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Lo que dejó ver la Ley Pulpín

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Lo que dejó ver la Ley Pulpín

Sería interesante preguntarle al presidente Humala quién o quiénes son sus asesores políticos en el gobierno, porque los resultados de sus decisiones en estos últimos días han sido un desastre.

Si creyó que tenía una mejor correlación en el Pleno del Congreso que en la Comisión Permanente para impedir que se derogue la llamada Ley Pulpín o demostrar que la oposición no tenía alternativas para enfrentar el desempleo juvenil, se equivocó.

No solo perdió la votación de manera apabullante sino que también hizo visible que su bancada hace agua por todos los lados, ratificando la extrema debilidad y vulnerabilidad de su gobierno y su partido.

No es extraño, en este contexto, que partidos como el APRA y el fujimorismo estén más interesados en desestabilizar al gobierno que en encontrar alguna solución concertada a lo que hoy viene sucediendo. El objetivo es claro: negociar la impunidad de sus jefes Alan García y Alberto Fujimori y si no se puede, crear una crisis mayor de consecuencias desconocidas.

Que hoy el APRA apresure el paso y pida la renuncia de la primera ministra Ana Jara para producir una crisis de gabinete y trasladar su solución a un Congreso que acaba de mostrarse reacio a los pedidos del gobierno, son evidencias de que lo que se busca es un cambio radical del escenario político.

También se equivocó el presidente Humala en la manera de celebrar el primer año del fallo de la Corte de La Haya respecto a nuestro diferendo marítimo con Chile. Si este fallo, que nos favoreció en gran medida, fue obra de varios gobiernos, del servicio diplomático y de muchos peruanos, civiles y militares, que, incluso eran opuestos a estos gobiernos, por qué regalárselo a las FF.AA. Resulta bastante extraño que celebremos un hecho, estrictamente jurídico y pacífico, a cañonazo limpio como sucedió hace unos días en la Plaza de Armas.

Lo que se viene, por lo tanto, no es nada fácil para el gobierno. Con una crisis económica que empieza cada día a ser más visible, con movilizaciones sociales -sobre todo en Lima- que muestran que es posible unir a jóvenes y trabajadores; con un partido y bancada oficialistas débiles; con un empresariado dividido y preocupado por el enfriamiento de la economía y por las protestas sociales.

Y, además, con síntomas visibles de que la corrupción, el chuponeo y el espionaje político afectan al núcleo central del poder; con unos medios de comunicación que han hecho del caso Martín Belaunde su principal arma de acoso político; y con un proceso electoral relativamente cerca, es claro que entramos a otra fase donde el conflicto y el enfrentamiento político serán las características más importantes.

Eso también parece pensar el propio Ollanta Humala que ha convertido al ministro Urresti en el peón de brega en este nuevo tablero político. El problema de Urresti –que es el mismo que el de Humala- es que “dispara” contra todos los sectores como si le sobrasen aliados políticos y como si su consigna fuese “retroceder nunca, rendirse jamás”.

Por eso no me parece extraño que el mismo día que el Congreso debatió y derogó la llamada Ley Pulpín (o Ley del Régimen Laboral Juvenil) el diario El Comercio públicó, como si fuera la voz del amo, un editorial (26/01/15) en el cual no solo criticaba el informe de la ONG Oxfam respecto a la concentración de la riqueza a nivel mundial sino que también ensayaba una defensa cerrada del mercado, de la desigualdad y de la economía neoiliberal.

El argumento central es que no deben preocuparnos la desigualdad ni tampoco los ricos sino más bien la falta de oportunidades para generar más riqueza. La conclusión del diario es que no se necesitan políticas de distribución de la riqueza “sino instituciones fuertes que sustenten un mercado que genere más riqueza para que la torta crezca”. Se podría decir que esta es una respuesta directa para todos aquellos que cuestionaban la Ley Pulpín, pero también indirecta para un gobierno débil si es que pensara ensayar alguna medida “populista”.

Y es que más allá de las interpretaciones sobre la movilización de los jóvenes, lo que debe quedar claro es que la protesta juvenil y sindical ha visibilizado lo que la hegemonía neoliberal había sumergido hace buen tiempo en un espiral del silencio: el conflicto entre trabajadores (futuros y presentes) y empresarios. Para decirlo con otras palabras: la relación siempre conflictiva entre el capital y el trabajo.

Hay que advertir que no es la primera vez que sectores sociales disienten abiertamente con los intereses empresariales. Hace unos meses fue la protesta de los trabajadores independientes contra el pago obligatorio a las AFP lo que también visibilizó este conflicto.

Esa oposición no fue solo contra un pago que disminuía sus ingresos, sino también contra un sistema que no favorecía a los futuros jubilados sino más bien –y de manera escandalosa- a las empresas y empresarios que están detrás de las AFP.

La pelea, si se quiere, es entre una mejor distribución de la riqueza para los trabajadores y una defensa cerrada de las utilidades empresariales, es decir por una igualdad de la que el mercado no solo reniega de ella sino que también combate.

Me parece que esta fractura, algunos llaman clivaje, podría permitir una “nueva” división de la política que guarde relación con las diferentes opiniones sobre la igualdad en un sistema capitalista.

Me refiero a una división entre izquierda (o progresismo) y derecha (neoliberalismo). Mientras los primeros demandan una igualdad –y no solo una igualdad de oportunidades- los segundos consideran que la desigualdad es algo natural y que intentar corregirla es un error, como sostienen El Comercio y otros sectores.

Por eso tampoco me parece extraño que hoy algunos afirmen que los sindicatos son una suerte de carteles y que al mismo tiempo se prepare, como se ha dicho, un nuevo paquete antilaboral que elimina más derechos y que limita aún más la vida sindical. Por eso no es poca cosa lo que está en juego.

(*) Parlamentario Andino

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

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Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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