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Lo que dejó ver la Ley Pulpín

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Lo que dejó ver la Ley Pulpín

Sería interesante preguntarle al presidente Humala quién o quiénes son sus asesores políticos en el gobierno, porque los resultados de sus decisiones en estos últimos días han sido un desastre.

Si creyó que tenía una mejor correlación en el Pleno del Congreso que en la Comisión Permanente para impedir que se derogue la llamada Ley Pulpín o demostrar que la oposición no tenía alternativas para enfrentar el desempleo juvenil, se equivocó.

No solo perdió la votación de manera apabullante sino que también hizo visible que su bancada hace agua por todos los lados, ratificando la extrema debilidad y vulnerabilidad de su gobierno y su partido.

No es extraño, en este contexto, que partidos como el APRA y el fujimorismo estén más interesados en desestabilizar al gobierno que en encontrar alguna solución concertada a lo que hoy viene sucediendo. El objetivo es claro: negociar la impunidad de sus jefes Alan García y Alberto Fujimori y si no se puede, crear una crisis mayor de consecuencias desconocidas.

Que hoy el APRA apresure el paso y pida la renuncia de la primera ministra Ana Jara para producir una crisis de gabinete y trasladar su solución a un Congreso que acaba de mostrarse reacio a los pedidos del gobierno, son evidencias de que lo que se busca es un cambio radical del escenario político.

También se equivocó el presidente Humala en la manera de celebrar el primer año del fallo de la Corte de La Haya respecto a nuestro diferendo marítimo con Chile. Si este fallo, que nos favoreció en gran medida, fue obra de varios gobiernos, del servicio diplomático y de muchos peruanos, civiles y militares, que, incluso eran opuestos a estos gobiernos, por qué regalárselo a las FF.AA. Resulta bastante extraño que celebremos un hecho, estrictamente jurídico y pacífico, a cañonazo limpio como sucedió hace unos días en la Plaza de Armas.

Lo que se viene, por lo tanto, no es nada fácil para el gobierno. Con una crisis económica que empieza cada día a ser más visible, con movilizaciones sociales -sobre todo en Lima- que muestran que es posible unir a jóvenes y trabajadores; con un partido y bancada oficialistas débiles; con un empresariado dividido y preocupado por el enfriamiento de la economía y por las protestas sociales.

Y, además, con síntomas visibles de que la corrupción, el chuponeo y el espionaje político afectan al núcleo central del poder; con unos medios de comunicación que han hecho del caso Martín Belaunde su principal arma de acoso político; y con un proceso electoral relativamente cerca, es claro que entramos a otra fase donde el conflicto y el enfrentamiento político serán las características más importantes.

Eso también parece pensar el propio Ollanta Humala que ha convertido al ministro Urresti en el peón de brega en este nuevo tablero político. El problema de Urresti –que es el mismo que el de Humala- es que “dispara” contra todos los sectores como si le sobrasen aliados políticos y como si su consigna fuese “retroceder nunca, rendirse jamás”.

Por eso no me parece extraño que el mismo día que el Congreso debatió y derogó la llamada Ley Pulpín (o Ley del Régimen Laboral Juvenil) el diario El Comercio públicó, como si fuera la voz del amo, un editorial (26/01/15) en el cual no solo criticaba el informe de la ONG Oxfam respecto a la concentración de la riqueza a nivel mundial sino que también ensayaba una defensa cerrada del mercado, de la desigualdad y de la economía neoiliberal.

El argumento central es que no deben preocuparnos la desigualdad ni tampoco los ricos sino más bien la falta de oportunidades para generar más riqueza. La conclusión del diario es que no se necesitan políticas de distribución de la riqueza “sino instituciones fuertes que sustenten un mercado que genere más riqueza para que la torta crezca”. Se podría decir que esta es una respuesta directa para todos aquellos que cuestionaban la Ley Pulpín, pero también indirecta para un gobierno débil si es que pensara ensayar alguna medida “populista”.

