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Los retos que nos deja la huelga magisterial

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La reciente huelga de profesores hizo evidente el fracaso estratégico del neoliberalismo en el terreno de la educación pública.

Desde los años 90 con Fujimori hasta la fecha, los gobiernos han descuidado sistemáticamente la formación y las condiciones de trabajo del magisterio. Lo que han logrado es que se caiga la calidad de la educación, que un sector considerable de los padres y madres de familia escojan pagar una educación privada (aunque esta termine siendo en muchísimos casos igual o peor de mala que la pública), y que maestros y maestras se sientan frustrados y amargados y que se resistan a ser evaluados en condiciones de trabajo que les hacen casi imposible tener un buen rendimiento.

Se puede decir lo que se quiera sobre las dirigencias de la huelga y de su conducción, pero una gran mayoría del magisterio se ha sumado a esta lucha, lo que es indicativo del malestar existente.

La huelga magisterial también ha hecho evidente la incapacidad del gobierno para lidiar de manera seria con el tema. Los aumentos finalmente arrancados habían sido ya presupuestados para este año, pero el MEF los pateó para adelante pues no fueron vistos como una prioridad. Tampoco hubo capacidad de percibir el malestar magisterial por los malos sueldos y por la manera en que se llevan adelante las evaluaciones. Y desatado ya el conflicto, fue penoso el espectáculo de Presidente, Premier, Ministra de Educación y Ministro del Interior contradiciéndose una y otra vez sobre con quién sí y con quién no negociar y sobre qué cosas negociar.

Finalmente, también ha hecho evidente que hay una crisis en la conducción histórica del SUTEP, que hay un rechazo mayoritario a la manera cómo se ha manejado durante décadas y que ese rechazo es capitalizado hoy por una diversidad de dirigencias que incluyen a las nuevas caras del senderismo, cuyo manejo sindical –si toman el SUTEP o consolidan un gremio nacional paralelo- será sin duda alguna mucho más antidemocrático de los Patria Roja ha sido en estos años.

La ministra Martens se encasilló en las politicas de Estado en materia de educación: evaluación, meritocracia.

La ministra Martens se encasilló en las politicas de Estado en materia de educación: evaluación, meritocracia.

¿QUÉ PASARÁ EN LO INMEDIATO?
Es posible que la ministra de Educación, Marilú Marthens, sea censurada.Pero no dejo de preguntarse si ella es la principal responsable de este desastre o lo son en igual o mayor medida el Premier y Ministro de Economía que no dio el aumento cuando estaba previsto, y el Ministro del Interior que se dedicó a petardear toda la posibilidad de negociación final que incluyese al dirigente principal del Comité Nacional de Lucha.

Al respecto pienso además que quienes promueven la interpelación y la censura (FP, FA y Nuevo Perú, a la fecha) debieran también obligarse a proponer qué perfil de ministro o ministra quieren en reemplazo de la actual, pues –como sucede- a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. No vaya PPK a aprovechar la oportunidad para caerle bien a KF colocando en el cargo a alguien que no solo sea igualmente incapaz de atacar las raíces profundas de la huelga, sino que además busque eliminar los avances conseguidos en el tratamiento de temas como los derechos de la mujer y la formación de las identidades de género. Peor que la Marthens será algún pastor evangélico aterrorizado por la presencia “ideología de género” en las aulas.

Hasta ahí el balance y sus consecuenciasinmediatas. Y ahora los retos. Considero que hay tres que son fundamentales.

Primero, es necesario lograr un acuerdo presupuestal multianual que permita elevar sistemáticamente el presupuesto para sueldos, formación e inversión en infraestructura y equipamiento para lograr en un plazo determinado el olvidado 6% del PBI establecido como meta por el Acuerdo Nacional hace más de una década o –como sugieren diversos expertos- un mínimo de inversión por alumno/a.

