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Ley Mulder me parece una norma torpe que afecta a los ciudadanos

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Domingo García Belaunde

Abogado principal en el área constitucional, civil y comercial del Estudio Jurídico Flores Aráoz & Abogados, Domingo García Belaunde, es profesor de la Maestría de Derecho Constitucional de la PUCP y en esta entrevista aborda diversos temas como la cuestionada Ley Mulder.

—Con relación a la Ley 30793 (Ley Mulder), Ley que prohíbe el gasto de publicidad del Estado peruano. El TC ha admitido la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas. Desde su enfoque ¿esta ley es inconstitucional? ¿Se viola la Libertad de expresión e información como se establece en la propia demanda? ¿La impide o la restringe?

—Mi posición sobre este tema es algo singular… no le veo mucha inconstitucionalidad por así decirlo… en realidad, afecta al Estado antes que a los medios. Y quizá el derecho a la información que tienen los ciudadanos… pero nada más… más que inconstitucional me parece una ley torpe, que es distinto. De la farra publicitaria que hemos tenido, se ha pasado a la prohibición absoluta. Lamentablemente los extremos se tocan. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es regular la publicidad distinguiendo la propaganda de la información, señalando ítems que deben ser objeto de publicidad, teniendo en cuenta la lectoría o rating de los medios y otros factores adicionales evitando la corrupción -no en los medios– sino en el Estado.

—¿Prohibiendo la publicidad del Estado en medios privados garantiza el control de gasto en favor del Estado? ¿Era necesaria prohibirla o regularla? Porque el objeto de la ley es controlar el gasto de publicidad estatal.

—Como le decía, soy partidario de la regulación, no de la prohibición… lo que no se ha tenido en cuenta es que la ley, más allá de sus carencias, lo que ha buscado es cuidar el dinero del Estado y la corrupción al interior del Estado. Pero la solución al problema no ha sido buena. Se han creado más problemas de los que querían resolver.

—Respecto a la decisión de la Corte IDH que ordena al Estado archivar la acusación constitucional contra los 4 magistrados por el caso El Frontón. ¿Cree usted que esta decisión es arbitraria, invasiva o excesiva? La Constitución señala que los Congresistas no están sujetos a mandato imperativo ¿El Congreso tendría que acatarla? ¿Esta decisión de la Corte IDH no estaría vulnerando las facultades constitucionales que tiene un poder del Estado para formular una Acusación Constitucional?

—Lo importante que hay que tomar en cuenta es que el Estado aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana hace muchos años. Pero eran otros tiempos. Hoy en día hemos tenido un presidente de la Corte incriminado penalmente por acoso sexual y violación como es Roberto F. Caldas, que firmaba cualquier cosa porque no leía –es brasileño- que además ha tenido que renunciar al cargo de juez en la CIDH… y una inepta, Margarette May Maucalay, actual presidenta de la Comisión Interamericana, que no sabe nada de nada y habla cualquier cosa. Este es el nivel en que estamos.

Ahora bien, el sistema interamericano nos fue muy útil en el pasado… o sea, para eso es bueno, cuando hay dictaduras… no sirve mayormente cuando hay democracias más o menos establecidas… pero hoy está sobredimensionado… se mete en cosas que no debe meterse y más que en las víctimas verdaderas se fija en los terroristas y sus familiares, lo cual no está mal en la medida que se preocupe por ambas víctimas: las del terror y las del Estado. La Comisión Interamericana ya no es referente de nada…y la Corte Interamericana sigue esas huellas… Por el momento, ciertas decisiones que adopte el sistema que sean claramente invasivas y arbitrarias, no hay que cumplirlas.Y no pasará nada.

—La Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, señala que la interpretación de derechos fundamentales se hace de conformidad con los Tratados de Derechos Humanos y lo recoge igualmente el CPC. Hay quienes sostienen que los Tratados de derechos humanos solo tiene rango de Ley y que debe prevalecer la Constitución, con ocasión de esta decisión de la Corte IDH. ¿Los Tratados de Derechos Humanos no tienen la misma jerarquía que la Constitución?

—Sobre eso hay mucho debate. Algunos dicen que son inferiores a la Constitución… otros de igual rango… y otros de rango superior. La Constitución de 1993 no dice nada… pero en la práctica el tratado tiende a imponerse sobre la ley… El problema es complicado cuando ese tratado crea una corte y una comisión de derechos humanos que están desfasados. Ese es un problema que hay que afrontar.

