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Lote 192: ¡El gran robo lobista!

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Sobre el Lote 192, con reservas de petróleo valorizadas en 13 mil millones de dólares, he denunciado, con pruebas, a funcionarios por corrupción. Pretenden entregarlo sin concurso a Pacific, dejando la vigente Ley 30357, que lo adjudica a Petroperú.

La empresa Pacific fue designada a dedo, transitoria y directamente, durante el Gobierno de Ollanta, al producirse un vacío en la licitación de agosto de 2015, que se declaró desierta, pues ningún postor presentó propuestas.

Pese a la Ley 30357, que le entrega el Lote 192 a Petroperú para que califique y convoque a socios, Perupetro trata ahora de entregar, directamente, sin propuesta ni calificación, el Lote 192 a Pacific, en Contrato que pretenden dure por todo el tiempo que tenga el petróleo, como está consignado en el proyecto de ley elaborado por los mismos funcionarios corruptos en Perupetro.

He denunciado al Gerente General encargado de Perupetro, Milton Rodríguez Cornejo, por firmar la entrega ilegal del lote y hacerlo como ingeniero, sin ser titulado ni colegiado ni habilitado. También denuncié a la Gerente de Contratos, Leyla Peres Nájar, por conflicto de intereses.

Ahora denuncio a la empresa corruptora beneficiaria de este millonario negociazo contra el Perú. Bajo sus diversos nombres, es Pacific, inscrita en Canadá, lobista activa desde Colombia hacia toda América Latina, y actuando como fondo buitre especulativo. Estos días, estoy presentando a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, los documentos probatorios respecto a la empresa Pacific, para que se forme la respectiva Comisión Investigadora.

Pacific, desde el inicio actúa como fondo buitre especulativo. Se localiza desde Canadá, con fondos de pensionistas y especulando con endeudamientos, los que incumple y estafa. Pacific está dirigido por Peter Volk, empresario sancionado en Colombia por corrupción. En sus orígenes, Pacific (2002) se comporta como un fondo buitre especulativo, compra en Colombia (2003), Metapetroleum, obtiene el campo petrolero Rubiales y rápidamente pasa de producir 400 barriles por día (BPD) a 40 mil BPD, en una zona colombiana en la frontera con Venezuela.

De 2008 a 2013, en su auge, se convierte en la más grande empresa petrolera de Colombia, con una producción que pasa de 30 mil BPD a 300 mil BPD, operando en el territorio con métodos abusivos, destructivos, explotadores de la mano de obra y con represión; convoca a los fondos pensionarios de Colombia, así los jubilados ponen su plata.

De 2014 a 2017 se produce su caída, al endeudarse para la expansión agroindustrial y minera. El 2014 pierden 1,300 millones de dólares; su deuda se cuadruplica, pasa de 1,300 millones a 5,300 millones de dólares; el valor de sus acciones baja de $4 (cuatro dólares) a $0.5 (medio dólar).

Cambia de nombres, pero siempre es Pacific, con el mismo equipo de ex PDVSA y colombianos. El 2015, con Rubiales, y ahora el 2017 con Frontera Energy. Su nexo permanente es Peter Volk, el que ha sido sancionado en Colombia por estas modalidades corruptas.

Actúa financieramente con las empresas de los Panama Papers. El 2014 pierde la suma de US$ 1,300 millones, responde con auge de endeudamiento para minería y palma aceitera, cuadruplicando su deuda a US$ 5,300 millones. Se dedica a emitir acciones sin control y con amplia especulación Y se protege en la legislación canadiense.

No puede pasar ninguna calificación legal y seria. Corrompe para evitar ser calificada, pues su trayectoria es de corrupción. En el Lote 192 ha corrompido a funcionarios de Perupetro, para que le entreguen este multimillonario lote en la modalidad de adjudicación directa. Corrompen para asaltar los 115 pozos, con valor de 13 mil millones de dólares, para manejarlo a su antojo. Quieren petróleo, agua, territorios, agricultura y riqueza ecológica, para manejarlo como empresa especuladora, destruyendo sus bienes y riquezas, como ya lo hizo en Colombia, donde actuó como un Estado dentro del Estado.

Por estos hechos probados, plantearé en la Comisión de Energía y Minas pedir facultades de Comisión Investigadora de la empresa Pacific. Así como la sanción a los funcionarios corruptos. Petroperú debe explotar el Lote 192 y proceder a la consulta previa para garantizar el desarrollo y no el perjuicio ecológico.

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Política

Canje de impunidades

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Keiko Fujimori - Pedro Gonzalo Chávarry

El cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pese a que una abrumadora mayoría quiere que se vaya, apela a todos sus recursos para aferrarse al cargo y tiene uno que le puede dar impunidad. Es aliado de la mayoría fujimorista en el Congreso y si hace en el Ministerio Público lo que le conviene a Keiko Fujimori, esta puede acelerar su maquinaria congresal para abortar la denuncia constitucional en su contra.

El semanario Hildebrandt en sus Trece alertó que parte de las maniobras de Chávarry para intercambiar favores con el keikismo es la arremetida contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, a quien le ha llovido una serie de denuncias francamente absurdas.