Y es que más allá de las interpretaciones sobre la movilización de los jóvenes, lo que debe quedar claro es que la protesta juvenil y sindical ha visibilizado lo que la hegemonía neoliberal había sumergido hace buen tiempo en un espiral del silencio: el conflicto entre trabajadores (futuros y presentes) y empresarios. Para decirlo con otras palabras: la relación siempre conflictiva entre el capital y el trabajo.

Hay que advertir que no es la primera vez que sectores sociales disienten abiertamente con los intereses empresariales. Hace unos meses fue la protesta de los trabajadores independientes contra el pago obligatorio a las AFP lo que también visibilizó este conflicto.

Esa oposición no fue solo contra un pago que disminuía sus ingresos, sino también contra un sistema que no favorecía a los futuros jubilados sino más bien –y de manera escandalosa- a las empresas y empresarios que están detrás de las AFP.

La pelea, si se quiere, es entre una mejor distribución de la riqueza para los trabajadores y una defensa cerrada de las utilidades empresariales, es decir por una igualdad de la que el mercado no solo reniega de ella sino que también combate.

Me parece que esta fractura, algunos llaman clivaje, podría permitir una “nueva” división de la política que guarde relación con las diferentes opiniones sobre la igualdad en un sistema capitalista.

Me refiero a una división entre izquierda (o progresismo) y derecha (neoliberalismo). Mientras los primeros demandan una igualdad –y no solo una igualdad de oportunidades- los segundos consideran que la desigualdad es algo natural y que intentar corregirla es un error, como sostienen El Comercio y otros sectores.

Por eso tampoco me parece extraño que hoy algunos afirmen que los sindicatos son una suerte de carteles y que al mismo tiempo se prepare, como se ha dicho, un nuevo paquete antilaboral que elimina más derechos y que limita aún más la vida sindical. Por eso no es poca cosa lo que está en juego.

(*) Parlamentario Andino

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Política

Acorralado, Congreso apura el paso para eludir cuestión de confianza

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Daniel Enrique Salaverry Villa y congresistas de fujimoristas de Fuerza Popular

En la confrontación por la demora intencional de las reformas judicial y política, agudizada anteayer por la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra, el Congreso reaccionó aprobando con inusitada velocidad dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empezó a discutir la referida a la bicameralidad

Sin embargo, paralelamente a esta línea de aparente cumplimiento veloz, la presidencia del Congreso, a través de la Junta de Portavoces, empezó a desplegar otra línea de contención ante la cuestión de confianza y su consiguiente opción de la disolución en caso de que esta sea rehusada.

Una escopeta de dos cañones que trata de demostrar que no es necesaria ninguna cuestión de confianza para obligar al Congreso a que acelere su trabajo y que el camino escogido por el presidente Vizcarra es improcedente y supuestamente atropella la autonomía del Legislativo y la independencia de poderes.

La jornada congresal se inició poco después de las nueve de la mañana con la reunión urgente de la Junta de Portavoces la que, a eso de las once de la mañana, culminó acordando lo siguiente:

ACUERDO UNO

Discutir en el Pleno los dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con celeridad sorprendente por las comisiones de Constitución y de Justicia, las mismas que la semana pasada se habían entrampado, debido a desacuerdos aparentemente irresolubles.

ACUERDO DOS

Responder, ayer mismo, mediante un escrito, el Decreto Supremo Nº 097- 2018-PCM con el cual el presidente Vizcarra convocó a sesión extraordinaria del Congreso para mañana miércoles, para que reciba el pedido de cuestión de confianza del presidente del Consejo de ministros, respecto a:

“Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada medianteDecreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

ACUERDO TRES

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocará de oficio (o sea por su cuenta, sin tomar en cuenta la convocatoria constitucional del Jefe del Estado) al primer ministro César Villanueva para que mañana miércoles a las 9 a.m. explique al Pleno la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra como forma de presión para acelerar las reformas y el referéndum.

