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Los costos de la inseguridad ciudadana

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Inseguridad ciudadana asalto en motocicleta con pistola

APOSTANDO POR LA SEGURIDAD INTEGRAL

El 11 de marzo pasado el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM en coordinación con el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral (CACSI) organizamos el “Segundo Foro de Integración en Seguridad”, en reconocimiento del 9º Aniversario del Vigilante Peruano, en razón de la importancia del problema de la inseguridad ciudadana.

Esta inseguridad que tiende a su agravación es percibida como el segundo gran problema por resolver, después de la macro y micro corrupción que corroe la sociedad peruana. Es más, ante la incapacidad del Estado por enfrentar y resolver esta realidad que atraviesa todas las clases sociales, las familias y empresas utilizando los mecanismos de mercado tratan de resolver esta problemática.

Con la participación de distinguidos expositores como el gerente de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, coronel de la PNP en retiro, Augusto Vega García, el general de la PNP en retiro Sergio Monar Moyoli; el gerente de la transnacional ABB, Wilson Bracamonte, empresa especializada en Seguridad Integral, y Tulio Salazar, gerente de capacitación de CACSI, se pudo reconocer la extensión y profundidad de la inseguridad a todo nivel que afecta a la población.

Número de denuncias de delitos registrados según tipo

ALGUNAS CIFRAS

Algunos datos relevantes nos pueden exponer la gravedad del problema, su relevancia y la necesidad de resolver en democracia, con eficiencia y transparencia la inseguridad ciudadana a todo nivel, que si bien se concentra en Lima, casi el 50% el número de los delitos registrados y denunciados ante la Policía Nacional y el Serenazgo, es una realidad que tiende a su agravación en las principales ciudades del país, sea Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo o Piura.

A nivel económico el costo de la inseguridad según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido cuantificado en el 2016 alcanzando la astronómica cifra de US$ 10,325 millones, lo que resulta en un equivalente del 2,77% del PBI, monto que en términos relativos supera el presupuesto destinado a la educación.

Si bien este costo incluye los gastos que tiene que asumir el Estado a través de la Policía Nacional, y el mantenimiento de las prisiones donde la tugurización en estas “universidades del delito”, demuestra la gravedad que tiene esta problemática.

EMPRESAS DE SEGURIDAD

La seguridad integral como la educación y la salud es un bien público, y básicamente una responsabilidad del Estado, que no puede ser delegada a privados. Pero es tal la debilidad y la ineficiencia del Estado peruano, al margen de la corrupción que subyace en las fuerzas policiales, que la solución del mercado explica el surguimiento de empresas especializadas en los diversos servicios de seguridad.

En tal sentido, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones, y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) al mes de febrero del presente año, existen registradas 2,869 empresas de seguridad con registros vigentes, estando concentradas 1,126 en Lima (39.2%), en La Libertad 169 (5.8%), Arequipa con 151 (5.2%), Piura participa con 142 (4.9%) etc. lo que evidencia que la seguridad se ha convertido en un negocio rentable ante la incapacidad del propio Estado de enfrentar y resolver la problemática de la inseguridad.

No solamente se trata de la existencia de 2,869 empresas privadas de las cuales 1,891 están destinadas a la vigilancia privada, 665 se dedican al servicio individual de seguridad personal, 99 están al servicio de protección de personal, y a prestar servicios de tecnología en seguridad, GPS, control de accesos, ingeniería etc.

Con estas empresas entre las cuales destacan por ejemplo Prosegur, J&V Resguardo, G4S, Seguritas, Proseguridad, Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control, Seguroc por mencionar a las más importantes.

Estas empresas emplean por lo menos 150 mil vigilantes formales a nivel nacional, con ingresos que no guardan proporción con los riesgos a la vida y salud asumidos, en jornadas que superan largamente las ocho horas, con jornada nocturna que muchas veces no es reconocida.

Al margen de la reproducción de prácticas abusivas en contra de los vigilantes, pues se puede declarar un costo empresarial de S/ 4,000 o S/ 5,000 por vigilante, pero en la realidad se paga al mismo un poco más de S/ 1,200 a S/1,500 a lo sumo. ¡Esta es la solución de mercado que tiende a su generalización!

EXPLOSIÓN DELICTIVA

Es tan grave la inseguridad ciudadana que solamente las denuncias por los delitos registrados entre el 2012 y 2017 con la estadística especializada se ha incrementado de los 273 mil delitos a prácticamente los 400 mil en el 2017. Ver cuadro “Número de Denuncias de Delitos Registrados, según tipo”.

