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Ley Mulder me parece una norma torpe que afecta a los ciudadanos

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Domingo García Belaunde

Abogado principal en el área constitucional, civil y comercial del Estudio Jurídico Flores Aráoz & Abogados, Domingo García Belaunde, es profesor de la Maestría de Derecho Constitucional de la PUCP y en esta entrevista aborda diversos temas como la cuestionada Ley Mulder.

—Con relación a la Ley 30793 (Ley Mulder), Ley que prohíbe el gasto de publicidad del Estado peruano. El TC ha admitido la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas. Desde su enfoque ¿esta ley es inconstitucional? ¿Se viola la Libertad de expresión e información como se establece en la propia demanda? ¿La impide o la restringe?

—Mi posición sobre este tema es algo singular… no le veo mucha inconstitucionalidad por así decirlo… en realidad, afecta al Estado antes que a los medios. Y quizá el derecho a la información que tienen los ciudadanos… pero nada más… más que inconstitucional me parece una ley torpe, que es distinto. De la farra publicitaria que hemos tenido, se ha pasado a la prohibición absoluta. Lamentablemente los extremos se tocan. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es regular la publicidad distinguiendo la propaganda de la información, señalando ítems que deben ser objeto de publicidad, teniendo en cuenta la lectoría o rating de los medios y otros factores adicionales evitando la corrupción -no en los medios– sino en el Estado.

—¿Prohibiendo la publicidad del Estado en medios privados garantiza el control de gasto en favor del Estado? ¿Era necesaria prohibirla o regularla? Porque el objeto de la ley es controlar el gasto de publicidad estatal.

—Como le decía, soy partidario de la regulación, no de la prohibición… lo que no se ha tenido en cuenta es que la ley, más allá de sus carencias, lo que ha buscado es cuidar el dinero del Estado y la corrupción al interior del Estado. Pero la solución al problema no ha sido buena. Se han creado más problemas de los que querían resolver.

—Respecto a la decisión de la Corte IDH que ordena al Estado archivar la acusación constitucional contra los 4 magistrados por el caso El Frontón. ¿Cree usted que esta decisión es arbitraria, invasiva o excesiva? La Constitución señala que los Congresistas no están sujetos a mandato imperativo ¿El Congreso tendría que acatarla? ¿Esta decisión de la Corte IDH no estaría vulnerando las facultades constitucionales que tiene un poder del Estado para formular una Acusación Constitucional?

—Lo importante que hay que tomar en cuenta es que el Estado aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana hace muchos años. Pero eran otros tiempos. Hoy en día hemos tenido un presidente de la Corte incriminado penalmente por acoso sexual y violación como es Roberto F. Caldas, que firmaba cualquier cosa porque no leía –es brasileño- que además ha tenido que renunciar al cargo de juez en la CIDH… y una inepta, Margarette May Maucalay, actual presidenta de la Comisión Interamericana, que no sabe nada de nada y habla cualquier cosa. Este es el nivel en que estamos.

Ahora bien, el sistema interamericano nos fue muy útil en el pasado… o sea, para eso es bueno, cuando hay dictaduras… no sirve mayormente cuando hay democracias más o menos establecidas… pero hoy está sobredimensionado… se mete en cosas que no debe meterse y más que en las víctimas verdaderas se fija en los terroristas y sus familiares, lo cual no está mal en la medida que se preocupe por ambas víctimas: las del terror y las del Estado. La Comisión Interamericana ya no es referente de nada…y la Corte Interamericana sigue esas huellas… Por el momento, ciertas decisiones que adopte el sistema que sean claramente invasivas y arbitrarias, no hay que cumplirlas.Y no pasará nada.

—La Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, señala que la interpretación de derechos fundamentales se hace de conformidad con los Tratados de Derechos Humanos y lo recoge igualmente el CPC. Hay quienes sostienen que los Tratados de derechos humanos solo tiene rango de Ley y que debe prevalecer la Constitución, con ocasión de esta decisión de la Corte IDH. ¿Los Tratados de Derechos Humanos no tienen la misma jerarquía que la Constitución?

—Sobre eso hay mucho debate. Algunos dicen que son inferiores a la Constitución… otros de igual rango… y otros de rango superior. La Constitución de 1993 no dice nada… pero en la práctica el tratado tiende a imponerse sobre la ley… El problema es complicado cuando ese tratado crea una corte y una comisión de derechos humanos que están desfasados. Ese es un problema que hay que afrontar.

—Con relación al indulto humanitario de Fujimori. La Corte IDH, no le ha dicho al Estado anúlalo o déjalo sin efecto, pero sí le ha pedido que se le informe sobre los avances del control constitucional respecto a ello, y los representantes de las víctimas van a interponer un recurso convencionalidad ante la Corte Suprema para que el Poder Judicial evalúe si el indulto afecta o no los derechos consagrados en la CADH, con relación a la justicia de las víctimas, a sus reparaciones, al derecho de condenar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el caso Barrios Altos. ¿Qué opinión le merece?

