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Los más poderosos de la economía peruana

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Una de las poderosas empresas, Graña y Montero, está camino a la agonía.

El 28 de noviembre pasado tuve la oportunidad de comentar el libro de Francisco Durand: “Los Doce Apóstoles de la Economía Peruana. Una mirada social a los Grupos de Poder Limeños y Provincianos” en la feria del libro Ricardo Palma, compartiendo la mesa con la congresista Marisa Glave.

Presento mis comentarios a una obra que resume una vocación de vida y hasta cierto punto constituye una obsesión del autor sobre los Grupos de Poder Económico (GPE) en el Perú. ¿Quiénes son?, ¿dónde están?, ¿cómo se enriquecen?, ¿qué piensan?, son éstas algunas de las interrogantes que se plantean en el libro, que constituye un aporte cualitativo en las ciencias sociales de nuestro país.

Como toda obra original tiene sus particularidades, sus fortalezas y debilidades, una de ellas por ejemplo es el no considerar a importantes GPE como los Belmont que participan en el negocio de la belleza, y que aparecen entre los más ricos del Perú según la revista especializada Forbes, o a los mineros del grupo Hochshild que ocupan el segundo productor mundial de plata con sus unidades de Arcata, Ares, Pallancata, e Inmaculada, fuera de su participación en la industria cementera a través de Cementos Pacasmayo, entre otras actividades.

El autor ha seleccionado seis grupos económicos limeños como los Romero, Brescia, Benavides, Graña y Montero, Rodríguez Pastor, y seis grupos provincianos de surguimiento más recientes, tales como los Rodríguez, Añaños, Huancaruna, Acuña, Dyer, Flores. ¿Qué tienen de semejanzas y diferencias estos llamados grupos de poder económico? Se interroga el autor si podrán seguir creciendo ahora que ha pasado el ciclo expansivo de la economía con los buenos precios de las materias primas, o si podrán asumir sus compromisos de deuda como sería el caso de los Añaños, que se endeudaron en el pasado reciente con dólares baratos para financiar su expansión internacional.

Después de todo según testimonios recogidos por Durand, los provincianos podrán ser “cholos con plata”, vivir en los barrios más exclusivos de Lima, tener a sus hijos en los mejores colegios, pero difícilmente podrán ser aceptados como socios en el encopetado Club Nacional. Podrán tener riqueza pero socialmente no serán incorporados a la elite económica, política y social limeña.

En tal sentido, resultaría extraño constatar por ejemplo que el “señor de señores” de fe, fama y fortuna como Dionisio Romero Seminario pueda hacer negocios conjuntamente con César Acuña Peralta, el empresario y político célebre, autor original sin calco ni copia de la frase de que “hay plata como cancha” en la promesa de asalto a las arcas regionales de La Libertad por parte de sus partidarios de la “Alianza para el Progreso”.

Roque Benavides - Rodríguez Pastor

Roque Benavides – Rodríguez Pastor

CONCLUSIONES PRELIMINARES
A nivel de conclusiones más significativas después de estudiar a los GPE seleccionados, los limeños y los provincianos, el autor señala que por primera vez en la historia económica del Perú, se ha “democratizado” el mercado en el sentido de mayores oportunidades de hacer negocios no solamente en la ciudad capital y acumular, en parte por las políticas económicas más abiertas gracias a la globalización, privatización de las empresas públicas, apertura comercial y desregulación.

Sin embargo, esta “democratización del mercado” de ninguna manera significa una democratización de la sociedad peruana, que sigue arrastrando las taras de la llamada “herencia colonial”, la discriminación, la exclusión, las políticas de privilegio que se expresan en la célebre frase del autor de “las puertas giratorias”, donde se puede ser presidente de la República, ministro o alto funcionario de estado y cumplido el ciclo con una serie de leyes a pedir de boca y volver al sector privado, al grupo de poder económico y su esfera de influencia. Un reciclaje profesional sin mayores complicaciones como bien sabe PPK.

