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Lo que pasa con APFs chilenas

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En una columna anterior anotamos la necesidad que nuestro país transite hacia una reforma del Sistema de Pensiones, en un contexto generalizado de descontento con los montos diminutos otorgados por las AFP, la dación de las Leyes N° 30425 y N° 30478, que posibilitan a los asegurados al SPP retirar de su Cuenta Individual, el 95.5% (a los 65 años) y el 25% (para financiar la adquisición de una vivienda), fueron recibidos positivamente por la población.

En Chile, país que en todo momento nos han presentado como modelo de un sistema de pensiones “exitoso” basado en las AFP (el sistema público fue liquidado durante la dictadura pinochetista), hace unas semanas se han producido masivas movilizaciones que exigían el fin de dicho modelo y el retorno hacia un Sistema de Pensiones Público de reparto solidario (similar al de la ONP), según encuestas recientes un 87% de la población chilena estaría de acuerdo con reformar el sistema de pensiones chileno.

Como en nuestro país, una de las principales críticas que soportan las AFP chilenas son las magras pensiones que abonan a los pensionistas, las que en promedio alcanzan el 38% de los ingresos que obtiene un trabajador durante su vida activa, en el caso de las mujeres es todavía más dramático alcanzando alrededor del 28% de los ingresos que recibían en su vida laboral, conforme anota el colectivo “no más AFP”.

Un estudio publicado en el 2013, por la consultora CENDA, evidenció que de cada 3 pesos recaudados por el sistema de pensiones chileno, entre cotizaciones ordinarias y subsidios estatales, “dos se quedan enredados entre los administradores y los grandes grupos financieros, que en la práctica son los mismos, precisamente el principal de los motivos por los cuales el sistema paga pensiones tan bajas”.

Para paliar la evidente disparidad de las pensiones (que van entre los S/. 100 a los S/. 1,000 soles según el congresista Lescano), en nuestro medio se ha lanzado la novísima “propuesta” que el Estado subvencione las pensiones que se encuentren por debajo de los S/. 415.00 Soles (que es el monto mínimo otorgado por la ONP), sin embargo lo que no se dice es que ese mismo mecanismo ya viene siendo aplicado en Chile desde el 2008 donde el Estado “subvenciona” un aproximado del 60% de las pensiones, y sin embargo éstas siguen a la baja lo que hace que en perspectiva el Estado tenga que incrementar su aporte para sostener un modelo que hace cada vez más agua.

Conforme lo anotara el Premio de Economía Joseph Stiglitz en el mundo solo 23 países privatizaron su sistema de pensiones, de los cuales 7 de ellos revirtieron dicha decisión, entre ellos Argentina que en el 2008 nacionalizó los fondos administrados por las AFP retornando al modelo de reparto público solidario.

Esperemos que cuando baje la atención en la fiebre de Pokémon Go, retomemos dicho debate, que fue incluso prometido por PPK, y se emprenda en serio una tan necesaria reforma del sistema de pensiones que nos lleve a plantearnos, por qué no, un retorno hacia el sistema de reparto público solidario como hoy se viene exigiendo en Chile y en su momento fue asumido por Argentina.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

ALGO MÁS

Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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