Segundo, un acuerdo entre magisterio, ministerio y padres de familia sobre las características de un sistema de evaluación que sea justa con maestros y maestras y que al mismo garantice a padres y madres de familia una mejora continua en la calidad de la educación.

Tercero, una alternativa política de democratización de la organización sindical magisterial que permita a maestros y maestros contar con un sindicato que permanezca fuerte y unido, que sea consecuente y luchador, y que al mismo tiempo se maneje de manera democrática y transparente, y que entienda también que los niños y niñas merecen la mejor educación posible. Ello supone una coalición de fuerzas políticas comprometidas con las demandas magisteriales, pero igualmente comprometidas con procedimientos democráticos y con mejorar la calidad de educación pública. Peor que un SUTEP manejado antidemocráticamente será tener dos SUTEPs manejados antidemocráticamente, con ambos mirando de costado el tema de la calidad.

Hay pues mucho en la agenda de la educación pública. En el corto plazo será el juego político en el congreso y entre PPK y KF quien determine si la Ministra sigue o no en el cargo, y quien la reemplaza si renuncia o la censuran. Pero lo realmente importante sería que ese cambio se haga en el marco de una perspectiva de mediano y largo plazo que permita enfrentar los tres grandes retos arriba mencionados.

Ni PPK ni KF tendrán ningún interés en una estrategia así, pues comparten su poco interés en la educación pública ya que son privatistas de corazón, cuando no –caso de integrantes de la bancada naranja- privatistas de billetera con intereses personales la educación privatización de la educación. La mesa está servida para que una propuesta así sea impulsada desde las fuerzas de izquierda democrática, construyéndola de abajo para arriba con el propio movimiento magisterial.

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Política

Chávarry con las horas contadas

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César Hinostroza Pariachi - Pedro Gonzalo Chávarry

Todo depende de la celeridad del Congreso en ver la denuncia constitucional para que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, deje el importante cargo que ostenta, a fin de que el Ministerio Público empiece una limpieza profunda en la línea del Poder Judicial. Duberlí Rodríguez renunció por los audios, Chávarry se aferra al sillón pese a que una gran mayoría exige que se vaya. Solo el fujimorismo lo respalda.

El congresista Marco Arana, del Frente Amplio, informó al Diario UNO que ayer ha ampliado su denuncia constitucional inicial a fin de que no haya ninguna duda de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ha mentido de manera constante y este hecho está plenamente probado.

Sostuvo que Chávarry mintió al decir que César Hinostroza era solo su colega, al decir que no había tenido reuniones con un grupo de periodistas y eso está acreditado con los audios. “Está claro que alguien que miente de la manera como lo hizo Chávarry no puede ser fiscal de la Nación. Creo que debe salir del Ministerio Público y debe ser inhabilitado 10 años para ejercer un cargo público. Creo que tiene las horas contadas. Todo depende del Congreso, de los congresistas”, declaró.

En un audio grabado el 18 de mayo, difundido el 23 de julio, César Hinostroza le dice a Chávarry: “Hermanito, ¿te acuerdas que te he dicho que sería necesario conversar con algún medio? Ya no hay mucho tiempo, ¿qué te parece? ¿Esta semana tienes tiempo sí o no?”. Chávarry le responde: “Ya, sí hermano, tú me dices”.

Arana explicó que el caso de la adulteración de notas para ratificarlo como fiscal no está en la denuncia porque no hay una prueba fehaciente de que él haya pedido que lo ayudaran a quedarse, al menos hasta ahora.

“Creo que lo ayudaron, que alteraron sus notas. Pero no hay una prueba fehaciente como el caso de la mentira. La mentira es sumamente grave. Además, creo que el tema de las nota amerita otra denuncia constitucional que se podría hacer más adelante”, sostuvo.

HASTA EL MARTES

El legislador Juan Sheput, delegado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo al Diario UNO que será estrictamente profesional y objetivo en dar su informe sobre el caso Chávarry. Tiene plazo para hacerlo hasta el martes.