Una expresión de esta ausencia en la democratización de la sociedad se hace evidente pues entre estos dos tipos de Grupos de Poder Económico”, los limeños algunos descendientes de la vieja aristocracia y los provincianos, “existe escasa o ninguna relación, que cada uno va por su lado, y que incluso a nivel gremial, que debería ser un espacio de convergencia, han desarrollado expresiones diferentes (….) Esta falta de cohesión tiene consecuencias. No permite a la élite económica del poder empezar a constituirse como una clase no solo dominante sino dirigente, al punto que puedan moldear y mantener, es decir, idear un orden social que los favorezca como principal élite económica nacional, que los legitime ante el resto y evite que en coyunturas críticas sus intereses queden seriamente amenazados(….) Una cosa es liderar la economía, tener influencia política sobre el estado, y otra liderar la sociedad, lo que requiere dirección colectiva y compromiso con el país. (página 339)

Estas dos conclusiones centrales en el libro de Durand, la falta de una democratización de la sociedad, a pesar de una expansión de los mercados que ha permitido la presencia de GPE provincianos que sería impensable treinta años atrás. Igualmente la ausencia de una clase dirigente que tenga un proyecto de país en el largo plazo, que nos permita alcanzar el desarrollo para superar las profundas desigualdades económicas, sociales y culturales, pues el mercado no lo resuelve todo.

En tal sentido, la lectura del libro como toda obra de trascendencia histórica plantea interrogantes válidas que invitan a la reflexión, pues el autor es heredero de una preocupación que tuvo antecedentes en la obra de Jorge Bravo Bresani, Favre, Borricoud, Carlos Malpica, Espinoza Uriarte, Eduardo Anaya entre otros, que entre los años sesenta y noventa del siglo pasado investigaron sobre el problema y las posibilidades de los GPE.

LOS APÓSTOLES SON MORTALES
Si bien el santoral podría parecer limitado, la calificación de “apóstol” de la economía peruana tiene una justificación más política pues a fines de los años ochenta del siglo pasado ante el derrumbe del “modelo heterodoxo” del primer gobierno aprista, con la inflación desbocada, un menor crecimiento, y sobre todo falta de inversiones privadas, ese fue el adjetivo que se usó para justificar la fallida estatización de la banca privada.

Han pasado un poco más de 30 años que en el largo plazo, apenas significa una generación y de los 12 Apóstoles del primer gobierno aprista sobreviven los grupos Romero, Brescia, Benavides, Ferreyros, y el grupo Graña Y Montero se debate entre la vida y la muerte, en la sala de cuidados intensivos en razón de su asociación con la corrupción de la brasileña Odebrecht.

Por ello, cabe preguntarse sobre la dinámica de los grupos de poder económico, su surguimiento, crecimiento, y crisis, pues algunos se fortalecen otros se licuan en el mercado. En este período hemos sido testigo de cómo algunos GPE han perdido poder, se han licuado, y/ o han sido absorbidos por empresas más poderosas tales como los Wiese, Picasso, Lanatta Piaggio, Bentín, Raffo, Nicolini, D’Onofrio, Wong, Lindley, Letts Colmenares etc.

Un caso reciente y emblemático pues está asociado a la Corporación Lindley principal empresa en el negocio de bebidas y gaseosas con un control del mercado del 67 % que en setiembre del 2015 ha sido comprada por la transnacional mexicana Arca Continental, donde el valor de la mayoría accionaria del 61 % se transó por más de 970 millones de dólares.

Lo paradójico del comportamiento de los GPE limeños como el llamado grupo Lindley es que en el precio pagado se incorporaban US $ 150 millones como una cláusula de no competencia en el mercado peruano de bebidas por parte de la familia Lindley. A ello se sumaba el acuerdo de comprar el 3.85 % de las acciones de la transnacional mexicana que fueron valorizadas en US $ 400 millones.

Si bien esta transnacional opera en México, Ecuador, norte de Argentina, Perú, y el medioeste de USA, con perversas prácticas laborales, abonando salarios miserables, esta compra/venta constituye una radiografía de la realidad de los GPE en nuestro país. El grupo Lindley de ser “cabeza de ratón en el Perú, ahora es la cola de león” de una gran transnacional donde la Coca & Cola tiene la mayoría accionaria donde domina y exprime a los trabajadores.

