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Los costos de la inseguridad ciudadana

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Inseguridad ciudadana asalto en motocicleta con pistola

APOSTANDO POR LA SEGURIDAD INTEGRAL

El 11 de marzo pasado el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM en coordinación con el Centro de Asesoría & Capacitación en Seguridad Integral (CACSI) organizamos el “Segundo Foro de Integración en Seguridad”, en reconocimiento del 9º Aniversario del Vigilante Peruano, en razón de la importancia del problema de la inseguridad ciudadana.

Esta inseguridad que tiende a su agravación es percibida como el segundo gran problema por resolver, después de la macro y micro corrupción que corroe la sociedad peruana. Es más, ante la incapacidad del Estado por enfrentar y resolver esta realidad que atraviesa todas las clases sociales, las familias y empresas utilizando los mecanismos de mercado tratan de resolver esta problemática.

Con la participación de distinguidos expositores como el gerente de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, coronel de la PNP en retiro, Augusto Vega García, el general de la PNP en retiro Sergio Monar Moyoli; el gerente de la transnacional ABB, Wilson Bracamonte, empresa especializada en Seguridad Integral, y Tulio Salazar, gerente de capacitación de CACSI, se pudo reconocer la extensión y profundidad de la inseguridad a todo nivel que afecta a la población.

Número de denuncias de delitos registrados según tipo

ALGUNAS CIFRAS

Algunos datos relevantes nos pueden exponer la gravedad del problema, su relevancia y la necesidad de resolver en democracia, con eficiencia y transparencia la inseguridad ciudadana a todo nivel, que si bien se concentra en Lima, casi el 50% el número de los delitos registrados y denunciados ante la Policía Nacional y el Serenazgo, es una realidad que tiende a su agravación en las principales ciudades del país, sea Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo o Piura.

A nivel económico el costo de la inseguridad según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido cuantificado en el 2016 alcanzando la astronómica cifra de US$ 10,325 millones, lo que resulta en un equivalente del 2,77% del PBI, monto que en términos relativos supera el presupuesto destinado a la educación.

Si bien este costo incluye los gastos que tiene que asumir el Estado a través de la Policía Nacional, y el mantenimiento de las prisiones donde la tugurización en estas “universidades del delito”, demuestra la gravedad que tiene esta problemática.

EMPRESAS DE SEGURIDAD

La seguridad integral como la educación y la salud es un bien público, y básicamente una responsabilidad del Estado, que no puede ser delegada a privados. Pero es tal la debilidad y la ineficiencia del Estado peruano, al margen de la corrupción que subyace en las fuerzas policiales, que la solución del mercado explica el surguimiento de empresas especializadas en los diversos servicios de seguridad.

En tal sentido, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones, y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) al mes de febrero del presente año, existen registradas 2,869 empresas de seguridad con registros vigentes, estando concentradas 1,126 en Lima (39.2%), en La Libertad 169 (5.8%), Arequipa con 151 (5.2%), Piura participa con 142 (4.9%) etc. lo que evidencia que la seguridad se ha convertido en un negocio rentable ante la incapacidad del propio Estado de enfrentar y resolver la problemática de la inseguridad.

No solamente se trata de la existencia de 2,869 empresas privadas de las cuales 1,891 están destinadas a la vigilancia privada, 665 se dedican al servicio individual de seguridad personal, 99 están al servicio de protección de personal, y a prestar servicios de tecnología en seguridad, GPS, control de accesos, ingeniería etc.

Con estas empresas entre las cuales destacan por ejemplo Prosegur, J&V Resguardo, G4S, Seguritas, Proseguridad, Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control, Seguroc por mencionar a las más importantes.

Estas empresas emplean por lo menos 150 mil vigilantes formales a nivel nacional, con ingresos que no guardan proporción con los riesgos a la vida y salud asumidos, en jornadas que superan largamente las ocho horas, con jornada nocturna que muchas veces no es reconocida.

Al margen de la reproducción de prácticas abusivas en contra de los vigilantes, pues se puede declarar un costo empresarial de S/ 4,000 o S/ 5,000 por vigilante, pero en la realidad se paga al mismo un poco más de S/ 1,200 a S/1,500 a lo sumo. ¡Esta es la solución de mercado que tiende a su generalización!

EXPLOSIÓN DELICTIVA

Es tan grave la inseguridad ciudadana que solamente las denuncias por los delitos registrados entre el 2012 y 2017 con la estadística especializada se ha incrementado de los 273 mil delitos a prácticamente los 400 mil en el 2017. Ver cuadro “Número de Denuncias de Delitos Registrados, según tipo”.