—Con relación al indulto humanitario de Fujimori. La Corte IDH, no le ha dicho al Estado anúlalo o déjalo sin efecto, pero sí le ha pedido que se le informe sobre los avances del control constitucional respecto a ello, y los representantes de las víctimas van a interponer un recurso convencionalidad ante la Corte Suprema para que el Poder Judicial evalúe si el indulto afecta o no los derechos consagrados en la CADH, con relación a la justicia de las víctimas, a sus reparaciones, al derecho de condenar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el caso Barrios Altos. ¿Qué opinión le merece?

—Las ONG, que viven de la desgracia ajena, harán todo lo posible para anularlo. Lo que han intentado o pretenden hacer que es ir directo a la Corte Suprema para obtener un control de convencionalidad lo cual es un tiro al aire. El indulto no existe como materia prohibida ni en la Convención Americana ni en la azarosa jurisprudencia de la Corte. Esta ha señalado que debe agotarse la vía interna y dentro de la jurisdicción constitucional, que no es otra que la que culmina en el Tribunal Constitucional. Después de eso, veremos qué pasa.

—Doctor, el indulto humanitario a Fujimori, ¿es un asunto que no tiene nada que ver con la supervisión de sentencia de la Corte IDH en el caso Barrios Altos? Le pregunto porque al sostenerse que el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República y nadie interviene ahí. Lo cierto es que se ha indultado a quien ha sido condenado por la violación de derechos humanos en Barrios Altos y la desaparición forzada de La Cantuta y el indulto se da en el contexto en que la Corte IDH venía supervisando el cumplimiento de su propia sentencia.

—Esa es una mañosería de la Corte Interamericana… nada tiene que ver la supervisión de las sentencias con el indulto, que es algo extraproceso… impresionado o presionado por las ONGs, la Corte ha dado un paso en falso… que no es el primero.

—¿No cree usted que la Corte estaría quemando etapas para sentar por primera vez un precedente respecto a la evaluación de indulto? No lo hace ahora, pero nada impediría que lo haga después.

—En el mundo celestial en que se mueve la Corte Interamericana, los cerdos pueden volar… nada me extrañaría, pero hay que esperar…

 

LESLY LLATAS RAMÍREZ
(Directora de Entérate Digital. Pe)

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Política

Nadie cree que AG sea un perseguido

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Allan Wagner - Julio María Sanguinetti

El panorama político se ensombrece para AG. La incertidumbre de las primeras horas que lo favorecía está dando paso a la toma de posiciones de personajes influyentes en el Perú en la política uruguaya, que no están en la línea de que exista persecución política en Perú.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

El excanciller Allan Wagner, quien fue cercano colaborador de García en sus dos gobiernos, dijo que lamenta que el expresidente Alan García haya solicitado asilo diplomático en lugar de colaborar con la justicia, como lo venía haciendo.

“No existe persecución política en el Perú y es indispensable que todos colaboremos para investigar y sancionar la corrupción”, añadió quien fuera canciller en el primer gobierno de García y ministro de Defensa en su última administración.

Respecto a los comentarios que señalaban que él se encontraría en un dilema por haber combatido la corrupción desde la Asociación Civil Transparencia y varias comisiones, y haber sido ministro de Alan García, enfatizó: “No estoy en un dilema: mi opción indeclinable es por la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, en una radio local Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay que había alentado el asilo, fue claro respecto al pedido de asilo de AG a su país.

“El tema es que no se trata naturalmente de un encausamiento por un tema político sino un eventual delito común, lo cual no está cubierto con la figura del asilo. Así que lo que se tiene que demostrar aquí es que hay una persecución, eso es lo que se tiene que demostrar”, aseveró el exmandatario.

SILENCIO DE LA OEA

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, fue enfático en señalar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debería pronunciarse en torno al pedido de asilo político solicitado por García a Uruguay, porque los dos organismos internacionales no deberían guardar silencio.

“Creo que ha sido oportuno y adecuado el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra que, además, se hace dentro del contexto de la lucha contra la corrupción que es un compromiso de todos los países latinoamericanos. En ese sentido creo que organismos internacionales como la OEA no deberían guardar silencio”, aseveró.

Además, agregó: “La OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, no debería guardar silencio, porque, además, dentro de la agenda de la OEA, un punto importante es la lucha contra la corrupción”.

URUGUAY MAL PARADO

Por su parte, el analista internacional Francisco Belaúnde, advirtió que si el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez le concede el asilo político al exmandatario Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional, y que es absurdo que el exjefe de Estado argumente persecución política.