EL SECTOR ENERGÍA Y MINAS
De los 12 Apóstoles estudiados solamente tres operan en el sector más importante de la economía peruana, que genera las más altas tasas de rentabilidad, gracias a la apropiación de la renta diferencial, los bajos salarios pagados y exiguos compromisos ambientales.

El grupo minero más importante sería según el autor el GPE Buenaventura S.A. de los herederos de don Alberto Benavides de la Quintana que desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado, siendo un alto funcionario de la Cerro de Pasco Corporation, pudo independizarse, asumir riesgos, con una serie de compromisos de deuda, y adquirir una mina de plata como Julcani en Lircay/Huancavelica que se convirtió en la fuente original de acumulación del grupo.

Hoy este GPE que produce oro y plata en su mayor parte, está considerado como uno de los más importantes a nivel mundial, y su crecimiento está asociado a la privatización de las empresas del estado iniciado en los años noventa del siglo pasado, en especial con los derechos mineros de lo que fue Centromín, y un punto fundamental está en relación a su participación en la Bolsa de Valores de Nueva York, con la finalidad de levantar capitales que permitan la financiación de sus operaciones.

El otro es el grupo Brescia que con la explotación de estaño en la unidad de San Rafael de Minsur se convirtió en el principal productor de estaño, desplazando a un segundo lugar a la producción boliviana. Gracias a los excedentes de la minería este GPE pudo financiar su participación en la privatización del Banco Continental y diversificarse a una serie de actividades que van desde el sector alimentos, inmobiliario, industriales etc.

GRAÑA Y MONTERO
“Se debate entre “la vida y la muerte”

El otro GPE que se debate entre “la vida y la muerte” es Graña y Montero, que desde inicios de los años 90 del siglo pasado opera los yacimientos petroleros de los lotes I y V que fueron de PetroPerú y que gracias a la elevada rentabilidad del sector de hidrocarburos pudo financiar su expansión.

Hoy Graña y Montero detenta las operaciones en los lotes I, V, III y IV. Tiene una participación importante en el gasoducto de Camisea, y administra los terminales de PetroPerú en un contrato lesivo a los intereses de la petrolera estatal. Y evidentemente está siendo duramente cuestionado por su asociación con Odebrecht en la construcción fallida de lo que fue el Gasoducto del Sur Peruano.

En verdad, los grupos de poder económico tienen una participación minoritaria en el sector de energía y minas, el más rentable de la economía peruana, y son considerados como socios estratégicos por parte de las grandes transnacionales mineras y energéticas, algo así como socios menores por su conocimiento, influencia y relaciones en el país.

En resumen, estamos ante un gran libro de lectura obligatoria para entender el funcionamiento de la economía peruana, y esperamos mayores investigaciones sobre los grupos de poder económicos que no han sido tratados en este trabajo. Ello es importante para develar, sacar a luz el secretismo de las grandes empresas nacionales e internacionales que operan en el país. Este es un desafío un problema y una posibilidad para hacer del Perú un país moderno y democrático.

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Política

Fujimorismo tiene doble discurso

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Bancada fujimorista de Fuerza Popular

Pese a que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía que se aprobará los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces, sus propios compañeros de la bancada de Fuerza Popular siguen poniendo trabas al debate y aprobación de las reformas.

“Ya nos queda una semana, ocho días máximo, para que puedan avanzar con los tres proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, declaró Salaverry al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, por la noche, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, diferentes parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que el Legislativo aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero no se comprometieron a respaldar las reformas y menos a cumplir con los plazos.

BARTRA, LETONA

Horas antes, en Nueva York, el presidente Martín Vizcarra manifestaba plena seguridad de que el Congreso de la República cumpliría sus compromisos y que las reformas se aprobarán conforme a lo previsto.

Las declaraciones fujimoristas en sentido contrario se dieron luego de la exposición del premier Villanueva sobre la propuesta del Ejecutivo de un Congreso bicameral que implica la creación de macrodistritos y macrorregiones.

“Aceptamos la bicameralidad como un sistema para el Parlamento (…) Pero ahora nos han impuesto plazo, celeridad y nos piden que lo pasemos a ley de desarrollo sin ni siquiera saber qué estamos pasando”, dijo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución.

En esa línea, su beligerante compañera de bancada fujimorista, Úrsula Letona dijo: “Este Congreso ha claudicado a debatir un tema importante como la bicameralidad. Me resisto a aprobar una reforma de este tipo”.