Siendo el más numeroso y recurrente los delitos contra el patrimonio que ha transitado de los 103 mil en el año 2002 para alcanzar los 265 mil en el 2017. En este delito contra el patrimonio las modalidades más recurrentes se relacionan con el hurto, el robo, la estafa, la apropiación ilícita, fraude etc.

Le sigue en importancia los delitos contra la seguridad pública que en el período mencionado se han incrementado de los 14,839 en el 2012 para llegar a sumar los 49,385 en el 2017, lo cual expone los mayores grados de violencia que tiene la sociedad peruana.

En el mismo sentido, los delitos contra la vida, el cuerpo, y la salud aumentan de manera significativa pasando de los 39 mil a sumar los 50,569 delitos registrados en el 2017, con tendencia a su agravación por la debilidad del Estado, la falta de eficiencia en la Policía Nacional, y la corrupción interna que la carcome.

En verdad, esta información expone la gravedad de la inseguridad ciudadana que deben enfrentar las nuevas autoridades elegidas de los gobiernos locales y regionales, que no solamente se trata de la falta de recursos económicos, y equipamiento, sino que se relaciona con los altos niveles de corrupción existente en las municipalidades, como una expresión de la corrupción generalizada.

Ello es particularmente grave en las regiones ricas gracias a la explotación de recursos naturales como Arequipa con el canon minero, el Cusco que tiene los ingresos del canon gasífero y canon minero más los ingresos provenientes de la actividad turística, o los departamentos ricos del norte del país como Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, donde la riqueza atrae al delito, como “la miel a las moscas”.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En particular me llamó la atención la participación del gerente de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, pues con claridad meridiana planteó una serie de medidas que se están poniendo en práctica con la nueva gestión municipal, reconociendo la necesidad de superar los departamentos estancados, vacíos legales y celos que pudieran existir entre las fuerzas policiales que dependen del Ministerio del Interior y el serenazgo, fuerza preventiva de responsabilidad municipal.

El 80% de los denuncias se registra a nivel de las distintas comisarías, que muchas veces no comparten la información relevante con otras distritales. Así, por ejemplo se puede tener registro de los delincuentes a nivel distrital, pero esta información no se comparte a nivel provincial para un monitoreo. De allí, que un delincuente puede estar prontuariado en un distrito del Callao, pero santificado en La Victoria, pues no se intercambia la información en línea.

Igualmente se señaló la escasa y pobre colaboración entre los serenazgos distritales entre ellos mismos y con la misma policía lo cual debilita la lucha contra el delito y el crimen organizado. Al no compartir información relevante sobre los delitos, actores, modalidades, calles peligrosas se debilita la lucha contra la inseguridad ciudadana.

De allí la necesidad de una mayor racionalidad en el uso de los recursos que tiene cada distrito en una sinergia interdistrital que potencie la supervisión, la vigilancia, la prevención, disuasión y represión del delito y crimen organizado.

DELITO E INVERSIONES

Los países con futuro resuelven en democracia y transparencia la lucha contra la inseguridad ciudadana, con la participación de la población de barrios, manzanas, centros poblados. De allí la necesidad de usar la tecnología moderna para una mejor vigilancia, y la prevención frente al delito.

Nuestro país entre el 2004 y 2012 ha tenido una de las tasas de crecimiento económico más importantes a nivel mundial, pues anualmente se ha crecido en un promedio de 6% anual, lo cual ha permitido disminuir la pobreza extrema, el subempleo, mejorando los ingresos monetarios.

Sin embargo, en la presente coyuntura la inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema más angustiante de la población después de la corrupción. De allí la necesidad de medidas radicales para la lucha efectiva contra la delincuencia y el crimen organizado.

El propio Estado a través de Proinversión estima una proyección de inversiones del orden de los US$ 18,225 millones al 2021. Solamente el sector minero a través del departamento de promoción minera proyecta en más de US$ 56 mil millones la inversión en los nuevos proyectos mineros más las ampliaciones.

Podemos especular con los diversos montos de inversiones proyectadas, pero si no se resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, en una lucha efectiva contra el delito y el crimen organizado, no solamente aumentará el costo económico, sino que muchas de esas inversiones serán una quimera, pues una de las condiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros se estima por la estabilidad política y la seguridad ciudadana.

Solamente un estado fallido es incapaz de ofrecer a sus ciudadanos la debida seguridad ciudadana que es una condición para un mayor bienestar, pues la riqueza atrae al delito, cuando existen graves desigualdades sociales y falta de oportunidades de empleo digno.

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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