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Maldición o bendición de la naturaleza

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No debiera existir duda respecto a la importancia de la minería para la economía peruana, no solamente por la generación de divisas, categoría económica que debiera ser sometida a un mayor análisis, pues lo que importa es saber qué proporción de las divisas obtenidas por las ventas al exterior de los minerales, se quedan en el país, como remuneraciones, compras locales a la industria y tributos.

Es decir, debiera interesar ¿Cuántas divisas capitalizan el país y qué proporción de las mismas se quedan afuera, sea como dividendos, pago de intereses, regalías privadas, pagos por refinación, compra de equipos etc.?

También debiera importar la calidad de las exportaciones mineras, y el grado de transformación de las mismas. Exportamos minerales como concentrados al igual que en los rumberos años cincuenta del siglo pasado, o se venden al exterior minerales con mayor valor agregado en calidad de finos. Se puede afirmar que el grueso de las exportaciones mineras se venden como concentrados, lo cual afecta el tesoro público por el menor valor que tienen los concentrados respecto a los finos. Es decir, se cobra un menor impuesto a la renta y menores regalías.

Con excepción de la fundición de Ilo (Moquegua) que procesa los concentrados de cobre producidos por la Southern Perú Corporation en Cuajone (Moquegua), y Toquepala (Tacna), para convertirlos en cobre fino en la modalidad de blister, cátodos y alambrón de cobre al 99.99 % de pureza. Es más, gracias a las actividades de la fundición que fue una inversión estatal de la época del general Velasco Alvarado, no solamente se obtiene cobre fino, sino también oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico.

Si a ello se suma la planta de Cajamarquilla de la brasileña Votarantim que procesa los concentrados de zinc producidos en Milpo, Atacocha y otras operaciones mineras de la sierra central, más la unidad de Finsur que procesa los concentrados de estaño de la minera Minsur perteneciente al grupo Brescia, prácticamente el grueso de la producción minera tiene el carácter de concentrados, con un débil proceso de elaboración.

Esto significa por ejemplo que el grueso de la producción cuprífera que se explota en el país, sea la producción de la Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya/Antapaccay, Mra. Las Bambas, Mra. Chinalco, Mra. Constancia, se exporta como concentrados de cobre cuyos precios se castigan en el mercado internacional, se refinan y transforman en el exterior generando empleo e impuestos en terceros países, y lo más grave produciendo afuera una serie de subproductos mineros gracias a la transformación industrial, que no son valorizados en nuestro país.

En tal sentido, cabe preguntarse si el ministerio de Energía y Minas, el ministerio de Economía y Finanzas, la Sunat con sus miles de funcionarios ha calculado el valor dejado de percibir por la exportación de concentrados que tienen un contenido polimetálico que se obtiene mediante la transformación metalúrgica. Es decir, con la transformación industrial se tienen una serie de subproductos mineros que se procesan en terceros países.

COBRIZA A PRECIO DE REGALO
Esta realidad se agrava con el cierre del complejo metalúrgico de La Oroya desde el 2010 a la fecha, con los reiterados intentos fallidos para su relanzamiento. El complejo tenía como objeto principal transformar los concentrados de cobre, zinc, plomo, plata extraídos en la sierra central, en minerales finos que tienen una mayor cotización frente a los concentrados.

Del complejo metalúrgico de La Oroya con la fundición y refinería no solamente se obtenían cobre fino, zinc fino, plata fina y plomo fino además del oro, también se obtenían 18 subproductos adicionales como el cadmio, litio, tungsteno, molibdeno, ácido sulfúrico, etc., algunos de los cuales se cotizaban a un mayor valor respecto al mineral originario.

Es más, estando próximos al remate de la unidad minera Cobriza la única mina integrada al complejo metalúrgico de La Oroya seremos testigos de una aberración económica adicional gracias a la fallida privatización de la empresa minera estatal Centromín Perú iniciada en 1992, cuyos efectos se manifiestan hasta hoy al ser descuartizada mediante un cuestionado proceso privatizador.

La unidad minera Cobriza será rematada en la primera semana de abril, con un precio base inferior a los US $ 75 millones en este tercer intento. Es más que seguro que las empresas mineras interesadas se llevarán una rica mina de cobre que tiene reservas probadas para los próximos 15 años a pesar de todos sus problemas, pues entre el 2010 al 2017 esta unidad ha producido concentrados de cobre con cuyos ingresos por venta se mantuvo a los trabajadores del complejo de La Oroya con la esperanza de una reactivación productiva.

Si se tiene presente que en los fallidos intentos por reflotar el complejo de La Oroya la unidad de Cobriza que produce concentrados de cobre, zinc, plomo y algo de oro, fue valorizada por consultoras privadas por más de 200 millones de dólares, no debe extrañar la práctica lobista de PPK como herencia de su fallido gobierno en coordinación con las inquilinas del ministerio de Energía y Mminas. En tal sentido, este proceso de liquidación y remate vil de la unidad de Cobriza debe ser suspendido por su falta de transparencia en su valorización.

LA MINERÍA QUE SE DEMANDA
El Perú debe aprovechar sus recursos mineros en las mejores condiciones para el país al igual que hace nuestro vecino del sur, Chile que procesa sus concentrados, manteniendo la presencia de su empresa estatal Corporación Chilena del Cobre (Codelco) que tiene una presencia protagónica en la generación de los ingresos fiscales.

En tal sentido, no basta promover los proyectos mineros que tienen un efecto reactivador en el conjunto de la economía con una demanda de energía, combustibles, cemento, empleo, tributos, y en su conjunto se demandan una serie de bienes y sevicios que permiten un crecimiento del PBI. Por ello, ¡Si se cae la inversión y el producto minero se cae el crecimiento económico del país!

La minería si bien genera una demanda efectiva que se manifiesta a través de ingresos fiscales que se transforman en canon y regalías, en remuneraciones y una serie de partidas que se expresan en los gastos laborales, más una demanda a la industria manufacturera con efectos multiplicadores, todo ello no basta. Este sería el lado positivo de la actividad minera.

Pero también la minería es una fuente de contaminación ambiental que ha generado pasivos ambientales sin solución hasta ahora; y una práctica que desvaloriza el capital natural de nuestro país que lamentablemente el estado no valoriza y que se expresa en la exportación de simples concentrados, y también es una fuente renovada de conflictos sociales que deben ser administrados en el marco del interés público. 

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

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Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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