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Ley Mulder me parece una norma torpe que afecta a los ciudadanos

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Domingo García Belaunde

Abogado principal en el área constitucional, civil y comercial del Estudio Jurídico Flores Aráoz & Abogados, Domingo García Belaunde, es profesor de la Maestría de Derecho Constitucional de la PUCP y en esta entrevista aborda diversos temas como la cuestionada Ley Mulder.

—Con relación a la Ley 30793 (Ley Mulder), Ley que prohíbe el gasto de publicidad del Estado peruano. El TC ha admitido la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas. Desde su enfoque ¿esta ley es inconstitucional? ¿Se viola la Libertad de expresión e información como se establece en la propia demanda? ¿La impide o la restringe?

—Mi posición sobre este tema es algo singular… no le veo mucha inconstitucionalidad por así decirlo… en realidad, afecta al Estado antes que a los medios. Y quizá el derecho a la información que tienen los ciudadanos… pero nada más… más que inconstitucional me parece una ley torpe, que es distinto. De la farra publicitaria que hemos tenido, se ha pasado a la prohibición absoluta. Lamentablemente los extremos se tocan. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es regular la publicidad distinguiendo la propaganda de la información, señalando ítems que deben ser objeto de publicidad, teniendo en cuenta la lectoría o rating de los medios y otros factores adicionales evitando la corrupción -no en los medios– sino en el Estado.

—¿Prohibiendo la publicidad del Estado en medios privados garantiza el control de gasto en favor del Estado? ¿Era necesaria prohibirla o regularla? Porque el objeto de la ley es controlar el gasto de publicidad estatal.

—Como le decía, soy partidario de la regulación, no de la prohibición… lo que no se ha tenido en cuenta es que la ley, más allá de sus carencias, lo que ha buscado es cuidar el dinero del Estado y la corrupción al interior del Estado. Pero la solución al problema no ha sido buena. Se han creado más problemas de los que querían resolver.

—Respecto a la decisión de la Corte IDH que ordena al Estado archivar la acusación constitucional contra los 4 magistrados por el caso El Frontón. ¿Cree usted que esta decisión es arbitraria, invasiva o excesiva? La Constitución señala que los Congresistas no están sujetos a mandato imperativo ¿El Congreso tendría que acatarla? ¿Esta decisión de la Corte IDH no estaría vulnerando las facultades constitucionales que tiene un poder del Estado para formular una Acusación Constitucional?

—Lo importante que hay que tomar en cuenta es que el Estado aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana hace muchos años. Pero eran otros tiempos. Hoy en día hemos tenido un presidente de la Corte incriminado penalmente por acoso sexual y violación como es Roberto F. Caldas, que firmaba cualquier cosa porque no leía –es brasileño- que además ha tenido que renunciar al cargo de juez en la CIDH… y una inepta, Margarette May Maucalay, actual presidenta de la Comisión Interamericana, que no sabe nada de nada y habla cualquier cosa. Este es el nivel en que estamos.

Ahora bien, el sistema interamericano nos fue muy útil en el pasado… o sea, para eso es bueno, cuando hay dictaduras… no sirve mayormente cuando hay democracias más o menos establecidas… pero hoy está sobredimensionado… se mete en cosas que no debe meterse y más que en las víctimas verdaderas se fija en los terroristas y sus familiares, lo cual no está mal en la medida que se preocupe por ambas víctimas: las del terror y las del Estado. La Comisión Interamericana ya no es referente de nada…y la Corte Interamericana sigue esas huellas… Por el momento, ciertas decisiones que adopte el sistema que sean claramente invasivas y arbitrarias, no hay que cumplirlas.Y no pasará nada.

—La Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, señala que la interpretación de derechos fundamentales se hace de conformidad con los Tratados de Derechos Humanos y lo recoge igualmente el CPC. Hay quienes sostienen que los Tratados de derechos humanos solo tiene rango de Ley y que debe prevalecer la Constitución, con ocasión de esta decisión de la Corte IDH. ¿Los Tratados de Derechos Humanos no tienen la misma jerarquía que la Constitución?

—Sobre eso hay mucho debate. Algunos dicen que son inferiores a la Constitución… otros de igual rango… y otros de rango superior. La Constitución de 1993 no dice nada… pero en la práctica el tratado tiende a imponerse sobre la ley… El problema es complicado cuando ese tratado crea una corte y una comisión de derechos humanos que están desfasados. Ese es un problema que hay que afrontar.