—Las ONG, que viven de la desgracia ajena, harán todo lo posible para anularlo. Lo que han intentado o pretenden hacer que es ir directo a la Corte Suprema para obtener un control de convencionalidad lo cual es un tiro al aire. El indulto no existe como materia prohibida ni en la Convención Americana ni en la azarosa jurisprudencia de la Corte. Esta ha señalado que debe agotarse la vía interna y dentro de la jurisdicción constitucional, que no es otra que la que culmina en el Tribunal Constitucional. Después de eso, veremos qué pasa.

—Doctor, el indulto humanitario a Fujimori, ¿es un asunto que no tiene nada que ver con la supervisión de sentencia de la Corte IDH en el caso Barrios Altos? Le pregunto porque al sostenerse que el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República y nadie interviene ahí. Lo cierto es que se ha indultado a quien ha sido condenado por la violación de derechos humanos en Barrios Altos y la desaparición forzada de La Cantuta y el indulto se da en el contexto en que la Corte IDH venía supervisando el cumplimiento de su propia sentencia.

—Esa es una mañosería de la Corte Interamericana… nada tiene que ver la supervisión de las sentencias con el indulto, que es algo extraproceso… impresionado o presionado por las ONGs, la Corte ha dado un paso en falso… que no es el primero.

—¿No cree usted que la Corte estaría quemando etapas para sentar por primera vez un precedente respecto a la evaluación de indulto? No lo hace ahora, pero nada impediría que lo haga después.

—En el mundo celestial en que se mueve la Corte Interamericana, los cerdos pueden volar… nada me extrañaría, pero hay que esperar…

 

LESLY LLATAS RAMÍREZ
(Directora de Entérate Digital. Pe)

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Política

Fiscal Rafael Vela califica de ilegal separación del juez Carhuancho

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Richard Concepción Carhuancho

Como un verdadero golpe contra la lucha anticorrupción fue calificada en las redes sociales el dictamen de una cuestionana sala de apelaciones que falló a favor de la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho.

La II Sala Penal Nacional de Apelaciones aprobó la virtual separación del prestigioso juez del caso, planteada por Humberto Abanto, defensor del fugitivo Jaime Yoshiyama, coacusado de Keiko Fujimori en el caso de lavado de activos mediante el uso de falsos aportantes para ocultar fondos electorales aportados por la ampresa Odebrecht.

“La separación de Richard Concepción es ilegal, se trata de una resolución irregular, que no ha seguido un trámite debido; se ha hecho mediante un escrito y no siguiendo los conductos regulares”, dijo indignado al respecto el coordinador del equipo de fiscales Lava Jato, Rafael Vela.

ILEGAL

Indicó que planteará la nulidad de la resolución y argumentó que la decisión fue anunciada sorpresivamente. “Esperábamos una notificación como corresponde, situación que nos lleva a pensar que es absolutamente irregular (…) y pretendemos que la sala dé marcha tras y lo restituya” a Carhuancho.

Vela agregó que planteará la nulidad procesal, porque no se respetaron los trámites de la convocatoria de audiencia de la recusación, por haberse emitido en tiempo récord sin escuchar a la Fiscalía y, además, no es verdad que el juez Carhuancho sea parcializado, como se dice.

“Pretendemos que la sala dé marcha tras y lo restituya en el caso a Concepción Carhuancho, porque con esta decisión se complican las investigaciones que se vienen realizando, más cuando Concepción Carhuancho tenía que resolver la situación legal de seis abogados, entre ellos Giulliana Loza, el próximo 25 de enero”, señaló.

Por su parte, la resolución dice: “Declarar fundada la recusación formulada por la defensa técnica del investigado Clemente Jaime YoshiyamaTanaka contra el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Augusto Concepción Carhuancho, en el proceso N° 299-2017 seguido contra Clemente Jaime YoshiyamaTanaka y otros por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado”.

OTRO JUEZ VERÍA EL CASO

La resolución dispone que otro juez llamado por ley asuma el conocimiento del proceso conforme al sistema de asignación aleatorio.Yoshiyama había recusado al magistrado por haber brindado declaraciones en medios de comunicaciones sobre la investigación seguida contra Keiko Fujimori Higuchi y otros investigados.

En palabras simples, Richard Concepción ha sido apartado de todas las investigaciones acumuladas del caso cocteles que tienen que ver con el financiamiento de la campaña política de Fuerza 2011 y las anotaciones de Marcelo Odebrecht que indican aumentar a Keiko 500.

SE PRONUNCIA PÉREZ

La recusación fue presentada por el abogado de Yoshiyama, Humberto Abanto, quien consideró que el magistrado vulneró el principio de imparcialidad al considerar que la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato significaba un golpe a la institucionalidad.

