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Los disidentes de las FARC intentan otra vez incendiar de violencia la Amazonía

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(Desde Colombia)

La violencia puede otra vez incendiar la Amazonía colombiana y las llamas del conflicto pueden extenderse por toda la triple frontera, abarcando el Brasil y el Perú.

Los protagonistas de este nuevo conflicto, que en realidad no ha terminado de apagarse, son los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) que se niegan a aceptar el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC, esgrimiendo el argumento de que el desarme facilitaría el arrasamiento de la Amazonía por las multinacionales petroleras, gasíferas, forestales y auríferas que se aprestan a ingresar al territorio amazónico.

De acuerdo a la ONU y otras organizaciones que monitorean el proceso de paz, la disidencia representaría el 10 por ciento de un total de 7 mil excombatientes registrados. Estos disidentes, de acuerdo a los expertos y testimonios recogidos por este cronista en Colombia, contarían con el apoyo de los productores de hoja de coca e incluso de pobladores indígenas que temen la invasión de sus tierras y territorios por las multinacionales.

PUERTAS SE ABREN AL GRAN CAPITAL
En una crónica publicada en este mismo diario (El Fospa y la defensa de la Amazonía, diario UNO, 7 de mayo de 2017) anticipamos estos hechos vinculados a la geopolítica y a los intereses económicos de las megacorporaciones extractivistas que asedian el espacio amazónico donde están las mayores riquezas para la economía global en crisis en el siglo XXI: agua, biodiversidad, minerales estratégicos, gas y petróleo.

Señalamos que la caída de los gobiernos de Inácio Lula, Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT) fue uno de los mayores triunfos de la geopolítica de los Estados Unidos en América del Sur y sobre todo en la cuenca amazónica. Porque ese triunfo de Washington derrumbó el mayor contrapeso geopolítico en Sudamérica y en la cuenca amazónica. Sin ese contrapeso, las puertas del estratégico espacio amazónico quedaban abiertas a la voracidad de las multinacionales hambrientas de recursos naturales.

En esa misma crónica dimos a conocer los testimonios de líderes indígenas colombianos recogidos en Leticia y la cuenca del Putumayo y también en Tarapoto, durante el VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), a fines de abril de este año.

Esos testimonios expresan la satisfacción y aprobación por el Acuerdo de Paz.

Pero también el temor de que la llave del neoliberalismo abriera las puertas del desenfrenado extractivismo al capital transnacional con las consecuencias e impactos ambientales sobre los ecosistemas amazónicos y la vida de los pueblos indígenas.

EL DIFÍCIL PROCESO DE PAZ
La disidencia del 10 por ciento de un total de 7 mil guerrilleros se produce en un contexto en que el Acuerdo de Paz se implementa con mucha dificultad y también de hostilidad de los que votaron por el No en el plebiscito por la paz: el 50.2 por ciento de colombianos, mientras que los que votaron por el Sí representan el 49.7 por ciento.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es el opositor más recalcitrante y virulento del Acuerdo de Paz. Cree y sostiene que el presidente Juan Manuel Santos y el Estado colombiano han hecho demasiadas concesiones a las FARC, cuyo máximo jefe sigue siendo Rodrigo Londoño, “Timochenko”.

Esta oposición al proceso de paz ha ahondado aún más la polarización de Colombia, una nación con 48 millones de habitantes y donde los que votaron en las elecciones fueron 13 millones. Una prueba, como ocurre en toda América Latina y en la mayoría del mundo, del desgaste y la desligitimación de la democracia electoral. La gente, como ocurre en el Perú, ha dejado de creer en los políticos y en la política por varias causas: la corrupción, el engaño, el incumplimiento de las promesas, porque los Estados están tomados y controlados por los poderes fácticos.

En Colombia, dicen los analistas, el mayor problema no es la pobreza, sino la desigualdad. El 10 por ciento más rico recibe 21 veces lo que recibe el 10 por ciento más pobre. Pero esa desigualdad escandalosa e injusta es un problema estructural del capitalismo tardío del siglo XXI donde el capital ha expropiado al trabajo. Una prueba de ello es el informe de OXFAM: solo 8 ricos ganan más que 3,600 millones de las personas más pobres del mundo. Es decir, el capitalismo del siglo XXI es la mayor fábrica de pobres.