—Con relación al indulto humanitario de Fujimori. La Corte IDH, no le ha dicho al Estado anúlalo o déjalo sin efecto, pero sí le ha pedido que se le informe sobre los avances del control constitucional respecto a ello, y los representantes de las víctimas van a interponer un recurso convencionalidad ante la Corte Suprema para que el Poder Judicial evalúe si el indulto afecta o no los derechos consagrados en la CADH, con relación a la justicia de las víctimas, a sus reparaciones, al derecho de condenar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el caso Barrios Altos. ¿Qué opinión le merece?

—Las ONG, que viven de la desgracia ajena, harán todo lo posible para anularlo. Lo que han intentado o pretenden hacer que es ir directo a la Corte Suprema para obtener un control de convencionalidad lo cual es un tiro al aire. El indulto no existe como materia prohibida ni en la Convención Americana ni en la azarosa jurisprudencia de la Corte. Esta ha señalado que debe agotarse la vía interna y dentro de la jurisdicción constitucional, que no es otra que la que culmina en el Tribunal Constitucional. Después de eso, veremos qué pasa.

—Doctor, el indulto humanitario a Fujimori, ¿es un asunto que no tiene nada que ver con la supervisión de sentencia de la Corte IDH en el caso Barrios Altos? Le pregunto porque al sostenerse que el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República y nadie interviene ahí. Lo cierto es que se ha indultado a quien ha sido condenado por la violación de derechos humanos en Barrios Altos y la desaparición forzada de La Cantuta y el indulto se da en el contexto en que la Corte IDH venía supervisando el cumplimiento de su propia sentencia.

—Esa es una mañosería de la Corte Interamericana… nada tiene que ver la supervisión de las sentencias con el indulto, que es algo extraproceso… impresionado o presionado por las ONGs, la Corte ha dado un paso en falso… que no es el primero.

—¿No cree usted que la Corte estaría quemando etapas para sentar por primera vez un precedente respecto a la evaluación de indulto? No lo hace ahora, pero nada impediría que lo haga después.

—En el mundo celestial en que se mueve la Corte Interamericana, los cerdos pueden volar… nada me extrañaría, pero hay que esperar…

 

LESLY LLATAS RAMÍREZ
(Directora de Entérate Digital. Pe)

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Política

Caso Becerril: prueba de fuego de Fuerza Popular contra la corrupción

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Héctor Becerril

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará mañana el informe que recomienda destituir e inhabilitar por cinco años al congresista fujimorista Héctor Becerril, quien es actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, por haber presionado a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para que votara por un determinado candidato a la presidencia de ese organismo.

El informe presentado el último viernes por el legislador ponente César Vásquez, de la Alianza Para el Progreso, concluyó que al realizar ese acto, Becerril cometió los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico e infringió varios artículos de la Constitución.

El “Caso Becerril”

A principios del año IDL- Reporteros reveló que el Consejero del CNM Guido Aguila se había reunido con el legislador Becerril, para tratar el tema de la elección del nuevo presidente de ese organismo encargado de nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE. Ambos personajes lo negaron frontalmente y no pasó nada, por falta de pruebas.

Audio confirmatorio

Sin embargo, el 15 de julio último, como parte de la vorágine de la difusión de los “CNM Audios”, el mismo IDL – Reporteros divulgó grabaciones de conversaciones entre Aguila y el consejero Baltazar Morales, en las que ambos claramente confirman que aquella reunión sí se realizó, con lo cual Becerril resultó implicado en actos de tráfico de influencias con el propósito de manipular la elección.

Ratificación de Morales

Tres días después, ante el desmentido de Becerril, el consejero Morales, en una conferencia de prensa, confirmó que en febrero aceptó asistir a la casa de su colega Aguila para conversar con “una persona honorable”, sin que jamás imaginara que se trataría de Becerril, a quien así conoció en persona por primera vez.

Morales reafirmó que el legislador fujimorista intentó convencerle de que votara por Julio Gutiérrez Pebe para presidente del CNM, por el solo hecho de que era “el candidato del fujimorismo”. A esto respondió ratificando que no votaría por Gutiérrez, pues no era el adecuado para el cargo.