Si logra sacar a Pérez del camino, Keiko se salvará de ser investigado por él en los casos fujicocteles que está avanzado con pruebas contundentes; la anotación “Aumentar a Keiko para 500” que se mejorará con las declaraciones en Brasil que busca Pérez y el dinero que habría recibido Fuerza 2011 de la caja 2 de Odebrecht.

El vocero de Nuevo Perú, Richard Arce, dijo al Diario UNO que los keikistas saben que Chávarry es su hombre en la Fiscalía y harán todo lo posible para entorpecer la denuncia constitucional contra él a fin de que Chávarry siga ayudando a Keiko. El fujimorismo tiene, por ejemplo, 8 de los 15 votos en la subcomisión de acusaciones constitucionales.

Arce indicó que su organización política está haciendo un análisis exhaustivo sobre el caso y si es necesario ampliarán la denuncia constitucional contra Chávarry anunciada por Marco Arana, del Frente Amplio, que no incluye la alteración de la nota en el Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer a Chávarry.

MINISTERIO PÚBLICO EN EMERGENCIA

Arana, en conferencia de prensa, dijo que debe declararse en emergencia el Ministerio Público en el que sigue en el cargo un fiscal que ha mentido en reiteradas ocasiones al decir que no era amigo de César Hinostroza y que no se había reunido con los periodistas, por ejemplo. “Los audios demuestran que mintió”, manifestó.

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que el fiscal debe “gozar de conducta intachable, públicamente reconocida”. Es evidente que Chávarry no cumple este artículo y los ciudadanos lo saben. El 83% de consultados por Datum indicaron que debe renunciar.

Chávarry ha dicho en varias ocasiones que no dará un paso al costado y que su caso lo definirá el Congreso. Al parecer confía en sus aliados del Parlamento.

El exprocurador Julio Arbizu declaró al Diario UNO que sí existe una maniobra de impunidad de Chávarry y Keiko, un toma y daca, un intercambio de favores.

“Sin duda están buscando cambiar favores. Y creo, sobre todo, que el Fiscal de la Nación está secuestrado por la mafia fujimorista para permanecer a cualquier costo al frente del Ministerio Público”, manifestó.

PRADO COMO VIZCARRA

El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriga, en la línea del presidente Martín Vizcarra, dijo ayer que espera que a corto plazo se resuelva el episodio en el que Chávarry es el personaje más mentado.

Prado dijo que la Fiscalía de la Nación no es un nombre, es una institución y representa el interés de los peruanos por combatir la inseguridad, por combatir la delincuencia.

“Yo espero que, en corto plazo, este episodio que cada vez nos sorprende más con noticias en uno u otro sentido, tenga en quien tiene en este momento, como se dice en términos futbolísticos, la pelota en su cancha tome la decisión que el país ha expresado y requiere”, dijo.

LO QUE PUEDE HACER VIZCARRA

El jurista Guillermo Olivera Díaz dijo que, ante la maniobra del fujimorismo y el fiscal Chávarry, el presidente Martín Vizcarra debe plantear al Congreso, como cuestión de confianza, un proyecto de ley de reforma constitucional, con además calidad de urgente, para declarar en reorganización el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el cese inmediato de todos los jueces supremos y fiscales supremos, por permitir instalarse, desarrollarse, mantenerse y encubrir un sistema de corrupción que tenga en jaque a la administración de justicia.

“En aplicación del artículo 206 de la Constitución, tal proyecto de reforma constitucional solo requiere de 66 votos para su aprobación y luego ser ratificada en el próximo referéndum del presente año”, manifestó.

Manifestó Olivera Díaz, si acaso este proyecto es desestimado por el Congreso, el presidente Vizcarra goza de la facultad constitucional de disolver el Congreso y en el mismo decreto de disolución convocar a elecciones parlamentarias.

 

PACO MORENO

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Política

Chávarry es culpable de la crisis

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Pablo Sánchez

El exfiscal de la Nación Pablo Sánchez dijo ayer que la crisis en el Ministerio Público no es por culpa suya sino se debe a los cuestionamientos que tiene el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por no proceder con verdad ante la opinión pública y los audios que lo vinculan.

“Mis otros colegas también están en los audios y deberán explicarlo. El hecho de que la doctora Zoraida Avalos y yo le hayamos pedido a Chávarry que deje el cargo, no significa que seamos parte de la crisis. La crisis en el Ministerio Público no se debe a un enfrentamiento entre el doctor Pedro Chávarry y mi persona”, dijo a un diario local.

Sánchez y Zoraida Ávalos fueron nombrados representante de la Fiscalía ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG). Reemplazarán a Chávarry y al fiscal supremo Tomás Gálvez.

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Política

Becerril quiere que lo investigue su aliado fiscal

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Héctor Becerril

El vocero keikista Héctor Becerril dijo que por el caso de “Los Wachiturros de Tumán debe investigarlo el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sindicado como aliado del fujimorismo.

Dijo que en mayo de este año pidió mediante un documento que el exfiscal Pablo Sánchez lo investigara y fue Sánchez quien dispuso que lo investigue un fiscal provincial.

El caso que involucra a Becerril y a otros es del 2011 y, según los entendidos, no le corresponde la inmunidad de la que goza como congresista desde el 2016.

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