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Los disidentes de las FARC intentan otra vez incendiar de violencia la Amazonía

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(Desde Colombia)

La violencia puede otra vez incendiar la Amazonía colombiana y las llamas del conflicto pueden extenderse por toda la triple frontera, abarcando el Brasil y el Perú.

Los protagonistas de este nuevo conflicto, que en realidad no ha terminado de apagarse, son los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) que se niegan a aceptar el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC, esgrimiendo el argumento de que el desarme facilitaría el arrasamiento de la Amazonía por las multinacionales petroleras, gasíferas, forestales y auríferas que se aprestan a ingresar al territorio amazónico.

De acuerdo a la ONU y otras organizaciones que monitorean el proceso de paz, la disidencia representaría el 10 por ciento de un total de 7 mil excombatientes registrados. Estos disidentes, de acuerdo a los expertos y testimonios recogidos por este cronista en Colombia, contarían con el apoyo de los productores de hoja de coca e incluso de pobladores indígenas que temen la invasión de sus tierras y territorios por las multinacionales.

PUERTAS SE ABREN AL GRAN CAPITAL
En una crónica publicada en este mismo diario (El Fospa y la defensa de la Amazonía, diario UNO, 7 de mayo de 2017) anticipamos estos hechos vinculados a la geopolítica y a los intereses económicos de las megacorporaciones extractivistas que asedian el espacio amazónico donde están las mayores riquezas para la economía global en crisis en el siglo XXI: agua, biodiversidad, minerales estratégicos, gas y petróleo.

Señalamos que la caída de los gobiernos de Inácio Lula, Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT) fue uno de los mayores triunfos de la geopolítica de los Estados Unidos en América del Sur y sobre todo en la cuenca amazónica. Porque ese triunfo de Washington derrumbó el mayor contrapeso geopolítico en Sudamérica y en la cuenca amazónica. Sin ese contrapeso, las puertas del estratégico espacio amazónico quedaban abiertas a la voracidad de las multinacionales hambrientas de recursos naturales.

En esa misma crónica dimos a conocer los testimonios de líderes indígenas colombianos recogidos en Leticia y la cuenca del Putumayo y también en Tarapoto, durante el VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), a fines de abril de este año.

Esos testimonios expresan la satisfacción y aprobación por el Acuerdo de Paz.

Pero también el temor de que la llave del neoliberalismo abriera las puertas del desenfrenado extractivismo al capital transnacional con las consecuencias e impactos ambientales sobre los ecosistemas amazónicos y la vida de los pueblos indígenas.

EL DIFÍCIL PROCESO DE PAZ
La disidencia del 10 por ciento de un total de 7 mil guerrilleros se produce en un contexto en que el Acuerdo de Paz se implementa con mucha dificultad y también de hostilidad de los que votaron por el No en el plebiscito por la paz: el 50.2 por ciento de colombianos, mientras que los que votaron por el Sí representan el 49.7 por ciento.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es el opositor más recalcitrante y virulento del Acuerdo de Paz. Cree y sostiene que el presidente Juan Manuel Santos y el Estado colombiano han hecho demasiadas concesiones a las FARC, cuyo máximo jefe sigue siendo Rodrigo Londoño, “Timochenko”.

Esta oposición al proceso de paz ha ahondado aún más la polarización de Colombia, una nación con 48 millones de habitantes y donde los que votaron en las elecciones fueron 13 millones. Una prueba, como ocurre en toda América Latina y en la mayoría del mundo, del desgaste y la desligitimación de la democracia electoral. La gente, como ocurre en el Perú, ha dejado de creer en los políticos y en la política por varias causas: la corrupción, el engaño, el incumplimiento de las promesas, porque los Estados están tomados y controlados por los poderes fácticos.

En Colombia, dicen los analistas, el mayor problema no es la pobreza, sino la desigualdad. El 10 por ciento más rico recibe 21 veces lo que recibe el 10 por ciento más pobre. Pero esa desigualdad escandalosa e injusta es un problema estructural del capitalismo tardío del siglo XXI donde el capital ha expropiado al trabajo. Una prueba de ello es el informe de OXFAM: solo 8 ricos ganan más que 3,600 millones de las personas más pobres del mundo. Es decir, el capitalismo del siglo XXI es la mayor fábrica de pobres.

Medio siglo de violencia en Colombia ha dejado 200 mil muertos y 7 millones de desplazados y terribles heridas psicológicas, sociales, económicas, políticas y culturales que tardarán mucho tiempo en cicatrizarse y curarse. Es decir, la guerra ha terminado mediante un Acuerdo de Paz, pero sus estragos continúan: en las últimas semanas se han registrado más de 7 mil personas desplazadas de sus pueblos, en las zonas del Chocó y el norte de Santander, víctimas de la violencia provocada por la economía del narcotráfico y la minería aurífera ilegal.

LA AMAZONÍA EN EL OJO DE LA TORMENTA
La Amazonía colombiana, como la peruana, es un espacio rico en recursos naturales: gas, petróleo, oro, bauxita, coltán y otros recursos. Florencia, Mitú, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés son los territorios que guardan estas riquezas. Las multinacionales Pacific Stratus, Emerald Energy, Monterrico y otras poderosas empresas extractivas, así como ECOPETROL, se aprestan a instalarse en estas regiones.

Pero los disidentes de las FARC de los bloques 24 y 48 también. Esperamos que el Acuerdo de Paz se haga realidad y que la sangre no llegue al río. Que medio siglo de violencia que ha desangrado Colombia quede solo en la memoria y que nunca más debe repetirse.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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