CUMPLAN EL COMPROMISO

En medio de los entredichos entre los parlamentarios fujimoristas y los de la bancada oficialista, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, resaltó que la “cuestión de confianza (aprobada por el Congreso) se dio en base a respaldar los ejes 1 y 2 de la política general del Gobierno, pero no a la aprobación de reformas y dentro de plazos”.

“La cuestión de confianza no se refiere a la aprobación de proyectos de ley”, afirmó Letona. Al respecto, el congresista Lescano, lamentó que ahora el fujimorismo desconozca los compromisos acordados en la Junta de Portavoces.

“Nos hemos comprometido en aprobar las reformas hasta el 4 de octubre”, concluyó el parlamentario de Acción Popular.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Con el fin de crear un Congreso bicameral, el Ejecutivo ha propuesto crear seis macrodistritos para 30 senadores, es decir cinco macrorregiones y el área metropolitana, lo que –según Villanueva- garantizará que todos los departamentos tendrán al menos un senador en el próximo Parlamento.

Los macrodistritos son la agrupación de departamentos que comportan características similares a su cultura, desarrollo, crecimiento económico, entre otros indicadores, lo cual propicia que estén mejor conectados entre sí.

El macrodistrito electoral Nor–Oeste estará conformado por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes; el Nor–Este por Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali; y el Centro por Áncash, Huánuco, Junín, Lima Provincias y Pasco.

El Centro–Sur, en tanto, por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica; el Sur por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna; y el Metropolitano por la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana.

ALGO MÁS

Sobre los microdistritos electorales, Villanueva explicó que no persiguen fragmentar departamentos pequeños, sino resolver las asimetrías y desigualdades que se observan en los departamentos grandes, para que tengan la voz que no necesariamente tienen en el Parlamento.Se ha propuesto siete microdistritos para Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Centro Sur, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y el Callao.

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Política

Sin referendo no hay reformas

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Marcha protesta CGTP

Existe la posibilidad de que el Parlamento apruebe la propuesta de reformas presentada por el Ejecutivo, pero que no apoyen llevarlas al referendo como era la intención del Gobierno para legitimar los cambios constitucionales ante la población. Al respecto, Diario UNO, recogió la opinión de dirigentes sindicales.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que el fujimorismo tiene doble discurso, uno para afuera en el que dice que está allanando el camino para que se dé el referendo, mientras otros fujimoristas señalan que se aprobó el voto de confianza, pero no hay fecha para el tema del referendo.

OBSTACULIZAN

“Ellos están tratando de obstaculizar el referendo y boicotear las reformas, por lo que es importante que el pueblo se manifieste de manera democrática en favor de las reformas judiciales y políticas aprobadas por el Parlamento”, señaló.

Advirtió que esta actitud, amerita que el pueblo tenga que seguir movilizándose para que el referendo se efectúe en la segunda vuelta electoral de las elecciones regionales.

POSTERGAR AL PUEBLO

“Si no hay referendo, se vería postergado el clamor del pueblo en las calles que rechaza el tema de la corrupción, a un Congreso que no representa a la mayoría del pueblo y el Ejecutivo perdería la legitimidad que le dio la gente en las calles”, agregó López.

Destacó que el pueblo tiene que ser consciente que mientras no se dé el referendo, no podemos decir que ya se cumplió el objetivo.

POSITIVO PERO…

Hammer Villena, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dijo que si bien el referendo es positivo, por eso “hemos apoyado todo el pueblo al Ejecutivo” .

“Lamentablemente hemos sido defraudados por la aprobación de estos decretos lesivos a la clase trabajadora como el 1442, que prohíbe en la negociación colectiva a los trabajadores en el sector público”, dijo.

Afirmó que es importante el referendo, siempre y cuando se incluyan preguntas que sí podrían solucionar el problema de fondo, porque la pregunta principal sería si la población quiere una nueva Constitución, en consecuencia tendría que convocarse a una Asamblea Constituyente.

NUEVA CONSTITUCIÓN

“Porque es la actual Constitución la que permite que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, tampoco en las inversiones privadas por la cual saquean nuestros recursos naturales”, afirmó.

