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Lobby petrolero pretende aplastar la soberanía energética

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Refinería de petróleo

Al cumplirse 50 años de la creación de Petroperú (1969), hay un lobby petrolero, Frontera Energy, que pretende apropiarse de la empresa petrolera nacional en complicidad con el Gobierno de Vizcarra. Así como hubo un Lava Jato y un Lava Juez hay un Lava Petrolero, la corruptela más grande, después de ambas anteriores.

Estamos a puertas de una de las ignominias más graves contra el Perú que es entregar nuestras riquezas fundamentales, en este caso petróleo y gas, a manos de una empresa extranjera que va a dedicarse a saquear el país y a repartir beneficios ilegales a todo un grupo lobista que le está dando esta ventaja.

El sentido de este saqueo está planteado en la interpelación al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, en las preguntas del Pliego Interpelatorio presentado ante el Congreso, y ante el cual deberá responder en el mes de agosto.

Los fundamentos los desarrollaré en la presentación de mi nuevo libro Soberanía Energética para el Desarrollo Integral del Perú, hecho conjuntamente con Jorge Chumpitaz Panta, el miércoles 07 de agosto, en el auditorio Alberto Andrade Carmona, del Congreso de la República. Asimismo, el libro está presente en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019).

Tengo la información de las fuentes correspondientes de la Universidad EAFIT que señala con documentos de la bolsa de valores de Toronto, en Canadá, donde está inscrita Frontera Energy Corp. Señala la recomendación que está evaluando, que es la de vender la empresa, vender sus acciones, ante su crisis aguda.

Este grupo que es el dueño de Frontera Energy Corp. se llama Catalyst Capital Group Inc. Es un fondo de inversiones canadiense que es el que maneja deudas hundidas, porque una vez que estafaron en Colombia quebraron, y se fueron a ese fondo de inversiones para que les diera recursos.

Esta empresa tiene una forma principal de actuar. Su negocio multimillonario no es el petróleo, si bien también le da ganancia. Su verdadero negocio es la especulación financiera con la venta irregular de acciones innominadas, sin control. Elevan las acciones, sin valor real, a 2,500 millones de dólares. La especulación de las acciones innominadas, lleva a favorecer a los directivos de la compañía, dándole inmensas ganancias en lo que ellos denominan “Derechos convertidos en acciones” (warrants) para luego venderlos en bolsa elevando de 2 a 20 dólares cada uno, más aún sin tributar el dinero ganado por esta forma especulativa. También invierten en forma similar en otros rubros: agrícolas, madereros, pero secundariamente. Esta es su actividad registrada en Canadá, donde cuentan con protección estatal a su actuar empresarial.

El mecanismo financiero desnuda la naturaleza de la operación que se está haciendo. Quieren quitarle a Petroperú el Lote 192 (con millones de reservas probadas de petróleo). Buscan aparecer con ventajas para la explotación petrolera, en función de captar recursos para su rubro principal que es el financiero especulativo.

Cuando quebraron en Colombia, habían captado millonarios recursos de los fondos de los pensionistas y los estafaron dejándolos sin recursos. Se fueron a la quiebra especulando de esa forma y con una pésima técnica de trabajo petrolero. Son ellos los que ahora incursionan en Perú para capturar el Lote 192, habiendo en el Perú logrado unir para este fin a sectores del Gobierno de Kuczynski, ahora de su sucesor, Vizcarra, y de la oposición fujimorista.

Aquí están las pruebas. Un señor Peter Volk forma parte de Pacific Frontera, empresa que tiene a cargo el Lote 192. Él y otros contratistas son favorecidos con el proyecto de ley del lobbysmo descarado para saquear el petróleo nacional: Savia, Graña y Montero, Sapet. CNPC, Pluspetrol, Maple, Aguaytía, tienen en su poder reservas por el valor de 15 mil millones de dólares, en las que no invierten. Se la están entregando gratis para que especulen con esas reservas y obtengan sus utilidades y paguen bajísimas regalías, y se queden 80 años o más, hasta que acaben, con el recurso. Más aún: les están entregando todas las facilidades respectivas.

¿Cómo lo hicieron? Primer paso: BPZ es comprada por Pacific Frontera hoy Frontera Energy, compra los lotes que tenía BPZ en lote XII, XIII, Z1, 192, 116 y 135 de tal manera que BPZ y Pacific Rubiales compran esos lotes pero que son beneficiados. Ahora también repite el negocio.

Luego, el Gerente General de BPZ hasta el 15 de julio 2015, personal de Frontera, pasa a ser nada menos que el Gerente General de Perupetro, Rafael ZoegerNúñez. Leyla Pérez Najar, ex BPZ, pasa a trabajar allí y es la que canaliza toda esta ilegalidad. Firma un informe que “descalifica” a Petroperú como empresa petrolera para que asuma el Lote 192. Lo que es una burda irregularidad.

Refinería de petróleo tubería oleoducto

Al mismo tiempo, evaden calificar a Frontera Energy, porque saben que ella no cumplía los requisitos para calificarla, como estamos presentando. Mintieron, pues lo sabían, ya que acababan de ser parte de Frontera. Está probado que eran parte de la misma empresa, a la que evaden calificarla realmente, y mienten. Pero sí descalifican fraudulentamente a Petroperú, para darle el lote a la empresa Frontera. Más aún.

