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Los costos de la corrupción fujimorista

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No tengo la más mínima simpatía por el presidente Kuczynski, pero me alegro que no haya sido vacado. Desde el punto de vista institucional nuestra democracia es débil, frágil, adolescente pues los partidos políticos son disfuncionales, se activan solamente en los tiempos electorales, algunos tienen una fuerte presencia familiar, hay partidos de allegados y amigos, o han sido capturados por cúpulas partidarias ajenas a las fuerzas que supuestamente representan.

Sin embargo, debiera llamar la atención el carácter político y económico del fujimorismo que gobernó el país mediante una dictadura desde el 5 de abril de 1992 hasta el 2000, estableciendo un sistema general de corrupción, copando y capturando todos los poderes, comprando votos de congresistas, con jueces y fiscales a sueldo, degradando las instituciones, rematando las empresas públicas, con un régimen de prebenda y asistencialismo que le permitió una base social popular que hasta hoy mantiene, a pesar del cáncer de la corrupción.

LA ENTRAÑA CORRUPTA
Como testigo de excepción profesionalmente he sido asesor de don Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco y José Carrasco Távara entre 1997 y el 2006; también he formado parte de varias comisiones investigadoras en el Congreso de la República, en especial de la Comisión de Delitos Económicos en el 2001, y puedo atestiguar sobre la entraña corrupta del fujimorismo, que quiere volver al poder en alianza con las grandes empresas y grupos de poder, que concentran y controlan los sectores económicos más importantes de la economía peruana.

Siempre me he preguntado sobre las razones por las cuales después de la recuperación democrática en el 2001, con el fugado presidente Alberto Fujimori que renunció mediante una carta enviada por fax y fuera vacado por el Congreso de la República por “incapacidad moral”. Con los principales líderes fujimoristas, congresistas, oficiales de las fuerzas armadas, magistrados, en desgracia, muchos de ellos presos; han pasado los años, y en las elecciones del 2011 y 2016 por medio de la hija del dictador, Keiko Fujimori, pudo disputar la presidencia pues perdió las elecciones con una mínima diferencia.

¿Qué ha pasado en la política peruana y en la democracia para que el fujimorismo reducido ayer a la más mínima expresión, resurja hoy a pesar de los gobiernos democráticos? ¿Qué errores, delitos, faltas han cometido los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García Pérez, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, para que el fujimorismo sea hoy la principal fuerza política, a pesar de la historia?

Esta interrogante adquiere la mayor importancia ahora que el escándalo Odebrecht sacude la política y la economía peruana, por la extensión y profundidad de la corrupción real y aparente. Si bien esta empresa brasileña opera en nuestro país desde 1978, los negociados y malas prácticas de Odebrecht están solamente limitados a las grandes inversiones públicas con participación privada durante los gobiernos democráticos de los regímenes citados.

Se debe reconocer que la corrupción puesta de manifiesta es la misma que justificó el proceso de privatización de rentables empresas a precios de remate, sin planeamiento ni estrategia nacional de desarrollo. Es la misma corrupción que estuvo detrás de los rescates financieros de 1997/1998 de los bancos quebrados Wiese, Latino, NBK, y Nuevo Mundo, de las operaciones irregulares con la deuda externa, las comisiones ilegales en las compras de armas, los manejos indebidos con el fondo militar del fondo de pensiones, y las actividades ilícitas del asesor Vladimiro Montesinos.

Se debe tener entender que la corrupción es un producto histórico-natural del modelo económico neoliberal que se ha instaurado desde 1992 a la fecha. El capitalismo secreta crisis y corrupción, sin embargo la democracia es el único sistema que a través de la regulación y la transparencia puede denunciar las prácticas corruptas y establecer las sanciones correspondientes. Por ello, no debemos olvidar la historia sobre el costo de la corrupción durante el régimen del fujimorismo.

Por ello, repensar un “capitalismo sin corrupción” es como pensar en un “capitalismo sin crisis”, al igual que un hierro de madera, o un círculo cuadrado. Por tanto es importante recordar y tener siempre presente la historia, de allí la estimación de los costos directos e indirectos de la corrupción en el período 1990-1999 en millones de dólares.

