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Los costos de la corrupción fujimorista

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No tengo la más mínima simpatía por el presidente Kuczynski, pero me alegro que no haya sido vacado. Desde el punto de vista institucional nuestra democracia es débil, frágil, adolescente pues los partidos políticos son disfuncionales, se activan solamente en los tiempos electorales, algunos tienen una fuerte presencia familiar, hay partidos de allegados y amigos, o han sido capturados por cúpulas partidarias ajenas a las fuerzas que supuestamente representan.

Sin embargo, debiera llamar la atención el carácter político y económico del fujimorismo que gobernó el país mediante una dictadura desde el 5 de abril de 1992 hasta el 2000, estableciendo un sistema general de corrupción, copando y capturando todos los poderes, comprando votos de congresistas, con jueces y fiscales a sueldo, degradando las instituciones, rematando las empresas públicas, con un régimen de prebenda y asistencialismo que le permitió una base social popular que hasta hoy mantiene, a pesar del cáncer de la corrupción.

LA ENTRAÑA CORRUPTA
Como testigo de excepción profesionalmente he sido asesor de don Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco y José Carrasco Távara entre 1997 y el 2006; también he formado parte de varias comisiones investigadoras en el Congreso de la República, en especial de la Comisión de Delitos Económicos en el 2001, y puedo atestiguar sobre la entraña corrupta del fujimorismo, que quiere volver al poder en alianza con las grandes empresas y grupos de poder, que concentran y controlan los sectores económicos más importantes de la economía peruana.

Siempre me he preguntado sobre las razones por las cuales después de la recuperación democrática en el 2001, con el fugado presidente Alberto Fujimori que renunció mediante una carta enviada por fax y fuera vacado por el Congreso de la República por “incapacidad moral”. Con los principales líderes fujimoristas, congresistas, oficiales de las fuerzas armadas, magistrados, en desgracia, muchos de ellos presos; han pasado los años, y en las elecciones del 2011 y 2016 por medio de la hija del dictador, Keiko Fujimori, pudo disputar la presidencia pues perdió las elecciones con una mínima diferencia.

¿Qué ha pasado en la política peruana y en la democracia para que el fujimorismo reducido ayer a la más mínima expresión, resurja hoy a pesar de los gobiernos democráticos? ¿Qué errores, delitos, faltas han cometido los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García Pérez, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, para que el fujimorismo sea hoy la principal fuerza política, a pesar de la historia?

Esta interrogante adquiere la mayor importancia ahora que el escándalo Odebrecht sacude la política y la economía peruana, por la extensión y profundidad de la corrupción real y aparente. Si bien esta empresa brasileña opera en nuestro país desde 1978, los negociados y malas prácticas de Odebrecht están solamente limitados a las grandes inversiones públicas con participación privada durante los gobiernos democráticos de los regímenes citados.

Se debe reconocer que la corrupción puesta de manifiesta es la misma que justificó el proceso de privatización de rentables empresas a precios de remate, sin planeamiento ni estrategia nacional de desarrollo. Es la misma corrupción que estuvo detrás de los rescates financieros de 1997/1998 de los bancos quebrados Wiese, Latino, NBK, y Nuevo Mundo, de las operaciones irregulares con la deuda externa, las comisiones ilegales en las compras de armas, los manejos indebidos con el fondo militar del fondo de pensiones, y las actividades ilícitas del asesor Vladimiro Montesinos.

Se debe tener entender que la corrupción es un producto histórico-natural del modelo económico neoliberal que se ha instaurado desde 1992 a la fecha. El capitalismo secreta crisis y corrupción, sin embargo la democracia es el único sistema que a través de la regulación y la transparencia puede denunciar las prácticas corruptas y establecer las sanciones correspondientes. Por ello, no debemos olvidar la historia sobre el costo de la corrupción durante el régimen del fujimorismo.

Por ello, repensar un “capitalismo sin corrupción” es como pensar en un “capitalismo sin crisis”, al igual que un hierro de madera, o un círculo cuadrado. Por tanto es importante recordar y tener siempre presente la historia, de allí la estimación de los costos directos e indirectos de la corrupción en el período 1990-1999 en millones de dólares.

