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Los más poderosos de la economía peruana

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Una de las poderosas empresas, Graña y Montero, está camino a la agonía.

El 28 de noviembre pasado tuve la oportunidad de comentar el libro de Francisco Durand: “Los Doce Apóstoles de la Economía Peruana. Una mirada social a los Grupos de Poder Limeños y Provincianos” en la feria del libro Ricardo Palma, compartiendo la mesa con la congresista Marisa Glave.

Presento mis comentarios a una obra que resume una vocación de vida y hasta cierto punto constituye una obsesión del autor sobre los Grupos de Poder Económico (GPE) en el Perú. ¿Quiénes son?, ¿dónde están?, ¿cómo se enriquecen?, ¿qué piensan?, son éstas algunas de las interrogantes que se plantean en el libro, que constituye un aporte cualitativo en las ciencias sociales de nuestro país.

Como toda obra original tiene sus particularidades, sus fortalezas y debilidades, una de ellas por ejemplo es el no considerar a importantes GPE como los Belmont que participan en el negocio de la belleza, y que aparecen entre los más ricos del Perú según la revista especializada Forbes, o a los mineros del grupo Hochshild que ocupan el segundo productor mundial de plata con sus unidades de Arcata, Ares, Pallancata, e Inmaculada, fuera de su participación en la industria cementera a través de Cementos Pacasmayo, entre otras actividades.

El autor ha seleccionado seis grupos económicos limeños como los Romero, Brescia, Benavides, Graña y Montero, Rodríguez Pastor, y seis grupos provincianos de surguimiento más recientes, tales como los Rodríguez, Añaños, Huancaruna, Acuña, Dyer, Flores. ¿Qué tienen de semejanzas y diferencias estos llamados grupos de poder económico? Se interroga el autor si podrán seguir creciendo ahora que ha pasado el ciclo expansivo de la economía con los buenos precios de las materias primas, o si podrán asumir sus compromisos de deuda como sería el caso de los Añaños, que se endeudaron en el pasado reciente con dólares baratos para financiar su expansión internacional.

Después de todo según testimonios recogidos por Durand, los provincianos podrán ser “cholos con plata”, vivir en los barrios más exclusivos de Lima, tener a sus hijos en los mejores colegios, pero difícilmente podrán ser aceptados como socios en el encopetado Club Nacional. Podrán tener riqueza pero socialmente no serán incorporados a la elite económica, política y social limeña.

En tal sentido, resultaría extraño constatar por ejemplo que el “señor de señores” de fe, fama y fortuna como Dionisio Romero Seminario pueda hacer negocios conjuntamente con César Acuña Peralta, el empresario y político célebre, autor original sin calco ni copia de la frase de que “hay plata como cancha” en la promesa de asalto a las arcas regionales de La Libertad por parte de sus partidarios de la “Alianza para el Progreso”.

Roque Benavides - Rodríguez Pastor

Roque Benavides – Rodríguez Pastor

CONCLUSIONES PRELIMINARES
A nivel de conclusiones más significativas después de estudiar a los GPE seleccionados, los limeños y los provincianos, el autor señala que por primera vez en la historia económica del Perú, se ha “democratizado” el mercado en el sentido de mayores oportunidades de hacer negocios no solamente en la ciudad capital y acumular, en parte por las políticas económicas más abiertas gracias a la globalización, privatización de las empresas públicas, apertura comercial y desregulación.

Sin embargo, esta “democratización del mercado” de ninguna manera significa una democratización de la sociedad peruana, que sigue arrastrando las taras de la llamada “herencia colonial”, la discriminación, la exclusión, las políticas de privilegio que se expresan en la célebre frase del autor de “las puertas giratorias”, donde se puede ser presidente de la República, ministro o alto funcionario de estado y cumplido el ciclo con una serie de leyes a pedir de boca y volver al sector privado, al grupo de poder económico y su esfera de influencia. Un reciclaje profesional sin mayores complicaciones como bien sabe PPK.

Una expresión de esta ausencia en la democratización de la sociedad se hace evidente pues entre estos dos tipos de Grupos de Poder Económico”, los limeños algunos descendientes de la vieja aristocracia y los provincianos, “existe escasa o ninguna relación, que cada uno va por su lado, y que incluso a nivel gremial, que debería ser un espacio de convergencia, han desarrollado expresiones diferentes (….) Esta falta de cohesión tiene consecuencias. No permite a la élite económica del poder empezar a constituirse como una clase no solo dominante sino dirigente, al punto que puedan moldear y mantener, es decir, idear un orden social que los favorezca como principal élite económica nacional, que los legitime ante el resto y evite que en coyunturas críticas sus intereses queden seriamente amenazados(….) Una cosa es liderar la economía, tener influencia política sobre el estado, y otra liderar la sociedad, lo que requiere dirección colectiva y compromiso con el país. (página 339)

Estas dos conclusiones centrales en el libro de Durand, la falta de una democratización de la sociedad, a pesar de una expansión de los mercados que ha permitido la presencia de GPE provincianos que sería impensable treinta años atrás. Igualmente la ausencia de una clase dirigente que tenga un proyecto de país en el largo plazo, que nos permita alcanzar el desarrollo para superar las profundas desigualdades económicas, sociales y culturales, pues el mercado no lo resuelve todo.

En tal sentido, la lectura del libro como toda obra de trascendencia histórica plantea interrogantes válidas que invitan a la reflexión, pues el autor es heredero de una preocupación que tuvo antecedentes en la obra de Jorge Bravo Bresani, Favre, Borricoud, Carlos Malpica, Espinoza Uriarte, Eduardo Anaya entre otros, que entre los años sesenta y noventa del siglo pasado investigaron sobre el problema y las posibilidades de los GPE.