Ante esto, la legisladora Indira Huilca, de Nuevo Perú, y Wilbert Rozas, del Frente Amplio, denunciaron a Becerril por infringir los artículos de la Carta Magna, 43 y 45, sobre separación de poderes; el 39 y 44, contra la corrupción y el 150, sobre la independencia del CNM.

Trance difícil

Este es el peor trance que Becerril enfrenta en su vida política, convertido en el fujimorista de mayor rango, confianza y cercanía a su jefa Keiko Fujimori implicado en graves delitos de corrupción, justo cuando ella proclama que es toda una luchadora contra esa conducta delictiva.

Hay quienes esperan que los fujimoristas exculpen a Becerril haciendo uso de su mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puesto que no disponen de recurso alguno que destruya las evidencias de la presunta actuación delictiva de Becerril.

Usando su mayoría, la semana pasada lo excluyeron de la investigación al exconsejero del CNM, Guido Aguila, por el mismo caso, argumentando que tenía su propia interpelación.

Si su partido lo encubre, la ciudadanía, muy sensibilizada contra la corrupción, percibirá esa acción como una reincidencia del comportamiento del fujimorismo de siempre tapar las acciones delictivas de sus representantes o de tratarlos con guantes de seda.

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Política

Premier y Ministro de Justicia a Constitución

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros César Villanueva confirmó su presencia hoy y la del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución presidida por la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, que servirá para explicar la posición que posee el Gobierno en relación al tema de la bicameralidad.

Villanueva manifestó que mantiene una actitud positiva en relación a la aprobación de las reformas planteadas por el Gobierno. Asimismo, dejó en claro que en el Ejecutivo se muestran abiertos a eventuales cambios o mejoras que se hagan para avanzar con dichas propuestas.

“Nosotros nunca hemos dicho: ‘Vayan al pie de la letra, no le quiten ninguna coma’. Lo que hemos dicho es: ‘Háganlo rápido y no desnaturalicen’”, destacó el presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, aseguró que espera con gran optimismo que se cumplan los plazos establecidos por el Congreso en lo que refiere a aprobar hasta el próximo 4 de octubre las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra.

“El plazo concreto ya lo pusieron los voceros de todas las bancadas para tener listo todos los dictámenes a más tardar el 4 de octubre, dicho por ellos y declarado por ellos. Entonces ya no era necesario estar insistiendo en poner una fecha, porque ya ellos habían autodecidido en cuanto a un cronograma”, agregó el Premier.

El debate de la Comisión de Constitución referido a la bicameralidad se detuvo en el tercer acápite del artículo 90, en el que el gobierno plantea que “el territorio de la República se divide en macrodistritos electorales para la elección de senadores y en microdistritos electorales para la elección de diputados. Así, la participación de César Villanueva y Vicente Zeballos ayudará a brindar mayores detalles en relación a este tema.

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Política

Entre el show de Reggiardo y una soporífera mesa redonda

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Debate elecciones municipales asiento vacío

El primer grupo de los candidatos que postulan a la alcaldía de Lima participó del debate electoral municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin de promover el voto informado y conocer sus propuestas para Lima. Pese a trasladarse hasta el Centro de Convenciones de Lima, sede del evento, Renzo Reggiardo, quien lidera las preferencias de la ciudadanía (apenas con 17%), decidió no participar.

Renzo Reggiardo

TALK SHOW

Faltando 10 minutos para que se inicie el debate municipal, programado para las 19:00 horas, el candidato de Perú Patria Segura (PPS), Reggiardo, salió de su vivienda y caminó hasta el Centro de Convenciones, en San Borja, pero solo para entregar una carta al JNE, en la que explica su decisión de no participar del evento.

El excongresista quien al iniciar su campaña se comprometió –a través de firmar el Pacto Ético Electoral del JNE- de participar del debate, se excusó pues dijo ser víctima de “ataques arteros” de sus rivales políticos.

“Me han dicho cobarde, estafador y hasta de pretender incendiar un vehículo. (…) no puedo sentarme en el mismo lugar, darle la mano y tomarme la foto porque es lo políticamente correcto. ¿Qué pasa con mi moral, con mi honor, con mi decencia? Eso no es democracia”, sostuvo Reggiardo al ser abordado por la prensa.