Principales costos directos e indirectos de la corrupción, Perú - 1990 - 1999 (millones de dólares)

LOS COSTOS DE LA CORRUPCIÓN
El historiador económico Alfonso W. Quiroz en su clásico libro “Historia de la Corrupción en el Perú” realizó una estimación de los costos de la corrupción durante el régimen del fujimorismo desde 1990 a 1999, identificando a dicho régimen como el más corrupto de la historia republicana. El cálculo realizado por el notable historiador tempranamente desaparecido, ha sido estimado en un total de US $ 14,091 millones de dólares, de los cuales US $ 4,091 millones corresponden a los costos directos, y un monto de US $ 10,000 millones de dólares por inversiones extranjeras perdidas, aplicando el principio del costo de oportunidad. Ello se puede observar en el cuadro respectivo “Principales costos directos e indirectos de la corrupción, Perú, 1990-1999” en millones de dólares.

No debiera extrañar el primer lugar en lo referente a los montos de la corrupción producto de las privatizaciones donde se perdió la suma de US $ 1,400 millones de dólares, sea por valorizaciones interesadas, precios pactados irrisorios, mínimos, compromisos de inversión franciscanos, entrega de lotes petroleros con reservas probadas de hidrocarburos. Un ejemplo, la Refinería La Pampilla principal activo industrial de PetroPerú fue valorizada en US $ 110 millones de dólares cuando en 1995 generaba como unidad independiente utilidades mayores a los US $ 65 millones de dólares y con ingresos por ventas superiores a los US $ 800 millones de dólares anuales.

El proceso de privatización de las empresas públicas, de transferencia de activos, de empresas rentables para favorecer la valorización del capital privado. Este proceso de transferencia de riqueza a favor de grandes empresas transnacionales y grupos de poder local, ha significado una pérdida económica producto de prácticas corruptas, tal como demostró el Informe Final de la Comisión de Delitos Económicos bajo la presidencia del extinto congresista Javier Diez Canseco.

Según el historiador Alfonso Quiroz, mediante malversaciones, sobornos, favores y decretos secretos, la sociedad y el estado peruano dejaron de percibir un aproximado de US $ 1,400 millones de dólares mediante el proceso privatizador. Ello explica por ejemplo como las unidades mineras de Centromín, como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco fueran transferidas a precio de regalo a la minera Volcan del grupo Letts Colmenares.

La privatización de las empresas mineras como Condestable, Cerro Verde, Minero Perú fueron transferidas a una fracción de su valor a favor de las grandes empresas transnacionales, con mínimos compromisos de inversiones, las cuales se han beneficiado del boom de precios de los minerales en el período 2003/2013. ¿Alguno ha calculado lo que ha perdido el estado con las privatizaciones mineras?

Lo mismo se reprodujo con la privatización fragmentada de las unidades, activos, filiales de PetroPerú, la principal empresa del sector de hidrocarburos hasta antes de 1995. Sirva de ejemplo el caso de la envasadora de GLP Solgás cuya mayoría accionaria fue vendida en 1992 a menos de US $ 7.5 millones cuando generaba ingresos mayores a los US $ 40 millones de dólares y utilidades anuales superiores a los US $ 2.5 millones.

Lo paradójico es que los nuevos dueños en 1995 revendieron esta empresa por más de US $ 38 millones a la transnacional española Repsol que controló más del 40 por ciento del mercado del gas licuado de petróleo (GLP) hasta hace poco.

PRÁCTICAS CORRUPTAS
En especial cabe destacar los costos de la corrupción que involucran a la presidencia y al servicio secreto de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, donde sobresalen los manejos de las ONGs Apenkay, los montos de contingencia por más de 122 millones de dólares, de los cuales US $ 15 millones fueron utilizados para pagar una CTS, una indebida compensación por tiempo de servicios al siniestro asesor. También se estima la corrupción por las transferencias del Servicio de Inteligencia (SIN), los desfalcos de la aseguradora Popular y Porvenir, el tráfico de drogas que en algún momento comprometió al avión presidencial, y a los buques de la marina.

EPÍLOGO
Han pasado más de 25 años desde el golpe del llamado 5 de abril de 1992, y pareciera que no hemos aprendido la lección. La entraña corrupta del fujimorismo que tiene el control mayoritario del Congreso de la República por la debilidad de las fuerzas democráticas aspira a la vacancia presidencial bajo el supuesto principio de la incapacidad moral del actual Presidente de la República que ganó las elecciones en un reñido proceso.

Las fuerzas democráticas, progresistas y populares no pueden violentar el debido proceso y vacar al presidente sin una acuciosa investigación, de allí que debemos apoyar la continuidad y legalidad democrática, rechazando el acaparamiento del poder y el control total de las instituciones por parte del fujimorismo. ¡El poder absoluto corrompe absolutamente!

