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Los fujimoristas no aprenden

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Pocos días después de promulgada la mal llamada “Ley de transfuguismo”, que Fuerza Popular impuso aprovechando su mayoría parlamentaria, un grupo de casi 40 congresistas de distintas bancadas presentaron contra ella una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).

Hace pocos días se hizo pública una parte de lo que supuestamente era la sentencia del TC en la que se podía observar que, en gran parte, se declaraba la inconstitucionalidad de la mencionada ley.

Apenas ocurrido esto, las voces del aprismo y el fujimorismo eran que el Congreso no necesariamente tenía que acatar dicha sentencia desconociendo de ese modo a la máxima autoridad en temas constitucionales que tiene nuestro país. Se llegó a tal punto que el mismo TC tuvo que hacer público un comunicado en el que recordaba que sus sentencias tienen que ser aplicadas por cualquier instancia del Estado. A pesar de esto, era evidente que el fujimorismo no se quedaría sin hacer nada.

Esta semana el fujimorismo ha presentado un nuevo proyecto de ley que intenta, nuevamente, quitar derechos a congresistas. En esta ocasión ni siquiera esperaron que el TC publique su sentencia, quisieron adelantarse e incluso exoneraron del debate en comisiones a dicho proyecto y convocaron a un Pleno adicional para poder aprobarlo. Era evidente la maniobra para adelantarse a una sentencia que ellos creían ponía en riesgo la situación de su bancada.

EL VIDEO
El jueves 14 de setiembre, y ya habiéndose publicado la sentencia del TC, el fujimorismo puso a debate su nuevo proyecto de ley contra el supuesto transfuguismo. Fue bastante simbólica la fecha pues ese día se cumplieron diecisiete años desde que se hizo público el primer “Vladivideo” y que casualmente mostraba un tránsfuga recibiendo dinero del siamés de Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos.

El fujimorismo parece querer que olvidemos que el real transfuguismo es aquel que ellos generaron a fines de los noventa y el año 2000. El transfuguismo que ellos incentivaron es aquel que por dinero lograba que congresistas apoyen su autoritarismo y quedó grabado en audios y videos.

Después de un intenso debate se aprobó dicho proyecto, aunque el presidente del Congreso recordaba que no sería válido hasta su publicación y que, mientras tanto, se tenía que acatar la sentencia del TC. Podría parecer raro que el fujimorismo acate una sentencia que pocos días antes condenaban, pero finalmente hubiese sido ir contra la Constitución de 1993 que ellos mismos crearon. Los congresistas de Nuevo Perú hicieron lo propio pidiendo su conformación como grupo parlamentario pero mucha de la atención estaba puesta en si Kenji Fujimori saldría de Fuerza Popular e intentaría formar su propia bancada con disidentes del fujimorismo.

Hace semanas se cree que los problemas internos de la bancada de Fuerza Popular podrían generar disidencias además de las que ya ocurrieron con Vilcatoma y Donayre. Se ha comentado incluso que las propuestas contra el supuesto transfuguismo son formas de evitar más disidencias dentro del fujimorismo. Probablemente eso último sea cierto pero no se puede dejar de lado que lo de Kenji básicamente es marketing político a lo que se le suman mensajes dirigidos al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, pues su gran objetivo es la liberación de su padre y al parecer considera que Keiko Fujimori y la mayoría del fujimorismo han dejado de lado ese mismo objetivo.

A pesar de que han tenido la oportunidad, es evidente que las diferencias internas dentro de la bancada fujimorista han sido menos relevantes que las ventajas de mantenerse en una bancada que les garantiza tener un partido inscrito que podrá participar en las futuras elecciones y al menos les permitirá tentar la reelección junto con una candidata presidencial que creen podría ser presidenta. No hay más disidencias, al menos por ahora, en el fujimorismo y la tan mentada nueva bancada presidida por Kenji ha quedado en el imaginario de muchas personas que no deben olvidar que Fujimori es Fujimori. El fujimorismo no tiene una crisis en su bancada como muchos pensaban y solo es una pugna de liderazgo.

Mientras tanto el fujimorismo con sus 71 congresistas y con el apoyo de otras bancadas, han censurado al gabinete de ministros presidido por Zavala. Zavala y el presidente intentaron proteger a la ministra Martens pidiéndole al Congreso la Cuestión de Confianza a todo el gabinete en una acción que más que estratégica parecía estar dirigida a proteger a una ministra que es del entorno más cercano al presidente. Finalmente el fujimorismo se impuso, como durante todo el último año, y no dio la confianza.

Se ha generado una crisis política pero que hay que reconocer que no es solo culpa del fujimorismo pues durante lo que va del gobierno éste no ha sido capaz de enfrentarlos desde el Ejecutivo y más bien constantemente le han dado concesiones. El gobierno tiene la oportunidad de, ahora sí, mostrarle al fujimorismo que no le teme y proponer un gabinete que, además de poder ser eficiente en lo político y lo técnico, no necesariamente tiene nombres del agrado de Fuerza Popular y su lideresa; aunque también hay que tener en claro que desde el gobierno parece que ya no saben qué pasos toca dar y no sería raro que el próximo gabinete tenga varios aliados de Keiko en él. Esperemos que no sea así por el bien del país y por el bien de la democracia. No lleguemos al 2021 con el riesgo de que vuelvan los años noventa.