Al poco tiempo, continúan su ofensiva y plantean una propuesta legislativa como nueva Ley de Hidrocarburos, que es la base del proyecto que el Poder Ejecutivo envía al congreso para una “Nueva Ley de Hidrocarburos”. No es casual que este proyecto de ley otorgue a Frontera y sus socios todo el poder sobre Perupetro, para apropiarse de los recursos y rentas de los hidrocarburos.

Este zarpazo lobista que se quiere hacer y su propuesta la presentan como proyecto de ley suscrita por PPK, Cayetana Aljovín y Mercedes Aráoz. Luego pasa a la Comisión de Energía y Minas. En ella se forma un Grupo de Trabajo, en la que participé como minoría y presenté un dictamen alternativo, logrando abrir el debate nacional al respecto. El Grupo de Trabajo No reemplaza a la Comisión Ordinaria ni reemplaza al Pleno del Congreso, pero buscaban hacer todo lo posible para que el pre dictamen que tenían en mayoría pase al Pleno. Presenté un dictamen en minoría.

Simultáneamente, el Poder Ejecutivo cambia de autoridades en el sector. Entra como presidente de Perupetro, SeferinoYesquén, exgerente de Explotación CNPC en el Perú. Y Francisco Ísmodes, exgerente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía. Toman directamente los cargos que van a decidir sobre este proyecto de ley los representantes que eran parte de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía.

El Proyecto de ley les permite a las empresas petroleras privadas de Talara, las posibilidades de obtener fácil 15 mil millones de dólares ¿Cómo? Prorrogando indefinidamente sus contratos, que ellos ya están por vencer y tienen crudo probado, porque se lo entregó a Petroperú con ese crudo que no supieron explotar, no quisieron invertir. Y se les pretendía regalar. Y también estalla el escándalo con el Lote 192. Este lote tiene el mayor potencial de hidrocarburos, valorizado en más de 13 mil millones de dólares.

Por ley expresa debía entregarse a Petroperú, para afianzar la integración vertical con el Oleoducto Norperuano y la refinería de Talara, activos de Petroperú, los que deben ser trabajados por Petroperú. Pero es tan desfachatada la ambición lobista que en el Proyecto de Hidrocarburos que propugnan se lo quitan a Petroperú para dárselo a la empresa Frontera, a la cual han mantenido, mientras extrañamente se ha ido rompiendo el tubo del Oleoducto, que es un tubo que tiene años, pero no está corroído no está destruido, y que es clave para sacar el petróleo de la selva, y garantizarlo así para el proyecto de modernización de la Refinería de Talara. Actuando en contra, ilegalmente, para objetivos especulativos antinacionales, han estado saboteando el trabajo del Oleoducto y Petroperú en general.

Pretenden los activos promotores de esta Ley irracional, antinacional, antipatriota, que es su proyecto de “nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos”, quieren crear un Organismo Inconstitucional, como especie de Pitiyanquis (personas que, sin tener la nacionalidad estadounidense, adoptan sus costumbres e imitan su estilo de vida considerándolo mejor, aun cuando sea discordante con su entorno o tradiciones locales). Pretenden ser terratenientes que asumen los lotes petroleros como propiedad privada, y el petróleo y el gas lo disponen como su recurso privado y no del Perú, para entregarlo a manos extranjeras.

La empresa Frontera viene al Perú a realizar especulación financiera. Existe un documento, un estudio hecho por una universidad colombiana EAFIT, tomando la información de la Bolsa de Toronto sobre Frontera Energy. Este documento analiza las circunstancias de esta empresa y ¿qué dice este documento de enero de 2018? Señala que la opción que están discutiendo es que la empresa está en crisis y la recomendación que le plantean es vender; la empresa está en crisis porque ha perdido personal, perdió activos en otras partes, no tiene condiciones reales para sacar adelante un negocio, está en crisis porque la manera como ha actuado ha llevado a la especulación financiera de sus propias actividades. Esto lo enfatiza el documento y lo que les recomienda es: señores ustedes vendan. Esto es, han ofrecido invertir, pero ustedes no tienen capacidad de hacerlo.

Pero la base de la empresa Frontera no es la inversión productiva, sino capturar recursos para especulación, haciendo lobbysmo corrompiendo funcionarios, comprando funcionarios para tener lotes y otras actividades. Ellos mismos hacen circular las acciones no nominativas, esto es que no están nominadas a nombre de una persona, entonces circulan libremente, especulan, quiebran. Cuando fallan… ¡que paguen el que tiene que pagar, pero los bancos no se hacen cargo! Los bancos de Canadá ¡ojo! de Canadá, no asumen responsabilidad financiera cuando quiebra esa empresa, los bancos de Canadá se lavan las manos porque están protegidos financieramente.

Esta es la empresa a la cual le quieren dar el principal Lote 192, y el control de la actividad de hidrocarburos. El lobismo petrolero busca regalar el lote que más bien es clave en la refinería de Talara, para su ampliación y diversificación. El Lote 192 nos garantiza adecuada relación con la Amazonía, para trabajar en el Perú una Política Soberana sobre la Energía.

Hemos invertido los peruanos millones de dólares en la refinería de Talara, y tenemos el Lote 192 que por ley debe ser entregado a Petroperú. Felicito nuevamente a Javier Atkins, expresidente de Petroperú, que lo reclamaba. Los trabajadores de Petroperú y todos los pueblos del Perú reclaman que se defienda la Soberanía Energética Nacional.

Este debate es fundamental. Debe la Patria Unida derrotar a esta acción lobista que es una Traición contra el Perú.

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Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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