ACUERDO CUATRO

El Congreso se compromete a aprobar hasta el 4 de octubre los cuatro proyectos de reforma constitucional: la reorganización del CNM, la bicameralidad, la no reelección inmediata de congresistas y el control al financiamiento privado a partidos políticos.

SEGUNDO PEDIDO DE CONFIANZA

En medio de duras críticas de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo al DS 097, por supuestas fallas de “fondo y forma”, los observadores esperaban que la presidencia del Congreso rechazara la convocatoria del Jefe del Estado a la sesión extraordinaria de mañana y optara por convocar al Pleno al premier Villanueva solo a explicar, pero no a presentar la cuestión de confianza, en el contexto de que el reglamento del Congreso impide la presentación de este mecanismo de control político.

Sin embargo, al parecer el régimen de Vizcarra le ganó en velocidad al legislativo, puesto que mientras la Junta de Portavoces se reunía, el premier César Villanueva envió el oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, al presidente del Legislativo Salaverry, remarcándole que el pedido de confianza planteado por el presidente Vizcarra es el segundo, con todo lo que eso significa.

Villanueva no fue delicado en su oficio. Acusó al Congreso de haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos presentados y dejó en claro que este segundo pedido de confianza no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso. Así mismo, pidió que el Pleno reciba al Consejo de Ministros a las 8 de la mañana del miércoles 19.

Es posible que esta comunicación haya frustrado la aplicación del acuerdo dos de la Junta de Portavoces y que la presidencia del Congreso haya preferido contemporizar la confrontación decidiendo a nivel de su partido Fuerza Popular, principal opositora del régimen, que sus delegados asistan a la reunión convocada por el Jefe del Estado con los portavoces de las bancadas legislativas, a las 5 pm en Palacio.

VA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al mediodía, luego de la Junta de Portavoces, la congresista fujimorista Ursula Letona, declaró que el DS de convocatoria a sesión extraordinaria de Vizcarra, tiene errores e interpretaciones “inconstitucionales”. Su colega de bancada, Alejandra Aramayo, se atrevió a decir que el dispositivo contiene “infracciones constitucionales”.

Sin embargo, al término de la reunión palaciega, cerca de las siete de la noche, Mauricio Mulder informó que la reunión con el Presidente había sido positiva y que tal como se habían desarrollado los acontecimientos, no veía problema para que el Congreso concediera la confianza que mañana solicitaría Villanueva.

Letona, en la misma línea dijo que explicaron al Presidente el avance de las reformas, que de la confianza nadie habló en la reunión y que el premier Villanueva y el gabinete serían bien recibidos y escucharían sus razones respecto a su pedido de confianza.

REGRESO DEL SENADO

En tanto lo anterior ocurría en la Plaza de Armas, en el Congreso, presos de una energía nunca antes vista, los miembros de la Comisión de Constitución entraron al debate del segundo punto de la reforma política: la bicameralidad o la creación de la cámara de senadores.

Sobre el tema, si no lograban ponerse de acuerdo ayer, podrían hacerlo en las primeras horas de hoy, de tal modo que el Pleno podría debatir dos de las cuatro reformas propuestas por Vizcarra.

LAS MÁS DIFÍCILES

Si esto ocurre, quedarían pendientes las reformas más problemáticas en función de los intereses personales de los congresistas y los de sus agrupaciones: la no reelección de los legisladores, la que tiene más apoyo ciudadano, por el desprestigio del Legislativo, y el financiamiento de las organizaciones políticas, tema intocable para el fujiaprismo.

No obstante, el propio presidente del Congreso había establecido el 4 de octubre, como fecha máxima de aprobación de todas las reformas.