Agregó: “El referendo es un aspecto importante de la reforma política para el tema de la corrupción, no lo va a solucionar todo el referendo”.

DÉJENSE DE TRUCOS

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció respecto de las reformas que planteó el Ejecutivo al Parlamento y espera que estas salgan en los plazos que se han establecido.

“Estoy convencida de que el compromiso que se hizo con los parlamentarios se concretará. La mayor parte de las bancadas vinieron con esa buena fe y espero que el fujimorismo no haga trucos”, aseveró.

ALGO MÁS

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, aseguró que la investigación iniciada a ella por el fiscal Chávarry es un instrumento político para afectar al presidente Vizcarra. “Algunos están buscando ver la manera de buscar la vacancia del Presidente porque está luchando frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Keikismo intenta salvar a Chávarry y Becerril

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Pedro Gonzalo Chávarry - Héctor Becerril

La decisión de última hora del fujimorismo, de aplazar sin fecha el debate y la votación de los informes acusatorios contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y Héctor Becerril, implicados en el “Caso CNM Audios”, permitió conocer que por lo menos cuatro bancadas congresales están decididas a apoyar la destitución e inhabilitación de Chávarry.

Se trata de las representaciones de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que adelantaron que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

Gloria Montenegro de APP dijo: “Chávarry está deslegitimado moralmente para que continúe en la Fiscalía”. Marco Arana del Frente Amplio, denunciante de Chávarry, declaró que es necesario que deje el cargo.

Su compañero de bancada Hernando Cevallos afirmó “Nosotros pensamos que el señor Chávarry debe irse a su casa inmediatamente”. Edmundo del Águila, de AP, explicó: “Puedo decir que hay un gran consenso en investigar el discutido actuar del fiscal”. Richard Arce, de Nuevo Perú, vaticinó: “Chávarry va a ser destituido, como mínimo”.

SHEPUT

Por otro lado, el congresista de PPK, Juan Sheput, autor del informe que inculpa a Chávarry dijo en Twitter que la prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP). “Hace muy mal Fuerza Popular (FP) en postergar la discusión del informe que pide destitución del fiscal Chávarry. Es un pretexto decir que se quiere dar prioridad a las reformas. Es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate formal”.

VÁSQUEZ

Ante la prórroga, el congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), autor del informe que sindica a su colega Becerril, de Fuerza Popular, como presunto corrupto y recomienda su destitución e inhabilitación por 5 años, lamentó que la vista del caso haya sido pospuesta sin nueva fecha.

Argumentando que es más importante que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intervengan en los debates de la reforma política, el presidente de ese grupo, el fujimorista, César Segura, liquidó la reunión de hoy.

En la reunión se iba a debatir los informes sobre las acusaciones constitucionales contra Becerril, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Segura no mencionó nueva fecha.

En el Congreso y otros círculos políticos, al conocerse la suspensión de la reunión, surgió la sospecha de que se trata de una maniobra de dilación mientras el fujimorismo prepara un “blindaje” o encubrimiento para salvar a Becerril y Chávarry.

En el caso de Rodríguez, el informe sobre su caso lo exculpa de infracciones constitucionales y delitos.

BECERRIL CORRUPTO

El legislador ponente de la acusación a Becerril, César Vásquez se ratificó en que ha comprobado que Becerril cometió infracción constitucional, por lo que ha pedido su destitución e inhabilitación. “Hay indicios suficientes de que cometió delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Becerril debe ser suspendido, tal cual se hizo con los congresistas “Avengers”.

Asimismo, declaró que “esta semana debió darse el debate y la votación. El reglamento dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene prioridad sobre otras comisiones”.

“No sé si es una estrategia para enfriar el tema, para dilatar o proteger a alguien. La situación del país exige que la clase política sea rápida contra la corrupción y pasarlo una semana más es un mal mensaje hacia la población. Las reformas también son urgentes pero se pueden trabajar al mismo tiempo”, aseveró.

ALGO MÁS

En el caso Becerril, Marco Arana se reservó la opinión sobre la conducta del keikista para no invalidar su voto. Pero dijo que sería todo un escándalo que teniendo informes en un caso acusatorio se decidiera lo contrario.

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