Medio siglo de violencia en Colombia ha dejado 200 mil muertos y 7 millones de desplazados y terribles heridas psicológicas, sociales, económicas, políticas y culturales que tardarán mucho tiempo en cicatrizarse y curarse. Es decir, la guerra ha terminado mediante un Acuerdo de Paz, pero sus estragos continúan: en las últimas semanas se han registrado más de 7 mil personas desplazadas de sus pueblos, en las zonas del Chocó y el norte de Santander, víctimas de la violencia provocada por la economía del narcotráfico y la minería aurífera ilegal.

LA AMAZONÍA EN EL OJO DE LA TORMENTA
La Amazonía colombiana, como la peruana, es un espacio rico en recursos naturales: gas, petróleo, oro, bauxita, coltán y otros recursos. Florencia, Mitú, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés son los territorios que guardan estas riquezas. Las multinacionales Pacific Stratus, Emerald Energy, Monterrico y otras poderosas empresas extractivas, así como ECOPETROL, se aprestan a instalarse en estas regiones.

Pero los disidentes de las FARC de los bloques 24 y 48 también. Esperamos que el Acuerdo de Paz se haga realidad y que la sangre no llegue al río. Que medio siglo de violencia que ha desangrado Colombia quede solo en la memoria y que nunca más debe repetirse.

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Política

Fiscal Rafael Vela califica de ilegal separación del juez Carhuancho

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Richard Concepción Carhuancho

Como un verdadero golpe contra la lucha anticorrupción fue calificada en las redes sociales el dictamen de una cuestionana sala de apelaciones que falló a favor de la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho.

La II Sala Penal Nacional de Apelaciones aprobó la virtual separación del prestigioso juez del caso, planteada por Humberto Abanto, defensor del fugitivo Jaime Yoshiyama, coacusado de Keiko Fujimori en el caso de lavado de activos mediante el uso de falsos aportantes para ocultar fondos electorales aportados por la ampresa Odebrecht.

“La separación de Richard Concepción es ilegal, se trata de una resolución irregular, que no ha seguido un trámite debido; se ha hecho mediante un escrito y no siguiendo los conductos regulares”, dijo indignado al respecto el coordinador del equipo de fiscales Lava Jato, Rafael Vela.

ILEGAL

Indicó que planteará la nulidad de la resolución y argumentó que la decisión fue anunciada sorpresivamente. “Esperábamos una notificación como corresponde, situación que nos lleva a pensar que es absolutamente irregular (…) y pretendemos que la sala dé marcha tras y lo restituya” a Carhuancho.

Vela agregó que planteará la nulidad procesal, porque no se respetaron los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación, por haberse emitido en tiempo récord sin escuchar a la Fiscalía y, además, no es verdad que el juez Carhuancho sea parcializado, como se dice.

“Pretendemos que la sala dé marcha tras y lo restituya en el caso a Concepción Carhuancho, porque con esta decisión se complican las investigaciones que se vienen realizando, más cuando Concepción Carhuancho tenía que resolver la situación legal de seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, el próximo 25 de enero”, señaló.

Por su parte, la resolución dice: “Declarar fundada la recusación formulada por la defensa técnica del investigado Clemente Jaime YoshiyamaTanaka contra el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Augusto Concepción Carhuancho, en el proceso N° 299-2017 seguido contra Clemente Jaime YoshiyamaTanaka y otros por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado”.

OTRO JUEZ VERÍA EL CASO

La resolución dispone que otro juez llamado por ley asuma el conocimiento del proceso conforme al sistema de asignación aleatorio.Yoshiyama había recusado al magistrado por haber brindado declaraciones en medios de comunicaciones sobre la investigación seguida contra Keiko Fujimori Higuchi y otros investigados.

En palabras simples, Richard Concepción ha sido apartado de todas las investigaciones acumuladas del caso cocteles que tienen que ver con el financiamiento de la campaña política de Fuerza 2011 y las anotaciones de Marcelo Odebrecht que indican aumentar a Keiko 500.

SE PRONUNCIA PÉREZ

La recusación fue presentada por el abogado de Yoshiyama, Humberto Abanto, quien consideró que el magistrado vulneró el principio de imparcialidad al considerar que la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato significaba un golpe a la institucionalidad.

El fiscal Pérez dijo que la decisión es desacertada, ilegal por donde se la vea y que puede permitir, a futuro, que Keiko Fujimori salga libre. “Por ello, como fiscal, estoy preocupado, pero hay que estar vigilantes para que esta resolución se revierta, porque esos jueces que tendrían alguna relación con los investigados, tienen que ser separados”, dijo.

Se refirió a que la sala que recusó al juez Carhuancho está integrada por Jessica León Yarango y está demostrado en una foto que es amiga de Pedro Chávarry, que favoreció a Alberto Fujimori y que archivó varios casos de “chuponeo”a periodistas durante la dictadura fujimorista.