Después del informe de Sheput, en caso de que indique está bien planteada la denuncia constitucional, Chávarry deberá acudir a la subcomisión con su abogado para dar sus descargos luego de lo cual Sheput elaborará un nuevo informe que será votado en la referida instancia congresal. Después, el informe se eleva a la Comisión Permanente y finalmente en el Pleno del Parlamento se aprueba con mayoría simple. “Todo esto se puede hacer en 10 días si hay voluntad política”, dijo Arana a este periódico.

VIZCARRA QUIERE RESULTADOS

El presidente Martín Vizcarra fue claro en señalar el miércoles que el Congreso debe acelerar los trámites para que haya cambios en la Fiscalía y ayer la titular de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Susana Silva, dijo que Chávarry debe dar un paso al costado al argumentar que las instituciones deben estar dirigidas por personas sin cuestionamientos.

Indicó que los servidores del Estado deben dar un paso al costo por voluntad propia si es que son cuestionadas. “El solo hecho de haber cruzado la línea de lo que es la integridad, honestidad, los valores que deben primar en la administración pública, nos debe hacer reflexionar y dar un paso al costado”, agregó Silva, tras indicar que los funcionarios tienen la obligación de cumplir las normas éticas y de probidad en la administración pública.

El analista Jorge Nieto Montesinos dijo que la situación de Chávarry se torna cada vez más insostenible con el grave hecho de que sus notas fueron adulteradas para ratificarlo como fiscal supremo.

DEFENSA FUJIMORISTA

La congresistas Cecilia Chacón, en la línea de prominentes keikistas como Úrsula Letona y otros, dijo que algunos, sin mencionar nombres, no les conviene que Chávarry siga en el cargo y cuestionó que el presidente pida celeridad en el caso.

“Sigue en el cargo porque así lo decidió la junta de fiscales supremos y hay que respetar la separación de poderes y el presidente Vizcarra parece no lo tiene claro”, manifestó.

ALGO MÁS

El portal IDL-Reporteros, dirigido por Gustavo Gorriti, reveló que se adulteraron las notas para que Chávarry sea ratificado como fiscal el 3 de julio de este año.

 

PACO MORENO

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Política

Fujimorismo cree que es su fiscal

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Alberto Quintanilla

El congresista Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, dijo al Diario UNO que la defensa cerrada del fujimorismo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es porque cree que él es su fiscal.

“Se sienten seguros los fujimoristas con Chávarry en el cargo, pero ya no debe dar un paso al costado. Debería estar fuera. Oracio Pacori es el representante de Nuevo Perú y vamos a estar atentos sobre lo que pase en esta instancia y vamos a pedir celeridad”, indicó.

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Política

Chávarry se va quedando solo

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Rafael Vela

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, respaldó a José Domingo Pérez Gómez y dijo que él es “un fiscal valiente, honesto, con una trayectoria intachable”.

Pérez Gómez, tal como informó este diario, se ratificó en indicar que Chávarry no es idóneo para el cargo.

El jurista Guillermo Olivera Díaz dijo al Diario UNO que Vela y Pérez Gómez está actuando bien y que el Congreso y la ciudadanía deben protegerlos porque Chávarry puede sacarlos del puesto donde están.

“Él los nombró y puede sacarlos. Es importante que el Congreso acelere el proceso de la denuncia constitucional. Eso solo es cuestión de tiempo. En 10 días pueden separarlos”, manifestó.

“Se va quedando solo. Vela y Pérez Gómez se han puesto contra él en público. Hay otros fiscales que están con ellos. Los trabajadores quieren que se vaya. Solo en el máximo ente al interior de la Fiscalía de la Nación que es la Junta de Fiscales Supremos tiene apoyo de dos. Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza lo apoyan porque están vinculados en los audios. Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos están abiertamente contra Chávarry. Ya falta poco para que se vaya”, indicó.

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