de Ley 3941

Ayer se publicó en El Peruano la Ley 30327, antes proyecto de ley 3941, esta norma presentada por el Ejecutivo a fines de 2014, promueve las inversiones para que sean aprobados sin más “trámites burocráticos”. Sin embargo presenta dos aspectos constantemente observados a lo largo de los meses: el ambiental y el de territorio.

Si bien se incorporó la Disposición Décimo Cuarta donde se señala que lo contenido en los Títulos IV y V no se aplica “en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios, ni afecta derechos de propiedad o de posesión de las comunidades campesinas y nativas”, ¿esto es suficiente? La titulación de las tierras de los pueblos indígenas es una demanda histórica, que aún sigue pendiente por la demora en la titulación, procesos inconclusos a causa de trámites administrativos largos, el costo de los procedimientos asumidos por los pueblos y los grandes intereses relacionados al desarrollo de proyectos.

Esta exoneración no es suficiente para resolver el problema de fondo: faltan mecanismos que aseguren el respeto de los derechos de estos pueblos como una Base de Datos Georreferenciada y actualizada de territorios indígenas, comunidades nativas, campesinas, en proceso de reconocimiento y titulación, que la Ley 30327 no propone.

Los conflictos sociales han evidenciado los problemas de los EIA, habría que preguntarse ¿los sectores están evaluando adecuadamente los EIA? ¿Existe información especializada, capacidad técnica y presupuestal para hacerlo correctamente? La respuesta es NO.

Por ello, genera preocupación –a pesar de los esfuerzos por dar al SENACE mayores competencias en la clasificación de las evaluaciones ambientales– que sea el sector (léase MINEM) el encargado de la “integración temporal de permisos” mientras el SENACE se fortalece. La duda crece con la decisión de unir los títulos habilitantes al EIA, y con la presión con la que los funcionarios tendrán que trabajar para evitar ser sancionados por no cumplir plazos (herencia de la Ley 30230).

Fortalecer al SENACE es necesario y urgente para evitar que los sectores sean juez y parte en la evaluación de los EIA. No podemos cerrar los ojos y promover normas donde los temas ambientales y sociales no son parte central sino accesoria.

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