El fiscal Pérez dijo que la decisión es desacertada, ilegal por donde se la vea y que puede permitir, a futuro, que Keiko Fujimori salga libre. “Por ello, como fiscal, estoy preocupado, pero hay que estar vigilantes para que esta resolución se revierta, porque esos jueces que tendrían alguna relación con los investigados, tienen que ser separados”, dijo.

Se refirió a que la sala que recusó al juez Carhuancho está integrada por Jessica León Yarango y está demostrado en una foto que es amiga de Pedro Chávarry, que favoreció a Alberto Fujimori y que archivó varios casos de “chuponeo”a periodistas durante la dictadura fujimorista.

“Y esa sala fue cuestionada porque liberó a Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz, demostrando ser prevaricadora y contraria a los intereses de la justicia, tal como está demostrado; además, no tenía la competencia”, dijo Pérez.

“No es posible que a la jueza Jessica León Yarango se le permita despachar en esa sala”, enfatizó.

“Se espera que haya una respuesta positiva (a la nulidad), más aún si se tiene en cuenta que dicha sala tiene vinculación con el exjuez Hinostroza. Por todos estos hechos estamos preocupados, porque el día de mañana la misma defensa que presentó la recusación puede pedir la liberación de Keiko Fujimori y obtenerla de otro juez”, dijo Pérez.

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Política

Nuevo aplazamiento de evaluación a Fujimori

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Alberto Fujimori

Saúl Tokuda, gerente de criminalística del Instituto de Medicina Legal, informó que tampoco ayer se realizó el peritaje médico al exdictador, por falta de un médico, y que hoy miércoles sí se llevará a cabo.

El doctor Edgardo Huarhua informó que tampoco pudieron hacerlo el martes porque recién ayer por la tarde fueron notificados de la nueva evaluación médica, tal como lo dispuso la Sala Especial de la Corte Suprema, para ver si el expresidente necesita permanecer en la clínica o debe ser trasladado a un penal.

El abogado Carlos Rivera, quien reconoce que Fujimori está enfermo, incluso no quiere que muera en un centro penitenciario, pero considera que debe cumplir la pena que le fue impuesta por crímenes contra los derechos humanos que fueron considerados de lesa humanidad y ser atendido en la prisión.

Si no sucede ningún imponderable, los médicos que lo evaluarán hoy son Marleny Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez, Edgardo Huarhua Cañas, Segundo Yovera Sandoval y Guzmán, los cuales verán en las pericias si debe continuar en el Clínica Centenario o debe ser trasladado a un penal.

Los deudos de la Cantuta y los Barrios Altos cuestionan que el expresidente permanezca más de cien días en la Clínica Centenario, en la que se internó alegando una descomposición, en cuanto se enteró de que su indulto había sido anulado por ilegal.

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Política

Sanción para responsables del aniego

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Alan García Pérez y Jorge Barata - Odebrecht - Tren Eléctrico

El presidente Martín Vizcarra anunció una investigación severa para determinar responsabilidades de la rotura de la tubería matriz de desagüe que provocó el aniego en el distrito de San Juan de Lurigancho, y para sancionarlos.

“Ahora estamos trabajando para solucionar el problema, pero inmediatamente después tenemos que hacer una severa investigación sobre cuál es la causa y determinar responsabilidades, porque no le podemos cargar todo a Sedapal, que finalmente es el Estado, de todos los peruanos”, afirmó.

Informó que se ha comunicado con Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, para que esta institución forme una comisión de profesionales connotados que establezcan la causa del desastre.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Refirió que el informe del Colegio de Ingenieros será el insumo principal para que Sedapal y el Ministerio de Vivienda pueda formalizar la denuncia correspondiente a los responsables.

Subrayó que la Ley de Contrataciones del Estado establece que quien construye una obra asume toda la responsabilidad ante cualquier deficiencia después de 7 años de ejecutada.

“Y esta obra no tiene 7 años de construida, no tiene 7 años de entregada”, dijo Vizcarra, quien no descartó que el problema registrado en SJL sea otro efecto de la corrupción que sufre el Perú.

EN DEFENSA DE ODEBRECHT

Por su parte, el jefe aprista Alan García reapareció ante la prensa,tras asistir a una audiencia sobre el supuesto espionaje a sus teléfonos, y exculpó tácitamente a Odebrecht y su consorciada Graña y Montero, que construyeron la tubería matriz colapsada, al señalar que Sedapal tiene que asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

Además señaló: “Sedapal supervisó y recepcionó las obras en el año 2014, por consiguiente no puede eludir su responsabilidad ante lo que ha ocurrido en contra de tantas familias en esa zona” y nada dijo sobre el consorcio del Metro.

García afirmó que “el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Lima desde el río Rímac hasta el fin de San Juan de Lurigancho fue ejecutado absolutamente durante el Gobierno de Ollanta Humala”.

El exgobernante lanzó ataques contra el presidente Vizcarra, secundado por una raleada portátil, lamentando la renuncia del fiscal Chávarry e insistiendo en su intento de recuperar vigencia política pese a su desprestigio y al rechazo de la población, expresado en todas las encuestas.

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