LOS APÓSTOLES SON MORTALES
Si bien el santoral podría parecer limitado, la calificación de “apóstol” de la economía peruana tiene una justificación más política pues a fines de los años ochenta del siglo pasado ante el derrumbe del “modelo heterodoxo” del primer gobierno aprista, con la inflación desbocada, un menor crecimiento, y sobre todo falta de inversiones privadas, ese fue el adjetivo que se usó para justificar la fallida estatización de la banca privada.

Han pasado un poco más de 30 años que en el largo plazo, apenas significa una generación y de los 12 Apóstoles del primer gobierno aprista sobreviven los grupos Romero, Brescia, Benavides, Ferreyros, y el grupo Graña Y Montero se debate entre la vida y la muerte, en la sala de cuidados intensivos en razón de su asociación con la corrupción de la brasileña Odebrecht.

Por ello, cabe preguntarse sobre la dinámica de los grupos de poder económico, su surguimiento, crecimiento, y crisis, pues algunos se fortalecen otros se licuan en el mercado. En este período hemos sido testigo de cómo algunos GPE han perdido poder, se han licuado, y/ o han sido absorbidos por empresas más poderosas tales como los Wiese, Picasso, Lanatta Piaggio, Bentín, Raffo, Nicolini, D’Onofrio, Wong, Lindley, Letts Colmenares etc.

Un caso reciente y emblemático pues está asociado a la Corporación Lindley principal empresa en el negocio de bebidas y gaseosas con un control del mercado del 67 % que en setiembre del 2015 ha sido comprada por la transnacional mexicana Arca Continental, donde el valor de la mayoría accionaria del 61 % se transó por más de 970 millones de dólares.

Lo paradójico del comportamiento de los GPE limeños como el llamado grupo Lindley es que en el precio pagado se incorporaban US $ 150 millones como una cláusula de no competencia en el mercado peruano de bebidas por parte de la familia Lindley. A ello se sumaba el acuerdo de comprar el 3.85 % de las acciones de la transnacional mexicana que fueron valorizadas en US $ 400 millones.

Si bien esta transnacional opera en México, Ecuador, norte de Argentina, Perú, y el medioeste de USA, con perversas prácticas laborales, abonando salarios miserables, esta compra/venta constituye una radiografía de la realidad de los GPE en nuestro país. El grupo Lindley de ser “cabeza de ratón en el Perú, ahora es la cola de león” de una gran transnacional donde la Coca & Cola tiene la mayoría accionaria donde domina y exprime a los trabajadores.

EL SECTOR ENERGÍA Y MINAS
De los 12 Apóstoles estudiados solamente tres operan en el sector más importante de la economía peruana, que genera las más altas tasas de rentabilidad, gracias a la apropiación de la renta diferencial, los bajos salarios pagados y exiguos compromisos ambientales.

El grupo minero más importante sería según el autor el GPE Buenaventura S.A. de los herederos de don Alberto Benavides de la Quintana que desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado, siendo un alto funcionario de la Cerro de Pasco Corporation, pudo independizarse, asumir riesgos, con una serie de compromisos de deuda, y adquirir una mina de plata como Julcani en Lircay/Huancavelica que se convirtió en la fuente original de acumulación del grupo.

Hoy este GPE que produce oro y plata en su mayor parte, está considerado como uno de los más importantes a nivel mundial, y su crecimiento está asociado a la privatización de las empresas del estado iniciado en los años noventa del siglo pasado, en especial con los derechos mineros de lo que fue Centromín, y un punto fundamental está en relación a su participación en la Bolsa de Valores de Nueva York, con la finalidad de levantar capitales que permitan la financiación de sus operaciones.

El otro es el grupo Brescia que con la explotación de estaño en la unidad de San Rafael de Minsur se convirtió en el principal productor de estaño, desplazando a un segundo lugar a la producción boliviana. Gracias a los excedentes de la minería este GPE pudo financiar su participación en la privatización del Banco Continental y diversificarse a una serie de actividades que van desde el sector alimentos, inmobiliario, industriales etc.

GRAÑA Y MONTERO
“Se debate entre “la vida y la muerte”

El otro GPE que se debate entre “la vida y la muerte” es Graña y Montero, que desde inicios de los años 90 del siglo pasado opera los yacimientos petroleros de los lotes I y V que fueron de PetroPerú y que gracias a la elevada rentabilidad del sector de hidrocarburos pudo financiar su expansión.

Hoy Graña y Montero detenta las operaciones en los lotes I, V, III y IV. Tiene una participación importante en el gasoducto de Camisea, y administra los terminales de PetroPerú en un contrato lesivo a los intereses de la petrolera estatal. Y evidentemente está siendo duramente cuestionado por su asociación con Odebrecht en la construcción fallida de lo que fue el Gasoducto del Sur Peruano.

En verdad, los grupos de poder económico tienen una participación minoritaria en el sector de energía y minas, el más rentable de la economía peruana, y son considerados como socios estratégicos por parte de las grandes transnacionales mineras y energéticas, algo así como socios menores por su conocimiento, influencia y relaciones en el país.

En resumen, estamos ante un gran libro de lectura obligatoria para entender el funcionamiento de la economía peruana, y esperamos mayores investigaciones sobre los grupos de poder económicos que no han sido tratados en este trabajo. Ello es importante para develar, sacar a luz el secretismo de las grandes empresas nacionales e internacionales que operan en el país. Este es un desafío un problema y una posibilidad para hacer del Perú un país moderno y democrático.

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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en

Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

Publicado

en

Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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