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Ley Mulder me parece una norma torpe que afecta a los ciudadanos

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Domingo García Belaunde

Abogado principal en el área constitucional, civil y comercial del Estudio Jurídico Flores Aráoz & Abogados, Domingo García Belaunde, es profesor de la Maestría de Derecho Constitucional de la PUCP y en esta entrevista aborda diversos temas como la cuestionada Ley Mulder.

—Con relación a la Ley 30793 (Ley Mulder), Ley que prohíbe el gasto de publicidad del Estado peruano. El TC ha admitido la demanda de acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de congresistas. Desde su enfoque ¿esta ley es inconstitucional? ¿Se viola la Libertad de expresión e información como se establece en la propia demanda? ¿La impide o la restringe?

—Mi posición sobre este tema es algo singular… no le veo mucha inconstitucionalidad por así decirlo… en realidad, afecta al Estado antes que a los medios. Y quizá el derecho a la información que tienen los ciudadanos… pero nada más… más que inconstitucional me parece una ley torpe, que es distinto. De la farra publicitaria que hemos tenido, se ha pasado a la prohibición absoluta. Lamentablemente los extremos se tocan. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es regular la publicidad distinguiendo la propaganda de la información, señalando ítems que deben ser objeto de publicidad, teniendo en cuenta la lectoría o rating de los medios y otros factores adicionales evitando la corrupción -no en los medios– sino en el Estado.

—¿Prohibiendo la publicidad del Estado en medios privados garantiza el control de gasto en favor del Estado? ¿Era necesaria prohibirla o regularla? Porque el objeto de la ley es controlar el gasto de publicidad estatal.

—Como le decía, soy partidario de la regulación, no de la prohibición… lo que no se ha tenido en cuenta es que la ley, más allá de sus carencias, lo que ha buscado es cuidar el dinero del Estado y la corrupción al interior del Estado. Pero la solución al problema no ha sido buena. Se han creado más problemas de los que querían resolver.

—Respecto a la decisión de la Corte IDH que ordena al Estado archivar la acusación constitucional contra los 4 magistrados por el caso El Frontón. ¿Cree usted que esta decisión es arbitraria, invasiva o excesiva? La Constitución señala que los Congresistas no están sujetos a mandato imperativo ¿El Congreso tendría que acatarla? ¿Esta decisión de la Corte IDH no estaría vulnerando las facultades constitucionales que tiene un poder del Estado para formular una Acusación Constitucional?

—Lo importante que hay que tomar en cuenta es que el Estado aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana hace muchos años. Pero eran otros tiempos. Hoy en día hemos tenido un presidente de la Corte incriminado penalmente por acoso sexual y violación como es Roberto F. Caldas, que firmaba cualquier cosa porque no leía –es brasileño- que además ha tenido que renunciar al cargo de juez en la CIDH… y una inepta, Margarette May Maucalay, actual presidenta de la Comisión Interamericana, que no sabe nada de nada y habla cualquier cosa. Este es el nivel en que estamos.

Ahora bien, el sistema interamericano nos fue muy útil en el pasado… o sea, para eso es bueno, cuando hay dictaduras… no sirve mayormente cuando hay democracias más o menos establecidas… pero hoy está sobredimensionado… se mete en cosas que no debe meterse y más que en las víctimas verdaderas se fija en los terroristas y sus familiares, lo cual no está mal en la medida que se preocupe por ambas víctimas: las del terror y las del Estado. La Comisión Interamericana ya no es referente de nada…y la Corte Interamericana sigue esas huellas… Por el momento, ciertas decisiones que adopte el sistema que sean claramente invasivas y arbitrarias, no hay que cumplirlas.Y no pasará nada.

—La Cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, señala que la interpretación de derechos fundamentales se hace de conformidad con los Tratados de Derechos Humanos y lo recoge igualmente el CPC. Hay quienes sostienen que los Tratados de derechos humanos solo tiene rango de Ley y que debe prevalecer la Constitución, con ocasión de esta decisión de la Corte IDH. ¿Los Tratados de Derechos Humanos no tienen la misma jerarquía que la Constitución?

—Sobre eso hay mucho debate. Algunos dicen que son inferiores a la Constitución… otros de igual rango… y otros de rango superior. La Constitución de 1993 no dice nada… pero en la práctica el tratado tiende a imponerse sobre la ley… El problema es complicado cuando ese tratado crea una corte y una comisión de derechos humanos que están desfasados. Ese es un problema que hay que afrontar.