Principales costos directos e indirectos de la corrupción, Perú - 1990 - 1999 (millones de dólares)

LOS COSTOS DE LA CORRUPCIÓN
El historiador económico Alfonso W. Quiroz en su clásico libro “Historia de la Corrupción en el Perú” realizó una estimación de los costos de la corrupción durante el régimen del fujimorismo desde 1990 a 1999, identificando a dicho régimen como el más corrupto de la historia republicana. El cálculo realizado por el notable historiador tempranamente desaparecido, ha sido estimado en un total de US $ 14,091 millones de dólares, de los cuales US $ 4,091 millones corresponden a los costos directos, y un monto de US $ 10,000 millones de dólares por inversiones extranjeras perdidas, aplicando el principio del costo de oportunidad. Ello se puede observar en el cuadro respectivo “Principales costos directos e indirectos de la corrupción, Perú, 1990-1999” en millones de dólares.

No debiera extrañar el primer lugar en lo referente a los montos de la corrupción producto de las privatizaciones donde se perdió la suma de US $ 1,400 millones de dólares, sea por valorizaciones interesadas, precios pactados irrisorios, mínimos, compromisos de inversión franciscanos, entrega de lotes petroleros con reservas probadas de hidrocarburos. Un ejemplo, la Refinería La Pampilla principal activo industrial de PetroPerú fue valorizada en US $ 110 millones de dólares cuando en 1995 generaba como unidad independiente utilidades mayores a los US $ 65 millones de dólares y con ingresos por ventas superiores a los US $ 800 millones de dólares anuales.

El proceso de privatización de las empresas públicas, de transferencia de activos, de empresas rentables para favorecer la valorización del capital privado. Este proceso de transferencia de riqueza a favor de grandes empresas transnacionales y grupos de poder local, ha significado una pérdida económica producto de prácticas corruptas, tal como demostró el Informe Final de la Comisión de Delitos Económicos bajo la presidencia del extinto congresista Javier Diez Canseco.

Según el historiador Alfonso Quiroz, mediante malversaciones, sobornos, favores y decretos secretos, la sociedad y el estado peruano dejaron de percibir un aproximado de US $ 1,400 millones de dólares mediante el proceso privatizador. Ello explica por ejemplo como las unidades mineras de Centromín, como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco fueran transferidas a precio de regalo a la minera Volcan del grupo Letts Colmenares.

La privatización de las empresas mineras como Condestable, Cerro Verde, Minero Perú fueron transferidas a una fracción de su valor a favor de las grandes empresas transnacionales, con mínimos compromisos de inversiones, las cuales se han beneficiado del boom de precios de los minerales en el período 2003/2013. ¿Alguno ha calculado lo que ha perdido el estado con las privatizaciones mineras?

Lo mismo se reprodujo con la privatización fragmentada de las unidades, activos, filiales de PetroPerú, la principal empresa del sector de hidrocarburos hasta antes de 1995. Sirva de ejemplo el caso de la envasadora de GLP Solgás cuya mayoría accionaria fue vendida en 1992 a menos de US $ 7.5 millones cuando generaba ingresos mayores a los US $ 40 millones de dólares y utilidades anuales superiores a los US $ 2.5 millones.

Lo paradójico es que los nuevos dueños en 1995 revendieron esta empresa por más de US $ 38 millones a la transnacional española Repsol que controló más del 40 por ciento del mercado del gas licuado de petróleo (GLP) hasta hace poco.

PRÁCTICAS CORRUPTAS
En especial cabe destacar los costos de la corrupción que involucran a la presidencia y al servicio secreto de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, donde sobresalen los manejos de las ONGs Apenkay, los montos de contingencia por más de 122 millones de dólares, de los cuales US $ 15 millones fueron utilizados para pagar una CTS, una indebida compensación por tiempo de servicios al siniestro asesor. También se estima la corrupción por las transferencias del Servicio de Inteligencia (SIN), los desfalcos de la aseguradora Popular y Porvenir, el tráfico de drogas que en algún momento comprometió al avión presidencial, y a los buques de la marina.

EPÍLOGO
Han pasado más de 25 años desde el golpe del llamado 5 de abril de 1992, y pareciera que no hemos aprendido la lección. La entraña corrupta del fujimorismo que tiene el control mayoritario del Congreso de la República por la debilidad de las fuerzas democráticas aspira a la vacancia presidencial bajo el supuesto principio de la incapacidad moral del actual Presidente de la República que ganó las elecciones en un reñido proceso.

Las fuerzas democráticas, progresistas y populares no pueden violentar el debido proceso y vacar al presidente sin una acuciosa investigación, de allí que debemos apoyar la continuidad y legalidad democrática, rechazando el acaparamiento del poder y el control total de las instituciones por parte del fujimorismo. ¡El poder absoluto corrompe absolutamente!