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Política

Se le acaba el poder

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Pedro Gonzalo Chávarry

La fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla pidió este viernes al Poder Judicial la suspensión de sus funciones contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien es investigado por el presunto encubrimiento real, delito que habría cometido al remover de sus cargos a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La representante del Ministerio Público presentó el requerimiento ante el despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En el documento se sustenta la obstrucción que habría ejercido Chávarry Vallejos, como titular del Ministerio Público, en contra de los fiscales Vela y Pérez.

Según lo argumentado por Revilla, la Fiscalía consideró como irregular que Pedro Chávarry solicitara información de un acuerdo confidencial al equipo de fiscales que es dirigido por Vela Barba; de igual opinión fue respecto a la decisión contra los fiscales Vela y Pérez de removerlos de sus cargos en el Equipo Especial, con el presunto fin de pretender frustrar las diligencias con la empresa Odebrecht, en Brasil. Finalmente, la fiscal adjunta suprema también consideró un acto irregular el intento de remover al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde de la investigación del caso Los cuellos blancos del puerto.

CHÁVARRY ES UNA AMENAZA

El fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, había anunciado en las horas previas que Pedro Chávarry constituye una amenaza a la labor del equipo de fiscales del caso “Lava Jato”.

“Nosotros estamos a la expectativa de que esto también signifique una medida en contra de nosotros porque se puede instrumentalizar el ejercicio de sus atribuciones como fiscales supremos para obtener lo mismo que en determinado momento realizó el señor Pedro Chávarry”, señaló.

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Política

No tiene sentido proceso a ministros por presunta infracción a neutralidad

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Diego García-Sayán

El jurista Diego García-Sayán consideró que no tiene sentido el proceso abierto por el Jurado Especial Electoral Lima Centro contra el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por una presunta vulneración a la neutralidad electoral.

Sostuvo que cuando ambos ministros dieron su opinión, en el sentido de que los excongresistas del Parlamento disuelto no podían participar en las elecciones del 26 de enero del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había emitido un pronunciamiento al respecto.

“Era una opinión, da la impresión de que no se pone el eje de las cosas donde se tenía que poner. No tiene ningún sentido, es una opinión que se da cuando no había una definición por parte del JNE que se demoró hasta hace tres días para tomar una decisión que debió haberse hecho en su momento”, afirmó.

El Jurado Especial Electoral Lima Centro informó ayer el inicio de un proceso contra ambos ministros, a quienes les concedió tres días de plazo para presentar sus descargos.

García-Sayán sostuvo en Radio Nacional que el JNE debió dilucidar este aspecto mientras los partidos políticos realizan el proceso de selección interna de sus candidatos a las elecciones parlamentarias del 2020.

“Mientras estaban haciendo sus procesos de selección interna de candidatos, la autoridad electoral no había definido quiénes podían postular y quiénes no. No se conocían las reglas para seleccionar (a candidatos) y eso es culpa del jurado”, afirmó.

Precisó que el papel de la autoridad electoral en este proceso debe enfatizarse en dar todas las garantías, señales y evidencias de que es independiente y que su único objetivo es conducir un proceso electoral transparente.

Sostuvo que está de acuerdo en que los excongresistas del Parlamento disuelto puedan participar en las elecciones de enero del 2020, como lo ha dispuesto el JNE.

Indicó, además, que será difícil, en un contexto como el actual, que el próximo Parlamento tenga una mayoría amplia de Fuerza Popular, como ocurrió con el Congreso disuelto, pese a que varios exlegisladores de esa bancada se presentan por otros partidos.

Estimó que aun cuando haya un Congreso sin mayorías, eso llevará a que se impulsen el diálogo y los acuerdos.

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Política

Considera un exceso indagación del JEE pero lo respeta

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, consideró como un exceso la indagación en su contra del Jurado Especial Electoral Lima Centro por presunta infracción a la neutralidad electoral, pero dijo que respeta su decisión.

Sostuvo que está a la espera de que se corra traslado del proceso indagatorio en su contra y de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por señalar que los integrantes del Congreso disuelto no pueden participar en las elecciones, para dar respuesta.

“En lo que respecta a mi persona me parece un exceso, pero nos vamos a allanar para absolverla dentro de los plazos y de acuerdo al procedimiento previsto”, refirió.

Dijo que, con sus declaraciones, ante una consulta de la prensa, no se pronuncia para favorecer o desmerecer a un candidato pues recién el 18 de noviembre vence el plazo para la inscripción de las listas de candidatos para las elecciones del 26 de enero de 2020.

“Nosotros hemos absuelto a una inquietud periodística respecto a una institución que es la reelección, está en fase indagatoria, espero que con la respuesta que demos el tema quede zanjado”, afirmó.

Insistió en que considera un exceso la decisión de este jurado especial, pero respeta su decisión, como se debe respetar a todos a los órganos constitucionales.

COMISIÓN PERMANENTE

El jefe del Gabinete Ministerial, asimismo, reiteró que la única función de la Comisión Permanente, en tanto no se elija al nuevo Congreso, es recibir los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo, elaborar un informe y dar cuenta del mismo al próximo Congreso.

Así lo señala la Constitución y también lo ratificó el Tribunal Constitucional cuando admitió la demanda de competencia tras la disolución del Congreso,añadió.

“Si nos requieren información sobre los decretos de urgencia obviamente tendrá que responderse. Una vez instalado el Congreso, debo ir como jefe del Gabinete para dar cuenta de todos los decretos de urgencia que se ha aprobado”, apuntó.

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