ALGO MÁS

Sin embargo, en el Congreso hubo absoluto silencio sobre el referéndum, sobre todo en la oposición parlamentaria, y sobre su fecha de realización, el sábado 8 de diciembre.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Cardenal, regiones y Poder Judicial apoyan a Vizcarra

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Pedro Barreto

Personalidades políticas, religiosas y representantes de otros poderes del Estado, se sumaron al sólido respaldo ciudadano que recibió la decisión del presidente Martín Vizcarra de plantear ante el Congreso la cuestión de confianza respecto a las reformas judicial y política, que tienen como objetivo frenar y reducir el alto nivel de corrupción que afecta al país.

De la curia católica expresaron su apoyo el cardenal Pedro Barreto y el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga hizo lo mismo, así como también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que emitió un pronunciamiento en ese mismo sentido.

EL CARDENAL

En una entrevista a la agencia de prensa alemana, Deutsche Welle, el cardenal Barreto dijo que la cuestión de confianza planteada por el mandatario Martín Vizcarra, es una expresión altamente democrática.

Añadió que la medida apunta a“conseguir lo más pronto posible plasmar medidas que tiendan a la reducción del alto nivel de cuestionamiento a los poderes Legislativoy Judicial, por el tema de la corrupción, añadiendo que el mandatario cuenta con el respaldo total de la Iglesia para realizar las reformas.

PRESIDENTE DE CEP

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, felicitó al mandatario Vizcarra, vía Twitter, por la iniciativa de la cuestión de confianza, por considerarla una acción necesaria y fundamental para luchar contra la corrupción destapada desde julio a través de los “CNM audios”.

El religioso escribió: “Haciendo eco del clamor de la población, saludo y felicito al presidente Martín Vizcarra por su mensaje en el que plantea la cuestión de confianza al Congreso para la reforma del sistema judicial y político en la lucha contra la corrupción.

PODER JUDICIAL

En la coyuntura también se manifestó el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, al lado del mandatario Martín Vizcarra, expresando su esperanza de que la cuestión de confianza acelere las reformas y contradijo a quienes califican al Jefe del Estado de golpista, y señaló que eso está fuera de lugar.

Ante los medios de prensa dijo: “El Poder Judicial sigue con la expectativa de que estas propuestas legislativas deben tener un resultado”.

“Confío en que lo que viene aconteciendo en estos dos últimos días debe llevarnos a todos los que tenemos responsabilidades en el Estado a entender que hay una perspectiva a nivel nacional para que se dé un plazo razonable a los cambios que la justicia espera”, añadió.

GOBIERNOS REGIONALES

En el marco de los lineamientos institucionales sobre la encrucijada nacional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) dio en un comunicado su “total respaldo al señor presidente Martín Vizcarra por la decisión de plantear cuestión de confianza ante el Congreso de la República, a efectos de iniciar la ansiada reforma judicial y política, que toda nuestra nación peruana requiere y así lo exige”.

URRESTI

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, también felicitó al jefe del Estado Martín Vizcarra por la decisión tomada. “Felicitaciones, señor Presidente. Luchemos realmente contra la corrupción apañada y defendida por la ‘Sra. K’”, escribió el polémico general en Twitter.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Titular del TC pide serenidad ante situación

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Ernesto Blume

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, hizo un llamado a la serenidad y a continuar con la búsqueda de consensos, tras la presentación de la cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso para aprobar la reforma política y judicial.

“Quiero hacer un llamado a la serenidad, al diálogo y a la búsqueda de consensos para superar esta situación; el sistema constitucional es un sistema potente que permite solucionar todos los problemas que se puedan presentar”, afirmó.

“El Perú es capaz de solucionar cualquier problema”, dijo a la prensa tras exponer el presupuesto del tribunal para el próximo año.

Blume destacó que el Perú cuenta con 23 años de democracia continúa y la sucesión de siete presidentes, en el marco de la Constitución.

“Debemos seguir siempre pensando en la unidad, con serenidad, una apertura al diálogo y un espíritu real de búsqueda de consenso”, explicó.

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