“No se puede decir, en ningún momento, que hay una interferencia por parte del gobierno respecto a la justicia. Hay que ver que, en la realidad, a lo largo de todos estos procesos que tienen que ver con Odebrecht y la corrupción no tiene que ver solo con Alan García, han estado en la cárcel Ollanta Humala, Keiko Fujimori está detenida, Susana Villarán está encausada”, resaltó.

Indicó que en realidad, es toda la clase política la que está implicada en este caso de corrupción, por eso no se puede hablar de persecución política, y es absurdo.

“La verdad es que si Uruguay le otorga el asilo a Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional. Además, en su momento Uruguay fue considerado una plataforma para el lavado de dinero, o sea hay varios aspectos que indican que Uruguay no quedaría bien parado y resentiría sus relaciones con el Perú”, añadió Belaunde.

ALGO MÁS

El exprocurador Julio Arbizu señaló que AG es una especie de Houdini de la política nacional, por ser el más eficaz escapista de la acción de la justicia.Añadió que es un sujeto que históricamente ha estado sometido a investigaciones y procesos, de los que se ha liberado no siempre por absoluciones ni por archivos, sino por contingencias y por el paso del tiempo.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Parlamentarios oficialistas uruguayos dudan de AG

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Senadora Constanza Moreira.

Diversos legisladores del Frente Amplio de Uruguay coincidieron en señalar que dudan de la existencia de una ruptura institucional en Perú. Asimismo, manifestaron que su canciller debe tomar una decisión de acuerdo a la información entregada por el Ejecutivo peruano.

Ruben Martínez Huelmo, senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), parte del FA, destacó la necesidad de esperar que el gobierno uruguayo reciba un informe por parte del gobierno de Martín Vizcarra sobre la situación de García.

Asimismo, indicó que, a partir de la información judicial aportada por Perú, Uruguay deberá definir si existe una persecución o si se pretende eludir el proceso judicial.

DUDAS

Martínez Huelmo también consideró que no da la impresión de que exista una ruptura institucional en Perú. En ese sentido, afirmó que para que haya una persecución tiene que estar muy bien probada.

Juan Castillo, senador del Partido Comunista, también integrante del FA, advirtió que “por los pocos datos que hay, no estamos hablando de un caso de persecución política, no parece ser un tema de derechos humanos ni parece ser de vida o muerte”.

Además, destacó que las “apreciaciones primarias indican que García está sujeto a un proceso por corrupción” y consideró que “no se puede estar diluyendo la figura del asilo político, que se tiene que prestar en algunas instancias y no parece esta una de ellas”.

Por su parte, Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, se pronunció mediante la cuenta de su red social Twitter: “Confiamos en que la Cancillería de nuestro país actuará atendiendo la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos que se han pronunciado sobre el caso” y que en el Perú rechazan el asilo.

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Política

“Vine, vi, huí”

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Alan García Pérez

Alan García ha sido insistente y reiterativo en reclamar, proclamar y presumir su inocencia en el caso Lava Jato. “Otros se venden, yo no”, ha sido el hashtag, lema y mantra en sus campañas, desde el twitter hasta el Congreso. Y con la misma actitud, si acaso más beligerante, llegó hace pocos días al Perú a declarar ante el equipo fiscal dirigido por José Domingo Pérez Gómez que investiga gran parte de este caso.

Gustavo Gorriti

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Ronald Martínez Pancevic).

El jueves 15 de este mes, García declaró: “Dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de veinte millones, entonces dicen, veinte millones menos ocho que le dieron al viceministro, los otros deben ser de Alan García… ¡demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo!”.

Él no lo sabía aún, pero en esas horas, IDL-Reporteros acababa de publicar una nota que cambió en forma sustantiva el curso de la investigación: Poco antes de las diez de la mañana y luego de las larguísimas horas de los cierres de real importancia, en los cuales, sin que importe cuánto trabajo se haya hecho antes, todo se chequea y verifica de nuevo, IDL-R publicó “Alan García y la Caja 2”.

Si el expresidente desafió a que se presentaran pruebas si las había, ahí tuvo todas las necesarias y bastante más.

Hasta ese momento, Alan García había sostenido que él no había recibido dinero de Odebrecht y que todos los ingresos que tuvo, incluso la conferencia del 25 de mayo de 2012 en Sao Paulo, por la que le pagaron cien mil dólares, provinieron de hombres de negocios e industriales representados por un agente intermediario. En ese caso, el estudio de abogacía Spinola.

La nota de IDL-R demostró que García había mentido.

Fue Odebrecht quien pagó la conferencia. Y lo hizo a través de su Caja 2, utilizada primordialmente para el pago de coimas. El abogado Spinola trabajaba para el sector de operaciones estructuradas y, en este caso, hizo de testaferro a cambio de un honorario de 15 mil dólares.