—Con relación al indulto humanitario de Fujimori. La Corte IDH, no le ha dicho al Estado anúlalo o déjalo sin efecto, pero sí le ha pedido que se le informe sobre los avances del control constitucional respecto a ello, y los representantes de las víctimas van a interponer un recurso convencionalidad ante la Corte Suprema para que el Poder Judicial evalúe si el indulto afecta o no los derechos consagrados en la CADH, con relación a la justicia de las víctimas, a sus reparaciones, al derecho de condenar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el caso Barrios Altos. ¿Qué opinión le merece?

—Las ONG, que viven de la desgracia ajena, harán todo lo posible para anularlo. Lo que han intentado o pretenden hacer que es ir directo a la Corte Suprema para obtener un control de convencionalidad lo cual es un tiro al aire. El indulto no existe como materia prohibida ni en la Convención Americana ni en la azarosa jurisprudencia de la Corte. Esta ha señalado que debe agotarse la vía interna y dentro de la jurisdicción constitucional, que no es otra que la que culmina en el Tribunal Constitucional. Después de eso, veremos qué pasa.

—Doctor, el indulto humanitario a Fujimori, ¿es un asunto que no tiene nada que ver con la supervisión de sentencia de la Corte IDH en el caso Barrios Altos? Le pregunto porque al sostenerse que el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República y nadie interviene ahí. Lo cierto es que se ha indultado a quien ha sido condenado por la violación de derechos humanos en Barrios Altos y la desaparición forzada de La Cantuta y el indulto se da en el contexto en que la Corte IDH venía supervisando el cumplimiento de su propia sentencia.

—Esa es una mañosería de la Corte Interamericana… nada tiene que ver la supervisión de las sentencias con el indulto, que es algo extraproceso… impresionado o presionado por las ONGs, la Corte ha dado un paso en falso… que no es el primero.

—¿No cree usted que la Corte estaría quemando etapas para sentar por primera vez un precedente respecto a la evaluación de indulto? No lo hace ahora, pero nada impediría que lo haga después.

—En el mundo celestial en que se mueve la Corte Interamericana, los cerdos pueden volar… nada me extrañaría, pero hay que esperar…

 

LESLY LLATAS RAMÍREZ
(Directora de Entérate Digital. Pe)

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Política

Instan a Salaverry a reorganizar comisiones del Congreso

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Walter Albán

El miembro del Consejo Ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo que el Congreso debe analizar en forma inmediata la posibilidad de reconsiderar la votación que rechazó la propuesta para recomponer las comisiones parlamentarias, a fin de garantizar una adecuada representación en el Poder Legislativo.

Refirió que el archivamiento de parte de la denuncia contra Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, cuya mayoría la tiene Fuerza Popular, evidencia la necesidad de hacer cambios urgentes en ese grupo de trabajo y en otras comisiones.

“Quienes están en el Congreso y se dan cuenta lo que ocurre por lo menos debieran buscar la forma de concretar la recomposición de las comisiones parlamentaria, de manera inmediata”, declaró.

En ese sentido, consideró necesario que los congresistas que no pertenecen a Fuerza Popular dialoguen y hagan esfuerzos para poner ese tema en debate lo más pronto posible.

Alberto Adrianzén

SIN EMBARGO…

Quien se mostró sorprendido por el pedido es el analista político Alberto Adrianzén, quien dijo que el asunto ya se había visto pero que el titular del Congreso en lugar de dedicarse a ello está metido en leguleyadas que no llevan a nada bueno.

“Todo este problema del Congreso ya se ha votado, yo no entiendo por qué Walter Albán toca este tema que ya fue votado en el Congreso”, dijo de manera tajante al referirse a este tema.

Y en seguida agregó: “Lo que debe de hacer Walter Albán, que es de Proética, es pedir que se investigue al señor Daniel Salaverry que está haciendo un abuso de su poder en el Congreso”.

“Salaverry prometió la recomposición y se votó, pero no fue aceptada. Lo que debe pedir el señor Walter Albán, que está interesado en la ética, porque es de Proética, esa que Salaverry cumpla en presentar su caso al Pleno del Congreso”, denunció.

Alberto Quintanilla

SERÍA IDEAL PERO FALTA PRESIÓN SOCIAL

“Yo no veo espacio en qué momento, porque la vez pasada se votó y se perdió. Ese es un pedido de la sociedad civil, pero en el Congreso ya se perdió”, dijo el congresista Alberto Quintanilla.

“Se perdió en el momento previo a la cuestión de confianza. Si existe esa propuesta hay que escucharla, además nosotros si estaríamos interesados en eso. El tema del Congreso es bien complicado; solo hay que esperar al 28 de julio”, comentó.

“Solo va a suceder si hay una presión social, que la veo bien difícil y que haya una correlación favorable, que también la veo difícil. No había pensado de que era posible en esta coyuntura”, analizó.

