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Lesa humanidad e indulto

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La cantaleta sigue escalando decibeles y, por doquier, se continúa afirmando la tesis que para delitos de “lesa humanidad” no cabe amnistía ni tampoco indulto, cualquiera sea la fecha de perpetración del delito.

Vamos por partes, ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como tampoco en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, menos aún, en la Convención Americana de Derechos Humanos, existe prohibición para el otorgamiento de dichos privilegios. En el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, tampoco hay tal proscripción.

Lo que sí existe es jurisprudencia de la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica, esto es, precedentes en que se cuestionan amnistías (aunque no indultos) en casos de actos delictuosos de lesa humanidad, pese a que, en el articulado de los tratados, nada se dice sobre el particular.

Lo señalado obliga en cada caso a determinar si el delito es de lesa humanidad, y de serlo, la fecha en que se perpetró esto último, porque la tipificación de delito de tal naturaleza, solo puede obligar para adelante y no para atrás, como luego veremos.

El concepto de crimen de lesa humanidad se incorpora desde la doctrina a la normatividad, en el Estatuto de Roma, el cual precisa que el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación ilegal, tortura, desaparición forzosa y otros actos inhumanos, tienen el carácter de lesa humanidad, “cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

En caso, que el delito enmarque dentro de la tipificación aludida, ello no basta, pues se requiere que su perpetración sea a partir de la vigencia del Estatuto de Roma, esto es recién desde el 01 de julio de 2002. Lo que mencionamos es porque las normas, incluyendo leyes y tratados o convenciones internacionales, son, por lo general irretroactivos, rigen para adelante más no para acontecimientos delictivos pasados.

La irretroactividad de la normativa no solamente está prevista en la Constitución (art. 103), sino en los Tratados que hemos mencionado anteriormente (inciso 2 del artículo 11, artículo 15, artículo 9 e inciso 1 del artículo 24, respectivamente), siendo novedoso que el Estatuto de Roma disponga la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La pena privativa de libertad, con la que pudiere sancionar la Corte Penal Internacional, tiene carácter obligatorio para los Estados Partes del Estatuto de Roma “…los cuales no podrán modificarla en caso alguno”, que no es lo mismo que el derecho constitucional que tiene el Estado Peruano para amnistiar o para indultar, según se trate de olvido o de perdón, el primero de competencia parlamentaria y el segundo de discrecionalidad presidencial.

Siendo loable que algunas organizaciones de protección a los Derechos Humanos, traten que no exista impunidad para delitos que pudieren ser de lesa humanidad y que se repare a las víctimas; también deberían ser respetuosas de los Derechos Humanos de nuestros gobernantes, miembros de las Fuerzas Armadas e integrantes de la Policía Nacional, que arriesgaron sus vidas e integridad personal, para librarnos del terrorismo homicida y destructor.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

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Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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