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Los disidentes de las FARC intentan otra vez incendiar de violencia la Amazonía

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(Desde Colombia)

La violencia puede otra vez incendiar la Amazonía colombiana y las llamas del conflicto pueden extenderse por toda la triple frontera, abarcando el Brasil y el Perú.

Los protagonistas de este nuevo conflicto, que en realidad no ha terminado de apagarse, son los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) que se niegan a aceptar el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC, esgrimiendo el argumento de que el desarme facilitaría el arrasamiento de la Amazonía por las multinacionales petroleras, gasíferas, forestales y auríferas que se aprestan a ingresar al territorio amazónico.

De acuerdo a la ONU y otras organizaciones que monitorean el proceso de paz, la disidencia representaría el 10 por ciento de un total de 7 mil excombatientes registrados. Estos disidentes, de acuerdo a los expertos y testimonios recogidos por este cronista en Colombia, contarían con el apoyo de los productores de hoja de coca e incluso de pobladores indígenas que temen la invasión de sus tierras y territorios por las multinacionales.

PUERTAS SE ABREN AL GRAN CAPITAL
En una crónica publicada en este mismo diario (El Fospa y la defensa de la Amazonía, diario UNO, 7 de mayo de 2017) anticipamos estos hechos vinculados a la geopolítica y a los intereses económicos de las megacorporaciones extractivistas que asedian el espacio amazónico donde están las mayores riquezas para la economía global en crisis en el siglo XXI: agua, biodiversidad, minerales estratégicos, gas y petróleo.

Señalamos que la caída de los gobiernos de Inácio Lula, Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT) fue uno de los mayores triunfos de la geopolítica de los Estados Unidos en América del Sur y sobre todo en la cuenca amazónica. Porque ese triunfo de Washington derrumbó el mayor contrapeso geopolítico en Sudamérica y en la cuenca amazónica. Sin ese contrapeso, las puertas del estratégico espacio amazónico quedaban abiertas a la voracidad de las multinacionales hambrientas de recursos naturales.

En esa misma crónica dimos a conocer los testimonios de líderes indígenas colombianos recogidos en Leticia y la cuenca del Putumayo y también en Tarapoto, durante el VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA), a fines de abril de este año.

Esos testimonios expresan la satisfacción y aprobación por el Acuerdo de Paz.

Pero también el temor de que la llave del neoliberalismo abriera las puertas del desenfrenado extractivismo al capital transnacional con las consecuencias e impactos ambientales sobre los ecosistemas amazónicos y la vida de los pueblos indígenas.

EL DIFÍCIL PROCESO DE PAZ
La disidencia del 10 por ciento de un total de 7 mil guerrilleros se produce en un contexto en que el Acuerdo de Paz se implementa con mucha dificultad y también de hostilidad de los que votaron por el No en el plebiscito por la paz: el 50.2 por ciento de colombianos, mientras que los que votaron por el Sí representan el 49.7 por ciento.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es el opositor más recalcitrante y virulento del Acuerdo de Paz. Cree y sostiene que el presidente Juan Manuel Santos y el Estado colombiano han hecho demasiadas concesiones a las FARC, cuyo máximo jefe sigue siendo Rodrigo Londoño, “Timochenko”.

Esta oposición al proceso de paz ha ahondado aún más la polarización de Colombia, una nación con 48 millones de habitantes y donde los que votaron en las elecciones fueron 13 millones. Una prueba, como ocurre en toda América Latina y en la mayoría del mundo, del desgaste y la desligitimación de la democracia electoral. La gente, como ocurre en el Perú, ha dejado de creer en los políticos y en la política por varias causas: la corrupción, el engaño, el incumplimiento de las promesas, porque los Estados están tomados y controlados por los poderes fácticos.

En Colombia, dicen los analistas, el mayor problema no es la pobreza, sino la desigualdad. El 10 por ciento más rico recibe 21 veces lo que recibe el 10 por ciento más pobre. Pero esa desigualdad escandalosa e injusta es un problema estructural del capitalismo tardío del siglo XXI donde el capital ha expropiado al trabajo. Una prueba de ello es el informe de OXFAM: solo 8 ricos ganan más que 3,600 millones de las personas más pobres del mundo. Es decir, el capitalismo del siglo XXI es la mayor fábrica de pobres.

Medio siglo de violencia en Colombia ha dejado 200 mil muertos y 7 millones de desplazados y terribles heridas psicológicas, sociales, económicas, políticas y culturales que tardarán mucho tiempo en cicatrizarse y curarse. Es decir, la guerra ha terminado mediante un Acuerdo de Paz, pero sus estragos continúan: en las últimas semanas se han registrado más de 7 mil personas desplazadas de sus pueblos, en las zonas del Chocó y el norte de Santander, víctimas de la violencia provocada por la economía del narcotráfico y la minería aurífera ilegal.

LA AMAZONÍA EN EL OJO DE LA TORMENTA
La Amazonía colombiana, como la peruana, es un espacio rico en recursos naturales: gas, petróleo, oro, bauxita, coltán y otros recursos. Florencia, Mitú, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés son los territorios que guardan estas riquezas. Las multinacionales Pacific Stratus, Emerald Energy, Monterrico y otras poderosas empresas extractivas, así como ECOPETROL, se aprestan a instalarse en estas regiones.

Pero los disidentes de las FARC de los bloques 24 y 48 también. Esperamos que el Acuerdo de Paz se haga realidad y que la sangre no llegue al río. Que medio siglo de violencia que ha desangrado Colombia quede solo en la memoria y que nunca más debe repetirse.

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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