“Y esa sala fue cuestionada porque liberó a Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz, demostrando ser prevaricadora y contraria a los intereses de la justicia, tal como está demostrado; además, no tenía la competencia”, dijo Pérez.

“No es posible que a la jueza Jessica León Yarango se le permita despachar en esa sala”, enfatizó.

“Se espera que haya una respuesta positiva (a la nulidad), más aún si se tiene en cuenta que dicha sala tiene vinculación con el exjuez Hinostroza. Por todos estos hechos estamos preocupados, porque el día de mañana la misma defensa que presentó la recusación puede pedir la liberación de Keiko Fujimori y obtenerla de otro juez”, dijo Pérez.

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Política

Nuevo aplazamiento de evaluación a Fujimori

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Alberto Fujimori

Saúl Tokuda, gerente de criminalística del Instituto de Medicina Legal, informó que tampoco ayer se realizó el peritaje médico al exdictador, por falta de un médico, y que hoy miércoles sí se llevará a cabo.

El doctor Edgardo Huarhua informó que tampoco pudieron hacerlo el martes porque recién ayer por la tarde fueron notificados de la nueva evaluación médica, tal como lo dispuso la Sala Especial de la Corte Suprema, para ver si el expresidente necesita permanecer en la clínica o debe ser trasladado a un penal.

El abogado Carlos Rivera, quien reconoce que Fujimori está enfermo, incluso no quiere que muera en un centro penitenciario, pero considera que debe cumplir la pena que le fue impuesta por crímenes contra los derechos humanos que fueron considerados de lesa humanidad y ser atendido en la prisión.

Si no sucede ningún imponderable, los médicos que lo evaluarán hoy son Marleny Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez, Edgardo Huarhua Cañas, Segundo Yovera Sandoval y Guzmán, los cuales verán en las pericias si debe continuar en el Clínica Centenario o debe ser trasladado a un penal.

Los deudos de la Cantuta y los Barrios Altos cuestionan que el expresidente permanezca más de cien días en la Clínica Centenario, en la que se internó alegando una descomposición, en cuanto se enteró de que su indulto había sido anulado por ilegal.

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Política

Sanción para responsables del aniego

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Alan García Pérez y Jorge Barata - Odebrecht - Tren Eléctrico

El presidente Martín Vizcarra anunció una investigación severa para determinar responsabilidades de la rotura de la tubería matriz de desagüe que provocó el aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho, y para sancionarlos.

“Ahora estamos trabajando para solucionar el problema, pero inmediatamente después tenemos que hacer una severa investigación sobre cuál es la causa y determinar responsabilidades, porque no le podemos cargar todo a Sedapal, que finalmente es el Estado, de todos los peruanos”, afirmó.

Informó que se ha comunicado con Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, para que esta institución forme una comisión de profesionales connotados que establezcan la causa del desastre.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Refirió que el informe del Colegio de Ingenieros será el insumo principal para que Sedapal y el Ministerio de Vivienda pueda formalizar la denuncia correspondiente a los responsables.

Subrayó que la Ley de Contrataciones del Estado establece que quien construye una obra asume toda la responsabilidad ante cualquier deficiencia después de 7 años de ejecutada.

“Y esta obra no tiene 7 años de construida, no tiene 7 años de entregada”, dijo Vizcarra, quien no descartó que el problema registrado en SJL sea otro efecto de la corrupción que sufre el Perú.

EN DEFENSA DE ODEBRECHT

Por su parte, el jefe aprista Alan García reapareció ante la prensa,tras asistir a una audiencia sobre el supuesto espionaje a sus teléfonos, y exculpó tácitamente a Odebrecht y su consorciada Graña y Montero, que construyeron la tubería matriz colapsada, al señalar que Sedapal tiene que asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

Además señaló: “Sedapal supervisó y recepcionó las obras en el año 2014, por consiguiente no puede eludir su responsabilidad ante lo que ha ocurrido en contra de tantas familias en esa zona” y nada dijo sobre el consorcio del Metro.

García afirmó que “el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima desde el río Rímac hasta el fin de San Juan de Lurigancho fue ejecutado absolutamente durante el Gobierno de Ollanta Humala”.

El exgobernante lanzó ataques contra el presidente Vizcarra, secundado por una raleada portátil, lamentando la renuncia del fiscal Chávarry e insistiendo en su intento de recuperar vigencia política pese a su desprestigio y al rechazo de la población, expresado en todas las encuestas.

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