Siendo el más numeroso y recurrente los delitos contra el patrimonio que ha transitado de los 103 mil en el año 2002 para alcanzar los 265 mil en el 2017. En este delito contra el patrimonio las modalidades más recurrentes se relacionan con el hurto, el robo, la estafa, la apropiación ilícita, fraude etc.

Le sigue en importancia los delitos contra la seguridad pública que en el período mencionado se han incrementado de los 14,839 en el 2012 para llegar a sumar los 49,385 en el 2017, lo cual expone los mayores grados de violencia que tiene la sociedad peruana.

En el mismo sentido, los delitos contra la vida, el cuerpo, y la salud aumentan de manera significativa pasando de los 39 mil a sumar los 50,569 delitos registrados en el 2017, con tendencia a su agravación por la debilidad del Estado, la falta de eficiencia en la Policía Nacional, y la corrupción interna que la carcome.

En verdad, esta información expone la gravedad de la inseguridad ciudadana que deben enfrentar las nuevas autoridades elegidas de los gobiernos locales y regionales, que no solamente se trata de la falta de recursos económicos, y equipamiento, sino que se relaciona con los altos niveles de corrupción existente en las municipalidades, como una expresión de la corrupción generalizada.

Ello es particularmente grave en las regiones ricas gracias a la explotación de recursos naturales como Arequipa con el canon minero, el Cusco que tiene los ingresos del canon gasífero y canon minero más los ingresos provenientes de la actividad turística, o los departamentos ricos del norte del país como Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, donde la riqueza atrae al delito, como “la miel a las moscas”.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En particular me llamó la atención la participación del gerente de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, pues con claridad meridiana planteó una serie de medidas que se están poniendo en práctica con la nueva gestión municipal, reconociendo la necesidad de superar los departamentos estancados, vacíos legales y celos que pudieran existir entre las fuerzas policiales que dependen del Ministerio del Interior y el serenazgo, fuerza preventiva de responsabilidad municipal.

El 80% de los denuncias se registra a nivel de las distintas comisarías, que muchas veces no comparten la información relevante con otras distritales. Así, por ejemplo se puede tener registro de los delincuentes a nivel distrital, pero esta información no se comparte a nivel provincial para un monitoreo. De allí, que un delincuente puede estar prontuariado en un distrito del Callao, pero santificado en La Victoria, pues no se intercambia la información en línea.

Igualmente se señaló la escasa y pobre colaboración entre los serenazgos distritales entre ellos mismos y con la misma policía lo cual debilita la lucha contra el delito y el crimen organizado. Al no compartir información relevante sobre los delitos, actores, modalidades, calles peligrosas se debilita la lucha contra la inseguridad ciudadana.

De allí la necesidad de una mayor racionalidad en el uso de los recursos que tiene cada distrito en una sinergia interdistrital que potencie la supervisión, la vigilancia, la prevención, disuasión y represión del delito y crimen organizado.

DELITO E INVERSIONES

Los países con futuro resuelven en democracia y transparencia la lucha contra la inseguridad ciudadana, con la participación de la población de barrios, manzanas, centros poblados. De allí la necesidad de usar la tecnología moderna para una mejor vigilancia, y la prevención frente al delito.

Nuestro país entre el 2004 y 2012 ha tenido una de las tasas de crecimiento económico más importantes a nivel mundial, pues anualmente se ha crecido en un promedio de 6% anual, lo cual ha permitido disminuir la pobreza extrema, el subempleo, mejorando los ingresos monetarios.

Sin embargo, en la presente coyuntura la inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema más angustiante de la población después de la corrupción. De allí la necesidad de medidas radicales para la lucha efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado.

El propio Estado a través de Proinversión estima una proyección de inversiones del orden de los US$ 18,225 millones al 2021. Solamente el sector minero a través del departamento de promoción minera proyecta en más de US$ 56 mil millones la inversión en los nuevos proyectos mineros más las ampliaciones.

Podemos especular con los diversos montos de inversiones proyectadas, pero si no se resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, en una lucha efectiva contra el delito y el crimen organizado, no solamente aumentará el costo económico, sino que muchas de esas inversiones serán una quimera, pues una de las condiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros se estima por la estabilidad política y la seguridad ciudadana.

Solamente un estado fallido es incapaz de ofrecer a sus ciudadanos la debida seguridad ciudadana que es una condición para un mayor bienestar, pues la riqueza atrae al delito, cuando existen graves desigualdades sociales y falta de oportunidades de empleo digno.

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Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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