“Yo creo que sería lo ideal, pero no veo cómo realizar eso hasta el 28. Voy a ver este asunto y ponerlo en consulta para ver si es posible o no hacerlo antes”, concluyó Quintanilla.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

¿Ya no son mayoría?

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Bancada de Fuerza Popular

“Los congresistas de Fuerza Popular ya no son mayoría. Debemos respetar la proporcionalidad”, aseveró Walter Albán de Proética.

Además, remarcó que esa recomposición es urgente para garantizar la aprobación de las reformas políticas planteadas por el Poder Ejecutivo, sin que estas sean desnaturalizadas.

Remarcó que ciudadanía también debe estar más vigilante a todas las acciones que realice la mayoría fujimorista, especialmente a eventuales cambios a la reforma política planteada por el Ejecutivo.

“Considerando como vienen actuando (los congresistas de Fuerza Popular) deberíamos poner en el tapete la manera como se desarrollan en el Congreso”, acotó.

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Política

Caso Chávarry debe tener prioridad en Comisión Permanente

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Pedro Gonzalo Chávarry y Luis Galarreta

La Comisión Permanente del Congreso, que asumirá las funciones del Pleno durante el receso parlamentario, debe revisar con prioridad las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y acabar con “el blindaje” que lo beneficia, sostuvo el legislador Marco Arana del Frente Amplio.

Arana sostuvo que corresponde a la Comisión Permanente revisar su decisión del 28 de mayo pasado cuando archivó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por 10 años de Chávarry.

Dijo, además, que la Comisión Permanente deberá revisar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en torno a la denuncia constitucional 322 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, contra Pedro Chávarry, la cual fue archivada en parte por este grupo de trabajo.

“La Comisión Permanente tiene que revisar estas denuncias, en todo caso esperamos que haya un ánimo diferente a la que vimos antes en este grupo de trabajo y que se acabe con el blindaje al exfiscal de la Nación”, afirmó.

PUEDE HACERLO

“Me parece acertada la opinión en el contexto de este enfrentamiento de la cuestión de confianza, obviamente ya se sabía cómo el fujimorismo iba a actuar blindando a Chávarry. Yo creo que no está mal que Arana haga ese legítimo pedido”, dijo Alejandra Dinegro.

“La Comisión Permanente del Congreso va a asumir las funciones del Pleno, pero creo que si bien son prioritarias las reformas políticas, puede verse el caso Chávarry, y en este pedido coincide mucha gente que se ha horrorizado que se le siga blindando”, precisó.

“Esa prioridad no debe ser solamente el orden interno del Congreso en cuanto a la organización, sino en esta denuncia constitucional contra el ex Fiscal de la Nación. Una vez acabado este blindaje a personajes tan corruptos; de hecho me parece acertada su sugerencia”, comentó.

“Y eso se puede llevar a cabo dependiendo de los congresista que integran la Comisión Permanente. De hecho yo creo que pueden hacerlo y dejar de seguir blindando a personajes tan corruptos, pero eso está por verse”, concluyó la analista política Alejandra Dinegro.

OTRO ESCENARIO

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo que la idea es positiva, pero se debe esperar que el Pleno vea el caso Chávarry como cuando se vio el caso de Hinostroza en que se presentó una moción de reconsideración.

“Yo creo que, como lo dije antes, la Comisión Permanente va a seguir actuando igual que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que la Comisión de Constitución, porque está conformada por mayoría fujiaprista”, objetó.

“Pienso que hay que actuar con estrategia y presentar que se revise el tema en el Pleno, que creo va a ser en la próxima legislatura, porque esta se ha ampliado hasta el 25 de julio y solo se van ver los casos de las reformas”, sugirió.

“Además ese va a ser otro escenario porque ya se sabrá el terreno que se pisa con la nueva recomposición de las comisiones y de la Mesa Directiva; entonces se verá cómo se llevará el caso de la revisión del blindaje a Chávarry”, vaticinó.

PRUEBAS FIRMES

El abogado Quispe manifestó que contra Chávarry hay pruebas sólidas y que incluso Zoraida Ávalos, la fiscal de la Nación, presentó argumentos irrefutables para investigar al ex fiscal de la Nación, hoy fiscal supremo.

“Todo ello fue tratado con irrespeto y se blindó nuevamente a Chávarry sin importarles que su caso tiene pruebas fehacientes y que es muy cuestionado, por su comportamiento ya hecho público”, sostuvo.

ALGO MÁS

Sin embargo, Quispe afirmó que se debe informar a la ciudadanía para que sepa lo que está sucediendo y entienda que su caso solo tiene la oportunidad de verse con fuerza y objetivamente, en el Pleno del Congreso.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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