Los efectos económicos de la inestabilidad política tendrán efectos negativos en nuestro país que gracias a la restauración democrática del 2001 pudo asegurar un crecimiento económico inducido por el sector externo y los buenos precios de los minerales. Sin embargo, los costos de la corrupción y la inestabilidad nos está pasando la factura no solamente por el retraso de la construcción del gasoducto del sur, en la construcción del aeropuerto de Chincheros, la demora en las inversiones en la reconstrucción del norte del país, en la subida del precio del dólar y en la postergación de las licitaciones de proyectos mineros como Michichillay y otras inversiones más.

Por último, no deja de ser una paradoja de la historia que partidos y grupos políticos genéticamente identificados con la corrupción como el fujimorismo y el Apra de García encabecen la lucha contra la misma, queriendo vacar al presidente de la República sin el debido proceso legal.

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Política

Cargamontón contra el fiscal Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

Erasmo Reyna, el exabogado de Alan García, señaló que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar el celular del fallecido expresidente busca convalidar el tiempo que ha tenido el dispositivo en su poder de manera ilegal.

“No solamente están buscando incautar el bien, el celular, que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril”, señaló Reyna.

“Lo tiene de manera ilegal porque recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial, le autorice para poder justamente tener este bien. Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice”, agregó.

Reyna calificó los hechos como “una actitud perversa” y señaló que el hijo mayor de Alan García pidió semanas atrás la entrega de los objetos personales de su padre y que aún no obtiene una respuesta.

Erasmo Reyna

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO

“Me parece que la investigación debe seguir su curso porque no se trata solo de identificar el rol específico que Alan García puede haber jugado en el esquema de corrupción”, dijo el analista político Carlos Monge.

“Se trata también de identificar la red de relaciones de quienes de adentro del Poder Judicial protegían a Alan García, incluso él mismo decía que tenía informantes; entonces me parece que si bien Alan García se suicidó, eso no agota seguir adelante con las investigaciones”, afirmó.

“El levantamiento del secreto de sus comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, el allanamiento del domicilio o de los locales donde pudiese haber documentación, el requerir instrumentos de comunicación, como el celular o como podría haber sido una laptop, son parte de un proceso de investigación que no tiene porqué interrumpirse”, aseguró.

“No me llama la atención que el Apra reaccione, porque está tratando de construir la idea de un mito, de un mártir de la democracia o lo que sea, en ese sentido no tiene ningún interés en que sepa más acerca de las responsabilidades directas de Alan García, los contactos que han estado usando para protegerse”, sostuvo.

Mercedes Araoz

ARÁOZ Y SU CORAZONCITO APRISTA

“Recordemos que Mercedes Aráoz fue ministra de Economía y ha sido candidata del Apra, entonces sus vínculos políticos existen -¡ojalá no existan vínculos de corrupción!-, al menos es fuerte el vínculo político: no es poca cosa ser ministra de Economía, no es poca cosa ser candidata presidencial, es un vínculo muy fuerte que en este caso no está comportándose como miembro integrante del Ejecutivo, que está colocando la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda, me parece que más bien sigue comportándose como parte del entorno personal y político de Alan García”, observó.

“No me sorprende que lo haga, que salga con posiciones tan discordantes del presidente Vizcarra y el Ejecutivo, pero sí me preocupa porque en el caso de que el presidente Vizcarra tenga un problema de salud o político, quien asumiría la presidencia de la República sería ella”, comentó.

“Eso significaría una orientación totalmente diferente en la lucha contra la corrupción y eso es preocupante. Ojalá que esta no sea una jugada en pared con el fujiaprismo. Es como si dijera: ‘ustedes traten de vacar a Vizcarra y yo me ofrezco como una presidenta amigable’, eso puede ser, ojalá que no”, concluyó Monge.

Javier Velásquez Quesquén

ME SORPRENDE QUE SE META EN ESO

“En primer lugar la incautación es absolutamente legal, sí es legal es legítima; en segundo lugar, la responsabilidad penal de Alan García ha caducado con su muerte, pero las investigaciones sobre los hechos, no”, afirmó Alberto Quintanilla legislador de Nuevo Perú.

“Hay que tener en cuenta que hay otros presuntos responsables y reparaciones civiles en favor del Estado que están pendientes de ser resueltas y que de ninguna manera se separarían de la investigación”, subrayó.

“Esa es una interpretación absolutamente equivocada de Velásquez Quesquén, Erasmo Reyna y de la señora Mercedes Aráoz. Lo que ellos quieren es que no se conozca la verdad y también que no se sepa quiénes fueron los cómplices de Alan García”, destacó.