Los efectos económicos de la inestabilidad política tendrán efectos negativos en nuestro país que gracias a la restauración democrática del 2001 pudo asegurar un crecimiento económico inducido por el sector externo y los buenos precios de los minerales. Sin embargo, los costos de la corrupción y la inestabilidad nos está pasando la factura no solamente por el retraso de la construcción del gasoducto del sur, en la construcción del aeropuerto de Chincheros, la demora en las inversiones en la reconstrucción del norte del país, en la subida del precio del dólar y en la postergación de las licitaciones de proyectos mineros como Michichillay y otras inversiones más.

Por último, no deja de ser una paradoja de la historia que partidos y grupos políticos genéticamente identificados con la corrupción como el fujimorismo y el Apra de García encabecen la lucha contra la misma, queriendo vacar al presidente de la República sin el debido proceso legal.

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Economía

Cartera de inversiones para la red ferroviaria

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Tren de la sierra línea ferroviaria

La cartera de inversiones en la Red Ferroviaria Nacional asciende a más de 43,634 millones de soles en diversos proyectos, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El primero de ellos es el tren Huancayo-Huancavelica que cubre 129 kilómetros por un monto de inversión estimado en 890 millones de soles.

El proyecto comprende el diseño, mejoramiento, operación y mantenimiento, con la rehabilitación de las estaciones existentes, adquiriendo material rodante nuevo y renovando la vía existente.

La meta es concesionarlo y con un inicio estimado de las obras en el segundo trimestre del 2019.

Asimismo, el famoso tren Huancayo-Huancavelica, el tren Lima-Chosica, el tren Lima-Ica, el tren Marcona-Andahuaylas, el tren Trujillo-Chiclayo, Corredor Ferroviario Bioceánico y el túnel trasandino.

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Economía

S/ 2,038 millones a regiones para vías

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Tractor minería

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfirió este año 2,038 millones de soles a los gobiernos regionales para la rápida ejecución de obras viales que comprenden carreteras, puentes y mantenimiento.

El sector ha hecho transferencias por 2,083 millones de soles a los gobiernos regionales para que puedan iniciar inmediatamente las obras.

Un total de 1,539 millones de soles se destinaron para 7,047 kilómetros de carreteras en 308 proyectos.

Asimismo, se transfirieron 132 millones de soles para 2,574 metros lineales de 35 puentes definitivos. En mantenimiento se destinaron 411 millones de soles para 62,906 kilómetros.

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Economía

Urge una política clara contra la informalidad

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Gente en la calle Centro Comercial Gamarra

Una política clara que erradique la informalidad y promueva la formalidad, pidió el abogado especialista en derecho laboral, Jorge Toyama.

El especialista, recordó que actualmente, en el Perú, la informalidades el segundo problema con mayor importancia después de la corrupción.

Explicó que por esa razón en el Perú no es muy difícil tener trabajo, pues la tasa de desempleo es de alrededor del 5%, sin embargo, es bastante problemático encontrar un puesto laboral formal con todos los requisitos indispensables.

“El problema, entonces, es contar con un trabajo en donde el empleo este dentro de una planilla o con un seguro de salud. En nuestro país es más importante el DNI que un carnet de seguro”, manifestó Toyama.

El laboralista explicó que entre las razones por la cuales las empresas y personas en general deciden ser informales, están los temas culturales, los excesivos requisitos legales y principalmente, la falta de una política clara sobre esta realidad.

En tal sentido, demandó una política clara que sostenga, promueva y acompañe la formalidad.

Indicó que una microempresa que es formal no tiene ventajas económicas y al serlo, podría tener incentivos como acceder a créditos blandos a través de las instituciones financieras del Estado.

MYPES Y PYMES

Además, para fomentar que las Mypes y Pymes pasen de la informalidad a la formalidad, se podría establecer que aquellos trabajadores que cuenten con seguro puedan obtener ayuda económica en programas de vivienda social como Techo Propio.

“Existen varias formas de atraer la formalidad más allá de una fiscalización o inspección”, sostuvo Toyama.

De otro lado, el laboralista consideró que la evaluación del salario mínimo debería despolitizarse y estar dentro de un plan a largo plazo. “Cuando un presidente necesita puntos en su nivel de probación, lo salarios mínimos se evalúan y suben”, dijo Toyama.

Finalmente, dijo que mediante una norma se debería formalizar la evaluación de la remuneración mínima vital cada dos años, y su nivel de acuerdo a regiones o tamaño de empresas.

ALGO MÁS

La tasa de informalidad laboral total de los asalariados o dependientes en el Perúfue de 46.5% en 2017, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

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