La investigación de IDL-R no solo aportó los correos electrónicos en los que se decide hacer el pago clandestino para disfrazar la fuente de origen y se define y ejecuta luego el procedimiento para hacerlo.

Se aportó además la identidad de los funcionarios de Caja 2 que intervinieron en el proceso, a través de sus propias confesiones, especialmente la del propio Spinola que luego de cuatro años confesó en detalle sus trabajos clandestinos para Odebrecht. En esas confesiones, registradas en vídeo, que IDL-R obtuvo hace meses como parte de la red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado que esta publicación fundó, Spinola dio a conocer los seudónimos que él y otros utilizaron en el sistema encriptado Drousys, donde aparece como uno de los que discutieron cómo pagarle los 100 mil dólares a García en forma que pareciera un pago de otro origen.

Ante eso, Alan García no tuvo otro remedio que reconocer la fuente del pago. Lo hizo el sábado 17, en su última declaración a la prensa. Pero se justificó en la ignorancia, en no saber quién le pagaba y ni siquiera qué era la Caja 2 (él la llamó ‘la Caja B’).

Pero cuando lo dijo, sabía que la excusa era más que endeble. Porque la nota de IDL-R dejó claro que él participó en la operación de ocultamiento.

La conferencia se realizó el 25 de mayo de 2012. Los primeros mensajes cifrados de Caja 2 para disfrazar el pago fueron el 14 de junio siguiente. Hasta entonces Spinola no había intervenido para nada. Sin embargo, el contrato que recibió primero en borrador y que luego fue firmado por Alan García tuvo como fecha el 5 de abril. El recibo por el pago estuvo fechado el 24 de mayo. El pago se realizó solo en julio. En el proceso intervinieron funcionarios de Odebrecht que transmitieron los datos bancarios de García, le llevaron el contrato y recibo con fechas atrasadas para que lo firmara y después contactaron a Spinola y otros funcionarios para que realizaran el pago.

Fue imposible que García no se diera cuenta del juego de fechas, de la adaptación de documentos, del nuevo nombre del agente con el que nunca había hablado. Por poco inteligente que fuera, y no lo es, estaba claro que se trataba de disfrazar una transacción. Y él fue parte del proceso.

En esas horas, la decisión fue tomada. Es posible que haya estado presente la idea del asilo como plan de contingencia de último recurso. Pero, cuando el sábado 17, el juez le impuso impedimento de salida por 18 meses, García reaccionó con aparente calma. “Para mí no es un castigo ni un deshonor estar permanentemente en mi patria…”, dijo poco antes de fugar.

¿Por qué huyó, sabiendo el efecto de demolición que la fuga significaba para su imagen, liderazgo y prestigio?

Porque lo que publicó IDL-R representó la primera y decisiva brecha en su estrategia de negar toda responsabilidad en el caso Lava Jato. Ya había un caso, claro, demostrado, contundente y procesable.

En las investigaciones y los procesos, el primer gran hallazgo es lo importante. Luego vienen los demás. Había confesiones pendientes, sobre las cuales él ahora tenía ya una profunda y justificada inseguridad. Había colaboraciones eficaces en curso, delaciones premiadas también. La hora de la verdad se acercaba. Y a esas alturas, viendo los correos electrónicos del sistema Drousys de Odebrecht, que lo nombraban, García entendió que los 18 meses en Perú se iban a extender mucho más, en juicios y revelaciones, probables sentencias.

Por eso escapó. No de una dictadura, como pudo reclamar antaño, sino de una democracia por una vez funcional que avanzaba a descubrir, procesar y castigar delitos de corrupción.

En los años de la guerra fría cuando la ciudad de Berlín estaba dividida entre dos sistemas, se decía que los ciudadanos de Berlín Oriental, que no podían votar, proclamaban su preferencia votando con los pies. Es decir, huyendo a Berlín Occidental. En Lima, el 2018, Alan García no votó sino confesó con los pies.

García hace poco escribió que “como aprista, creo en la historia”, por más que la historia no sea materia de fe sino de estudio. Quizá la notable brevedad de su visita al Perú remita, por contraste, a los clásicos. Según Suetonio, Julio César resumió en tres palabras su informe al Senado sobre una batalla victoriosa en el año 47 A.C. “Vine, vi, vencí”. En el caso que vemos, las palabras pueden ser tres también: “Vine, vi, huí”.

Claro que su ejemplo no fue el de Julio César sino el de Bettino Craxi. En la historia, al fin, cada cual escoge sus maestros.

 

Gustavo Gorriti
IDL-Reporteros

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