Según el candidato de PPS, sus oponentes han incumplido más de un artículo del Pacto Ético Electoral y acusó al JNE de no tomar oportunamente las medidas correctivas. Incluso calificó el debate de ayer como un “talk show”.

“Solamente por venir al debate, el (JNE) te limpia de todos los incumplimientos violados al pacto ético ¿es eso correcto de parte del ente electoral que ha estado involucrado en casos de corrupción? Lo que se está dando hoy (debate) es un talk show en el que las personas se agreden mutuamente. Yo no voy a hacer parte de ese show”.

Al respecto, Enrique Bernales, titular del Tribunal de Honor del Pacto Ético, respondió a Reggiardo y resaltó que no era una obligación firmar el Pacto Ético y que a través de este no se puede condicionar al JNE.

“El Pacto Ético no es una obligación firmarlo. Se lee. Se propone. Y se firma y adquiere un compromiso real con el elector de cumplirlo. (…) lo que no puede decirse (al JNE) es ‘o usted hace esto o tomo una actitud díscola’, los compromisos son para cumplirlos”, aseguró.

PROPUESTAS

El Debate Municipal 2018 se dividió en seis bloques de temas: visión de Lima al 2022, seguridad ciudadana, movilidad y transporte, pregunta ciudadana, población vulnerable y tema libre. Los participantes tuvieron 1 minuto para exponer sus propuestas sobre dichos puntos.

En el debate de ayer, y según sorteo elaborado por el JNE, participaron un primer grupo de postulantes: Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional), Jorge Villacorta (Peruanos Por el Kambio), Jaime Salinas (Alianza para el Progreso), Esther Capuñay (Unión por el Perú), Jorge Muñoz (Acción Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú), Juan Zurek (Somos Perú), Luis Ocrospoma (Perú Nación), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Pablo Silva(Frepap).

El candidato Salinas López Torres propuso crear un foro de empresas por Lima para apoyar la seguridad e implementar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. También adelantó que emitirá una ordenanza para que se respete a los peatones y promoverá multas de tránsito ejemplares.

En lo referido a transporte, Jorge Villacorta dijo que su gestión aliviará el caótico tránsito en la ciudad regulando las horas de circulación de camiones y vehículos pesados. Asimismo, aseguró que su gestión terminará las obras pendientes, como la extensión del Metropolitano desde la estación El Naranjal hasta el distrito de Carabayllo, la Vía Expresa hasta la Panamericana, y agilizar la línea 1 del Metro de Lima.

Por su parte, Muñoz dijo que aplicará su plan Lima 360 de seguridad que prioriza la coordinación con la Policía Nacional y empodera a la mujer en acciones de prevención. Exhortó al electorado no dejar en “manos de improvisados” el futuro próximo de la ciudad capital.

Mientras que Daniel Urresti propuso señalizar correctamente toda la ciudad, la instalación de cuatro mil semáforos, y solucionar 600 intersecciones que actualmente son un embudo. Además, de regular el tránsito de camiones y vehículos pesados para que solo puedan circular en horas de la noche.

Esther Capuñay dijo que instalará cámaras e iluminará las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana. Asimismo, adelantó que de llegar a la alcaldía implementará escuelas metropolitanas de seguridad que capacitarán al Serenazgo.

El candidato por Perú Nación, Luis Ocrospoma, aseveró que impondrá un toque de queda para jóvenes menores de 16 años de edad que salgan a las calles sin permiso de sus padres. Dijo que su gestión estará enfocada en una Lima verde, donde las familias se sientan seguras.

El próximo domingo se continuará con el debate y el segundo grupo de candidatos. Ojalá haya un intercambio de propuestas y no shows personales ni una invitación al sueño.

ALGO MÁS

Pablo Silva, candidato del Frepap, propuso convertir a Lima en una ciudad moderna, sostenible e inclusiva. Por su parte, Zurek, subrayó que su propuesta para instalar una red de teleféricos reducirá en gran medida el tiempo que los limeños emplean para trasladarse de un lugar a otro de la capital. Mientras que Castañeda Pardo ofreció la instalación de semáforos inteligentes y el fortalecimiento del servicio del Metropolitano y los corredores viales.

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