ALGO MÁS

“Y lo que está haciendo (el fiscal Pérez) es regularizar el celular con su incautación, porque si no tendrían que devolverlo a sus herederos y allí queda. Me sorprende que Mercedes Aráoz se meta en eso, parece que está interesada en encubrir algo; no vaya a ser que en los presuntos congresistas que habrían recibido plata esté metida por ahí, ¿no?”, agregó el legislador de Nuevo Perú.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Congresistas favorecidos por Odebrecht se hacen los locos

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Alberto de Belaunde

Alberto de Belaunde, legislador de la Bancada Liberal, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país.

“El equipo de fiscales del caso Lava Jato ha demostrado que ni los expresidentes, ni los líderes de los partidos políticos son intocables. Es hora de demostrar que los congresistas tampoco son intocables”, dijo el legislador.

“Acá no puede haber intocables, no importa si son congresistas, funcionarios o personalidades. Todos los que han cometido alguna irregularidad o delito tienen que ser investigados y, si corresponde, ser procesados y sentenciados”, expresó.

Advirtió que quizá el país se llevaría muchas sorpresas de obtener esa información y también la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores.

NO ES UN HECHO NUEVO

“Bueno ese no es un hecho nuevo, desde hace muchísimo tiempo anuncié que había muchísimos congresistas o beneficiados con aportes económicos para su campaña electoral de parte de Odebrecht”, dijo la congresista Maritza García.

“Siempre anunciamos eso y es un secreto a voces, y esperamos que salgan a la luz para que se conozca quiénes son los que llegaron al congreso con una campaña transparente y quiénes con dinero sucio al poder, para realizar sus lobbies”, enfatizó.

“Debe saberse de manera inmediata los nombres, caiga quien caiga; tenemos derecho a saber y que las investigaciones sean claras y objetivas, y si están siendo investigados, no tiene por qué ocultarse”, sentenció.

Dijo que esos casos pertenecen a una carpeta judicial. Es importante que se sepa a los que están involucrados en delitos de corrupción, mafias y redes, para que no se vuelvan a repetir”, concluyó Maritza García.

ESTRATEGIA DE LA CORRUPCIÓN

“Bueno, ya hace mucho tiempo se habló de congresistas financiados por las empresas brasileñas, sea Odebrecht, OAS, incluso las que están vinculadas con el Club de la Construcción”, dijo el excongresista Juan Pari, quien fuera presidente de la Comisión Lava Jato.

“Yo creo que ese tema tiene que revelarse porque las empresas corruptas han capturado todo el sistema político y han neutralizado al Congreso como el ente político más importante de la función pública del país”, resaltó.

“Es sumamente importante de que esos congresistas que hayan caído en coimas y prebendas de esas empresas corruptas, sean revelados para que sepa la función que tuvieron en los periodos legislativos del país”, agregó.

HOMOLOGACIÓN PERMITIRÁ USAR LOS INTERROGATORIOS, ASEGURA CONGRESISTA DE BELAUNDE

De Belaunde destacó también la reciente homologación del acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht “porque permitirá utilizar los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora brasileña en los procesos judiciales que se siguen en nuestro país”.

Resaltó que el Poder Judicial ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y ha reconocido que existe proporcionalidad entre la información que ha entregado la empresa brasileña y los beneficios otorgados por la Fiscalía.

“Esto echa por tierra a todos los políticos y analistas que decían que era un mal acuerdo o entreguista. Demuestra que la Fiscalía ha venido actuando de manera adecuada”, señaló.

En marzo del 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en la campañas de congresistas.

ALGO MÁS

“Hay informes vergonzosos que se archivaron para que la corrupción avance. Por eso reitero, concluyó Juan Pari,que la estrategia de la corrupción era capturar todo el sistema político, no solamente el Ejecutivo sino controlar el Legislativo”.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

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Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas en un conflicto social del año 2009, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes.

Como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.

Como consecuencia de esta actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda, Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez, quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.

Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la Fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los efectivos policiales autores de estos crímenes, solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.

El caso es que al existir abiertas dos investigaciones y formularse dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación; tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión y por lo cual de acuerdo a la norma procesal, debía de acumularse necesariamente.

Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales, resolución que fue apelada por la Fiscalía y la defensa legal de las víctimas, siendo declarado fundado el recurso de apelación por la segunda y última instancia, por lo cual se dispuso la acumulación de los dos procesos antes citados.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros considera que la acumulación procesal constituye un paso firme para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares y se las repare de forma integral. Además, exige al Estado Peruano que cese su política de criminalización de la protesta social y que, por el contrario, establezca una política pública y un sistema normativo que garantice el derecho y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, especialmente de los pueblos indígenas.

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